Por MARÍA TERESA GARCÍA- Diario EXPRESO.
La existencia de nuevas pruebas que consolidarían la tesis que sindica a la exalcadesa de Lima Susana Villarán como lideresa de una organización criminal que involucró a funcionarios y personas naturales, fue lo que pesó en la decisión tomada de la Sala Penal de Apelaciones para variar la prisión preventiva de la citada exfuncionaria de 18 a 24 meses.
El pasado 29 de mayo la Sala Penal de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, integrada por los jueces superiores Ramiro Salinas Siccha (presidente), Juan Guillermo Piscoya y Víctor Enríquez Sumerinde, tomó la misma decisión en el caso del ex gerente municipal, José Miguel Castro, y al ex secretario de Economía de Diálogo Vecinal, Luis Gómez Cornejo.
Como se sabe, Villarán y José Miguel Castro son investigados por la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir y otros en agravio del Estado, por presuntamente recibir US$ 10 millones de las empresas brasileñas entre los años 2013 y 2014.
Tanto Susana Villarán como José Miguel Castro habían solicitado que se les varíe la orden de 18 meses de prisión preventiva, dictada por el juez Jorge Chávez Tamariz el pasado 14 de mayo, por la de comparecencia con restricciones.
Lejos de favorecer a Villarán y compañía, la apelación terminó generando la ampliación del plazo de prisión preventiva ante la evidencia de nuevos indicios en su contra.
“De los elementos de convicción se puede advertir que nos encontraríamos ante un supuesto de organización criminal, donde no solo están involucrados los imputados en calidad de funcionarios públicos, sino también personas vinculadas a estos. Esta organización habría tenido como objetivo que la imputada, Susana Villarán de la Puente, se mantenga en el poder de la Municipalidad Metropolitana de Lima, para lo cual se habrían realizado diversos actos de corrupción y de lavado de activos”, indica la resolución.
Sobre el delito de lavado de activos, se indica que los nuevos elementos permiten preliminarmente identificar las formas de ingreso del dinero recibido proveniente de actos de corrupción, al circuito económico legal a través de pagos efectuados a medios de comunicación.
Asimismo, las acciones que habrían realizado los imputados para camuflar el dinero limpio mediante información falsa presentada ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sobre el aporte de las campañas políticas y lo verdaderamente gastado, sobre todo si el dinero que habrían recibido los imputados provenía de la Caja 2 de Odebrecht y OAS.
“En cuanto al delito de cohecho pasivo propio, se puede establecer preliminarmente que los imputados en calidad de funcionarios públicos, es decir alcaldesa y gerente municipal, solicitaron dinero a las empresas Odebrecht y OAS para financiar las campañas políticas por él No a la Revocatoria y la reelección con el objetivo de mantenerse en el poder del citado municipio”, señala.
Para tales efectos, indica el fallo, las empresas brasileñas habrían sido beneficiadas con los proyectos de construcción de las obras Vías Nuevas de Lima y Línea Amarilla (adenda número 1)
“En ese orden de ideas, de la revisión de los citados elementos de convicción, se aprecia que estos poseen contundencia acreditativa conjuntamente con los elementos originarios, permiten sostener la presunta comisión de los hechos fácticos que se atribuyen a los imputados y su vinculación con estos”, subraya.
PELIGRO DE FUGA
Sobre este punto, la Sala Superior considera a favor de Villarán de la Puente la concurrencia de arraigos reales domiciliario y familiar; sin embargo, indica que se debe valorar la gravedad de la pena que podría imponérsele como resultado de la confirmación de tres delitos imputados: asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y lavado de activos.
“Debido a la ausencia de una actitud voluntaria de reparar la magnitud de los daños causados y la presunta pertenencia a una organización criminal, que habría recibido dinero maculado de otra organización criminal internacional denominada Odebrecht, esta Sala Superior considera que se encuentran suficientemente acreditados y sustentados los presupuestos que configuran el peligro de fuga de la citada imputada”.
OBSTACULIZACIÓN
La resolución judicial también hace referencia a la entrevista en la que Villarán acepta la procedencia de los fondos de la campaña del No a la Revocatoria y refiere un pacto de silencio con Castro Gutiérrez, pues afirmó: “en primer lugar esta verdad es que siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del No a la Revocatoria, tomamos la decisión José Miguel Castro y yo de procurar y aceptar fondos de campaña”.
Más adelante señala: “yo hoy en día estoy diciendo que lo supe, que lo avalé, con José Miguel Castro aceptamos que me demoré en decirlo porque teníamos un acuerdo de no hablar de esto”.
“De esta declaración se desprende que Villarán acordó con su coinvestigado, mantener silencio sobre la verdad de los hechos, lo cual no se encuentra dentro de la esfera de protección de la no autoincriminación, pues Villarán exteriorizó la posibilidad de una coordinación con Castro Gutiérrez y este último reconoció ante el juez, que se ha reunido con ella”, indica.
Por ello la Sala Superior infiere la existencia de un concierto de voluntades entre los dos imputados, lo cual se desprende del acta de entrevista a Gabriel Prado Ramos y realiza precisiones respecto a un audio entregado el 14 de mayo de 2019 en el cual se le escucha a él con Villarán y Castro.
La resolución destaca que Villarán se encontraba presente cuando Castro obstruye el normal desarrollo de las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos, toda vez que le da indicaciones a Prado Ramos para que éste niegue los hechos e informe falsedades al Ministerio Público.
“En el presente caso, sí se supera razonablemente el estándar probatorio en relación con las declaraciones de los colaboradores eficaces, pues éstas se encuentran corroboradas con lo declarado por la propia imputada. (…) Esta Sala Superior considera que se encuentra suficientemente acreditado y sustentado el peligro de obstaculización respecto a Villarán de la Puente”, señala.
Es de alta complejidad
La Sala Superior justificó su decisión de incrementar el plazo de prisión preventiva para Susana Villarán al estimar que el caso reviste complejidad por lo cual se debe otorgar un mayor tiempo al Ministerio Público para efectuar la investigación, más aún tratándose de una supuesta organización criminal.
“A la presente investigación (Caso No a la Revocatoria) de Susana Villarán se han acumulado tres carpetas fiscales: Caso Rutas de Lima, Caso Cuenta en Andorra de Gabriel Prado y Caso Reelección de Susana Villarán, lo cual demuestra que la magnitud y la complejidad de este caso se ha elevado. (…) Ahora los hechos se circunscriben también a otras presuntas conductas criminales, las cuales siguen guardando relación con los hechos investigados”, detalla.
Asimismo, la Sala Penal subraya que se trata de un gran número de imputados, lo cual constituye un indicador de las dificultades que pueden surgir para la toma o ampliación de sus declaraciones y las investigaciones que se puedan generar de las mismas.
Además, para algunos casos se requiere la asistencia judicial internacional para llevar a cabo la toma de declaraciones de personas que se encuentran fuera del país.
También recuerda que existe una pericia contable pendiente para lo cual debe ser recabada información que obra bajo la custodia de personas que se encuentran en el extranjero, lo cual conlleva a que la investigación presente dificultades, puesto que deberá ser realizada por especialistas que no están abocados a este caso a exclusividad.
Indican que debido a la necesidad que tiene el Ministerio Público de desplegar diligencias que permitan lograr el esclarecimiento de los presuntos graves hechos cometidos por integrantes de una organización criminal y lo que ello implica, se verifica que este caso reviste gran complejidad.
“La Sala considera que resulta atendible la solicitud de la Fiscalía de incrementar el término de la prisión preventiva, sin embargo teniendo en cuenta que a la fecha se tiene avanzada la investigación preparatoria, esta Sala considera un plazo proporcional y razonable para la realización de las diligencias pendientes de actuar, incluida la etapa intermedia y la de juicio oral, es de 24 meses”, señala la resolución.
NUEVOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN
De acuerdo a lo señalado por la Sala Penal de Apelaciones existen nuevos elementos de convicción en el caso de Susana Villarán, entre los cuales se destacan los siguientes:
-Acta de búsqueda de información respecto a la campaña por el No a la Revocatoria.
-Escrito de Daniela Maguiña Ugarte (cuñada del ex gerente municipal José Castro).
-Actas fiscales de búsqueda de información relacionadas con las declaraciones de Jorge Barata.
-Actas fiscales de búsqueda de información relacionada con la declaración de María Luisa Guimaraes.
-Actas de transcripción de las declaraciones de los colaboradores eficaces 101-2019, 105-2019, 110-2019, 120- 2019 y 130-2019.
-Acta fiscal de identificación de documentos de la empresa OAS.
-Acta de fiscal de recepción de información de la empresa Odebrecht.
-Declaración testimonial de Gustavo Guerra García Picasso, declaración testimonial de Carlos Enrique Juscamaita Aranguena, declaración testimonial de Gabriel Daly Turcke, declaración de Ricardo Boleira Sieira Guimaraes y de Raúl Ribeiro Pereira Neto
-Informe técnico de actividad económico-financiera.
-Acta sobre la contabilidad de Diálogo Vecinal ante la ONPE.
-Registro de aportaciones e ingresos de campaña electoral en efectivo y especie.
-Informe técnico de actividad económico-financiera 2014-2015.
-Declaración de 77 falsos aportantes a la campaña por la reelección de Susana Villarán.
-Cartas escritas por los medios de comunicación sobre los gastos de publicidad efectuados por la campaña.
Existe chantaje en el Congreso
Por Mariella Balbi- Político.pe
Relato de lo escuchado de varias voces parlamentarias.
“¡Así no se puede hacer política!”, exclama un recorrido congresista. Muchos son los parlamentarios que viven bajo el chantaje que realiza el Ejecutivo y orientan sus votos en consecuencia. Este tiene topos o emisarios que realizan la ‘presión’. Puede ser de tipo legal, algún trámite en el Estado que se detiene o no pasa. Sea porque es incorrecto y el toma y daca del régimen lo valida, o porque se vuelve “más lento que una colonia de tortugas”.
La Fiscalía juega un gran papel en todo esto con investigaciones de actos pasados en base a los siempre locuaces colaboradores eficaces. Los votos terminan torcidos y revirados. También están los siempre molestos problemas tributarios, que pueden ser saneados o eventualmente archivados, aunque eso no es seguro, siempre queda un rastro. No es tan fácil desaparecerlos y ha costado el puesto en SUNAT a por lo menos uno.
Existe igualmente el ofrecimiento de obras, un clásico de este gobierno y que empezó en la época de PPK, develado por los vídeos presentados por el congresista Moisés Mamani. Otro clásico son los files que tiene inteligencia sobre cada uno de los padres de la patria. Que si compró propiedad con crédito, o algún otro tipo de endeudamiento.
Vamos, quien toma crédito piensa en un largo plazo. El cierre del Congreso es un arma poderosa para volver temerosos a un grupo importante de congresistas, los amedrentan indicándoles que se truncarán sus proyectos personales, que piensen en los hijos, la familia, etc. El viraje del voto se ajusta a la medida de cada perfil. La coacción puede ‘inducir’ a que el congresista deje su bancada.
Recordar que en el gobierno de Humala se descubrió que más de 10 mil ciudadanos teníamos files manejados por la DINI. Nuestras propiedades, vehículos, teléfonos, deudas. Es una mala costumbre de los gobiernos antidemocráticos.
El sábado pasado el diario Expreso informó que, ese día se habían reunido “César Villanueva, Daniel Salaverry y Martín Vizcarra” para negociar la cabeza del ex fiscal de la Nación, Gonzalo Chavarry. El gobierno cedía la cacareada reforma política, la confianza y la desconfianza por la cabeza de Chávarry. Lo acusarían y lograrían los votos para clavarle el cargo de pertenecer a una organización criminal. Queda pendiente.
Los relatos escuchados señalan que el chantaje va de rey a paje y recorre a todas las
bancadas sin excepción. Las votaciones se convirtieron en un verdadero botín. Por eso muchas veces son desconcertantes. Todos recordamos el manejo del gobierno de Fujimori Montesinos, es muy parecido. Muchos se reconocerán en esta turbia historia. Así estamos.
La quinta columna
Por MARTÍN SANTIVÁÑEZ- Diario Correo.
Vamos a decirlo de una manera provocadora: la izquierda moderna en el Perú no existe. Aquí, en vez de izquierda democrática, hay quinta columna. Mariátegui, el único hombre con la fuerza moral para construirla, fue liquidado por el destino. Sus herederos encarnaron en grado sumo todo lo que no era el Amauta: “intelectuales de panteón”, que “exhiben su ramplona bisutería ideológica en los escaparates de las librerías de lujo” (San Isidro-Miraflores). La izquierda ha desempeñado un papel disolvente y refractario. Fue por ello que Víctor Andrés Belaunde identificó al marxismo como un elemento desintegrador de la Peruanidad.
Si a lo largo del siglo pasado el marxismo fue un elemento desintegrador, el neo marxismo y el socialismo del siglo XXI son las nuevas corrientes destructoras del ethos republicano. Nuevas en el sentido temporal, no esencial. El neo marxismo cultural es la gran amenaza a la que se enfrenta la República de cara al Bicentenario. La Constitución del 93 fue la partida de defunción del terrorismo de Sendero. El contrato social señaló las bases del modelo que ha traído estabilidad y democracia al país. Hoy, las izquierdas pretenden acabar con la Constitución y refundar el orden político inspiradas en el chavismo tropical.
Para ello utilizan los mecanismos democráticos. En su búsqueda de poder, las izquierdas han infiltrado los medios de comunicación, la academia y la sociedad civil. El frente quintacolumnista aspira a transformar el sistema vendiéndonos gato por liebre. No es reforma, es revolución. En sentido estricto, se trata de la implantación de un socialismo estatolátrico solapado, funcional a los anhelos intervencionistas de esa nueva clase dirigente que busca apoderarse de los tres poderes del Estado.
Bruce: Vizcarra ingresó a plancha de PPK porque “necesitábamos un provinciano”
Al comentar sobre la relación tirante entre el Ejecutivo y el Legislativo, el congresista Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio) manifestó que el presidente Martín Vizcarra “no sabe ni entiende cómo funciona el Congreso”.
“Su relación con el Congreso ha sido muy mala desde que fue ministro de Transportes y le costó el cargo; por lo tanto, él ve al Congreso como un mal necesario y el funcionamiento de las bancadas no es algo que a él le atraiga”, señaló a RPP.
En este sentido, remarcó que Vizcarra “no es un político tradicional”, sino “un exgobernador regional de una región muy pequeña (Moquegua)”.
Recordó, además, que el partido PPK lo incluyó en la plancha presidencial junto a Pedro Pablo Kuczynski y Mercedes Aráoz porque “necesitábamos un provinciano en la plancha porque había demasiados blancos”. Agregó, incluso, que en un primer momento el hoy jefe de Estado iba a postular al Congreso por Moquegua.
Estas declaraciones le costaron varias críticas al exministro de Vivienda en las redes sociales, por lo que, vía Twitter, aclaró que “a lo que me refería era que en la plancha había muchos limeños y nadie del interior del país”.
Bruce también contó -en conversación con el mencionado medio de comunicación- que el mandatario se reúne con el grupo parlamentario oficialista cada 60 días, a diferencia del premier Salvador del Solar, quien lo hace cada semana.
Fuente: Diario EXPRESO.