Por Federico Salazar-Diario El Comercio.
El referéndum del 9 de diciembre es un referéndum tramposo. No va a cumplir su cometido y, en cambio, nos va a vender la ilusión de haberlo hecho.
El referéndum “es el derecho de los ciudadanos para pronunciarse conforme a la Constitución en los temas normativos que se le consultan”. Así dice la ley de los derechos de participación y control ciudadanos (Ley 26300).
El referéndum del 9 de diciembre cumple con todos los requisitos formales. No logrará, sin embargo, la participación de los ciudadanos ni permitirá que los ciudadanos se pronuncien sobre los temas normativos en consulta.
Se hará la consulta popular sobre cuatro temas. La primera pregunta es sobre la reforma de lo que hasta ahora fue el Consejo Nacional de la Magistratura.
Los ciudadanos votaremos “sí” o “no” frente a una pregunta vacía: “¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura?”.
Pero, ¿cuál es la reforma? ¿En qué consiste? La consulta solo nos pone a elegir entre dos nombres. Nos manda a revisar un texto adjunto, como quien dice, el ‘attachment’ en los correos electrónicos.
La población, ¿conoce el Decreto Supremo 101-2018-PCM? Leyó, después de eso, los “anexos” (Normas Legales, edición extraordinaria). Ahí está el contenido de las reformas.
La pregunta sobre la Junta Nacional de Justicia (JNJ) involucra a tres artículos. El primero establece seis funciones de esta junta; el segundo, la formación de sus siete miembros (¡incluidos rectores de las universidades!).
El tercer artículo señala seis requisitos para ser miembro de la JNJ. Para participar en la reforma constitucional, ¿no deberíamos conocer cada cambio?
¿Cuánto se ha difundido el contenido de la reforma? ¿Qué esfuerzos se han hecho para que la ciudadanía conozca, reflexione, discuta y vote sobre esto?
¿Cuántos ciudadanos, de los que van a votar en este referéndum, saben sobre qué van a votar en cuanto a la reforma sobre financiamiento de las organizaciones políticas?
¿Saben los ciudadanos, acaso, que la reforma ordena que únicamente el Estado financie la propaganda de los partidos políticos? O sea que la reforma es ¡para que de nuestros bolsillos salga plata para las campañas de los políticos! ¡“Financiamiento público indirecto”, le llama!
La reforma que prohíbe la reelección de los parlamentarios se refiere solo a “reelección inmediata”. ¿Conoce eso el elector? ¿Cuántos electores lo saben?
¿Cree el ciudadano que la ley nos protegerá de nuestra “exitosa” capacidad para elegir parlamentarios? Esa capacidad, ¿está en la ley o está en nuestras cabezas? Y si la pasamos a la ley, ¿corregimos nuestras cabezas?
¿Aprenderemos de la legislación o de la experiencia? ¿Podremos, en caso de que se apruebe esa reforma, ejercer el rechazo a través de nuestro voto en una elección subsecuente?
Con relación a la reforma del Congreso, ¿sabe el elector que le están consultando sobre el cambio de ¡59 artículos de la Constitución actual!? ¿Sabe cuáles son? ¿Los ha leído? ¿Estará de acuerdo en cada uno de esos 59 cambios? ¿O va a votar tapándose los ojos?
¿Sabe el elector de este referéndum que la reforma propone aumentar el número de parlamentarios de 130 a 180? ¿Sabe que si vota a favor de la bicameralidad vota a favor de este aumento de representantes?
¿Sabemos con detalle, acaso, cuántos poderes de elección de funcionarios vamos a pasar del Congreso actual (130 congresistas) al Senado propuesto (solo 50 personas)? ¿Nos hemos dado cuenta de que eso es concentrar más poder en vez de desconcentrarlo? Hay muchas cosas por saber y discutir. El país quiere que las cosas cambien. Eso no quiere decir, sin embargo, que lo que nos propongan, porque nos lo proponen, representará un cambio hacia algo mejor.
Podemos discutir cada detalle de las reformas. No deberíamos votar, antes de eso, sobre algo que no conocemos. Esa no es una elección consciente.
Participación ciudadana es elección consciente, no elección inconsciente. Participar en un tumulto no es lo mismo que participar en una elección. Mientras la gente no conozca el contenido de las reformas, este seguirá siendo el referéndum de la trampa y del engaño.

Allanamiento a estudio Oré Guardia: mientras reconocidos abogados protestan, ¿dónde está el CAL?

Por Aaron Salomón– Político.pe
La dupla Pérez-Concepción hizo otra vez de las suyas y, de una forma ninguna antes vista en un país donde supuestamente impera el Estado de Derecho, allanó este martes el estudio de abogados Oré Guardia (alojado en el distrito de San Borja) para hallar “pruebas” que demuestren que Edward García, exabogado de Keiko Fujimori y miembro del mencionado estudio, habría reclutado a colegas para asesorar a falsos aportantes del fujimorismo.
La excusa –como en todo este largo proceso que ha encarcelado arbitrariamente a Keiko y su entorno más cercano por supuesto blanqueo de dinero– para la diligencia ha sido lo manifestado por testigos protegidos. No obstante, tal como se quejaron reconocidos juristas en conversación con este portal, aquí se ha violado el derecho a la defensa. ¿Nos hemos convertido acaso en una dictadura bananera que no respeta ni el secreto profesional?
El abogado penalista Mario Amoretti acusó que “se ha cometido un abuso”, de tal manera que exigió que el Colegio de Abogados de Lima (CAL) emita una “protesta enérgica”. “Esto no puede ser, el CAL tiene que expresar una protesta enérgica. ¿Acaso por que yo soy abogado de, incluso, un delincuente van allanar mi domicilio o estudio? Nosotros tenemos información privilegiada de varios clientes; es un abuso”, manifestó para advertir a continuación que se ha violado el secreto profesional.
Asimismo, por medio de su cuenta de Twitter, César Azabache calificó de “inaceptable” lo ocurrido y recordó que “esto no se hizo ni con los abogados del senderismo: Martha Huatay fue detenida cuando se probó que había tomado un cargo en la dirigencia del senderismo, no por ejercer la defensa”. Carlos Caro, en tanto,reto mencionó que debe haber “motivación suficiente” para allanar un estudio de abogados, porque “no puede haber una venganza contra los abogados que se enfrentan al fiscal”.
Por su parte, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga opinó que el allanamiento es “irregular” y, según anotó, lo único que conseguirá la dupla Pérez-Concepción será “invalidar el proceso”. Al ser consultado sobre si espera algún pronunciamiento del CAL, Quiroga lamentó que se trate de un colegio “inexistente”.
Domingo García Belaunde lo secundó y sostuvo que se “ha afectado el derecho a la defensa y el secreto profesional”. “Aquí lo que hay es un show mediático del fiscal (Pérez) y del juez (Concepción)”, arremetió para luego añadir que el CAL “no sirve, porque cada vez que se sanciona a un abogado lo reponen con un amparo”.
Lo único que queda por decir es que este tipo de medidas favorecen al pedido de asilo de Alan García, puesto que ¿quién en su sano juicio enfrentaría a una justicia que primero te mete preso y luego te declara culpable o que, como en este caso, se vale de irregularidades para enjaularte?

Carta abierta a Tabaré Vázquez

Por MARIELLA BALBI– Diario Perú21.
Presidente Vázquez, le escribe una periodista con 33 años de carrera que no defiende intereses y que trabaja honestamente. En el Perú de hoy estamos patas arriba. El Estado de derecho y la independencia de poderes se vulneran sin que nada pase. Reina lo de circo sin pan porque, desafortunadamente, la economía no cobra el impulso que debería.
El circo nos ha llevado a un estado de polarización, odio político y violencia extrema. El gobierno, “Yo el Supremo”, llamó a un referéndum el 28 de julio pasado. El Congreso no podía hacer “modificaciones sustanciales” al proyecto del Ejecutivo. Se amenazó con cerrar el Parlamento, creando incertidumbre.
Vivimos un totalitarismo que, dicho sin pasión política, utiliza a la justicia para perseguir a los opositores del régimen que podrían estar en las próximas elecciones. La lideresa de Fuerza Popular y 11 fujimoristas están presos. Abunda la colaboración eficaz, pero la justicia no corrobora esos dichos. El debido proceso es violado constantemente. Arbitrariamente, el fiscal imputa a Fuerza Popular y al Apra ser organizaciones criminales, como la camorra o la mafia.
En virtud de ello hay un frenesí de encarcelamientos poco jurídicos y más bien políticos. El fiscal y el juez encargados abusan de la prisión preliminar y preventiva sin juicio previo. Resulta notorio que responden a intereses políticos. La prensa, no obstante, los mira con aprobación. Con gran tupé, el fiscal en cuestión le escribe a su gobierno que “pondría en riesgo el trabajo de la Fiscalía” si asilan a Alan García.
Otro rasgo de totalitarismo es la feroz y nunca vista embestida contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Más de 300 carátulas en su contra, desprestigio en los medios, declaraciones intrusivas e ilegales del presidente, el premier y otros para que Chávarry salga del cargo. Las campañas en su contra continúan.
Como información, el caso Lava Jato estaba adormecido. El embate contra Chávarry puede explicarse porque, al parecer, hay intereses para que no se active. El presidente tiene cerca de 40 investigaciones y tres juicios penales.
Otros miembros del gobierno también son investigados por la Fiscalía.Del mismo modo, es totalitarismo que se allane un prestigioso estudio de abogados abusivamente. Irrespeta el secreto profesional y las garantías fundamentales. Es una clara acción de intimidación contra la defensa del fujimorismo. La repudiable agresión física al aprista Alva Castro significa igualmente despotismo.
Existe un grupo vasto, amplio, acallado mas no silente que ve un autoritarismo hipocritón, sin equilibrio de poderes. Sea cual fuere su decisión respecto al asilo, sopese lo relatado.

El peligroso Perú post Kuczynski

Por Luis Garcia Miró Elguera-Diario Expreso.
Lo describimos hace un tiempo, cuando escribimos un artículo bajo el título “La judicialización de la Política y la politización de la Justicia”. Se trata de una coyuntura insufrible instituida por la progresía sanisidrina para fulminar nuestro Estado de Derecho y nuestro sistema democrático. Sintiéndose poderosa tras el éxito alcanzado gracias a las letales gestiones de Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski –extorsionando a ambos expresidentes envueltos en grotescos casos de corrupción, a cambio de que les concedieran el control de sectores clave del Estado–, la progresía desató una guerrilla para liquidar a los políticos no afines a la izquierda progre. Concretamente al Apra y Fuerza Popular. ¿Su objetivo? Conquistar todo el poder. Para empezar, antes había capturado la llamada gran prensa, asimismo extorsionándola sacando al fresco sus corruptelas. Ejemplo: el robo al Estado –y a algunos de los expropietarios de Canal 4– por parte de El Comercio y La República. Ahora, salvo EXPRESO y poquísimos medios en el Perú, no existe prensa libre. Lo que predomina es un periodismo rastrero, enlodado, ideologizado, sectario y digitado desde las alturas de ese poder putrefacto que hoy manipula a sus anchas la progresía.
Dicho esto, pretender negar que en el Perú exista persecución política es tan mendaz como sostener que nuestra Justicia no está doblegada por el Ejecutivo, y que el presidente Vizcarra no está detrás de la captura del Ministerio Público. Todo esto obscenamente digitado por la progresía caviar que, por el momento, le guarda las espaldas al endeble régimen de Martín Vizcarra. Por esto consideramos acertada la decisión del expresidente Alan García de solicitar asilo diplomático a Uruguay, para evitar caer en las redes de una Fiscalía sovietizada y un Poder Judicial politizado que pretenden humillar a las fuerzas políticas que no comulgan con ese credo socialistoide que pretende encaramarse como fuerza única. A Keiko Fujimori la destruyeron arrastrándola a las galeras de la prisión preventiva, aquel torvo recurso de esa llamada justicia peruana. A Alan García, dos veces electo presidente, no lo deshonrarán tan fácilmente. Sabe defenderse de aquellas morrallas que se apropian de los gobiernos.
Las evidencias a las que nos referimos sobre la urgencia del Ejecutivo y su coro mediático progre por copar el poder Judicial y la Fiscalía de la Nación han desatado la indefensión jurídica en el país. Como sostienen entendidos en la materia, “No valen la verdad ni la ausencia de pruebas (…) Una sospecha no comprobada sirve para iniciar un procedimiento por enriquecimiento ilícito, luego se le añade la figura del Lavado de Activos para aumentar el plazo investigatorio de ocho a doce meses, y finalmente se agrega la figura de la Organización Criminal, para que ese plazo ‘investigatorio’   llegue a treinta y seis meses, ampliable treinta y seis m’as. Y durante ese tiempo, se aplica abusivamente la detención preventiva, con lo cual la libertad como valor fundamental desaparece ante la arbitrariedad de fiscales comisionados por el régimen, con el propósito de infamar y destruir a los adversarios políticos oficialistas.”
Este es el peligrosísimo Perú post Kuczynski.