El Ministerio Público de Brasil solicitó que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sea condenado a prisión por el delito de “corrupción pasiva calificada”. El pedido fue remitido al juez federal Sergio Moro y corresponde a una causa penal en la que Lula es acusado de ocultación de patrimonio y otros delitos relacionados con un apartamento que sería de su propiedad,pero aparece registrado en nombre de empresarios que serían sus testaferros.
La propiedad es un tríplex en el balneario de Guarujá (Sao Paulo) y figura en los registros como propiedad de la empresa OAS, una de las constructoras implicadas en el escándalo descubierto en la estatal Petrobras.
Lula afronta seis denuncias. El caso relacionado al apartamento de Guarujá es el más avanzado y se prevé que el juez estará en condiciones de dictar sentencia a principios de julio. Empero, el expresidente negó ser dueño de ese inmueble y lamentó la “persecución judicial”.
A decir del exjefe de Estado, sus enemigos políticos buscan impedir que vuelva a postular a la Presidencia en 2018.
Sin embargo, la Fiscalía asegura que hay fuertes pruebas en su contra y ha pedido que, junto con Lula, sean condenados a prisión el expresidente de la constructora OAS Leo Pinheiro y cinco exdirectivos de esa empresa.
Fuente: Diario Correo.
PREINFORME SOBRE COMPRAS MILITARES DE LAS FF.AA. Y LA PNP
Acusarían constitucionalmente a Humala y a seis exministros
Exmandatario bajo la lupa del Congreso junto a Pedro Cateriano, Daniel Lozada, Wilfredo Pedraza, Daniel Urresti y José Pérez Guadalupe.
Por Erick Sánchez Noriega- Diario Expreso.
El preinforme sobre las compras militares de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, elaborado por la Comisión de Defensa del Congreso, recomendaría acusar constitucionalmente al expresidente Ollanta Humala Tasso, así como a seis de sus exministros, entre ellos dos exministros de Defensa.
Así lo detalla el documento al cual EXPRESO tuvo acceso y que sería debatido y aprobado junto con los otros dos informes sobre ascensos irregulares y por la supuesta injerencia política en las operaciones en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) durante su gestión, tal como lo anunció la titular de este grupo congresal, Luciana León.
Se trata ahora de detallar la línea 1 de investigación que se refiere a las contrataciones y adquisiciones bajo cualquier modalidad utilizadas para la compra de vehículos, armamento, uniformes y demás elementos logísticos para las Fuerzas Armadas y la Policía, así como las operaciones de gobierno a gobierno realizadas entre los años 2011 y 2016, es decir durante el régimen anterior de Humala Tasso.
“Se recomienda, al amparo de los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú, y lo establecido en el inciso g) del artículo 89° del Reglamento del Congreso, formular acusación constitucional contra el expresidente de la República Ollanta Humala Tasso por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal en agravio del Estado, así como incurrir en infracción constitucional contraviniendo los artículos 76 y 118 de la Constitución”, refiere el preinforme.
Además “se recomienda formular acusación constitucional contra el exministro de Defensa Pedro Cateriano Bellido por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo tipificado en el artículo 399 del Código Penal en agravio del Estado, así como incurrir en infracción constitucional contraviniendo los artículos 76 y 128 de la Constitución”.
“Se recomienda formular acusación constitucional contra los exministros del interior Daniel Lozada Casapia, Wilfredo Pedraza Sierra, Daniel Urresti Elera y José Luis Pérez Guadalupe por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo tipificado en el artículo 399 del Código Penal en agravio del Estado, así como incurrir en infracción constitucional contraviniendo los artículos 76 y 128 de la Constitución”.
SOBRE SATÉLITE
Respecto al sistema de adquisición del Sistema Satelital de Observación Terrestre con Resolución Submétrico, a cargo de Conida, bajo la modalidad de gobierno a gobierno entre Perú y Francia, se recomienda remitir el resultado de esta investigación al Ministerio Publico a fin de que se promueva la investigación preliminar contra Jakke Valakivi Álvarez, mayor general FAP Mario Pimentel Higueras, Carlos Rodríguez Pajares, coronel FAP Edgardo Barrueto Plaza, Ronald Barrientos Deza y Paola Liliana Lobatón Fuchs, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en las modalidades de negociación incompatible y omisión de denuncia.
Asimismo, sobre la adquisición y coproducción de 20 aviones KT-1P, a cargo de la FAP, bajo la modalidad de gobierno a gobierno entre Perú y Corea, se recomienda remitir el resultado de esta pesquisa al Ministerio Publico a fin de que promueva la investigación preliminar contra Jakke Valakivi, teniente coronel (r) Lizandro Maycock Guerrero, mayor general FAP (r) Francisco Lizarzaburu, Paola Liliana Lobatón Fuchs por la presunta comisión del delito contra la administración pública en las modalidades de negociación incompatible y omisión de denuncia.
Respecto al proceso de adquisición de helicópteros de ala rotatoria a cargo de la Comandancia de Aviación del Ejército Peruano, bajo la modalidad de gobierno a gobierno y la Federación Rusa, se recomienda remitir el resultado de esta pesquisa al Ministerio Publico a fin de que promueva la investigación preliminar contra Jakke Valakivi, general de brigada Germán Gonzales y Paola Liliana Lobatón Fuchs por la presunta comisión del delito contra la administración pública en las modalidades de negociación incompatible y omisión de denuncia.
OTROS PROCESOS
Las mismas recomendaciones se dan respecto a la adquisición de los aviones Spartan a cargo de la FAP, bajo la modalidad de compra al mercado extranjero; y la adquisición de bienes extranjeros para la implementación de bases temporales en el Vraem, a cargo del Ejército.