La ONPE difundió el tercer reporte financiero de ingresos y gastos de los partidos políticos que participaron en el último proceso electoral.
Se pudo conocer que Gana Perú gastó en lo que va de la campaña un total de 8’797,996 millones de soles (principalmente en publicidad electoral en medios de comunicación) y tuvo aportes e ingresos por 6’367,943 millones de soles (por comidas y bonos nacionalistas).
490,120 soles de ingresos corresponden al mes de abril de este año; 1’011,815 (al periodo diciembre 2010-enero 2011) y 4’866,007 a la etapa febrero-marzo del 2011.
En cuanto a los gastos, la suma más fuerte corresponde a los meses de febrero y marzo (7’428,656 millones de soles).
Expertos en riesgo país opinaron que Ollanta Humala no cree que “la plata viene sola”. Por tanto, para devolver los gastos de campaña a sus acreedores venezolanos y brasileros echará mano de las Reservas Internacionales. El índice que mide el riesgo del Perú está en función de la diferencia del rendimiento promedio de los títulos soberanos peruanos frente al rendimiento del bono del Tesoro estadounidense.
Así se estima el riesgo político y la posibilidad de que un país pueda incumplir con sus obligaciones de pago a los acreedores internacionales.
Es decir, el riesgo país es el índice denominado Emerging Markets Bond Index Plus (EMBI+) que mide el grado de “peligro” que entraña un país para las inversiones extranjeras.
Las principales consecuencias de un alto nivel del riesgo país son una merma de las inversiones extranjeras y un crecimiento económico menor y todo esto puede significar desocupación y bajos salarios para la población.
Para los inversores este índice es una orientación pues implica que el precio por arriesgarse a hacer negocios en determinado país es más o menos alto.
Cuanto mayor es el riesgo menos proyectos de inversión son capaces de obtener una rentabilidad acorde con los fondos colocados y cuanto menor sea este índice el país se hace más atractivo para los inversionistas.
Las principales consecuencias de un alto nivel del riesgo país se traducen en la disminución de las inversiones extranjeras, que se trasladarían a los países competidores del Perú en minería e hidrocarburos; generando un menor crecimiento económico, desocupación y bajos salarios para la población.
El Presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde dijo en Diálogos con RPP Noticias que la autonomía del ente emisor no necesariamente estará garantizada en el próximo gobierno.
“Un nuevo gobierno puede cambiar todos los directores, eso significará que teóricamente pueden poner personas complacientes con lo que digan las nuevas autoridades”, expresó.
El Banco Central de Reserva del Perú cumple 80 años y su presidente recordó que en toda su historia ha tenido presiones políticas. Al 26 de abril del presente año, las reservas internacionales netas (RIN) ascendieron a US$ 46,301 millones. Las reservas garantizan la estabilidad monetaria del Nuevo Sol.
Pensión 65 con las Reservas Internacionales
Luiz Inácio Lula da Silva recurrió a los cofres del Estado brasileño para “realizar promoción personal” a través de 10.6 millones de cartas “de contenido propagandístico” enviadas a jubilados y pensionistas en el segundo año de su primer mandato presidencial. Es la conclusión del Ministerio Público, que anunció su decisión de demandar al ex jefe de Estado y a su ex ministro Amir Francisco Lando por “improbidad administrativa”.
Según las investigaciones de la Fiscalía y del Tribunal de Cuentas, la impresión y el envío de las correspondencias entre octubre y diciembre de 2004 costó cerca de 9.5 millones de reales. Al cambio de entonces, unos 3.4 millones de dólares.
Las cartas, firmadas por Lula y Lando, avisaban a los beneficiarios del Instituto Nacional del Seguro Social (INSS) sobre la oportunidad de obtener “préstamos con intereses reducidos”. Para la Fiscalía, los textos carecían por tanto de “interés público” y tampoco tenían el “carácter educativo, informativo o de orientación social” que exige la legislación.
Banco implicado
Además, según el comunicado del Ministerio Público, la acción del Ejecutivo buscaba al mismo tiempo “favorecer” al BMG, el único banco privado que en aquella época podía conceder los citados préstamos. La misma institución financiera que meses después se vería envuelta en el llamado ‘escándalo de las mensualidades’, que hizo caer al jefe de gabinete de Lula y a punto estuvo de tumbar el Gobierno entero.
Recuerda la Fiscalía que la operación “propagandística” se produjo inmediatamente después de que el Banco BMG y el INSS, vinculado al Gobierno, firmaran un acuerdo para autorizar esos préstamos. “Otro hecho que llamó la atención fue la rapidez en el proceso de convenio: duró apenas dos semanas, cuando lo habitual es cerca de dos meses”, añade la nota.
Bloqueo de bienes
Para “garantizar la devolución” de los 9.5 millones de reales, el Ministerio Público exige el bloqueo de los bienes de ambos acusados. En caso de condena, tanto el ex presidente como su ex ministro podrían tener que pagar una multa, ver “suspendidos” sus derechos políticos, quedar vetados para “contratar o recibir beneficios del poder público” o, llegado el momento, perder sus jubilaciones.
Ni Lula ni sus asesores han comentado aún la demanda. La noticia cogió al ex mandatario en pleno regreso de un viaje a Guinea Conakry, donde participó en la inauguración de las obras de reconstrucción de una vía férrea por parte de la minera brasileña Vale.
Fuente: Diario El Mundo.