Por Anian Christoph Wimmer– ACI Prensa.
Monseñor Carlo Maria Viganò, arzobispo y ex Nuncio Apostólico en Estados Unidos, afirmó que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano ha iniciado un proceso contra él por el presunto delito de cisma.
Citando un documento que publicó en su sitio web y en redes sociales, escribió que fue convocado a Roma el 20 de junio para enfrentar un proceso penal extrajudicial por las acusaciones.
“He sido convocado al Palacio del Santo Oficio el 20 de junio, en persona o representado por un abogado canónico”, escribió el prelado en X. “Supongo que la sentencia ya está preparada, dado que se trata de un proceso extrajudicial”.
Los cargos específicos esbozados contra el arzobispo Viganò implican hacer declaraciones públicas que supuestamente niegan los elementos fundamentales necesarios para mantener la comunión con la Iglesia Católica. Esto incluye negar la legitimidad del Papa Francisco como el pontífice legítimo y el rechazo rotundo de las doctrinas establecidas durante el Concilio Vaticano II.
Monseñor Viganò, quien se desempeñó como Nuncio Apostólico en Washington D.C. de 2011 a 2016, comentó que consideraba las acusaciones en su contra “como un honor“.
Vatican News informó que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe no ha comentado sobre los supuestos procedimientos.
CNA -agencia en inglés de EWTN News- se puso en contacto con el Vaticano para obtener confirmación y comentarios.
El arzobispo Viganò llegó a los titulares en 2018 con la acusación, seguida de varias cartas, de que prelados de alto rango habían sido cómplices en el encubrimiento de presuntos abusos sexuales por parte del excardenal Theodore McCarrick. También pidió la renuncia del Papa Francisco.
Según Vatican News, el Secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, dijo el jueves, en reacción a la noticia: “Monseñor Viganò ha tomado algunas actitudes y algunos gestos por los que debe responder“.
“Lo siento mucho porque siempre lo aprecié como un gran trabajador, muy fiel a la Santa Sede, que en cierto sentido era también un ejemplo. Cuando fue nuncio apostólico trabajó bien“.

Las mentiras, encubrimientos y errores que llevaron al abusador McCarrick a escalar en la Iglesia

ABUSOS SEXUALES A MENORES

El Vaticano publica un extenso informe que revela que Juan Pablo II y Benedicto XVI hicieron oídos sordos a las acusaciones contra el excardenal

Por Anna Buj- www.lavanguardia.com
El Vaticano ha realizado un ejercicio de transparencia y ha mostrado la cadena de errores que llevó al estadounidense Theodore McCarrick, de 90 años, a escalar hasta el cardenalato pese a las acusaciones contra él de abusos sexuales. La Santa Sede ha publicado un informe insólito de más de 450 páginas, resultado de una exhaustiva investigación durante dos años, que muestra todos los engaños, mentiras y encubrimientos que permitieron que McCarrick terminara siendo arzobispo de Washington. Es un texto muy grave que revela que, si bien Francisco tuvo poca responsabilidad en el caso, sus predecesores Juan Pablo II y Benedicto XVI ignoraron o desestimaron las acusaciones contra el purpurado.
El caso de McCarrick se convirtió en una de las mayores tormentas en el pontificado de Francisco cuando en agosto del 2018 el exnuncio en EE.UU. Carlo Maria Viganò, representante de la oposición ultraconservadora al Pontífice, distribuyó una durísima carta acusando al Papa de conocer de primera mano y encubrir desde el 2013 los abusos de McCarrick, y conminándole a dimitir por ello. Fue entonces cuando el Vaticano ordenó una investigación sobre el escándalo y que después de dos años se ha publicado a través de una serie de documentos y de más de 90 entrevistas a testimonios.

El actual Papa

Francisco conocía los rumores pero decidió que el tema ya había sido afrontado por sus predecesores.
El informe descarga la responsabilidad del argentino y si bien dice que Francisco fue informado de oídas de los rumores del “comportamiento inmoral con adultos” de McCarrick –no con menores–, decidió que el tema ya había sido afrontado por los anteriores pontífices y no vio necesario modificar la línea adoptada por sus predecesores.
En cambio, apunta a Juan Pablo II entre los responsables del nombramiento de McCarrick como arzobispo de Washington en el 2000, un episcopado clave que normalmente comporta el cardenalato. McCarrick tenía buena referencias de sus pasadas experiencias como obispo en Newark y Metuchen. Su nombre empezó a sonar para Washington, un episcopado al que va unido un cardenalato. Era considerado un gran recaudador de fondos, aunque el informe dice que las transferencias que envió a diferentes personas en el Vaticano no influyeron en las decisiones. Envió hasta 600.000 dólares desde su propia cuenta, donde recibía las donaciones que recogía para la Iglesia en Estados Unidos.
Pero cuando sonaba su nombre para Washington el cardenal arzobispo de Nueva York informó a Juan Pablo II de una serie de acusaciones que no le hacían propicio para el puesto. Entre ellas, un cura que decía que había mantenido “actividad sexual” con otro sacerdote y había intentado hacer lo mismo con él en 1987; una serie de cartas anónimas que le acusaban de pedofilia con sus “sobrinos”; o que se sabía que había forzado a jóvenes hombres adultos a compartir cama con él en su residencia como obispo en anteriores destinos o a seminaristas adultos en la costa de Nueva Jersey.
Según el informe, Juan Pablo II hizo oídos sordos y le promocionó igualmente. Le convencieron, entre otras cosas, tres obispos que encubrieron su comportamiento y el poder de persuasión del mismo McCarrick, que juró al papa que nunca había tenido “relaciones sexuales con ninguna persona, hombre o mujer, joven o viejo, clérigo o laico”. Según algunos testimonios, también pesó la experiencia que vivió el entonces arzobispo Wojtyla en Polonia, quien durante años había visto como el régimen instrumentalizaba falsas acusaciones para desacreditar a sacerdotes.

El papel de Ratzinger

Benedicto rechazó un proceso canónico y sólo le pidió que mantuviera un perfil bajo, pero no lo cumplió.
Cuando en el 2005 resurgieron acusaciones ya estaba al mando Benedicto XVI, que rápidamente le jubiló de la diócesis de Washington cuando había alcanzado la edad de 75 años. Entonces Viganò, que trabajaba en la secretaría de Estado, informó sobre la conducta en los 80 de McCarrick y sugirió abrir un proceso canónico. Ratzinger lo rechazó y solamente pidió a McCarrick que mantuviera un perfil bajo “por el bien de la Iglesia”.
El estadounidense no obedeció a Benedicto y siguió viajando por el mundo sin que nadie le frenase. Hasta que explotó el caso en el 2017 al salir pruebas consideradas creíbles de abusos sexuales cometidos a un adolecente hace 50 años. Francisco le convirtió en el primero en casi un siglo en perder el birrete cardenalicio y le redujo al estado laico, la pena más dura contra un clérigo. Algo que no cumplió y el cardenal siguió viajando por el mundo sin que nadie se lo impidiese.McCarrick en 1988, cuando era arzobispo de Newark, junto al presidente Ronald Reagan en un mitin republicano Barry Thumma / AP
Con el informe se zanja el caso más vergonzoso para la Santa Sede, un dolor que, según el secretario de Estado Pietro Parolin, servirá para que todos los involucrados en procesos similares sean “más conscientes del peso de sus decisiones u omisiones”. “Son páginas que nos empujan a una profunda reflexión –dice– y a preguntarnos qué más podemos hacer en el futuro, aprendiendo de las dolorosas experiencias del pasado”.

Juez de Wisconsin suspende caso penal contra McCarrick

Un juez de Wisconsin suspendió un caso penal contra el ex cardenal Theodore McCarrick, alegando incompetencia. McCarrick había sido acusado de agresión sexual en cuarto grado por abuso que supuestamente tuvo lugar en 1977.
El fallo se produce tras la desestimación de todos los cargos penales contra McCarrick en Massachusetts en agosto, cuando se consideró que el ex clérigo ya no era mentalmente competente. En ese caso, el juez del Tribunal de Distrito de Dedham, Michael Pomarole, dictaminó que McCarrick, un cardenal católico alguna vez poderoso e influyente, no puede ser juzgado después de recibir un informe médico de los fiscales que coincidía con el informe anterior de la defensa de que McCarrick, de 93 años, sufre demencia. .
No hay otros casos penales pendientes en relación con McCarrick en este momento.
Los cargos contra McCarrick fueron anunciados en abril pasado por el fiscal general de Wisconsin, Josh Kaul, y el fiscal de distrito del condado de Walworth, Zeke Wiedenfeld. Según la denuncia, que surgió de un informe presentado a la iniciativa de abuso de líderes religiosos y clérigos del Departamento de Justicia de Wisconsin (WDOJ), McCarrick supuestamente acarició los genitales de la víctima mientras se hospedaba como invitado en una residencia de Geneva Lake, Wisconsin. La denuncia afirma que McCarrick “se involucró en repetidos abusos sexuales de la víctima a lo largo del tiempo“, según el comunicado de prensa de WDOJ.
El comunicado no especificó si la presunta víctima era menor de edad. Según su sitio web, la WDOJ “espera que la gran mayoría de la información recopilada durante su revisión se relacione con el abuso sexual de menores“, pero el escrutinio de la agencia “no estará limitado por la edad de la víctima en el momento del abuso“.
El contenido de los informes sobre las capacidades mentales de McCarrick no se hizo público.
Los abogados de McCarrick, Barry Coburn y Daniel Marx, plantearon por primera vez la cuestión de la competencia en febrero de 2023, cuando presentaron una moción para que se desestimaran los cargos en el caso de Massachusetts basándose en un informe de un experto médico que contrataron. Los abogados defensores afirmaron que McCarrick sufre demencia progresiva e irreversible.
“Si bien tiene una comprensión limitada del proceso penal en su contra, sus déficits cognitivos progresivos e irreparables lo hacen incapaz de consultar significativamente con su abogado o ayudar efectivamente en su propia defensa“, escribieron Coburn y Marx en ese momento.
McCarrick, que alguna vez fue uno de los clérigos más poderosos de la Iglesia católica conocido por su destreza para recaudar fondos, ha sido acusado de abusar sexualmente de víctimas adultas y niños durante décadas, un escándalo que estalló en público en 2018. Después de que la Congregación para la Doctrina de la Faith (ahora dicasterio) declaró a McCarrick culpable de abuso en 2019, fue laicizado por el Papa Francisco. La carrera clerical de McCarrick y las acusaciones de abuso sexual que la acompaña se detallaron en un extenso informe del Vaticano publicado en noviembre de 2020.
Fuente: www.catholicregister.org

El arzobispo más crítico con el papa, excomulgado por el delito de “cisma”

Por Gonzalo Sánchez- www.swissinfo.ch
El arzobispo italiano Carlo Maria Viganò, crítico feroz con el papa Francisco, al que tacha de “usurpador”, ha sido excomulgado este tras ser hallado culpable del delito de “cisma”, es decir, de dividir la Iglesia.
La Congregación vaticana para la Doctrina de la Fe, dirigida por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, confirmó la sentencia en un breve comunicado, alegando sus “conocidas afirmaciones públicas” en las que el monseñor se niega a someterse al pontífice.
Pero no solo: Viganò, rostro visible del sector más conservador del catolicismo, también ha sido condenado por renegar de “la legitimidad y autoridad magisterial” del Concilio Vaticano II, la “cumbre” que entre 1962 y 1965 modernizó y actualizó la Iglesia.
¿Quién es el monseñor de la discordia?
Viganò, de 83 años, fue nombrado arzobispo en 1992 por Juan Pablo II y luego, entre otros cargos, ejerció como nuncio (embajador) en Nigeria hasta 1998 y entre 2011 y 2016 en Estados Unidos, donde se congrega un importante núcleo de críticos con el papa argentino.
En los últimos años, no ha escondido su confrontación con Bergoglio y en 2018 le acusó abiertamente de conocer los abusos sexuales del cardenal estadounidense Theodore McCarrick, a quien el pontífice más tarde expulsaría del sacerdocio por sus conductas, llegando incluso a solicitar su renuncia.
En estos años ha tildado a Francisco de “herético”, “tirano” y “siervo de Satanás”, puesto en duda su elección en el cónclave de 2013 y atacado duramente algunas de sus decisiones, sobre todo las más aperturistas, como el documento ‘Fiducia Supplicans’ (2023) que permite una bendición informal de parejas homosexuales.
Es patrón de la fundación ultraconservadora ‘Exsurge Domine’, que tiene por misión “ayudar a los religiosos perseguidos por su fidelidad a la tradición” (el nombre alude a la bula del 1520 contra las herejías de Martín Lutero firmada por León X).
El 28 de junio, cuando se le comunicó la apertura del juicio canónico, lo consideró “un honor” en sus perfiles de la red social X.
Entonces calificó entonces al Concilio Vaticano II (1962-1965) de “cáncer ideológico, teológico, moral y litúrgico” y tildó la “Iglesia Bergogliana”, la del papa Bergoglio, de “metástasis”.
Fulminante proceso canónico
La Doctrina de la Fe, con orígenes en la extinta Inquisición y que vela por la corrección doctrinal y disciplinar, comunicó al monseñor la apertura de un proceso por incurrir presuntamente en “cisma”.
El Código de Derecho Canónico define ese grave delito como “la negación a someterse al Sumo Pontífice o a la comunión con los miembros de la Iglesia”.
La noticia la dio él mismo en las redes sociales -no el Vaticano- adelantando que no tenía ninguna intención de personarse al requerimiento de las autoridades de la Santa Sede.
El plazo para presentar sus alegaciones terminaba el 28 de junio. La Doctrina de la Fe se reunió para deliberar su caso y determinó su culpabilidad.
La Santa Sede comunicó al exnuncio el veredicto, pero este todavía no se ha pronunciado (ni tampoco sus eventuales simpatizantes). Su última aparición en X, se resume en una imagen del Crucificado y un mensaje de agradecimiento a quienes le apoyan y pidiendo donaciones a su fundación.
Excomunión ‘latae sententiae’
El pronunciamiento de la Doctrina de la Fe es una excomunión ‘Latae sententiae”, es decir, una sanción en la que se incurre inmediata y automáticamente solo por haber cometido un hecho.
De ahora en adelante, según el artículo 1331 § 1 del Derecho Canónico, Viganò no podrá “de ningún modo” oficiar misas ni otras ceremonias de culto público, ni impartir o recibir sacramentos, ejercer cargos eclesiásticos u ordenar actos ejecutivos, entre otros castigos.
Sin embargo, la excomunión, aunque es una pena muy grave dentro de la legislación apostólica, no tiene por qué ser definitiva, tiene una intención “medicinal” y puede ser revocada en caso de que el condenado se arrepienta y regrese a la obediencia.
Su controvertido caso, por ejemplo, ha sido comparado con otro de los pocos precedentes a ese nivel, el del arzobispo francés Marcel Lefebvre, fundador de la Fraternidad de San Pío X, crítico con el Vaticano II y excomulgado en 1988 por Juan Pablo II por actos cismáticos.
Todo para evitar las divisiones que marcan la milenaria historia de la Iglesia, algunas tan importantes como el “Cisma de Occidente”, que entre 1378 y 1417 dividió el papado en dos, Roma y Avignon, o el que separó en el 1054 para siempre a católicos y ortodoxos de oriente.

El Vaticano denunciado por Mincione

Antes de que Raffaele Mincione fuera acusado por El Vaticano, el 2022 presentó su propia acción legal contra la Santa Sede en Londres, solicitando al Tribunal Superior de Inglaterra y Gales una reparación declaratoria contra la Secretaría de Estado y pidiendo a los jueces que dictaminaran que “actuó de buena fe” en sus relaciones con El Vaticano.
Los abogados de Mincione en el Reino Unido argumentan que el proceso judicial contra él en Roma es un intento de la Santa Sede de anular la compra del edificio en el número 60 de la avenida Sloane a Mincione, por el cual El Vaticano pagó un total de 350 millones de euros y lo vendió con pérdidas de más de 100 millones.
Detrás de su condena, Mincione dijo a The Pillar, que había un intento de El Vaticano para recuperar sus pérdidas financieras al vincularlo a la condena de funcionarios y asesores corruptos de El Vaticano sin activos que confiscar.
Si su queja ante el Relator Especial de la ONU se toma en serio, podría conducir a una respuesta diplomática que golpee uno de los pocos puntos de presión de la Santa Sede: su estatus como observador permanente en las Naciones Unidas.
La Relatora Especial, la jurista estadounidense Margaret Satterthwaite, reside en Ginebra, donde se encuentran muchas de las oficinas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Su oficina tiene el mandato de monitorear la independencia judicial y los abusos de derechos humanos relacionados y comunicarse directamente con los estados con respecto a las infracciones denunciadas.
Fuente: ThePillarCatholic.com

Tribunales Reales de Justicia, The Strand, Londres. Crédito: sjiong/CC BY-SA 2.0

Se abre el juicio en Londres en el caso Mincione versus Vaticano

Por ThePillarCatholic.com
Comenzaron las audiencias en el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, en una demanda presentada por Raffaele Mincione contra la Secretaría de Estado, en la que el gestor de inversiones pide a los jueces que determinen que actuó de “buena fe” en sus relaciones con el Vaticano.
A medida que avanza el juicio, los abogados de la Secretaría se han quejado de que varios testigos materiales “no están disponibles” para ellos, pero confirmaron que el arzobispo Edgar Peña Parra, sustituto de la secretaría del Vaticano, subirá al estrado.
La demanda, presentada por primera vez por Mincione en 2020 mientras estaba bajo investigación criminal en la Ciudad del Vaticano, tardó años en llegar a juicio y se produce tras su condena por delitos financieros por parte de un tribunal del Vaticano en diciembre del año pasado, en la que fue condenado a más de cinco años de prisión y fue parte en un decomiso de bienes colectivos por valor de cientos de millones de euros.
Mincione, que administró cientos de millones de euros en fondos del Vaticano desde 2013 hasta 2018, está buscando una reparación declarativa del tribunal, un fallo judicial que indica que actuó de “buena fe” en sus tratos con la Secretaría.
El Vaticano se separó de Mincione en 2018, y la secretaría perdió el saldo de su inversión con el empresario, al tiempo que pagó millones en multas por retiro anticipado de su inversión, a cambio de la propiedad de un desarrollo inmobiliario en Londres.
Ese edificio, cuya adquisición desencadenó una investigación penal y un juicio que duró años en la Ciudad del Vaticano, fue posteriormente vendido por la Secretaría de Estado con una pérdida de más de 100 millones de euros.
La eventual decisión del tribunal de Londres en el caso podría resultar una especie de voto de confianza internacional en el extenso juicio del Vaticano, cuyas audiencias de apelación están programadas para comenzar el próximo mes.
Mincione  presentado anteriormente quejas contra su condena, y lo que dice son infracciones contra su derecho al debido proceso, ante el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados.

Tratos de ‘buena fe’

En una declaración a los medios, Raffaele Mincione dijo que estaba “encantado de que estos procedimientos en Inglaterra finalmente estén en marcha” y que esperaba ver sus tratos con el Vaticano “examinados por un sistema judicial independiente y respetado internacionalmente”.
Rafael Mincione. Foto de archivo del Pilar.
Mincione ha cuestionado repetidamente la probidad del juicio en la Ciudad del Vaticano en el que fue condenado en diciembre pasado, y anteriormente le dijo a The Pillar que fue convertido en chivo expiatorio por la incompetencia institucional y la corrupción dentro de la Secretaría de Estado.
En una entrevista en noviembre pasado, Mincione también afirmó que varias ofertas para cooperar con la fiscalía de la Ciudad del Vaticano fueron rechazadas, y señaló que fue acusado (y finalmente condenado) de “malversación” de fondos del Vaticano al tomar para inversión dinero que, según la ley del Vaticano, no estaba disponible para ese propósito.
Mincione presentó en cartas judiciales firmadas por sucesivos Secretarios de Estado afirmando que la inversión con él era legal según la ley del Vaticano. Los fiscales de la Ciudad del Vaticano argumentaron, con éxito, que esas afirmaciones fueron el resultado de que los cardenales recibieron consejos deliberadamente engañosos de funcionarios de la secretaría, incluido el cardenal Angelo Becciu.
Mincione presentó la demanda en Londres en junio de 2020, mes en el que Gianluigi Torzi, uno de sus presuntos cómplices para defraudar a la secretaría, fue arrestado en la Ciudad del Vaticano y mientras estaba activa una orden del Vaticano para el arresto de Mincione.
Ese mismo mes, los medios oficiales del Vaticano calificaron la gestión del dinero del Vaticano por parte de Mincione de “especulativa y de interés propio”, y Mincione presentó una demanda en Londres buscando que se dictaminara que actuó de “buena fe” en sus tratos con la secretaría, alegando que el Vaticano buscaba deshacer su acuerdo con Mincione sobre la propiedad de Londres.
Sin embargo, en los argumentos de la defensa ante el tribunal del Reino Unido, los abogados de la secretaría dejaron claro que no hubo tal intento de anular la transacción. En cambio, señalaron, el caso de Mincione había sido litigado en su totalidad en la Ciudad del Vaticano, donde ya ha sido condenado.
Según los abogados de la Secretaría de Estado, los jueces de Londres deben considerar no solo los detalles de la separación de Mincione de las inversiones del Vaticano en 2018, que han resultado en numerosas acusaciones y cargos penales de fraude contra múltiples partes, sino también los inicios de la relación comercial entre los Vaticano y Mincione, que se remontan a 2012.
Al afirmar que actuó de “buena fe”, Mincione dijo a The Pillar el año pasado que otro cómplice ahora condenado, Enrico Crasso, se le había acercado en 2012 para guiar una inversión de la Secretaría de Estado en una empresa petrolera angoleña. empresa propuesta por el cardenal Becciu.
Según Mincione, su empresa realizó la debida diligencia sobre el acuerdo, concluyó que era financieramente inviable y esencialmente pretendía abandonar el trato.
Pero los abogados de la Secretaría de Estado dicen lo contrario.
Argumentan que después de que Crasso presentó a Mincione al Vaticano, Mincione inicialmente defendió la solidez del plan, tanto a través de su empresa como personalmente, y creó un fondo a través del cual dirigir la inversión de la secretaría de más de 200 millones de dólares.
Sólo después de que se creó el fondo y el dinero del Vaticano fue depositado en la empresa de Mincione, argumenta la secretaría de abogados, cambió la visión de Minionce sobre el proyecto de inversión angoleño, con una nueva determinación de que todo el proyecto era inviable.
Los abogados dicen que fue una especie de trampa.
“Esto fue particularmente complicado”, argumentaron los abogados de la secretaría, “porque la gran mayoría de este dinero se había obtenido a través de líneas de crédito que debían ser administradas. Fue por esta época que [la empresa de Mincione] comenzó a presentar la ‘oportunidad’ de invertir en la propiedad [de Londres] a la Secretaría de Estado”.
Los abogados de la secretaría explican que para reunir su participación de 200 millones de dólares en Mincione para el proyecto angoleño, la secretaría “tomó dinero prestado tomando líneas de crédito de dos bancos (Credit Suisse y Banca Svizzera Italiana), con valores depositados como garantía”.
Los abogados del Vaticano sostienen que debido a que el dinero provenía de líneas de crédito de alto interés, tenían una necesidad imperiosa de invertir el dinero inmediatamente después del colapso del proyecto angoleño, algo que Mincione entendió y explotó efectivamente.
En términos más generales, esa línea argumental también representa una importante concesión fáctica por parte de la Secretaría de Estado.
El origen del dinero, que se presentó en forma de líneas de crédito tomadas en préstamo contra activos depositados en Credit Suisse y BSI y ocultadas ilegalmente en los libros de contabilidad departamentales, se informó por primera vez en 2019.
Esos informes fueron negados repetidamente por altos funcionarios del Vaticano, incluido el cardenal Angelo Becciu,  quien los calificó de “falsos”, “engañosos” y “vergonzosos”.
Ahora, los abogados de la Secretaría de Estado argumentan que la fuente de los fondos de inversión del Vaticano fue clave para la capacidad de Minione de redirigir rápidamente su inversión hacia sus propios proyectos, incluido el edificio de Londres.
El valor realista de mercado de esa propiedad es otro punto controvertido en la demanda sobre la “buena fe” de Mincione.
Cuando la Secretaría de Estado desvió la totalidad de su participación de 200 millones con Mincione hacia otros proyectos propuestos por él, la inversión fundamental fue el edificio londinense del número 60 de Sloane Ave.
La participación del Vaticano en el edificio era del 45%, valorada en 180 millones de euros: una suma más de la que Mincione pagó por todo el edificio solo dos años antes y casi tanto como lo que el Vaticano pudo obtener cuando finalmente vendió todo el edificio en 2021.
El equipo legal de Mincione sostiene que entre tanto y durante su administración de la inversión del Vaticano, el valor del edificio fue revaluado continua e independientemente y la participación de la secretaría era un valor justo en el floreciente mercado inmobiliario de Londres de la época.
Los abogados de la secretaría argumentan que no había “ninguna base justificable” para el valor presentado al Vaticano, y que las empresas de Mincione “ya tenían un historial de intentar presionar a los tasadores u obtener valoraciones que claramente no tenían una base sólida. “
Mincione también utilizó fondos del Vaticano para invertir en sus otros negocios y proyectos. Dio a sus empresas préstamos sin penalización, mientras que al mismo tiempo cobró al Vaticano millones de euros en honorarios de gestión y rendimiento.
El año pasado le dijo a The Pillar que los bonos de su propia empresa que hizo comprar al Vaticano eran su forma de conseguirle al Vaticano algún rendimiento financiero sobre la parte de los 200 millones de fondos que no había asignado a otros proyectos de inversión, allá por 2013. Mincione señaló que el efectivo no invertido básicamente perdió valor, ya que las tasas de interés eran cercanas a cero y superadas por la inflación.

Falta de testigos

La clave del caso de la Secretaría de Estado, en el que los abogados instan a los jueces a no conceder la declaración de “buena fe” solicitada por Mincione, es que sus abogados no pueden citar suficientes testigos para que los jueces lleguen a una conclusión sólida.
Los abogados argumentan que casi cualquier persona con conocimiento de primera mano sobre la situación ha sido condenada por fraude u otros delitos.
“La principal prueba oral que se podía esperar que se presentara no está a disposición de la Secretaría de Estado porque las personas que esperaban haberla presentado estaban defraudando a la Secretaría de Estado, ya fuera desde dentro o desde fuera”, afirman los abogados del Vaticano. argumentó en presentaciones judiciales.
En concreto, el equipo jurídico de la secretaría describe como testigos materiales clave al cardenal Angelo Becciu, quien como sustituto arregló y aprobó toda la inversión con Mincione, a Enrico Crasso, el banquero y más tarde director de inversiones de la secretaría, y a Fabrizio Tirabassi, un laico que trabaja en la secretaría. oficinas administrativas a lo largo de los años en cuestión. Los tres fueron declarados culpables por un tribunal del Vaticano de delitos financieros y sentenciados a largas penas de prisión.
Becciu, afirman además los abogados del Vaticano, “no está disponible para la Secretaría de Estado y no es considerado un testigo de la verdad, lo mismo ocurre con el señor Tirabassi”.
En cambio, los abogados de la secretaría argumentan que el único testigo material de que disponen es el arzobispo Edgar Peña Parra, quien sucedió a Becciu como sustituto en la secretaría en 2018 y quien ordenó la terminación inmediata de la inversión con Mincione.
Los abogados del Vaticano dicen que Peña Parra podría tener un valor limitado como testigo.
“Él acababa de asumir su cargo en el momento de la ‘transacción’”, dijeron los abogados, “y su conocimiento de los hechos previos a la misma era limitado”.
Arzobispo Edgar Peña Parra. Crédito: Kudmot/CC BY-SA 4.0
A pesar de esa afirmación, es probable que Peña Parra enfrente un intenso interrogatorio cuando comparezca ante el tribunal, y su testimonio tendrá lugar la próxima semana.
Anteriormente, el arzobispo había sido mordaz sobre la forma en que se dirigía su propio departamento, mientras él mismo admitió ante un tribunal del Vaticano haber ordenado represalias extralegales contra funcionarios bancarios que se negaron a prestar a la secretaría grandes sumas de dinero a tasas favorables.
La decisión de Peña Parra de poner fin anticipadamente a la inversión de la secretaría en Minicone resultó en sanciones contractuales masivas para el Vaticano, que le costaron millones.
Según los términos del acuerdo de separación, la Secretaría de Estado compró la parte restante del edificio de Londres, renunció a su inversión restante en el Athena Global Opportunities Fund de Mincione, pagó 40 millones de euros adicionales en multas a Mincione a través de Athena y asumió un 150 Hipoteca de millones de euros sobre el inmueble.
Posteriormente, el Vaticano vendió el edificio con una pérdida de más de 100 millones de euros.
Mincione dijo anteriormente al tribunal del Vaticano que la Secretaría de Estado entendía los términos del fondo en el momento en que invirtió en él , que había equilibrado la cartera de inversiones del fondo para minimizar el riesgo y que la secretaría habría ganado dinero si hubiera cumplido con los términos iniciales del acuerdo.
Mincione ya había proporcionado previamente un informe de auditores independientes que encargó para examinar sus inversiones con dinero del Vaticano.
Ese informe, compilado por PwC, encontró que el Vaticano podía ganar dinero con la gestión de Mincione.
Curiosamente, aunque los abogados de la secretaría hicieron referencia repetidamente al papel central de Monseñor Alberto Perlasca al caso, no está previsto que comparezca como testigo.
Perlasca sirvió como adjunto del cardenal Becciu durante el mandato del sostituto y los tratos del Vaticano con Mincione. Los documentos presentados ante el tribunal, así como los abogados de ambas partes, reconocen el papel clave de Perlasca en los negocios financieros de la secretaría, al que se le concedió poder para aprobar acuerdos y mover dinero en nombre del Vaticano.
Perlasca fue objeto de críticas especiales por parte de Peña Parra en un memorando presentado al tribunal del Vaticano, en el que el nuevo sostituto describió a su diputado heredado como responsable de bloquear el escrutinio financiero de los asuntos del departamento, cometiendo “errores graves” en el mantenimiento de registros, “inflando injustificadamente el valor de los activos administrados por la Secretaría de Estado” en casi un tercio, y mostró un patrón claro de aprobación de contratos que favorecen injustificadamente a los socios externos de la secretaría por encima de los intereses del Vaticano.
A pesar de esto, Perlasca no fue destituido de su cargo ni procesado por las autoridades vaticanas. En cambio, fue trasladado al Tribunal Canónico Supremo del Vaticano, donde fue nombrado fiscal adjunto hasta 2020, cuando la policía del Vaticano allanó sus oficinas como parte de la investigación sobre el escándalo de delitos financieros.
Después de esa redada, Perlasca se convirtió en el testigo estrella de los fiscales del Vaticano, ofreciendo testimonio contra sus antiguos colegas, incluido Becciu, y asesores externos de la secretaría como Crasso y Mincione.
Después de la conclusión del proceso penal del Vaticano, en el que Perlasca no fue acusado, a principios de este año fue reelegido para el tribunal del Vaticano en su cargo anterior.
A pesar del papel de Perlasca como testigo clave en el juicio de la Ciudad del Vaticano, y a pesar de su nuevo nombramiento para una oficina legal pública del Vaticano, los abogados de la secretaría dijeron al tribunal de Londres que no puede ser citado en el caso.
Aunque estuvo “involucrado en los hechos claves” del caso, fue “investigado por la [fiscalía del Vaticano] y de hecho prestó declaración en el Vaticano”, afirmaron los abogados de la secretaría, “ya ​​no trabaja para la Secretaría de Estado y no está disponible para ella”.
Se espera que la supuesta imposibilidad de citar a un testigo clave de los hechos, cuyo testimonio fue decisivo para conseguir la condena de Mincione en la Ciudad del Vaticano, sea vigorosamente impugnada por los abogados de Mincione.

Una gran conspiración

De manera similar a la decisión de los fiscales del Vaticano en el juicio allí, los abogados de la Secretaría de Estado en Londres argumentan que Mincione fue parte de un esfuerzo coordinado de varios años de duración por parte de múltiples partes para extraer dinero del Vaticano.
Sin embargo, a diferencia del juicio del Vaticano, los abogados no buscan demostrar que Mincione necesariamente actuó de manera criminal o contractualmente ilegal. Más bien, el equipo legal de la secretaría está pidiendo a los jueces que rechacen la petición de Mincione de que se declare que actuó de “buena fe” en sus relaciones con el Vaticano.
La “buena fe”, argumentaron los abogados de la secretaría en su presentación inicial ante el Tribunal Superior, no es un término artístico con una definición legal establecida, pero la jurisprudencia de los tribunales ingleses ha establecido “ciertas expectativas de los requisitos mínimos”.
Para acceder a la petición de Mincione, argumentaron, tendrían que determinar que su conducta era, al menos, coherente con los “valores fundamentales” establecidos de honestidad y trato justo. “Las transacciones de mala fe no tienen por qué ser necesariamente deshonestas, pero pueden ser inapropiadas, comercialmente inaceptables o inapropiadas”.
Además de las circunstancias que rodearon el inicio de los negocios de Mincione con la secretaría, el caso también se centrará en el eventual fin de esa relación y cómo el Vaticano llegó a ser propietario absoluto del edificio de Londres.
La propiedad del edificio pasó a través de otro empresario, Gianluigi Torzi, condenado por extorsión y defraudación al Vaticano.
Contratado en 2018 por la Secretaría de Estado, bajo el mando del arzobispo Peña Parra, para gestionar  adquisición del edificio en 60 Sloane Avenue, Torzi estructuró el acuerdo para que su holding registrado en Luxemburgo tomara propiedad del edificio, y luego él transmitir la propiedad del holding al Vaticano.
En cambio, después de tomar posesión del edificio, Torzi reestructuró las acciones del holding, pasando 30,000 acciones ordinarias a la Secretaría de Estado y reteniendo 3,000 acciones preferenciales para él, lo que le dejó en control total de la empresa y, por tanto, del edificio.
Los fiscales argumentaron en el tribunal del Vaticano que Torzi extorsionó a la Santa Sede por millones por la posesión de las acciones mayoritarias de la empresa, asegurándole en el proceso una audiencia papal en el Boxing Day para él y su familia.
El empresario ha argumentado, a través de sus abogados, que su reestructuración de las acciones fue aprobada por funcionarios de la Secretaría de Estado, incluido el cardenal Pietro Parolin, y que otros funcionarios de la secretaría intentaron sobornarlo, chantajearlo y amenazarlo para que les diera el control del edificio para su beneficio personal.
Los jueces de la Ciudad del Vaticano asignaron a Torzi una pena de seis años de prisión, además de una indemnización por daños y perjuicios.
Los abogados de la Secretaría de Estado en Londres argumentaron el miércoles que “Torzi y Mincione estaban trabajando juntos en su propio interés con miras a extraer dinero de la Secretaría de Estado”.
“Su caso principal es que se trató de un fraude”, argumentaron, “y de declaraciones falsas hechas por el Sr. Mincione. Como mínimo, eso significa que [Mincione y sus empresas], en particular el Sr. Mincione, no estaban actuando de buena fe”.
La relación y los negocios de Torzi y Mincione han sido muy discutidos, tanto en el tribunal del Vaticano como en los informes de los medios.
Antes de que Torzi fuera designado por el Vaticano para actuar como su intermediario en el acuerdo de Londres en 2018, Mincione tomó prestados decenas de millones de euros de empresas pertenecientes a Torzi contra el valor de las acciones de un banco italiano, Banca Carige, en el que Mincione está tratando de adquirir una participación mayoritaria. Luego la adquisición fracasó, el valor de las acciones se desplomó y con él la garantía de los préstamos de Torzi.
Mincione también invirtió el dinero del Vaticano en productos de deuda invirtió el dinero del Vaticano en productos de deuda comercializados por Torzi, incluido un bono que involucra a una empresa con vínculos con la mafia y dos hospitales católicos bajo investigaciones de fraude en Italia.
Según Mincione, toda la relación comercial surgió tras un encuentro casual en un restaurante de Milán a finales de 2017. Afirma que Torzi estaba involucrado en un complicado plan para hacerse con el control del edificio, en el que participaban muchas otras partes, pero que Mincione era él mismo es tan víctima como la Secretaría de Estado.
El propio Mincione  también ha presentado una denuncia penal contra Torzi ante un tribunal romano, alegando fraude a través de un bono vendido por Torzi que incluía deudas titulizadas emitidas por la empresa de gestión de instalaciones Esperia SpA, a la que se ordenó su liquidación forzosa por presuntos vínculos con una familia criminal de la mafia de la Camorra, en julio de 2018.
La narración de Mincione sobre sus tratos con Torzi, que en apenas 10 meses pasaron de una simple presentación de pasada a decenas de millones de euros en malas inversiones y a ambos hombres involucrados en el negocio inmobiliario del Vaticano en Londres, probablemente será objeto de un estrecho escrutinio por el tribunal de Londres.
La clave de los argumentos para ambas partes no será si Mincione y Torzi necesariamente conspiraron con intenciones criminales para defraudar a la secretaría, o incluso si Mincione actuó fuera de los requisitos de su contrato para gestionar las inversiones del Vaticano.
Más bien, Mincione ha pedido a los jueces que consideren su versión de los hechos y decidan si actuó de “buena fe”.

Ganó la derecha en Europa, pero …

Por Bruno de Ayala Bellido- Diario La Razón.
Nunca se imaginó el rey Pirro de Epiro que luego de la batalla de Heraclea (280 a.C.) su nombre sería utilizado para describir el hecho de ganar algo que al final sirve para muy poco. A esto se le llama Victoria Pírrica.
Las elecciones al Parlamento Europeo llevadas a cabo el último 9 de junio demostraron varias verdades: el crecimiento de la nueva derecha o derecha patriótica que está a favor de la Unión Europea, pero que a su vez exige cambios.
Entre otras cosas, la denuncia del nefasto “pacto verde” que está arruinando el agro y la ganadería en el viejo continente, mayor control a la desquiciante inmigración africana y del islam, una mayor independencia de los estados para la toma de decisiones de Bruselas (capital de la Unión Europea) y sus disparates social progresistas. Esta nueva derecha hace una cerrada defensa de la vida, la tradición, la familia, las fronteras seguras y la cristiandad.
En números, la suma de todos los votos de la derecha europea es mayor que la de la izquierda, que incluye socialistas, izquierda ultra, la “religión” ecologista verde y el progresismo zombi. Sin embargo, la centro derecha infectada de globalismo y filo progresismo, siempre temerosa, pacta como costumbre con la izquierda socialista, se convierte en gobierno y hace imposible los cambios que la mayoría reclama.
La actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen (socialcristiana), es una digna representante de esta derecha, así como Núñez Feijoo del Partido Popular de España. Todo lo contrario, ocurre con Giorgia Meloni de Fratelli d’Italia, Santiago Abascal de Vox España, André Ventura del partido político Chega de Portugal, y Geert Wilders del Partido de la Libertad en Holanda, entre otros, que sí están por una Europa unida, pero con cambios.
El efecto de estas elecciones se hace sentir muy fuerte en países como Francia, donde un representante de centro derecha funcional al globalismo como Emmanuel Macron se ha visto obligado a disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones.
Todas las boletas de triunfo se las lleva Marine Le Pen, una anti-Europa (otra vertiente de la derecha) que en su plataforma electoral propone la expulsión de los migrantes musulmanes. Duro trabajo le espera; hay distritos completos en París, por ejemplo, dominados por el islam y su ley, la Sharía, como en los países nórdicos. Esta situación es poco difundida por la prensa internacional, pero el mundo multicultural falló.
Fue una Victoria Pírrica, pero victoria, al fin y al cabo. Aunque la centro derecha les dé la espalda a sus electores y pacte para ser gobierno con la izquierda socialista, vamos a tener que esperar para desterrar esa lacra llamada progresismo y ver recuperar a Europa su libertad.
Mientras tanto, seguiremos viendo al social progresismo y su versión más renovada, el globalismo, bramando y defendiendo el terrorismo internacional, fomentando el aborto, inculcando la ideología de género y el feminismo disparatado, fomentando la lucha fútil entre el hombre y la mujer. Pese a ello, estos resultados dan esperanza. El futuro está virando a la derecha, a la razón. Ojalá el tiempo nos alcance.

Comisión Teológica cuenta con tres latinoamericanos

La Comisión Teológica, nacida en el espíritu de servicio y comunión que marcó la eclesiología del Concilio Vaticano II, está formada por expertos de prestigio de los distintos continentes que representan especialidades y culturas diferentes. Su objetivo es participar, ayudar y colaborar en el camino del Pueblo de Dios. Trabaja en sesiones plenarias y por grupos temáticos, continentales y regionales. La Comisión Teológica ha creado cuatro grupos temáticos (para una bibliografía sinodal, para un diccionario sinodal, para una relectura del derecho canónico y para la formación permanente).
Además de asistir a la Secretaría del Sínodo en su trabajo, revisando textos y documentos oficiales, presentando propuestas para el desarrollo y la profundización del tema de la sinodalidad, la Comisión está disponible para acompañar y apoyar el trabajo de las conferencias episcopales y las asociaciones eclesiásticas en materia de sinodalidad:
Rev. Padre Paul BÉRÉ SJ, Profesor de Exégesis del Antiguo Testamento y de Hermenéutica Bíblica en el Pontificio Instituto Bíblico- Burkina Faso
Rev. Prof. Giuseppe BONFRATE, Profesor de Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana, Director del Centro para la Fe y la Cultura Alberto Hurtado- Italia
Rev. Prof. Pasquale BUA, Profesor de Teología Dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana- Italia
Rev. Hna. Maria CIMPERMAN RSCJ, Profesora de Teología Moral, Ética Social y Vida Consagrada en la Catholic Theological Union de Chicago; Coordinadora para la Sinodalidad de la UISG- USA
S.E. Mons. Timothy John COSTELLOE SDB, Arzobispo de Perth y Consultor de la Secretaría General del Sínodo- Australia
Rev. Prof. Clarence Sandanaraj DAVEDASSAN, Director del Centro Católico de Investigación- Malasia
Dr. Paolo FOGLIZZO, Experto del Sínodo y Director de la revista Aggiornamenti Sociali- Italia
Rev. Hna. Gloria Liliana FRANCO ECHEVERRI ODN, Presidenta de la Confederación Latinoamericana de Religiosos (C.L.A.R.)- Colombia
Rev. Prof. Carlos Maria GALLI, Decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina- Argentina
Prof. Rafael LUCIANI, Profesor de Eclesiología y Teología Latinoamericana de la Universidad Católica Andrés Bello- Venezuela
S.E. Mons. Lúcio Andrice MUANDULA, Obispo de Xai-XaiI y Miembro de la Comisión Preparatoria- Mozambique
Rev. Hna. Josée NGALULA RSA, Profesora de Teología Dogmática en la Universidad Católica del Congo y en el Seminario Mayor Jean XXIII de Kinshasa- Congo (República Democrática del Congo)
S.E. Mons. Roberto REPOLE, Arzobispo de Turín- Italia
Rev. Prof. Gilles ROUTHIER, Profesor de Eclesiología y Teología Práctica en la Universidad de Laval (Quebec)- Canadá
Prof. Anna ROWLANDS, Profesora de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad de Durham- Reino Unido
Rev. Prof. Ormond RUSH, Profesor Asociado de Teología en la Universidad Católica Australiana- Australia
Prof. Péter SZABÓ, Profesor de Derecho Canónico en la Universidad Católica de Budapest- Hungría
Rev. Prof. Dario VITALI, Profesor de Eclesiología en la Pontificia Universidad Gregoriana y Consultor de la Secretaría General del Sínodo- Italia
Prof. Myriam WIJLENS, Profesora de Derecho Canónico en la Universidad de Erfurt (Alemania)- Países Bajos
Rev. Prof. Felix WILFRED, Profesor Emérito de Filosofía y Pensamiento Religioso en la Universidad Estatal de Madrás– India
Fuente: www.synod.va