Por Martha Meier Miró Quesada- Diario EXPRESO.
The New York Times publicó el 10 de junio que Gustavo Gorriti es un perseguido político, por haberle abierto una investigación. Lo que no dice allí es que la indagación resulta de los testimonios de Jaime Villanueva, ex asesor de la destituida fiscal de la Nación Patricia Benavides; dichos utilizados para sacarla del cargo. Quienes conspiraron contra Benavides no calcularon que Villanueva los podría arremeter. Y vaya cornadas.
‘El Filósofo’ fue asesor de Pablo Sánchez y luego de Pedro Chávarry, cuando lideraron el Ministerio Público; logró que Gorriti se aliara y coordinara con ambos. Villanueva sostiene que Gorriti, impuso a José Domingo Pérez en la Fiscalía de Lavado de Activos, para que se dedicara a investigar a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular (K) y que indicaba estrategias; también en el caso del dos veces presidente Alan García.
El NYT dice: “un fiscal supremo lo acusa de haber realizado coberturas periodísticas positivas a cambio de filtraciones de investigaciones fiscales”, como si eso fuese falso. El titular da escalofríos: “Perú, un periodista ayudó a derrocar presidentes. Ahora es investigado”. ¿Un periodista debe derrocar presidentes o, eso es parte de la agenda de intereses extranjeros de sus financistas de IDL-Reporteros? ¿Cuáles son sus criterios para determinar a quién tumbarse? ¿Corrupción? No, porque a su borracho Alejandro Toledo, corrupto él, lo respaldó cuando su aceptación andaba por los suelos y Alejandro Miró Quesada Cisneros, entonces director de El Comercio, pidió a Toledo dar un paso al costado. ¿Narcoterrorismo? Tampoco, del corrupto de Sarratea nada dijo de sus vínculos con los Quispe Palomino. ¿Por violación a los derechos humanos? Difícil pues defendió al Capitán Carlos (Ollanta Humala) denunciado años antes por él y ‘La República’ de ser el carnicero y violador de la base antisubversiva de Madre Mía.
El NYT dice que en nuestro país hay una creciente campaña contra los medios de comunicación. Eso pasó en el gobierno del Sano y Sagrado, tanto que el periodista Beto Ortiz debió pedir asilo a los Estados Unidos por el hostigamiento, persecución y amenazas recibidas. El IDL-Reporteros de Gorriti calló; al igual que con la larga persecución judicial sufrida por Aldo Mariategui por el hombre que con tanta precisión es descrito por sus iniciales, César San Martín, un elemento harto funcional a Gorriti. Y Mariategui finalmente le ganó a CSM e IDL-Reporteros, mudito.
En 2020 Emmanuel Rincón sacó a luz que el NYT defiende el comunismo. En sus páginas el corresponsal Walter Duranty alabó “el primer plan quinquenal de Stalin de colectivización de las tierras, que causó el Holodomor, una hambruna que mató a ocho millones de ucranianos. Para Duranty lo que ocurría en Rusia era fantástico, y así lo reportó en Estados Unidos. El NYT, disfrazado de imparcial, lleva más de un siglo apoyando el comunismo, ocultando sus muertes e intentando destruir el capitalismo que ha hecho de Estados Unidos de América la nación más poderosa del mundo”.
¿Será Gorriti un agente comunista?
En Perú, un periodista ayudó a derrocar presidentes. Ahora es investigado
Los grupos por la libertad de prensa coinciden en que la investigación a Gustavo Gorriti, un reconocido periodista peruano, responde a motivos políticos y es parte de una creciente campaña contra los medios de comunicación.
El periodista Gustavo Gorriti ha expuesto la corrupción en Perú por más de 40 años. Ahora un fiscal supremo lo acusa de haber realizado coberturas periodísticas positivas a cambio de filtraciones de investigaciones fiscales.
Por Genevieve Glatsky y Bianca Padró Ocasio- The New York Times.
Uno de los más célebres periodistas latinoamericanos, cuyo trabajo ha derrocado presidentes y desencadenado investigaciones penales, estaba recuperándose de un agresivo periodo de quimioterapias cuando recibió otras malas noticias: un fiscal peruano lo estaba investigando por cohecho o soborno.
El periodista Gustavo Gorriti, de 76 años, director y fundador de una organización de periodismo de investigación en Perú, no es ajeno a los problemas.
En los noventa, fue secuestrado por miembros de un escuadrón secreto de la muerte sobre el cual los investigadores peruanos determinaron que estaba dirigido por el expresidente Alberto Fujimori. Gorriti había pasado años reportando sobre corrupción y violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Fujimori.
Más recientemente, ayudó a destapar un enorme escándalo de sobornos conocido como el caso Lava Jato, que ha llevado a la detención y dimisión de funcionarios de toda Latinoamérica.
Ahora, el propio Gorriti está enfrentando un posible encarcelamiento.
Un fiscal supremo de Perú lo ha acusado de soborno, alegando que Gorriti negoció filtraciones de investigaciones fiscales a cambio de coberturas periodísticas positivas. Gorriti ha negado los cargos.
Periodistas y defensores de la libertad de expresión dicen que la acusación está motivada políticamente, para castigar a Gorriti por sus anteriores investigaciones periodísticas.
Según grupos por la libertad de prensa, el caso en su contra se encuentra entre una serie de ataques a medios de comunicación independientes en Perú, y es parte de una amplia ola de esfuerzos para censurar a periodistas en un cada vez más grande número de países de América Central y del Sur.
“Más y más políticos están estigmatizando a periodistas y a los medios en sus discursos”, según Reporteros Sin Fronteras. “Los actores políticos utilizan las campañas de desinformación, acusaciones abusivas y propaganda estatal que abiertamente fomenta la desconfianza en la prensa y alienta la polarización”.
En Perú, la persecución a los periodistas refleja un amplio retroceso democrático, según los analistas.
Una coalición conservadora en el Congreso ha buscado consolidarse en el poder pasando por alto procedimientos legislativos para copar los tribunales del país, los organismos electorales y la Fiscalía de la Nación con sus aliados.
Los legisladores conservadores también han aprobado leyes que hacen más difícil investigar, procesar y castigar casos de corrupción y han modificado la constitución para incrementar el poder del Congreso.
Y, cada vez más, están usando su poder para perseguir a periodistas.
Paola Ugaz, una periodista que ha revelado años de abuso sexual a menores y corrupción en una influyente organización religiosa peruana, ha enfrentado varias investigaciones penales, que incluyen acusaciones de lavado de dinero.
Paola Ugaz, una periodista peruana, ha enfrentado demandas e investigaciones penales después de revelar acusaciones de abusos sexuales dentro de un influyente grupo católico.
Otros periodistas han sido condenados por difamación por reportar sobre políticos, organizaciones religiosas y funcionarios deportivos.
Organizaciones internacionales para la libertad de prensa coinciden en que Perú se ha convertido en un entorno cada vez más hostil para los periodistas. En los dos últimos años, la posición del país se ha desplomado en la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras. Descendió del puesto 77 al 125, la caída más grande entre cualquier país de América Latina.
Un estudio reciente de Freedom House, una organización de derechos humanos que evalúa los niveles de libertad en los países alrededor del mundo, bajó la calificación de Perú del año pasado de “libre” a “parcialmente libre”.
La organización dijo que el país había presenciado un “debilitamiento de la independencia judicial” y que “los escándalos de corrupción de alto nivel han socavado la confianza pública en el gobierno, mientras que divisiones irreconciliables al interior de una muy fragmentada clase política han producido agitación política en repetidas ocasiones”.
Gorriti es el director y fundador de IDL-Reporteros, un portal de periodismo de investigación conocido por sus reportajes sobre corrupción que involucran personajes poderosos.
Gorriti se inició investigando el auge del grupo subversivo Sendero Luminoso en los ochenta, y reveló los vínculos del narcotráfico con los altos funcionarios de inteligencia de Fujimori, quien, según las investigaciones, luego ordenó su secuestro.
El secuestro jugó un papel importante en una de las condenas de Fujimori por distintos crímenes, en 2009, por la que recibió una sentencia de 25 años de cárcel.
Gorriti se mudó a Panamá, donde expuso los vínculos entre los funcionarios del gobierno y narcotraficantes, para un diario panameño.
Sus reportajes han implicado en algún tipo de irregularidad a los cuatro presidentes peruanos que estuvieron en el poder entre 2001 y 2020. Uno de ellos, Alan García, murió cuando se disparó en la cabeza en su casa, luego de que las autoridades llegaron para detenerlo.
Gorriti dijo que a pesar de las décadas de lo que él describe como persecución, la investigación por soborno es lo más resaltante.
“En la época en que estaba Fujimori hubo peligro físico inminente”, dijo en una entrevista. Pero ahora, dijo, los actuales funcionarios del gobierno tienen el deseo de “convertir todo el sistema judicial en una herramienta adicional para ellos. Eso ha sido mucho más intenso ahora que en el pasado”.
Artur Romeu, el director de la oficina de América Latina de Reporteros Sin Fronteras, dijo que era “impresionante que se mueva un paso como ese en contra de uno de los periodistas más reconocidos”.
Luego de años del gobierno autoritario de Fujimori en Perú, las elecciones del 2000 marcaron el inicio de una era de democracia, crecimiento económico y fortalecimiento de la libertad de expresión.
Pero en los últimos años, la economía ha tambaleado y la confianza en el gobierno ha caído en picada. Cada vez se recurre más a los tribunales para silenciar a los críticos.
Gorriti y otros periodistas también han enfrentado el acoso de los grupos de extrema derecha que se han manifestado afuera de sus oficinas y han arrojado excrementos en sus casas. Los canales de televisión de derecha han acusado a Gorriti de ser una mente criminal.
Como parte de la investigación, los fiscales también han solicitado que Gorriti entregue los teléfonos que ha usado en su reportería y que revele sus fuentes. Gorriti se ha rehusado a hacerlo.
El caso contra Gorriti ha hecho más difícil que otros periodistas realicen su trabajo, dijo Jonathan Castro, un periodista político y editor de un podcast.
“Hay fuentes que ya no brindan información porque tienen miedo”, dijo.
En el pasado, la fiscalía ha llevado a cabo procesos de difamación en contra de periodistas, pero cada vez aplican cargos penales más serios.
Ugaz, la periodista acusada de lavado de dinero, dijo en una entrevista que ha enfrentado amenazas de muerte en las redes sociales y abusos verbales en las calles de Lima, la capital, como consecuencia de las campañas de desinformación en su contra. Esta desinformación incluye falsas acusaciones de que ella, junto con la familia del ganador del Premio Nobel Mario Vargas Llosa, contrabandeaban uranio y plutonio.
“No hay ningún filtro”, dijo. “Uno pensaría que todo es tan absurdo que nadie va a creerlo”.