Organización criminal agravada

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Congreso aprueba acusar a Pedro Castillo por organización criminal y otros dos delitos

Por Víctor Reyes Parra– Diario El Comercio.
Con el voto en contra de legisladores de izquierda, que intentaron blindarlo hasta el final, el pleno del Congreso aprobó la acusación contra el expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y colusión. Se trata de la denuncia constitucional que el 11 de octubre del 2022 presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
La resolución legislativa fue aprobada por 59 votos (se requería 50 como mínimo), 22 en contra y 3 abstenciones. Ahora el expediente será enviado al Ministerio Público que podrá formalizar investigación e iniciar proceso penal contra Pedro Castillo, incluyendo incluso medidas restrictivas.
Por ejemplo, votaron en contra: María Aguero, Alex Flores, Américo Gonza, Katy Ugarte, Guillermo Bermejo, Guido Bellido, Silvana Robles, Roberto Sánchez, Elías Varas y Jaime Zea.
La acusación contra el prófugo exministro de Transportes, Juan Silva, fue aprobada por 87 votos.
La fiscalía señala a Pedro Castillo como el presunto cabecilla de una organización criminal que se habría enquistado en los más altos niveles del aparato estatal, en especial en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento -dirigiendo irregularmente proyectos- el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) -mediante licitaciones concertadas en Provías Descentralizado – y en Petro-Perú.
El exmandatario decidió no brindar sus descargos en la sesión, argumentando, a través de su abogado Eduardo Pachas, que quería una participación presencial.
Según el Reglamento del Congreso, se requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso (50), sin contar con los integrantes de la Comisión Permanente, que aprobó el informe final.

Tontos útiles de Fuerza Popular y Perú Libre

La Junta de Portavoces, con las firmas de Fuerza Popular, Perú Libre, Podemos Perú, Perú Democrático, Cambio Democrático y Alianza para el Progreso, había acordado la ampliación de agenda para discutir el tema.
Según el artículo 78 del Reglamento Interno del Congerso, se requieren 66 votos para que un proyecto ya archivado en una misma legislatura -como es el adelanto de elecciones- vuelta a tratarse.
Como se sabe, el pleno del Parlamento rechazó en tres oportunidades recortar el mandato presidencial y legislativo. Incluso, la Comisión de Constitución archivó el proyecto del Gobierno de Dina Boluarte que proponía elecciones en octubre de este año.
La semana pasada, exactamente, el 9 de febrero, se había conseguido los 61 votos para ampliar la agenda. Sin embargo, el retiro de las 10 firmas del Bloque Magisterial (que condiciona todo a una asamblea constituyente) frustró esa posibilidad.
Fueron pasando los días y ni APP, ni Somos Perú respaldaban con sus rúbricas el acta de la Junta de Portavoces. Justo la mañana del jueves, el partido liderado por César Acuña sumó las firmas que faltaban.
Fuente: Diario El Comercio.

Puno sin alimentos y dinero

Bloqueos impiden el ingreso de las partidas para pagar los bonos de solidaridad; se agudiza la escasez de gas y alimentos. Sindican al presidente regional, Richard Hanco y a los seguidores de Evo Morales como responsables de la crisis que afecta a miles de familias

Las consecuencias de la ola de violencia subversiva en la región Puno la pagan miles de humildes familias: la agencia principal del Banco de Nación, en la provincia de San Román, no puede pagar a los beneficiarios los bonos alimenticios, Yanapay, Sequía, Pensión 65, debido a la falta de dinero en la entidad estatal.
Esto se debe a que las partidas presupuestales “no han podido ser repartidas por el bloqueo de las carreteras, las marchas y la inseguridad”, señaló un representante de la entidad. El problema es que los vehículos de caudales no pueden transitar por las vías afectadas, tampoco que el dinero llegue por vía aérea debido a la inseguridad que se vive en el aeropuerto de Juliaca.
Venimos todos los lunes desde muy lejos a pie y no somos atendidos” indica una ciudadana del distrito de Chupa, provincia Azángaro, quien demanda que se habiliten las atenciones virtuales, debido a las enormes colas. Ahora, solo funcionan los servicios de depósitos, transferencias, trámites y renovación de tarjetas.
Los usuarios ya están cansados de la incertidumbre y la inseguridad como comentó Marcela Soto, una madre de familia que dijo que los casi 300 soles que recibe de uno de los programas sociales, le servían para “comprar algunos alimentos”.
“Creímos en los dirigentes que aseguraban que con la protesta iban a mejorar las cosas, pero ahora vemos que el desabastecimiento es total”. La alimentación de ella y sus tres hijos se limita a comer papa y algunas veces, un jarro de cebada.
Las críticas y el repudio a los cabecillas de la violencia va en aumento. Guik.pe recibió el testimonio de la docente de una escuela de San Román que aseguró que los únicos que pueden comprar alimentos son los cabecilla “porque se han apoderado del dinero que gente ingenua o de buen corazón le entregó para que viajaran a Lima a marchar por la renuncia de Dina Boluarte”.
Desde Lima y otros puntos del país mediante las redes se identifica a los culpables de la crisis que afecta a los más pobres. ¿A quién quejarse? Ellos son causantes de una desgracia en la que el principal responsable es Pedro Castillo Terrones, y sus cómplices Aníbal Torres, Verónika Mendoza, Guido Bellido, Sigrid Bazán e incluso el exgobernante boliviano Evo Morales.
La prédica subversiva de Evo Morales y sus secuaces
“La falta de dinero, el desabastecimiento y los muertos, tienen culpables y uno de ellos es Evo Morales que con su prédica subversiva empujó a la violencia a personas y familias que no sabían por qué protestaban. Ahora miles de puneños pagan las consecuencias”, según Christian Quispe, estudiante de la Universidad del Altiplano.
Pero los afectados no olvidan el papel tan irresponsable del gobernador regional Richard Hanco, sindicado como uno de los azuzadores de la violencia, quien es un seguidor de la propuesta castrochavista de Morales e insiste en el cambio de la Constitución y la renuncia de Dina Boluarte.
De Hanco dicen que es un “individuo con muy poca preparación para gobernar una región y gestionar el desarrollo”, hace poco reiteró su llamado a la población “para que tenga conciencia y continúe en la lucha”.

¿Quién financia más de 60 días de protestas?

“Si yo tengo varias muertes por mi culpa, renuncio al cargo; es una cuestión de lógica, de sentido común”, anunció, pero hasta el momento en que el número de fallecidos sobrepasan los 25, Hanco no renuncia a la presidencia del gobierno regional.
En medio de la crisis, al menos dos emisoras –posiblemente piratas- siguen propalando mensajes y responsabilizando a Lima y a las ciudades de la costa “por el robo de las riquezas de Puno”, sin comentar que Hanco tiene presupuesto para obras pero no sabe cómo gastar.
Engañados por los extremistas
Dante Bobadilla escribió en sus redes sociales que los dirigentes y la gente de Puno “vive quejándose de Lima y ahora le piden que por favor les envíen sus bonos porque no les llega y ya no tienen qué comer. Claro, azuzados por gente como Hanco o Evo Morales, se pasan la vida armando paros, marchas, bloqueos y protestas. ¿Por qué no trabajan?”
Con palabras más fuertes Alberto Zevallos comentó que “las estupideces se pagan. Nunca le reclamaron a Castillo Terrones y ahora se han dejado engañar. El régimen corrupto de Castillo y sus cómplices debe responder por el daño que ha causado no solo a Puno sino al Perú entero”.
A la ola de indignación por la intromisión de los delincuentes que “que se presentan como defensores del pueblo” se suman representantes de artesanos de diversos rubros que fueron obligados a cancelar la fiesta de la Virgen de la Candelaria, cuyo día central fue el pasado 2 de febrero, pero que tradicionalmente se prolongaba por más de un mes.
“Miles de familias que dependen de esta festividad ahora están arruinadas económicamente”, añadió Marcela Quizozala, una joven que maneja un negocio de bordados de trajes para las danzantes de la Virgen.
¿Cuántos familias han perdido sus negocios? Ella estima que son miles, entre propietarios de hoteles y alojamientos, danzantes, guías turísticos, cantantes folclóricos y vendedores de artesanías y hasta los contrabandistas y vendedores ambulantes.
“El daño es grande y esperamos que la población nunca más se deje llevar por los azuzadores, mucho menos por los seguidores de Evo Morales que impunemente siguen ingresando a territorio peruano”, apostilló Quiquizola.
Fuente: Guik.pe

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