Por Luciano Revoredo– La Abeja.pe
El Pleno de la Junta Nacional de Justicia eligió en forma unánime a Juan Antonio Fernández Jerí como Jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, al alcanzar el primer lugar del cuadro de méritos de la convocatoria correspondiente. Los miembros de la JNJ fundamentaron su decisión y la hicieron pública, de acuerdo con las bases del concurso en el mes de abril.
Luego de esto debió asumir el cargo en esos días, sin embargo, surgieron denuncias que lo impidieron hasta esta semana en que recién pudo asumir el cargo.
Fernández Jerí fue cuestionado por el Instituto de Defensa Legal (IDL) del conocido factótum de los caviares Gustavo Gorriti y la Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo que dirige María Josefina Huamán Valladares más conocida como Pina Huamán, dirigente de organizaciones no gubernamentales que fue compañera de fórmula de Javier Diez Canseco como candidata a la vicepresidencia en 2006. Ambas organizaciones hasta la fecha siguen pidiendo a la JNJ que reevalúe su designación. Buena señal.
La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público que dirigirá Fernández Jerí reemplaza a la Fiscalía Suprema de Control Interno, acentuando el control preventivo, eso es lo que preocupa a los caviares, ya que perderán el control de una pieza importante de su poder al no tener el manejo del flamante jefe de esa área de control que entre sus funciones podrá identificar mapas de riesgo; detectar posibles conflictos de interés en los fiscales de todos los niveles; crear el expediente electrónico de control; y podrá intercambiar información y hacer investigaciones conjuntas con la Unidad de Inteligencia Financiera.
Uno de los casos que preocuparían a Gorriti y compañía es el de las Chalinas verdes, que está en manos del cuestionado José Domingo Pérez.
Como se sabe José Domingo Pérez presentó la acusación contra Susana Villarán por los delitos de colusión, asociación ilícita, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo y solicitó una pena de 29 años de prisión. También acusó a otras 20 personas, entre ellas destacan José Miguel Castro, Domingo Arzubialde, Luis Gómez Cornejo, Óscar Vidaurreta y Léo Pinheiro, así como diez personas jurídicas, entre otras Diálogo Vecinal, Ogilvy & Mather, Mindshare Perú; y CHISAC (Chirinos & Salinas).
Según ha trascendido en estos momentos Pérez estaría trabajando en una justificación para fundamentar ante cualquier cuestionamiento las causas por las cuales no ha incluido en sus acusaciones a Augusto Rey, Jorge Nieto, Marisa Glave, Paola Ugaz y Anel Townsend entre otros sobre los cuales hay graves indicios, así como el caso de la empresa CHISAC (Chirinos & Salinas) , que participó de la recepción y lavado mediante falsa facturación de una coima de Graña dirigida a ser usada como parte de la campaña del No a la revocatoria y que sorprendentemente solo se ha considerado en la acusación a uno de los socios, Freddy Chirinos y no al otro Pedro Salinas.
Aparentemente una de las más grandes preocupaciones de la argolla caviar del IDL sería que Fernández Jerí ponga el foco sobre este caso y termine por esclarecerse que hay graves omisiones en las acusaciones.