Condenan a 30 y 28 años de prisión a autores del feminicidio de Solsiret Rodríguez

Era una activista de 23 años que desapareció el 23 de agosto del 2016, sin embargo, su cadáver fue hallado cercenado el martes 18 de febrero del 2020

El Juzgado Penal Colegiado del Callao sentenció a 30 y 28 años de prisión a Kevin Alexander Villanueva y Andrea Regina Aguirre Concha, respectivamente, por ser autores del feminicidio de la joven activista Solsiret Rodríguez en el 2016.
La Fiscalía, a través del fiscal Jimmy Mansilla, presentó las pruebas del crimen cometido por Kevin Villanueva, quien fue condenado por el delito de feminicidio, mientras que Andrea Aguirre por homicidio calificado.
Asimismo, el fiscal Jimmy Mansilla logró que se aplique una sentencia de 3 años y cuatro meses de pena privativa de la libertad efectiva para Brian Villanueva (ex pareja) y Yolanda Castillo (suegra) por encubrimiento real y obstrucción en las investigaciones.
También se fijó el pago de 80 mil soles por concepto de reparación civil para los sentenciados Kevin Alexander Villanueva y Andrea Regina Aguirre Concha a favor de los deudos de Solsiret Rodriguez.
¿Quién era y cómo desapareció Solsiret Rodríguez?
La joven fue vista por última vez el 23 de agosto del 2016 luego de salir de la casa en el Callao donde vivía con su pareja, Brian Villanueva Castillo, y sus dos hijas.
Ese mismo día, el entonces conviviente de Solsiret, Brian Villanueva, llamó a la madre de la joven para decirle que ella había abandonado la casa e hizo la denuncia en la comisaría.
Durante el proceso de su búsqueda en el transcurso de más de dos años, los padres de la joven denunciaron que en la investigación policial y fiscal hubo serias irregularidades.
“Seguro se fue con otro”, “Está cansada de cuidar a su hija”, fueron algunas de las frases que le repitieron a la madre de Solsiret cuando denunció la desaparición.
¿Cuándo se encontró el cadáver de Solsiret Rodríguez?
El cadáver de la activista finalmente fue hallado el martes 18 de febrero del 2020, tres años, cinco meses y 26 días después de su desaparición.
Esto ocurrió luego que se detuviera a Andrea Aguirre junto a su pareja, Kevin Villanueva Castillo, hermano de quien era el conviviente de Solsiret Rodríguez.
Ella fue capturada en Lima; él, en Áncash. Ambos fueron detenidos el 14 de febrero del 2020 y cuatro días después confesaron el crimen aunque con contradicciones.
Hallazgo del cadáver
El cadáver había sido escondido en una vivienda del Cercado de Lima (casa de los padres de Andrea). En ese lugar, la policía encontró las extremidades y el cráneo de la joven envueltos en papel.
En el interrogatorio, Andrea dijo ante la PNP que sostuvo una discusión con Solsiret y, por el forcejeo, esta cayó de cabeza al piso y murió.
Fue entonces que llamó a Kevin, quien descuartizó el cadáver. No obstante, distinta fue la versión de Kevin, quien acusó a Andrea de planificar todo el asesinato.
Asesinato
Finalmente, el Poder Judicial determinó que luego de una gresca, Andrea Aguirre golpeó a Solsiret con un objeto contundente en la cabeza, causándole la muerte.
“Kevin Villanueva fue quien cercenó y desmembró el cuerpo. Limpiaron la escena del crimen (baño y cuarto principal) y los restos fueron llevados a la casa de Andrea ubicada en el Rímac. Además, contrataron un servicio de cambio del piso alfombrado para ocultar el sangrado”, se precisó.
Fuente: Diario Perú21.

Defensoría del Pueblo rechazó las falencias estructurales del sistema de justicia

Según la Defensoría del Pueblo: “El caso emblemático de Solsiret Rodríguez refleja el problema estructural que enfrenta el sistema de justicia, y que vienen sufriendo otras víctimas de violencia de género. Desde la recepción de la denuncia hasta el desarrollo de los procesos penales, se advierte la necesidad de un tratamiento de los casos con enfoque de género y celeridad que permita una atención efectiva y un adecuado acceso a justicia que evite la impunidad”.
La Defensoría del Pueblo rechazó la posible excarcelación de las personas investigadas en el caso del feminicidio de la activista Solsiret Rodríguez.
Asimismo, llamó la atención sobre la ausencia de la debida diligencia desde el inicio mismo de la denuncia y las demoras en el proceso que han originado esta situación, la cual refleja las falencias estructurales del sistema de justicia antes hechos de violencia de género.
Estereotipos de género
La Defensoría sostuvo que el caso tuvo un retraso desde la recepción de la denuncia por desaparición, ya que en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Callao no se le quiso recibir la misma al padre de la víctima, apelando a estereotipos de género que la revictimizaban.
“Esta situación es inaceptable, ya que, como se ha advertido, las primeras horas en que está desaparecida la víctima son claves para ubicarla con vida, previo a un posible hecho de violencia conexo”.
Demoras en el proceso
La institución sostuvo que la ubicación del cuerpo demoró tres años y medio, a partir de lo cual se inició el proceso para sancionar a los presuntos responsables, el cual se dilató porque las dos primeras fiscales no realizaron ninguna diligencia. Recién el tercer fiscal a cargo solicitó y recibió apoyo logístico para desarrollar su labor, aunque las demoras impactaron en la recaudación eficiente de las pruebas del caso.
“Así, el juicio oral se inició el 4 de marzo de este año, programándose solo ocho sesiones hasta junio, pese a los pedidos de que se realicen audiencias más frecuentes para agilizar el proceso. A ello, se sumó lo informado por el Poder Judicial (PJ), que señaló que el Ministerio Público presentó la acusación virtual sin elementos de convicción”.
Esto originó que, a pesar de las ampliaciones, se venciera el plazo de prisión preventiva para los acusados (25 meses en total), lo cual trajo como consecuencia la decisión de excarcelación previo pago de 60,000 soles y cumplimiento de medidas de comparecencia.
Riesgo de impunidad
La Defensoría planteó que ante ello la fiscalía debería solicitar al PJ la aprobación de impedimento de salida del país, para garantizar la presencia de los investigados en las sesiones y evitar la fuga e impunidad.
Finalmente, el organismo se comprometió a seguir supervisando este y otros casos en que se evidencien los problemas que afectan los derechos de las mujeres. Asimismo, reiteró la necesidad de habilitar diversas medidas para prevenir la violencia en los distintos niveles de nuestra sociedad.
Fuente: LaLey.pe