Fiscalía abre investigación a Zamir Villaverde y Fray Vásquez Castillo por supuesto lado de activos
Las pesquisas alcanzan también a las empresas Vigarza SAC, Mazavig SAC y Villaverde Company SAC, de propiedad de Villaverde.
La fiscal provincial Luz Taquire abrió investigación al empresario Zamir Villaverde García, vinculado al mandatario Pedro Castillo, y a Fray Vásquez Castillo, sobrino del jefe de Estado, por el supuesto delito de lavado de activos en agravio del Estado.
De acuerdo a la resolución fiscal a la que accedió El Comercio, las pesquisas alcanzan también a las empresas Vigarza SAC, Mazavig SAC y Villaverde Company SAC, de propiedad de Villaverde.
Recordemos que Vásquez Castillo es uno de los principales visitantes de la famosa casa de Breña y usaba para movilizarse los vehículos de las compañías de seguridad de Zamir Villaverde.
En su testimonio ante el Ministerio Público, la lobista Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz, dijo que Villaverde sería parte de una mafia enquistaba en el Gobierno, la cual estaría liderada por Castillo y participarían también sus sobrinos.
Fuente: www.willax.tv
Poder Judicial
Exfuncionarios de Vizcarra colocados por Elvia Barrios falsificaron firma para contratar a excandidata morada.
Por César Rojas- Diario EXPRESO.
En vista de que la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, no tomó en cuenta su denuncia, Juan Páucar Rupay decidió renunciar a la jefatura de Administración, luego de comprobar que habían falsificado su firma para contratar irregularmente a Gabriela Salvador Cárdenas, excandidata al Congreso por el Partido Morado.
«En el expediente virtual aparece con tres firmas copiadas y pegadas digitalmente habiendo incluido irregularmente mi firma de manera delictiva en la modalidad de pegado de imagen como parte del documento sin autorización del suscrito, pese a no haber participado; documento que en el expediente administrativo físico no aparece, obrando más bien otros documentos que acreditan las severas diferencias», indica el Oficio 000430-2022-OA-CS-PJ, enviado a Marco Asunción, procurador público.
La favorecida había sido acusada de estafa por una expareja, y últimamente era abogada de Marvin Gianinni Gómez Gonzales, quien está en prisión preventiva por presunta violación de niños, y que hasta hace un mes asesoraba a Susel Paredes, de la bancada morada.
«Cuando se percató del hecho habló con la doctora Barrios, y ella no quiso escucharlo argumentando que habían ido a quejarse de él personas que trabajaban supuestamente en administración», indicó una fuente.
En el caso se ha vinculado a Silvia Loli, jefa del Gabinete de Asesores, y se está pidiendo que Contraloría revise las contrataciones de funcionarios como Andrés Morán Gallegos, Jean Pajuelo Barba, Eduardo Vargas Pacheco y Fernando Alarcón Díaz.
Desde ministerios
Estos últimos laboraron con Rocío Barrios, acusada de peculado por la Fiscalía Anticorrupción, cuando tenía un alto cargo en Fondepes, o en su época de ministra de Martín Vizcarra, en diferentes sectores del Poder Ejecutivo.
Páucar indica que solicitó el expediente administrativo de la Convocatoria CAS N° 390-2021, el cual -asegura- difiere del expediente virtual en el SGD. «En este último han utilizado un documento donde se evidencia que me han falsificado la firma en uno de los documentos denominado ‘Resultados de la evaluación curricular con puntaje’», acota.
GABRIELA SALVADOR: DE ACUSADA POR ESTAFA A FUNCIONARIA PÚBLICA
Por Giovani Alarcón– Sudaca.pe
La excandidata del Partido Morado fue nombrada coordinadora parlamentaria del PJ en noviembre, con un sueldo de S/12,500. Sacó puntaje perfecto en la entrevista decisiva para hacerse del puesto, pese a que en la evaluación de su CV quedó última. Tampoco cumple un requisito: que su colegiatura esté activa. Menos importaron las acusaciones por estafa y manipulación en su contra. Sudaca entrevistó a testigos y presuntas víctimas de la flamante funcionaria pública.
Gabriela Aida Salvador Cárdenas (36), excandidata al Congreso por el Partido Morado, es la flamante coordinadora parlamentaria del Poder Judicial desde noviembre pasado. Su designación no sería discutible si no fuera por un pasado reciente lleno de acusaciones de estafa y manipulación de parte de amigos y exparejas. A las fundadas denuncias, además, se suma que Salvador no tiene su colegiatura de abogada activa, uno de los requisitos estipulados en el proceso de contratación.
A mediados de octubre, la Corte Suprema abrió la convocatoria de selección por un sueldo de S/12,500. El trabajo supone coordinar con el Congreso, participar en las comisiones parlamentarias e impulsar las iniciativas planteadas por el Poder Judicial, entre otros. El cargo depende directamente del Gabinete de Asesores del PJ.
El proceso de contratación CAS 390-2021 tuvo dos fases: una entrevista oral y una evaluación de curriculum. En la primera, Salvador sacó 50 puntos de 50, mientras que sus otros dos competidores apenas lograron 28 y 22. Esto pese a que en la evaluación de su hoja profesional fue la de menor puntaje, de acuerdo al cuadro de notas al que este medio accedió.
Una de las personas que entrevistó a Salvador fue la jefa del Gabinete de Asesores del PJ, Silvia Loli, exministra de la Mujer del gobierno que lideró Francisco Sagasti. Gabriela Salvador asegura que no conocía a Loli -quien ahora es su jefa- de su paso por el Partido Morado y que no sabía que iba a estar dentro del proceso.
Salvador, también exmilitante del Frente Amplio, dice que su alta calificación en la entrevista responde a sus conocimientos sobre temas parlamentarios y asegura que sus competidores no estaban preparados. Pero eso no es lo único que llama la atención.
Entre los requisitos para el puesto, el PJ solicitaba tener el título de la carrera de Derecho “con colegiatura y habilitación vigentes”. Sin embargo, en la base de datos del Colegio de Abogados de Lima (CAL) la colegiatura de Salvador figura como “inactiva”. Esto significa que no está habilitada para ejercer formalmente su profesión, ni tampoco cumple los requisitos para el cargo que hoy ocupa.
Salvador responde que “muchos están bajo esa modalidad [inactiva] porque es por pago y, en pandemia, no funcionó el CAL”. Cuatro abogados consultados por Sudaca dicen, sin embargo, que no han tenido problemas para pagar en este periodo. El área de prensa de la CAL también respondió que no hay ningún problema con los pagos e, incluso, que pronto se habilitaría un descuento para el pago anual.
El PJ asegura, en comunicación enviada a Sudaca, que Salvador fue contratada “en consideración a su experiencia en el campo correspondiente”, que “demostró mayor competencia a diferencia de sus competidores que carecían de expertiz” y que no existió “impedimento legal” para su designación.
Es preciso, ahora, revisar otros episodios de la vida de esta nueva funcionaria pública.
MENTIRAS Y ACUSACIONES
Hace poco Gabriela Salvador fue tendencia en redes sociales luego de que el semanario “Hildebrandt en sus Trece” revelara una denuncia en su contra realizada por su expareja, Keila Chevarría Arriaga. En agosto de este año, Chevarría contó que fue estafada y extorsionada emocionalmente por la flamante coordinadora parlamentaria del PJ luego de haberle depositado más de S/89,000 para tratar una supuesta leucemia que Salvador le dijo padecer.
Pero todo fue una farsa, según Chevarría, quien la acusó de haberse quedado con la plata. Incluso llevó el caso hasta el Ministerio Público. En su momento, Salvador dijo que los chats donde le manifiesta que tiene la enfermedad fueron editados. Consultada al respecto, la actual funcionaria del Poder Judicial se limita a decir que es un tema que están viendo sus abogados y evita responder si le devolvió el dinero a su expareja.
Pero Sudaca pudo conocer otros episodios similares que versan sobre engaños y manipulación. Algunos pasajes revelan asuntos personales que este medio solo reproduce porque hablan sobre el comportamiento sistemático de una funcionaria pública que parece tener problemas para decir la verdad.
Luego de las últimas elecciones, como invitada del Partido Morado al Congreso, Gabriela Salvador contactó a Juan Luis del Carpio, un excompañero de la maestría a quien, de un momento a otro, le fue con el cuento de una supuesta enfermedad. En los pantallazos que Del Carpio nos muestra, del pasado 17 de abril, Salvador le pide dinero para costear el tratamiento.
«Perdona que te escriba para esto, sabes que no me gusta pedir ayuda. Soy muy orgullosa. Pero tengo un problema de salud. Tengo Covid desde el 9 de abril. Ahora estoy con oxígeno y concentrador. No tengo apoyo de mi familia, vivo sola hace mucho. Ya pagué S/5,500, aún me faltan S/13,500 por el oxígeno y el concentrador. No soy de pedir y me da vergüenza. Saturo 88, pero por la leucemia no pueden aún hospitalizarme por riesgo a una bacteria hospitalaria. ¿Crees que puedas prestarme algo, lo que puedas, y yo saliendo de esto, te pago? ¿Puedo darte mi número de cuenta? Debo pagar al proveedor de a pocos», dice el pedido. Del Carpio no accedió a su petición.
La actual funcionaria del Poder Judicial, pese a las evidencias, niega la solicitud de dinero. Señala que hay una incongruencia en los mensajes ya que “si hubiese tenido Covid, lo habría dicho” y que no hubiera hecho campaña en campo.
Pero los testimonios abundan. Carolina Soto Sayán, exmilitante del Frente Amplio, asegura que mantuvo una relación con Salvador entre finales de 2019 y febrero de 2020. Si bien no le solicitó dinero, sí le aseguró que su salud estaba en un estado deplorable. Era una forma de manipularla.
“Cuando decidí que no saldríamos más por la personalidad que tiene, fue que se inventó que se estaba muriendo y las amenazas de que se haría algo. No puedo catalogar si tiene o no alguna condición», cuenta a Sudaca Soto Sayán.
Como parte de la manipulación que habría ejercido sobre su expareja, Salvador le envió por correo electrónico un documento del Instituto Nacional del Cáncer de Uruguay donde se dice que tiene leucemia. El archivo es similar al que le envió a su también expareja Keila Chavarría. Sobre este, en agosto pasado, el centro de salud le dijo a “Hildebrandt en sus Trece” que era fraguado.
Salvador intenta defenderse señalando que aquel email no lo envió ella, que alguien se metió a sus cuentas. “Yo no envío esos correos y siempre se lo dije a Carolina. Le pedí que me enviara estos, pero nunca lo hizo. Ella tenía las contraseñas de mis redes y mi correo. Lo tenía también Erick Palus [su community manager]”, dice Salvador. Tanto Soto como Palus niegan haber tenido acceso a su correo personal.
Soto enseña también pantallazos de una delirante conversación del 5 de febrero de 2020. En estos, Salvador le cuenta que le urge llamarle, ya que cuenta con expedientes confidenciales que “involucran a Mujica en crímenes [no sabemos a quién se refiere]», que habían intentado abrir la puerta de su casa, que “mancharon la puerta de sangre” y que había “un seguridad de embajada que me sigue en camioneta”.
Un caso similar habría ocurrido cuando estaba postulando al Congreso por el Frente Amplio. En aquel entonces, en febrero del 2020, Salvador denunció en la comisaría de Magdalena que le habían dejado un arreglo floral en la puerta de su edificio con un mensaje que decía: “Descansa en paz, Gabrielita”. El conserje del edificio corroboró el hecho. Pero lo que cuentan dos fuentes que trabajaban en ese momento en el despacho de Marco Arana, junto a Salvador, es que ella utilizó el hecho para sus manipulaciones.