Ministra Anahí Durand no aclara designación de su socia

La exjefa de la OSCE, Mónica Yaya, advierte de posible tráfico de influencias.

La ministra de la Mujer, Anahí Durand, contrató a su socia como asesora en su despacho ministerial. Se trata de Patricia Angulo Bocanegra, quien junto a la titular de la cartera fueron miembros del consejo directivo de la ONG Nuestro Sur, institución que se dedica a la reflexión y acción política. En su plataforma promueve la Asamblea Constituyente.
Para la exjefa de la OSCE, Mónica Yaya, Durand estaría incurriendo en un presunto tráfico de influencias, como en los casos de los ministros Pedro Francke y Aníbal Torres. «En este caso es necesario aplicar la norma contra el tráfico de influencias para ver si efectivamente la ministra ha cometido esta irregularidad», acotó.
De acuerdo al informe de ‘Panorama’, el nombramiento de Angulo Bocanegra se dio bajo la modalidad de contratación FAG (Fondo de Apoyo Gerencial) con un salario de 15,600 soles.
En la página web de Nuestro Sur, ambas personajes aparecen como “asociadas” junto al actual secretario general de Nuevo Perú, Álvaro Campana. A pesar de ello, Durand lo niega. “Con la asociada no cuento con ningún vínculo comercial ni de lucro”, escribió en Twitter. Sin embargo, no se refirió sobre el proceso de selección que derivó en la contratación de Angulo Bocanegra.
«Debería separar a su asesora y poner su cargo a disposición para que sea investigada como cualquier peruana», aseveró Yaya.
Fuente: Diario EXPRESO.
Resulta asombroso que en pleno Siglo XXI, sociedades que se llaman democráticas hayan permitido el crecimiento de grupos ideológicos totalitarios que utilizan conceptos como los de ‘corrección política’ o ‘cancelación’ (Ilustración: Víctor Aguilar).

Cancelando vidas y talentos

Por Francisco Tudela– Diario El Comercio.
El 28 de setiembre participé en una mesa redonda de la Universidad de Montevideo sobre la cultura de la “cancelación”, ese neologismo que designa la marginalización profesional, social e inclusive empresarial, de aquellas personas que son consideradas inadmisibles por sus comentarios o acciones, reales o atribuidas, según sea el caso, por decisión de los grupos que ejercen desde lo “políticamente correcto”, el dominio cultural, mediático y académico del pensamiento de una sociedad.
Lo “políticamente correcto” es un pensamiento intolerante, impuesto a partir de los años 80 del siglo pasado, por la nueva izquierda norteamericana, impregnada del novedoso marxismo posmoderno originado en las revueltas de mayo de 1968 en París, el cual pone el énfasis en la auto victimización social, basada en los reclamos del multiculturalismo étnico, de los grupos de género y la acción afirmativa como medio de compensar/ privilegiar a unos sectores sociales sobre otros, descartando al proletariado “aburguesado” como agente de la revolución.
Ningún juez declara en un tribunal de justicia que el “cancelado” ha transgredido una norma legislada. Se trata simplemente de discriminación y marginación arbitraria. Tan es así, que en una colaboración de Lindsay Crouse de hace pocas semanas en el “New York Times” publicada por El Comercio (24/10/2021), la escritora llega a afirmar “Es hora de dejar de discutir si estos castigos son justos y comenzar a pensar más profundamente sobre por qué el comportamiento que castigan parecía estar bien en primer lugar”. ¿Qué legitimidad y qué derecho impelen a Lindsay Crouse a autoerigirse en juez y verdugo de las personas que piensan lo que a ella le parece mal? Ningún derecho o legitimidad la asiste; es simplemente abusiva, arbitraria e ideológica.
El significado de “ortodoxia” es el recto pensar, válido para quienes han escogido pertenecer o permanecer en una comunidad de fe. Pero hoy en día hay sectores políticos que buscan imponer sus dogmas políticos −su ortodoxia−, a la totalidad de la humanidad, castigando a quienes no piensan como ellos con el destierro social y profesional. En un ilógico y cínico periplo retórico, califican de “intolerantes” a quienes ellos no toleran, destruyendo así los fundamentos de la libertad de opinión y expresión que caracterizó a nuestra civilización hasta el Siglo XX.
Esta visión confirma el carácter profético de la visión de la novela “1984″ de George Orwell, donde el lenguaje, el “Neolenguaje” (“Newspeak”), hoy la “corrección política”, lleva al “doblepensar”, que obliga a adaptar incluso pensamientos contradictorios a la ortodoxia impuesta, para no ser descubierto cometiendo un crimen de pensamiento, un “crimental”, lo que lo convertiría a uno en “nopersona” (“unperson”). Esto no lo inventó de la nada Orwell, pues como señala Douglas Smith, la nomenklatura soviética calificaba de “ex personas”, a los que habían formado parte de la clase social designada para ser exterminada por las doctrinas de Lenin.
Dada la evolución de esta praxis, mi ponencia planteó la posibilidad de que esa corrección política y la cultura de la cancelación subsiguiente encubrirían en realidad un motivo ulterior inconfesable, lo que en antropología y en etología se llama la “exclusión competitiva”, la cual, según la ley de Gause, establece que “competidores totales no pueden coexistir”. Esto se da en la naturaleza cuando especies coexistentes en un mismo nicho ecológico compiten por los mismos recursos limitados, digamos, entre las aves, por algún fruto determinado. En antropología se trata de una comunidad, de una tribu, por ejemplo, donde un guerrero es visto como una amenaza al poder de los mayores y es desterrado a morir en el bosque.
La corrección política no es otra cosa que un sistema de exclusión competitiva para mantener un monopolio ideológico contra quienes tienen otras filosofías políticas, para que no puedan alcanzar prestigio, poder o influencia social. Desterrados de la esfera del pensamiento y del debate, se ven impedidos de hacer fructificar sus talentos, sometidos al efecto congelante de la cancelación, el “chilling effect”. Lisa Nakamura, de la Universidad de Michigan, califica esto de “boycott cultural”, añadiendo: “cuando privas a alguien de tu atención, le privas de su modo de ganarse la vida”.
Resulta asombroso que en pleno Siglo XXI, sociedades que se llaman democráticas hayan permitido el crecimiento de grupos ideológicos totalitarios que utilizan conceptos como los de “corrección política” o “cancelación”, para obligar a sociedades enteras, generalmente ideológicamente inadvertidas, a una conformidad con doctrinas que excluyen competitivamente a otras personas rivales dentro del sistema democrático y el mundo cultural, para así marginarlas mediante estas prácticas desleales y monopólicas.