Los maestros. Pedro Castillo toma juramento a Juan Cadillo en la ceremonia de asunción de un ministerio que vigila personalmente. Foto: Difusión.
Por Ricardo Uceda– Diario La República.

Poniendo el foco en la promesa de Pedro Castillo de conceder ingreso libre a las universidades a los hijos del pueblo. ¿Pura demagogia u oferta factible? El Minedu prepara una proposición al respecto.

Pese al cúmulo de críticas por los nombramientos ministeriales, en tres carteras no hubo objeciones. En Economía y Finanzas, donde se reconoce la experiencia previa de Pedro Francke, aunque no en un puesto equivalente. En Salud, a cargo del médico izquierdista Hernando Cevallos. Y en Educación, donde trabajará Juan Cadillo, uno de los cincuenta mejores maestros del mundo según The Global Teacher Prize. En estos ministerios tampoco hubo designaciones partidistas ni estrambóticas, y, en general, se mantendría la plana de directivos precedente.
Son sectores de la mayor importancia política. Otro sensible es Interior, pero el nombramiento del exfiscal Juan Carrasco vino acompañado de graves problemas. No es posible anticipar cómo se resolverá la crisis allí, y quizá Carrasco termine perdiendo su cargo en la magistratura y en el gabinete. En cambio, en Economía, Salud y Educación, Castillo tiene expectativas de lograr resultados que le sean reconocidos. Son más previsibles los caminos -ambos tortuosos y bajo nubarrones- para reactivar la economía y enfrentar la tercera ola de la pandemia. Lo más enigmático es Educación, vigilado por el propio presidente.

Tres promesas

Castillo anunció que el sector sería declarado en emergencia y recibiría el doble del presupuesto actual, de treinta y cinco mil millones de soles. Desea, dijo, cerrar las brechas sociales en la prestación del servicio. Al margen de las medidas relacionadas con la pandemia -retorno a clases presenciales, vacunación de maestros- mencionó tres puntos que marcarán la agenda del ministerio. Aunque lo hizo vagamente, pueden ser descifrados.
Detrás de las palabras “revalorización de la carrera docente” está toda la agenda reivindicativa de los maestros, que incluye su evaluación no punitiva y el nombramiento de los contratados. Fueron demandas controversiales, que animaron las últimas huelgas del magisterio. De otro lado, la expresión “currículo promovido por los maestros” refleja el propósito de cambiar determinados contenidos educativos. Por ejemplo, el relacionado con cuestiones de género, en las que Castillo tiene una visión conservadora. En su tercer interés, el ingreso libre a la educación universitaria, el discurso fue más directo: simplemente lo anunció. Está claro que sobre los dos primeros temas habrá polémica. El último suscita dudas: ¿es realmente factible?

Cruda realidad

En Sudamérica, el 46% de egresados de la educación básica se matriculan en la superior. En el Perú el 33%, una de las tasas más bajas. De cada diez egresados, dos acceden a la universidad y uno a otras instituciones de formación superior. La oferta de Castillo para un acceso libre requiere aclarar algunas premisas. ¿Todos los egresados podrán matricularse en cualquier centro superior? ¿Lo harían solo los que obtuvieron promedios compatibles con una aptitud suficiente?
Y si todos ingresaran, ¿cómo afrontar el bajo rendimiento existente? De acuerdo con la Evaluación Censal de Estudiantes 2019 solo el 17% de quienes cursaban el segundo de secundaria rendía satisfactoriamente en matemática. Apenas el 14% comprendía lecturas como era debido. Cuando Castillo lanzó la iniciativa en su discurso, estas premisas no estaban definidas.

Cifras de Argentina

Una referencia obligada es la experiencia argentina, donde hay libre acceso a la educación superior desde 1953. Solo en la Universidad de Buenos Aires (UBA) estudian cerca de 400 mil estudiantes, más de lo que acogen todas las instituciones de su tipo en el Perú. Pero reporta una deserción del 50%. La UBA recibió el doble y eliminó a la mitad, en función del rendimiento académico. Con tres premios Nobel egresados de sus aulas, es reconocida como una de las mejores universidades de Iberoamérica.
En el Perú, donde anualmente egresan 488 mil estudiantes de la educación básica, las universidades públicas ofrecen unas 64 mil vacantes al año. Si la decisión fuera admitir a todos, tendría que producirse un paso gigantesco para ampliar la capacidad de oferta. Y, por otra parte, debería haber un sistema de nivelación para los que terminan la secundaria sin la preparación suficiente. Si desertara el 50% (como en el modelo argentino), el sistema ofrecería un engaño.

La luz verde

El MINEDU consultó la iniciativa con rectores de las universidades públicas y recogió una disposición favorable, sujeta a la existencia de recursos. La ampliación de la capacidad de oferta requiere una inyección económica del Estado, que varía en función de cada institución y de las regiones. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) también tendría una disposición favorable, siempre y cuando se mantenga el nivel académico. Deberían preservarse las condiciones básicas de calidad alcanzadas en el proceso de licenciamiento y en la reforma universitaria. De lo contrario habría un retroceso. Fomentar un masivo ingreso de nuevos estudiantes, sin los adecuados recursos, influiría negativamente en la mantención del licenciamiento de las instituciones.
En 2021, el MINEDU ha invertido 48 millones de soles para ampliar seis mil vacantes en el sistema público, donde operan 52 universidades. El trabajo nunca tuvo como objetivo el ingreso libre, considerando -además de las limitaciones mencionadas- que el mercado laboral requiere no solo egresados universitarios, sino también jóvenes con estudios técnicos y egresados de institutos. Una alternativa es que el ministerio le proponga a Castillo que el ingreso libre sea gradual y dirigido a los mejores estudiantes egresados de secundaria. Un objetivo factible, que no arriesgaría la reforma y que apoyaría el decreciente capital político del profesor chotano. El anuncio se hará en los próximos días.

Caso Chinchero: los correos entre Martín Vizcarra y Fiorella Molinelli

Mensajes enviados entre las secretarias del expresidente y la actual jefa de EsSalud evidencian coordinaciones para afrontar la investigación fiscal del mayor escándalo político del gobierno de Kuczynski. El próximo 24 de agosto es una fecha clave para el caso.
Por Lucero Chávez– ElFoco.pe
El caso del Aeropuerto de Chinchero, que tiene como protagonistas al expresidente Martín Vizcarra y a la jefa de EsSalud Fiorella Molinelli, entra a un momento decisivo. El próximo 24 de agosto, el juez Marco Antonio Chuyo Zavaleta, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, tendrá que definir si otorga seis meses de plazo adicional a la fiscal Zoila Sueno para que siga investigando o le ordena que pase el caso a etapa de juicio.
Han pasado cuatro años desde que la Fiscalía abrió investigación por la adenda para la construcción del aeropuerto cusqueño, y hasta el momento no hay acusación fiscal. Lo que sí hay, sin embargo, son correos electrónicos en los que queda en evidencia cómo Vizcarra y Molinelli intercambiaban información valiosa sobre declaraciones de testigos del mayor escándalo de presunta corrupción del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
Los correos a los que tuvo acceso EL FOCO son de Karem Roca y Susan Alvarado, asistentes personales de Vizcarra y Molinelli, respectivamente. Uno de ellos lleva el título “Información de Fiscalía IMPORTANTE” y es del 10 de noviembre del 2017. En el cuerpo del mensaje se lee: “Karem, sorry que te vuelva a escribir. El abogado de la Dra. Me estará brindando más declaraciones en el transcurso de la tarde. Apenas lo tenga te lo envío por esta vía para que se agregue en la carpeta del Vicepresidente. Susan”.
Uno de los correos electrónicos que intercambiaron Karem Roca, exsecretaria de Martín Vizcarra, y Susan Alvarado, exsecretaria de Fiorella Molinelli. Las documentos adjuntados son declaraciones de testigos del caso Chinchero.
La “Dra.” a la que se refiere Susan Alvarado es Fiorella Molinelli, quien por ese entonces era ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) del gobierno de Kuczynski. El “Vicepresidente” es Martín Vizcarra, en aquel momento embajador del Perú en Canadá. Y los documentos que se adjuntan en el mensaje electrónico son las transcripciones de las declaraciones de 16 testigos del caso Chincheros, entre los que se encontraban los exministros de Economía Alonso Segura, Alfredo Thorne y Fernando Zavala, y el excontralor general Édgar Alarcón.
En noviembre del 2017, cuando hubo el cruce de correos, Fiorella Molinelli tenía la calidad de investigada y el caso Chinchero estaba en manos del fiscal José Domingo Pérez. A Martín Vizcarra lo interpelaba el entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez. ¿La razón? La adenda de Chinchero fue firmada por Molinelli en su condición de viceministra de Transportes y aprobada por Vizcarra como ministro. A Molinelli, así, le tocó ser investigada por una fiscalía común, mientras que el jefe del Ministerio Público asumió las pesquisas contra Vizcarra.
La adenda
La crónica de hechos del escándalo del Aeropuerto de Chinchero se remonta a los primeros días del 2017, cuando el gobierno de Kuczynski decidió firmar una adenda con la concesionaria Kuntur Wasi, conformada por la argentina Corporación América y la peruana Andino Investment Holding. Con el nuevo contrato, el proyecto dejaba, prácticamente, de ser una Asociación Público-Privada (APP) y pasaba a convertirse en una obra pública manejada por un privado. Es decir, el Estado peruano asumía el financiamiento del proyecto y libraba de esa responsabilidad a Kuntur Wasi.
Juez Marco Antonio Chuyo Zavaleta: el próximo 24 de agosto deberá definir el futuro del caso Chinchero (Foto: Andina).
La aritmética era compleja. Por lo que, el 30 de enero del 2017, Kuczynski apareció, en un mensaje a la Nación, con una pizarra explicando que, con la nueva fórmula de financiamiento, según él, el Estado se ahorraría USD590 millones en intereses que “podrían ir para hacer mejoras en el Cusco”. PPK, además, pidió a la población “no dejarse intimidar” por una comisión del Congreso que se oponía a la firma de la adenda y que planeaba una interpelación contra el entonces ministro Vizcarra.
Lo que PPK obvio decir en su monólogo fue que el Estado jamás estuvo en la obligación de pagar dicha suma de interés que, en realidad, formaba parte de una interpretación de Kuntur Wasi para fijar una tasa de interés que, además, el Estado ya había rechazado antes. Pese a todo, el 3 de febrero del 2017, la gestión Kuczynski firmó la adenda. El entonces ministro Vizcarra, ante una inminente censura, se vio obligado a presentar su renuncia el 22 de mayo. La viceministra Molinelli, quien firmó el contrato, fue ascendida a ministra del Midis.
El escándalo
“A los criticones, cállense y déjennos trabajar”, dijo Kuczynski justificando la firma de la adenda del Aeropuerto de Chinchero. Pese a las palabras y a la firma, el escándalo mediático y la desconfianza de la población con el proyecto ya habían sido sembrados. No se contuvieron, como buscaba el gobierno, con la renuncia de Vizcarra al MTC. Todo lo contrario.
Y es que pronto se supo que detrás de los intereses de Kuntur Wasi había nombres de personas cercanas a Kuczynski y al entonces premier Fernando Zavala. La gerente general de Andino Investment Holding, una de las integrantes del consorcio, era Ximena Zavala, hermana del primer ministro. La propuesta económica de la adenda de Kuntur Wasi, aceptada por Kuczynski, había sido realizada por Claudia Cooper, ministra de Economía cuando estalló el escándalo.
Fiscal Zoila Sueno Chirinos, responsable del caso Chinchero. Está pidiendo seis meses más de plazo de investigación (Foto: Facebook).
La polémica hizo que el Ministerio Público entrara a tallar. En un allanamiento a las oficinas de Kuntur Wasi, el fiscal José Domingo Pérez encontró en la computadora personal de uno de los ejecutivos de la concesionaria un informe de la CAF (Corporación Andina de Fomento) sobre el financiamiento de Chinchero. Lo sospechoso fue que el documento tenía como fecha de creación el 26 de octubre del 2016, es decir, la compañía lo tuvo dos semanas antes que el MTC.
No solo eso. En la laptop del gerente general de Kuntur Wasi, José Carlos Balta, también se halló un documento con preguntas y respuestas del pliego interpelatorio que el entonces ministro Vizcarra debía responder en el Congreso. La interpelación no se produjo finalmente, pero Vizcarra dejó por escrito sus respuestas en la mesa de partes del Congreso.
Con el pasar de los días, el escándalo creció aún más. El 3 de junio del 2017, se dieron a conocer audios, grabados por el entonces contralor Édgar Alarcón, donde se escuchaba a los ministros Alfredo Thorne y Martín Vizcarra presionándolo para que apruebe la firma de la adenda de Chincheros. También se hizo público la información de que en Ositrán, otro órgano que debía autorizar la adenda, hubo un cambio de actas para aprobar el nuevo contrato con Kuntur Wasi.
Proyección arquitectónica del Aeropuerto de Chinchero. La adenda otorgada a Kuntur Wasi hoy es material de una demanda en el Ciadi (Foto: ProInversión).
Además, se supo que, el 2 de diciembre del 2016, mientras Kuntur Wasi enviaba su propuesta de adenda al Ejecutivo, el presidente Kuczynski y viceministra Molinelli se reunieron en Paracas con un importante accionista del consorcio: Sebastián Piñera, presidente de Chile, dueño del 6% de Andino Investment Holding. En una fotografía, revelada por el procurador anticorrupción Amado Enco, se veía a la hoy presidenta de EsSalud abrazando al mandatario durante un almuerzo del CADE de ejecutivos.
El 4 de junio del 2017, con el escándalo en su punto de ebullición, el gobierno y Kuntur Wasi decidieron anular el contrato. El consorcio decidió tomar el camino de un juicio internacional, mientras que la gestión Kuczynski optó por qué el aeropuerto se haga como obra pública. La demanda de Kuntur Wasi fue presentada ante el Ciadi el 31 de agosto del 2019, donde solicitan una reparación de USD260 millones. El gobierno, con Vizcarra de presidente, entregó la obra, en un contrato de gobierno a gobierno, a Corea del Sur.
El desenlace
En el Ministerio Público, mientras tanto, la historia no quedó tan clara. El caso Chinchero, debido a la sobre carga de trabajo, se le fue retirado al fiscal José Domingo Pérez. En su lugar se colocó, el 1 de septiembre del 2019, a Zoila Sueno Chirinos. Entre la gestión de Pérez y Sueno han transcurrido cuatro años y medio y el caso parece dormir el sueño de los justos.
El expresidente Martín Vizcarra fue exonerado del caso en el 2018 por el entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez. Sin embargo, la Fiscalía, con Sueno a la cabeza, sigue investigando hasta hoy a Molinelli y a otros doce implicados más por presuntamente haber confabulado para favorecer a Kuntur Wasi. El delito que se le imputa a Molinelli y a los otros investigados es colusión agravada por, supuestamente, haber perjudicado al Estado con USD256 millones por la adenda de Chinchero.
30 de enero del 2017: Pedro Pablo Kuczynski tratando de explicar al país el porqué la adenda del Aeropuerto de Chinchero era beneficiosa para el país. (Foto: Captura de pantalla)
Según los tiempos que se planteó Sueno cuando asumió el caso Chinchero, este debió pasar a etapa de juicio oral a fines del 2020. Sin embargo, Sueno ha pedido dos prórrogas de ocho meses, las cuales le fueron aceptadas. La fiscal ahora presente que el Poder Judicial le otorgue seis meses para poder concluir su investigación. “Estamos cansados de que la fiscal no tome una decisión. Si tiene que acusar que acuse, si no, que pida su archivamiento”, comentó uno de los implicados en la investigación.
EL FOCO se contactó con la fiscal Zoila Sueno respecto a los correos que intercambiaron las asistentes de Vizcarra y Molinelli. Sueno respondió que no ve nada de malo en que dos investigados del caso penal que ella investiga intercambien información. “Todas las partes pueden acceder a la carpeta. Ahora que la señora Molinelli comparte esa información con el señor Vizcarra tendrían que preguntarle a ella porque lo hace”, declaró Sueno a esta plataforma periodística.
Sobre la demora en presentar una acusación fiscal, Sueno respondió: “Estamos esperando las pericias del Ministerio Público. Se demoran tanto”. Según la fiscal, pidió estas pruebas hace un año, pero la pandemia ha ralentizado todas las diligencias. “El MP no ha parado ni un momento. Confíe en el MP. ¡No olvide que somos la luz que no se apaga!”, dijo Sueno a EL FOCO.
Fiorella Molinelli, entonces viceministra Transportes encargada de la adenda de Chinchero, con Sebastián Piñera, presidente de Chile y accionista de una de las empresas del consorcio Kuntur Wasi (Foto: Facebook).
Esta publicación también se comunicó con Roberto Pereira, abogado de la Molinelli, quien sostuvo que el Ministerio Público “no tiene el caso claro”. “La fiscalía ha sembrado mucha especulación sobre la adenda. Nos hemos opuesto al pedido de prórroga alegando “control de plazos”. Tiene que decidir si finalmente acusa o no”, dijo.
Sobre los correos de su defendida, Pereira aseguró que no revelaban ningún acto delictivo. “No veo donde estaría la cuestión problemática. No hay nada raro en que (dos funcionarios) compartan correspondencia”, dijo. Desde su punto de vista, Pereira dice que lo que hubo con el escándalo por la adenda de Chinchero fue un caso de “discrepancia técnica”, lejos de tratarse de un delito de colusión en agravio al Estado.
EL FOCO también se comunicó con el abogado del expresidente Vizcarra, Fernando Ugaz, respecto a los correos electrónicos con información fiscal que intercambiaron las secretarias del exmandatario y la hoy presidenta de EsSalud. “No conozco esos temas”, dijo. “La próxima semana me reuniré con el presidente. Le preguntaré”, puntualizó.