Por Ricardo Uceda– Diario La República.
Dos investigaciones pendientes para Martín Vizcarra: las supuestas coimas y su gestión pública ante la pandemia. El desastre sanitario peruano sigue liderando indicadores. El Perú fue el peor gobernado.
Durante 2021, coincidiendo con la actividad electoral, se celebrarán diligencias decisivas del Ministerio Público respecto del expresidente Martín Vizcarra. Transcurre una etapa de verificación de las versiones de colaboradores eficaces sobre coimas para dos obras públicas cuando era gobernador de Moquegua. La corroboración atañe, entre otros aspectos, a las circunstancias de la entrega del dinero y al uso que el supuesto sobornado hizo de los recursos que le habrían sido entregados en efectivo. Vizcarra sostiene que sus acusadores mienten. El estimado de una fuente cercana a las investigaciones es que los hechos vinculados a los pagos ilícitos podrían ser esclarecidos dentro de seis meses.
Sin embargo, el caso ya no solamente abarca supuestos sobornos, sino la corrupción comprendida en dos proyectos: una irrigación en Lomas de Ilo y la construcción del hospital de Moquegua. Incluye todo tipo de ilicitudes. Los expedientes, inicialmente en manos del subsistema anticorrupción en el Ministerio Público, han pasado al Equipo Especial de Lavado de Activos cuando se dirimió un conflicto de competencias, en noviembre pasado. ¿Cuánto demoraría la investigación completa, que involucra a muchos imputados en distintos niveles? Quizá un par de años. O tres. Salvo que, como ha adelantado el fiscal Germán Juárez Atoche, él evaluara que ya tiene todas las pruebas necesarias para llevar a juicio a Vizcarra por las coimas. Puede dividir el proceso. En esa eventualidad el año próximo sería decisivo.
Fiscal Germán Juárez Atoche habría divulgado información confidencial. Foto: La República
Sin exministros
Aún es prematuro hacer un vaticinio sobre este punto. Pero sí cabe asegurar que el fiscal Juárez encuentra cada vez más indicios que apuntalan la versión de los sobornos. Falta un tramo testimonial de exfuncionarios del gobierno regional, algunos de los cuales, en 2016, fueron llevados por Vizcarra a Lima para trabajar en el sector Transportes y Comunicaciones. No todos en la administración de Moquegua estaban de acuerdo con la forma de pagarle a las compañías beneficiadas. Falta también verificar la ruta de la adquisición de propiedades del investigado luego de la supuesta coima. Por añadidura, dos nuevos testigos de compañías involucradas acreditarían que en sus organizaciones se dispuso dinero para sobornarlo.
Vizcarra, por su parte, ve diluirse poco a poco el fervor que despertaba su querida presencia. No ha podido conseguir buenos acompañantes para postular por Lima vistiendo la camiseta de Somos Perú, cuyos congresistas apoyaron su vacancia. En la lista no figura ningún exministro, ninguna personalidad hechizada por su liderazgo en el 2021. El partido que lo invitó es presidido por Patricia Li, quien lleva a cuestas una sentencia firme por corrupción. Su candidato presidencial es el desprestigiado exdirigente de Fuerza Popular Daniel Salaverry. Ninguno simboliza los valores que lo llevaron al pináculo de la popularidad. En realidad los contradicen.
Vizcarra fue destituido del cargo de presidente de la República por el Congreso el último noviembre. Foto: La República
Lavada de cara
Por otra parte, han irrumpido más evidencias de la calamitosa actuación de Vizcarra frente a la pandemia. En la coyuntura del cambio de gobierno ya había demostraciones incontrovertibles de ineptitud, de su afán casi patológico por mostrar falsos escenarios. Por eso fue desconcertante que Francisco Sagasti mantuviera como ministra de Salud a Pilar Mazzetti. Ella, pese a sus cualidades profesionales, personificaba el naufragio de una gestión pública en la que comparte responsabilidades con su antecesor Víctor Zamora.
Cuando se supo que la anunciada compra de vacunas había sido una farsa –y solo a partir de una información que reveló The Economist–, la primera ministra, Violeta Bermúdez, hizo un penoso intento de culpar a la inestabilidad política. O sea, al Congreso. El editor regional de la revista inglesa, Michael Reid, acaba de pedir una investigación imparcial sobre la “pésima gestión” de Vizcarra. Lo ilustró con el ranking mundial de exceso de muertos por COVID-19, donde el Perú ocupa el primer lugar. Es inevitable una investigación, y vale la pena preguntarse si el gobierno de Sagasti facilitará un esclarecimiento de los hechos.
El exmandatario postula al Parlamento con el partido Somos Perú. Foto: La República
Un lado bueno…
En cuanto a la retención de Mazzetti en el cargo no puede dejarse de pensar que el presidente quizá consideró acertado el liderazgo de Vizcarra durante la pandemia. Es decir que no la retuvo por vizcarrismo sino por ceguera. Y puestos a hablar de nombramientos, hubo otra designación que se mantiene fuera de lo comprensible: la de Eduardo González Chávez en Transportes y Comunicaciones.  Existiendo gravísimas acusaciones de corrupción contra Vizcarra, y estando bajo sospecha tanto su gestión en el Ministerio de Transportes como la de sus estrechos colaboradores Edmer Trujillo y Carlos Estremadoyro (mencionado como su “cajero” por su exsecretaria Karem Roca), ¿qué necesidad había de nombrar al brazo derecho de este grupo como titular del MTC? Entre 2016 y 2020 fue jefe de asesores de ambos ministros, lo mismo que del expremier Vicente Zeballos. No hay indicios de que sea corrupto, solo que difícilmente podría encontrarse un hombre de mayor confianza del cogollo vizcarrista en un ministerio bajo sospecha.
Esto lleva a la idea más inquietante de que quizá Sagasti y su primera ministra están absolutamente convencidos de la inocencia de Vizcarra. Pudiera ser, parece que es el caso de bastantes personas, incluso muy inteligentes. Las negligencias de su gestión, que algunos podríamos hasta considerar criminales, otros pueden creer, como se ha opinado por allí, que se debieron a que se quedó muy solo, cual Mi pobre angelito. En fin, con la campaña electoral se avecina una discusión sobre la verdadera naturaleza del falso valor que nos gobernó hasta noviembre pasado, y que, en virtud del lado bueno de la vacancia, ya no está en el poder.

SUSTENTO DE PEDIDO DE EXCLUSIÓN CONTRA EL EXPRESIDENTE

Denuncian falsedades y omisiones de Vizcarra

Omitió consignar información relevante en su declaración jurada de intereses (DJI) y de ingresos, bienes y rentas.

La excongresista Yeni Vilcatoma pidió al Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 la exclusión del expresidente Martín Vizcarra por una supuesta omisión en información falsa en la declaración jurada de hoja de vida (DJHV) que presentó como candidato al Congreso de la República por el partido Somos Perú.
Según el pedido, Vilcatoma detalla que existen inconsistencias e incongruencias, falsedades y omisiones advertidas respecto a la hoja de vida del exmandatario presentada para el proceso electoral del 11 de abril ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante los años 2010, 2016 y 2020.
“A usted pido conceder y dar trámite a la solicitud de exclusión del candidato Martín Vizcarra debido a que omitió declarar información relevante y veraz en su DJHV para el proceso de elecciones generales del 2021”, dice el documento. La abogada sostuvo que Vizcarra omitió consignar información relevante en su declaración jurada de intereses (DJI) y de ingresos, bienes y rentas.
EXPERIENCIA LABORAL
Advirtió que el ex jefe de Estado no declaró toda la información del 2020 en el rubro experiencia laboral que sí ingresó en el 2016. Agregó, que el postulante al Parlamento por Somos Perú omitió información en su DJI pues, el 18 de noviembre de 2020 como mandatario declaró que fue socio de CYM Vizcarra SAC desde el período 1990-2018, sin embargo, en el 2016 consignó que laboró en la empresa en dos períodos 1992-2010 y 2015, ocupando el cargo de Gerente de Operaciones.
Al respecto, Vilcatoma señaló que dicha información consignada en su DJHV ante el JEE no es veraz, ni transparente frente a la ciudadanía, y en ese sentido, añadió que la norma se cumple para excluir a Vizcarra de la lista de candidatos al Parlamento del partido que lidera el expresidente del Congreso, Daniel Salaverry.
INMUEBLES
En tanto, sobre el rubro de ingresos, bienes y rentas e inmuebles, el candidato Martín Vizcarra declaró poseer 26 inmuebles. Bajo esa línea, Vilcatoma detalló que en el año 2010, el exmandatario consignó solo un inmueble mientras que en el 2016 dijo ser dueño de cuatro inmuebles.
Es decir, según Vilcatoma, que desde el 2010 hasta el período 2016-2020, el candidato registró a su nombre 22 propiedades inmuebles y por ello, solicitó que se transparente el patrimonio en ese lapso de tiempo y que se consignen las fechas de compras o transferencias de los inmuebles. Al respecto, añade que se evidencia un crecimiento inusual del patrimonio del exmandatario respecto a la cantidad de inmuebles de propiedad del aspirante al Congreso de Somos Perú.
TRANSPARENCIA
Refirió que al formar parte de su patrimonio personal o familiar, la ciudadanía debe conocer las fechas de compra o adquisición de los inmuebles y el pago de tributos realizados al fisco, impuesto de alcabala, predial que acrediten la compra de los inmuebles en ese período.
También anotó que en la Superintendencia Nacional de Registros Público (Sunarp) existe una cantidad diferente de propiedades inmuebles a nombre del candidato que al parecer no fueron consignados en su DJHV del año 2020.
Vilcatoma informó también al JEE que en la DJI del expresidente existe información que omitió en su DJHV como tener una participación de acciones del 30% de la empresa Agrotécnica Estuquiña S.A. a la fecha.
Por último, pidió que, una vez concluido el proceso de exclusión, se informe al Ministerio Público sobre estos actos para que evalúe si inicia una investigación contra Martín Vizcarra en el sentido de no haber consignado información veraz en el procedimiento administrativo ante el Jurado Nacional de Elecciones.
TRES TACHAS ADMITIDAS
El JEE de Lima Centro 2 ha admitido a trámite tres tachas presentadas por ciudadanos contra la postulación de la lista de candidatos al Congreso que encabeza Vizcarra por el partido Somos Perú. En el portal del JNE se publicó la Resolución 3-2021-LIC2, que precisa que se subsanaron los errores por los cuales, en un primer momento, se rechazó la tacha presentada por José Carlos Medina Bolo contra la candidatura del exgobernante.
El ciudadano (ex militante de Alianza Para el Progreso, agrupación desde donde postuló a regidor de Lima en las elecciones del 2018) consideró que Vizcarra debió renunciar a su cargo ante del 12 de octubre del 2020 para poder ser candidato al Poder Legislativo.
La primera tacha fue presentada por la excongresista de Fuerza Popular Yeni Vilcatoma, quien también ha planteado denuncias constitucionales contra el exmandatario ante el Congreso. La segunda tacha tiene como autora a Mónica Yaya, excandidata al Congreso por el Partido Aprista Peruano que fue apartada de las elecciones del 2020 por omisión de información en su hoja de vida.
EMPRESAS
Vilcatoma expresó que Vizcarra participó en la constitución de diversas empresas creadas en la Oficina Registral de Moquegua y Tacna, lo que no ha consignado en su DJHV de 2020 y al omitir esos datos vulneró el principio de transparencia, por lo que merece su exclusión del proceso electoral al no declarar información relevante.
Fuente: Diario EXPRESO.

Martín Vizcarra y Daniel Alfaro Paredes.

Declaran procedente denuncia constitucional contra Martín Vizcarra y exministro Daniel Alfaro

La acusación por infracción a la Constitución fue declarada procedente y se basó en el informe técnico de calificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, debido a que Martín Vizcarra Cornejo, aún era vicepresidente del Directorio y Gerente de Operaciones en su firma CyM Vizcarra SAC, mientras era ministro de Transportes y Comunicaciones.
Asimismo, a Vizcarra se le acusa de favorecer a la empresa Obrainsa, ya que CyM Vizcarra SAC fue parte del Consorcio COLCA junto a Obrainsa, vulnerando en ambos casos el artículo 126º de la Constitución Política del Perú.
Dicho dictamen, fue aprobado por once votos, uno en contra, y una abstención.
Asimismo, en la misma sesión, se tramitó otra denuncia constitucional que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también declaró procedente, contra el exministro de Educación, Daniel Alfaro Paredes, que fue presentada por los excongresistas Paloma Noceda Chang, Armando Villanueva Mercado y Edmundo del Águila Herrera, por los delitos de demora en actos funcionales, rehusamiento, y de función por omisión, por haber permitido en su gestión que se inserte un link en los textos escolares, cuya web mostraba sexo explícito a los educandos.
En este sentido, la Comisión Permanente del Congreso tiene el encargo de realizar las investigaciones correspondientes hasta emitir su informe final en un plazo prudente.
Fuente: LimaGris.com