Fiorella Molinelli era la segunda del entonces ministro de Transportes Martín Vizcarra y vicepresidente de la República, que se convirtió en Jefe de Estado en marzo de 2018 tras la salida de Pedro Pablo Kuczynski del poder en medio del escándalo del caso Lava Jato. Foto: Gestión.

FinCEN Files: La transacción sospechosa de la contratista del proyecto Chinchero

Por Shirley Cayetano y Milagros Salazar Herrera, de Convoca.pe (Perú)/ Emilia Delfino, del diario Perfil (Argentina), La Nación (Argentina) y el Semanario Búsqueda (Uruguay).
Convoca.pe identificó una transacción reportada como sospechosa a la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos por más de US$98 mil de Proyecta & Construye, la principal contratista del consorcio Kuntur Wasi que ganó la concesión del proyecto del aeropuerto internacional Chinchero- Cusco. La transacción involucra a una financiera uruguaya, cuya subsidiaria es investigada por lavado de dinero y a una compañía argentina. Conoce una nueva historia de los ‘FinCEN Files’, proyecto liderado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
La mañana del 17 de marzo de 2017, el fiscal José Domingo Pérez Gómez llegó presuroso junto a un equipo de la Policía Anticorrupción a un edificio ubicado en la cuadra seis de la Av. Pardo y Aliaga, en el distrito de San Isidro, considerado el emporio empresarial de Lima. Pérez allanó las instalaciones de Kuntur Wasi S.A, consorcio conformado por el grupo peruano Andino Investment Holding y el conglomerado argentino Corporación América del multimillonario Eduardo Eurnekian, que dos años atrás ganó la licitación para construir el aeropuerto internacional Chinchero-Cusco.
El megaproyecto, valorizado en más de 500 millones de dólares en sus diversas etapas, enfrentaba en esos días duras críticas luego que la entonces viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, firmara la adenda Nº1 del Contrato de Concesión el 3 de febrero de 2017, seis semanas antes del allanamiento del fiscal Pérez a las oficinas de Kuntur Wasi.
Los cuestionamientos a la modificación del contrato original se centraban en que existía una desequilibrada estructura del financiamiento de la obra: el Estado se comprometió a financiar el 80.73 por ciento del costo total del proyecto, ya no el 28.6 por ciento como lo establecía el contrato original y a adelantar 40.6 millones de dólares en un etapa del proyecto que no le correspondía para que así Kuntur Wasi iniciara las obras de construcción del aeropuerto, según un informe de la Contraloría General de la República.
En ese escenario movedizo, el fiscal Pérez fue en busca de respuestas a las instalaciones de Kuntur Wasi, donde incautó una serie de documentos que daban cuenta de préstamos millonarios al consorcio en 2016 provenientes de empresas relacionadas principalmente a Corporación América como Liska Investments Corp, representada por Martín Eurnekian con sede en Islas Vírgenes Británicas, conocido paraíso fiscal.
Para José Domingo Pérez esas transacciones evidenciaban que Kuntur Wasi no contaba con el financiamiento económico necesario para el proyecto que debía ejecutarse bajo la modalidad de Asociación Público Privada. Pero, además, detectó que al mismo tiempo se realizaban decenas de desembolsos que no guardaban relación con los estados financieros del consorcio entre 2014 y 2016, a favor de una compañía: Proyecta & Construye.
Esta empresa fue creada en el Perú por Andino Investment Holding y Corporación América en 2011, las socias de Kuntur Wasi. Pocos años después, este consorcio terminó contratando a Proyecta & Construye para ejecutar las obras del aeropuerto Chinchero.
Pérez abrió una investigación por lavado de activos, crimen organizado y presuntos sobornos por la obra del aeropuerto en el que incluyó a los representantes de Kuntur Wasi y diversos funcionarios públicos. Pero en noviembre de 2018 fue apartado del caso tras discrepancias con Pedro Chávarry, entonces Fiscal de la Nación.
El caso fue derivado a la fiscal Zoila Sueno Chirinos del Cuarto Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, quien formalizó la investigación el 23 de agosto de 2019 ante el Poder Judicial imputando a funcionarios peruanos por colusión agravada.
La investigación por el delito de lavado de activos, no obstante, fue archivada por la fiscal Sueno el 15 de enero de 2020. Pero este reportaje da nuevas pistas sobre la forma en que Proyecta y Construye, de la mano del consorcio Kuntur Wasi, manejaba sus operaciones hacia el exterior.
Hacia un paraíso fiscal
Entre los más de 2 mil 100 reportes de actividad financiera bajo sospecha de la filtración ‘FinCEN Files’, Convoca.pe identificó una transferencia por 98 mil 85 dólares realizada por Proyecta & Construye S.A. el 23 febrero de 2015, diez meses después de que el consorcio Kuntur Wasi obtuviera la concesión del proyecto del aeropuerto internacional Chinchero-Cusco.
La operación se realizó de la siguiente manera: salió del Banco de Crédito del Perú (BCP) a través del Bank of New York Mellon (banco corresponsal o intermediario) hacia una cuenta en DMS Bank & Trust ubicada en el paraíso fiscal de las Islas Caimán a nombre de la financiera uruguaya Columbusnet S.A.
La Ruta del Dinero
El reporte, que incluía más de 3 mil transferencias además de la operación vinculada a Proyecta & Construye, fue presentado por el Bank of New York Mellon a la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro de Estados Unidos (FinCen por sus siglas en inglés) al considerar que las transacciones estaban vinculadas a “empresas fantasmas o no podían ser identificadas”.
Los fondos y el propósito de estas operaciones “estaban vinculadas a jurisdicciones de alto riesgo”; no existía información verdadera de la persona o empresa que ordenó la transacción o el beneficiario final”, entre otras razones señaladas por el banco estadounidense.
Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento de EE.UU. Fuente: FinCen Files / ICIJ-BuzzFeed News.
Conexión con Uruguay
En la calle Sarandí, ubicada en la ciudad de Montevideo, cerca a una tienda de lencería y de joyas, se encuentra Columbusnet, la financiera que aparece en el reporte de operaciones sospechosas y a la que Proyecta & Construye transfirió más de 98 mil dólares a inicios de 2015 a través de una cuenta en DMS Bank & Trust con sede en las Islas Caimán.
Columbusnet es subsidiaria de Columbus S.A., una casa de cambio en Argentina, investigada desde finales de 2018 en el Juzgado Penal Económico N°3 de Buenos Aires por presunto lavado de activos y delitos tributarios relacionadas a actividades sospechosas en la compra de moneda extranjera, según indican las fuentes judiciales de Argentina.
Columbusnet S.A., ubicada en Uruguay, es una empresa de servicios financieros que funcionó anteriormente como casa de cambio. Foto: Columbusnet.
La actividad ilegal relacionada a la compra de moneda extranjera es conocida como ‘coleros’, que consiste en la organización de personas de bajos recursos, que forman largas filas en las afueras de financieras como Columbus para cambiar dólares o euros con fondos entregados por cabecillas de redes ilícitas que buscan ocultar la procedencia del dinero. A cambio, los ‘coleros’ reciben una pequeña comisión.
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos–Procelac (la unidad encargada de investigar el lavado de activos, evasión tributaria y fraude bancarios en Argentina) solicitó también que se investigue a los dueños de la financiera Columbus S.A. para determinar si habían actuado en complicidad con los reclutadores de los ‘coleros’.
“Nuestra empresa tiene licencia desde 1967 y respondiendo a su inquietud, los descargos correspondientes serán presentados debidamente al juzgado cuando corresponda”, señaló al diario perfil, Sergio Polite, director de Columbus S.A.
“En el caso de la transferencia de Proyecta & Construye que salió desde el Perú, figuraba como uno de los destinatarios una financiera uruguaya: Columbusnet”.
Actualmente, la fiscalía argentina analiza la documentación que incautó en 2019 en las instalaciones de Columbus para investigar si el origen del dinero de los ‘coleros’ era ilícito y si la financiera actuó en complicidad.
Pero la historia de la transferencia que salió desde la cuenta bancaria de Proyecta & Construye, no termina con Columbusnet.
Un estudio bonaerense y un ingeniero huidizo
En la ciudad de Buenos Aires, en la calle Juan Domingo Perón, funciona una empresa dedicada a brindar asesoramiento técnico en obras civiles e industriales llamada Estudio GF. Las iniciales corresponden a los apellidos de sus principales socios: Carlos Grinberg y Néstor Feliz. ¿Qué tiene que ver esta empresa con la operación bajo sospecha de la principal contratista del proyecto Chinchero?
En el reporte del Bank of New York Mellon a la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, no solo aparece Columbusnet, al lado figura ‘Estudio GF’ como si se tratara del nombre de una sola compañía.
Convoca.pe se comunicó con la gerente legal y de asuntos corporativos de Andino Investment Holding, Giuliana Cavassa, para corroborar si el Estudio GF fue realmente el beneficiario final. Entre diversas llamadas, mensajes por WhatsApp y correos electrónicos, Cavassa, una abogada que lleva trabajando hace siete años en el holding y aparece como directora de Proyecta & Construye, empezó a hacer memoria.
Cavassa aseguró que Estudio GF fue contratado para tareas previas al proyecto de ingeniería definitivo del aeropuerto Chinchero-Cusco y la certificación LEED, que se otorga a proyectos amigables con el medio ambiente. Esta certificación es otorgada por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council).
Pero una pregunta seguía en el aire: ¿por qué se transfirió el dinero a la financiera uruguaya Columbusnet y no directamente a Estudio GF? “Nosotros hacemos lo que el proveedor nos dice: págame en Argentina o págame en Uruguay”, respondió a Convoca.pe.
Carlos Grinberg. Foto: La Nación.
La periodista argentina Emilia Delfino buscó al presidente de Estudio GF, Carlos Grinberg, quien respondió que no cobró ni tramitó la certificación LEED del proyecto Chinchero. El ingeniero industrial explicó que Corporación América, la socia argentina de Kuntur Wasi, lo contactó para dar el servicio pero éste no se concretó.
“Nuestra empresa se encarga de tramitar la certificación LEED, pero nunca cobramos nada por el trabajo, ni un peso, sólo gastos, porque la obra (la construcción del aeropuerto) no se hizo”, afirmó Grinberg.
En efecto, Proyecta & Construye no llegó a ejecutar las obras de construcción del aeropuerto internacional Chinchero-Cusco. Tras la firma de la cuestionada adenda al contrato de concesión, el entonces Ministro de Transportes y Comunicaciones Martín Vizcarra, hoy Presidente de la República, renunció a su cargo a fines de mayo de 2017, dejando sin efecto el contrato y la adenda. Un año después, Kuntur Wasi inició un proceso de arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones–CIADI por la cancelación del contrato.
Grinberg insistió en que no conoce la ruta que siguió la transferencia reportada como sospechosa. “No tenemos cuenta bancaria en Islas Caimán ni en ningún otro país extranjero. No conocemos a la financiera Columbusnet”, remató.
El ingeniero argentino aseguró que el monto de los ‘gastos’ no alcanzó de ninguna manera los más de 98 mil dólares. Ante esta respuesta, se le entregó los números de las facturas que Corporación América aseguró que Estudio GF entregó como respaldo del servicio brindado.
Carlos Grinberg dijo que revisaría la información en sus archivos pero nunca más respondió nuestros mensajes y llamadas.
Giuliana Cavassa de Andino Investment Holding tampoco ha entregado los comprobantes del pago del servicio que se le atribuye a Estudio GF porque aseguró que “la política de la empresa prohíbe difundir documentos sobre terceros”. Lo que sí señaló es que las facturas tienen fecha 9 de enero de 2015: la primera por un monto de 71 mil 925 dólares y la segunda por 26 mil 160 dólares. En ambos casos el concepto de los comprobantes aparece como “Certificado Nº1 LEED”, indicó.
Convoca.pe preguntó a Cavassa por qué se le pagó a Estudio GF en febrero de 2015 por el trámite de una certificación que recién realizaría años después, es decir, cuando el proyecto esté concluido. Al respecto, la abogada señaló que el ingeniero argentino se involucró en el proyecto desde las tareas iniciales antes de que se presente el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) al Ministerio de Transportes y que incluso Grinberg entregó un CD con planos como parte de su servicio. Pero esta documentación tampoco fue entregada a este medio.
¿Se realizaron otros desembolsos para Estudio GF? La abogada respondió que “es posible”.
El viaje de la fiscal
Las investigaciones relacionadas a las compañías del consorcio Kuntur Wasi no solo se realizaron en Perú.
A finales de 2018, Corporación América y tres miembros de la familia Eurnekian fueron denunciados por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) ante la justicia federal Argentina por “soborno trasnacional” vinculados al caso Chinchero.
Procelac señaló que había recolectado “suficientes pruebas como para afirmar que las personas a cargo de Corporación América”, como parte de la Sociedad Aeroportuaria de Kuntur Wasi, “habrían intervenido en actos de sobornos en calidad de coautores” ofreciendo “sumas de dinero, dádivas u otras compensaciones a funcionarios públicos peruanos” para la suscripción de la adenda al contrato de concesión del aeropuerto.
Cuando el caso se abrió en Argentina, la fiscal Zoila Sueno solicitó reunirse con su colega Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación en dicho país, y viajó a su encuentro en febrero de 2019 para intercambiar información y averiguar si existía evidencia de pago de sobornos por parte de los representantes de Corporación América.
Fiscal Zoila Sueno Chirinos. Foto: Gestión.
Durante esta visita, la fiscal peruana también se reunió con el juez federal Claudio Bonadio, quien tenía información relacionada a Hugo Antranik Eurnekian, hermano menor de uno de los directores de Kuntur Wasi y Proyecta & Construye, sobre ‘Los cuadernos de la corrupción’, un caso que reveló una serie de anotaciones que vinculaban a funcionarios argentinos con el pago de sobornos por obras públicas.
La investigación en Argentina, sin embargo, fue archivada el 10 octubre de 2019 a pedido del fiscal Eduardo Taiano. Una de las razones: no había imputados argentinos en la investigación de la fiscal Zoila Sueno, según quedó registrado en el acta del fiscal Pollicita tras su reunión en febrero con la fiscal, como pudo corroborar Perfil para este reportaje.
Vaivén de millones
En las indagaciones preliminares del fiscal José Domingo Pérez se registraron millonarios movimientos de dinero de Kuntur Wasi vinculados a las compañías de Corporación América, que revelaban que el consorcio no contaba con suficientes recursos para ejecutar las obras del aeropuerto Chinchero, y por lo tanto, cumplir con el contrato suscrito con el Estado peruano.
Cedicor (Uruguay) y Liska Investments (Islas Vírgenes Británicas), compañías relacionadas al conglomerado argentino, y Aeropuertos Andinos (Perú) realizaron préstamos por 3 millones 800 mil dólares a Kuntur Wasi en 2016.
El último préstamo otorgado a Kuntur Wasi fue de Aeropuertos Andinos por la suma de 1 millón 200 mil dólares, el 23 de diciembre de 2016, seis semanas antes de que se suscribiera la adenda Nº 1 al contrato de concesión del aeropuerto Chinchero.
Sin embargo, la fiscal Zoila Sueno consideró que estos préstamos por casi 4 millones de dólares otorgados a Kuntur Wasi durante 2016 fueron una práctica empresarial común debido a que el consorcio no generaba liquidez y debía realizar pagos relacionados al proyecto Chinchero como los estudios de ingeniería.
Pero no solo Kuntur Wasi tenía problemas de financiamiento sino también su principal contratista: Proyecta & Construye.
En marzo de 2014, la empresa tenía un patrimonio de apenas S/. 609 mil 088 soles (unos 217 millones de dólares) y activos por S/1 millón 374 mil 413 soles (cerca de medio millón de dólares), según informaron sus accionistas a la Bolsa de Valores de Lima. (El tipo de cambio utilizado es 2.81 correspondiente a marzo de 2014).
Proyecta & Construye fue contratada bajo una modalidad conocida como “llave en mano”, en la que el contratista asume la responsabilidad del proyecto para luego entregárselo al contratante, en este caso Kuntur Wasi, una vez que la obra se encuentre operativa.
Los movimientos económicos entre el consorcio y su contratista fueron objeto de investigaciones fiscales. Según la disposición no 72 de la fiscal Zoila Sueno, Kuntur Wasi realizó una serie de pagos a Proyecta & Construye por cerca de 9 millones de dólares por “conceptos de adelanto” y “valorización de trabajos de ingeniería”, entre 2014 y 2016.
Según indagaciones preliminares del fiscal Pérez, el monto por dichos conceptos podría ser superior por varios millones y no guardaban relación con los estados financieros del consorcio.
Un banco en Armenia
Otras transacciones vinculadas a empresas en paraísos fiscales son los préstamos otorgados al consorcio Aeropuertos Andinos, conformado por las mismas empresas que integran Kuntur Wasi. Según las investigaciones fiscales, entre 2016 y 2017 Aeropuertos Andinos, encargado de ejecutar obras cinco aeropuertos del sur del Perú, recibió dos préstamos por US$2 millones de Converse Bank CJSC, un banco en la República de Armenia.
En dichos contratos de préstamos, Santa Catarina Corporation y Liska Investment, domiciliadas en las Islas Vírgenes Británicas, actuaron de garantes, y Mario Gálvez Abad, exgerente de Aeropuertos Andinos y apoderado de Proyecta & Construye, según registros públicos.
Al igual que Liska Investment y Santa Catarina Corporation, Converse Bank se encuentra afiliada a la multimillonaria familia argentina Eurnekian y a su emporio comercial: Corporación América, dueña de más de 52 aeropuertos en 7 países.
Converse Bank CJSC ubicado en la República de Armenia. Créditos: MLL Industries.
“Converse Bank era un banco que nos financiaba de todas maneras”, señaló Gálvez Abad, quien aseguró a Convoca.pe que a pesar de su cargo en Proyecta & Construye no tuvo ninguna participación en el proyecto Chinchero y que desconoce la transacción que presuntamente iba dirigido a Estudio GF.
Entre 2014 y 2017, durante el proceso de licitación y firma de la adenda del contrato del aeropuerto Chinchero, Mario Gálvez Abad viajó a Argentina cinco veces, coincidiendo en tres fechas entre octubre 2016 y noviembre del 2017 con Carlos Vargas Loret de Mola, director de Kuntur Wasi, y José Balta del Río, gerente general del consorcio.
En esos días, quien estaba a cargo de la parte operativa de Proyecta & Construye era el portugués Rui Pedro Varanda Guimaraes. Él fue contratado por dicha empresa en noviembre de 2013 para la elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) del proyecto del aeropuerto Chinchero.
Antes de trabajar para la principal contratista de esta megaobra, Guimaraes fue presidente y director ejecutivo de Mota Engil Perú, una de las empresas que integraba el Consorcio Aeroportuario Imperial y que competía en el proceso de adjudicación del aeropuerto del Cusco contra Kuntur Wasi y el Consorcio Aeropuerto Chinchero, integrado por Graña y Montero.
La oferta económica del consorcio peruano-argentino fue más atractiva para los funcionarios del gobierno de Ollanta Humala en abril de 2014: estaba por debajo de las compañías competidores, algunas de ellas investigadas por su participación en el ‘Club de la Construcción’, aquel cártel de empresas que se repartían las obras adjudicadas por Provías Nacional, del Ministerio de Transportes.
Chinchero Crédito: Shutterstock

Fincen Files: acusaciones cruzadas por una megaobra en Perú que involucra intereses argentinos

Por Iván Ruiz, Maia Jastreblansky y Hugo Alconada Mon– Diario La Nación Argentina.*
El proyecto de un nuevo aeropuerto para Cusco y Machu Picchu, emblema del turismo andino. Una obra valuada en US$500 millones que nunca comenzó, pero provocó un escándalo político en Perú. Y una investigación judicial archivada en la Argentina. El “caso Chinchero” obligó al presidente peruano, Martín Vizcarra, a dar explicaciones en el congreso. Pero fue un giro menor de esa trama, por apenas US$98,000, lo que encendió las alarmas del sistema financiero de los Estados Unidos.
Dos años antes de que el escándalo estallara en Perú, un banco de Nueva York analizó ese giro por US$98.000 de febrero de 2015 y puso bajo la lupa a la empresa argentina Corporación América -el grupo que lidera Eduardo Eurnekian- y a su socia peruana para el aeropuerto en Cusco, Andino Investment Holding.
El Bank of New York Mellon envió un reporte de operación sospechosa al organismo antilavado de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés), en junio de 2015, con detalles sobre 3239 transferencias. Entre ellas, la referida al giro por US$98,000 que terminó en una cuenta en las islas Caimán de la financiera uruguaya Columbusnet SA.
El giro no salió, sin embargo, de las cuentas de Corporación América o de su socia, Andino, sino por cuenta y orden de una subsidiaria de ese consorcio. ¿Su nombre? La peruana Proyecta & Construye SA, según surge de los 2100 reportes que bancos de todo el mundo enviaron a la FinCEN , obtuvo BuzzFeed News y que compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra LA NACIÓN.
Aeropuerto Internacional Chinchero- Cusco, un proyecto que nunca se concretó Crédito: Captura de video.

El contrato

La sociedad entre Corporación América y Andino Investment Holding nació en 2008. Juntas tienen la concesión de cinco aeropuertos del sur de Perú: Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna. En 2014, durante el gobierno de Ollanta Humala, conformaron el consorcio “Kuntur Wasi” y ganaron el concurso del Nuevo Aeropuerto Internacional Chinchero-Cusco, con la modalidad público-privada.
Corporación América y Andino Investment Holding fundaron una subsidiaria, Proyecta y Construye, a la que subcontrataron en obras para sus aeropuertos, explicaron ambas empresas ante la consulta del equipo de ICIJ para esta nota, integrado por Convoca.pe (Perú), el Semanario Búsqueda (Uruguay) y Perfil y LA NACIÓN (Argentina). En el caso de Cusco, le encargaron la planificación, ingeniería y construcción del aeropuerto “llave en mano”. Es decir, le otorgaron a su subsidiaria casi toda la obra.
Ante la consulta de los miembros de esta investigación, Giuliana Cavassa (gerenta de Asuntos Institucionales Andino Investment Holding) y voceros de Corporación América defendieron la legalidad de su proceder. Indicaron que la transacción señalada como “sospechosa” en el reporte de FinCEN fue por “el pago de unas facturas a Estudio GF SA, empresa contratada para la elaboración del anteproyecto para las instalaciones de aire acondicionado y la certificación LEED”.
Estudio GF SA es una compañía argentina, con sede en Buenos Aires, dedicada a la tramitación de certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) para edificios sostenibles. ¿Por qué se usó la cuenta de una financiera uruguaya con cuenta en Islas Caimán para realizar esos pagos? “Probablemente porque en el momento fue solicitado así por el proveedor”, respondió Cavassa.
“No tenemos cuenta bancaria en Islas Caimán y no conocemos a la financiera Columbusnet”, sostuvo, sin embargo, el ingeniero Carlos Grinberg, del Estudio GF SA ante la consulta del equipo de ICIJ. “Se presentó un anteproyecto de la obra de Chinchero, pero nunca cobramos nada por el trabajo, solo gastos, porque la obra no se hizo”, aseguró Grinberg.
Andino asegura que la transferencia reportada como sospechosa corresponde a dos facturas emitidas por Estudio GF SA, con fecha 9 de enero de 2015, con el concepto: “Certificado Nº 1 LEED” para los planos del aeropuerto. La primera fue por US$71.925.76 y la segunda factura US$26.160 (total, US$98.085,76). El titular de Columbusnet SA, Sergio Polite, respondió por su parte que su financiera “debe abstenerse de revelar sus cliente y las actuaciones que se estén realizando”.
Fragmento del reporte de operación sospechosa con el giro de Proyecta&Construye a Columbus Net

La pesquisa judicial

En Perú, las sospechas se ciñeron sobre el consorcio “Kuntur Wasi” tres años después de la firma del contrato por el aeropuerto de Cusco, cuando se aprobó una adenda que modificó las condiciones iniciales del financiamiento de la obra. Según un informe de la Contraloría General de Perú, la adenda podía perjudicar las arcas públicas al provocar “una variación en la asignación de riesgos financieros” con la mayoría de la carga sobre el Estado peruano y un presunto perjuicio de unos U$40 millones.
No sólo eso. Pese al replanteo contractual, las obras en el aeropuerto de Cusco -que ya deberían estar concluidas- nunca comenzaron y el Estado terminó por suspender el contrato. Tras esa decisión oficial, Corporación América acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y demandó al Estado peruano.
Para entonces, hacía cuatro meses que la fórmula presidencial Pedro Pablo Kuczynski – Martín Vizcarra había llegado al poder. Vizcarra tenía doble cargo: además de vicepresidente, era ministro de Transporte. Pero la firma de la adenda desató un escándalo que conllevó su interpelación en el Congreso y su posterior renuncia como ministro, aunque continuó como vicepresidente y terminó asumiendo la presidencia cuando Kuczynski dimitió por los coletazos del Lava Jato.
El proyecto fallido del Aeropuerto Internacional Chinchero Crédito: Captura de video.
En ese contexto, un fiscal del equipo peruano del “Lava Jato” abrió una investigación con la hipótesis de que la adenda podría ser el resultado de negociaciones espurias. Ese primer fiscal terminó apartado de la investigación, pero antes llegó a allanar la sede de Proyecta & Construye y consideró que la firma podría haberse utilizado como una “sociedad pantalla” para pagar sobornos a los funcionarios peruanos que aprobaron los cambios en el contrato inicial.
Consultados por LA NACIÓN, desde Corporación América rechazaron de plano esa hipótesis y señalaron que la denuncia debe contextualizarse en las peleas partidarias que sacuden a Perú desde hace años. “Las transferencias de fondos a Proyecta & Construye fueron para financiar las etapas iniciales críticas del proyecto (estudios de ingeniería, costos de licitaciones, estudios ambientales)”, agregaron.
En tanto, la segunda fiscal del caso, Zoila Sueno, imputó a empresarios y funcionarios peruanos por presunta defraudación patrimonial al Estado. Según su acusación, la adenda era “lesiva” para el erario público peruano porque establecía que el Estado “asumía el riesgo por financiación de la obra”, algo que, en principio, iba a ser financiado por bancos internacionales.
La investigación giró entonces en torno al financiamiento de la obra y a si la adenda de 2017 terminó perjudicando al Estado, algo que tanto Vizcarra como Andino y Corporación América han negado. Ante la consulta del equipo de ICIJ, Corporación América dijo que la adenda “no trajo cambios respecto del riesgo financiero” y que “el Estado salía beneficiado y no así el consorcio”. “Lamentablemente, como estas cuestiones se encuentran discutidas en el CIADI, no podemos dar información al respecto”, afirmaron. Desde Andino, en tanto, aseguraron que el Estado siempre debió hacerse cargo de una parte de la obra ($265 millones) y que la adenda “solo cambió el mecanismo de financiamiento”.
Con el paso del tiempo, el tramo inicial de la investigación por el presunto pago de sobornos se archivó en Perú. Pero continúa abierta la pesquisa por la adenda del contrato. Abarca a 13 personas, aunque entre los imputados no figuran ni Vizcarra, ni directivos de Corporación América.
Chinchero, cerca de Cusco Crédito: Shutterstock.
En la Argentina, por su parte, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció a Corporación América ante la Justicia local en 2018, por el presunto delito de soborno transnacional. Consideró que la adenda del contrato “permitiría sospechar la falta de transparencia en las negociaciones previas a dicho acto”. La causa recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, que delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano. La fiscal peruana, incluso, llegó a viajar a Buenos Aires para intercambiar información con Comodoro Py.
A fines de 2019, sin embargo, el fiscal Taiano recomendó el archivo de la investigación local. Remarcó que “no se encuentran imputados ni investigados ninguno de los empresarios argentinos, sino solo los de nacionalidad peruana”. Aclaró, sin embargo, que no correspondía sobreseer a los argentinos denunciados por la Procelac porque parte de la investigación sigue su marcha en Perú.
*Con la colaboración de Emilia Delfino (Perfil www.perfil.com), Milagros Salazar y Shirley Cayetano (Convoca.pe), Guillermo Draper (Semanario Búsqueda) y Ricardo Brom (LN Data).