Por Ricardo Uceda- Diario La República.
Existía la idea de que la separación de Gonzalo Chávarry y Tomás Gálvez de la Junta de Fiscales Supremos, para ser investigados por inconducta funcional, permitiría al Ministerio Público navegar viento en popa, bajo la briosa conducción de su timonel, Zoraida Ávalos. A su lado, los ángeles de Lava Jato y los Cuellos Blancos trabajarían en armonía, sin zancadillas de malos magistrados. Esta versión idílica ya no es convincente. Dos fenómenos revelan delicados problemas en la cúpula –no en los fiscales de caso–, relacionados en lo básico con un problema de dirección. No faltan quienes los disimulan como una nueva ofensiva de la corrupción “para obstruir el avance las investigaciones”.
Un hecho insólito se produjo cuando Zoraida Ávalos descalificó las afirmaciones de la ex secretaria del presidente Karem Roca, referidas a su supuesta cercanía con Martín Vizcarra. Le exigió rectificarse bajo amenaza de enjuiciarla. Una Fiscal de la Nación no puede tomar partido de esa manera. Como los audios con los dichos de Roca están dentro de un proceso, lo último que cabe esperar es que los descalifique quien representa a los investigadores. Es aún menos aceptable el amedrentamiento a una de las partes. El Procurador Anticorrupción, Amado Enco, ha pedido que Ávalos se inhiba de participar en el proceso, postura que ha encontrado razonable el Procurador General del Estado, Daniel Soria.
La más débil
Karem Roca es fundamental en el proceso que tendrá a Vizcarra como principal imputado al término de su mandato. Pero es el personaje más débil de la trama, y embates desde el Estado la han hecho retroceder. Ya le pidió disculpas por escrito al Ministro de Transportes, Carlos Estremadoyro, por comentar que era el cajero del Presidente. Y también a la Marina de Guerra, que la había amenazado con un juicio por decir que hacía interceptaciones telefónicas en Palacio de Gobierno. Afronta otra demanda del abogado compadre del gobierno, Luis Jo. Su otrora defensor, Fabio Noriega, ha desaparecido. No sorprendería que Roca suscriba otra carta notarial declarando que inventó lo que dijo de la Fiscal de la Nación. Estos desmentidos no son necesariamente creíbles, porque fueron hechos bajo presión.
Es diferente el caso de Mirian Morales, la ex Secretaria General de la Presidencia, quien goza de un abogado pagado por el Estado, hasta por un monto de ochenta mil soles, de acuerdo con una resolución administrativa del 4 de septiembre.
Los defensores
Hay, pues, una imputada VIP. Es necesario que un Gobierno pueda financiar la defensa legal de un funcionario cuando es enjuiciado por el cumplimiento de responsabilidades. ¿Pero qué función estatal es la de componer versiones ante la fiscalía? (Aquí conviene una digresión: la medida fue aprobada por Asesoría Jurídica del Despacho Presidencial, desempeñada por Pedro Angulo de Pina, un abogado sin ninguna experiencia para el delicado cargo. Días después fue nombrado reemplazante de Mirian Morales, pese a que, como indica su hoja de vida, colgada en la página web de Palacio de Gobierno, nunca gestionó una oficina pública o privada, grande o pequeña).
Esta subvención se suma a los anteriores setenta mil soles que el MTC aprobó a Mirian Morales para financiar su defensa legal por la contratación irregular de su cuñada cuando estuvo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en 2017. El documento probatorio, que no está colgado en la web del MTC, pero que fue confirmado por una fuente autorizada, es una resolución directoral. Así, para defender a Mirian Morales, el Estado gastará casi tanto dinero como ganó, sin trabajar, Richard Swing. (Segunda digresión: uno de los filones más interesantes de la investigación es cómo este amigo de Vizcarra financia su abogado y sus gastos personales. Diera la impresión de ser mantenido por un benefactor).
Cuestiones de fondo
El segundo suceso revelador es la remoción de la fiscal Rocío Sánchez en el caso de Los Cuellos Blancos. Hay cuestiones de fondo y de forma. En el fondo, como se adelantó en esta página, la Fiscal de la Nación tiene conflicto de interés porque al menos un testigo de la fiscal Sánchez brinda pistas de un posible favorecimiento de José Luis Cavassa, en 2013, para que fuera nombrada Fiscal Suprema por el Consejo Nacional de la Magistratura. Volveremos más adelante sobre este episodio.
Otra cuestión de fondo es que Jesús Fernández, el Fiscal Supremo Provisional que investiga a una porción de aforados, tiene un enfoque diferente al de Rocío Sánchez, cuyos imputados no gozan de ese privilegio. Fernández trabaja a partir de la narrativa del ex Presidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos. Sánchez, desde audios y testimonios reservados. (Tercera digresión: ¿aportará algo el dirigente del Partido Morado, Julio Guzmán, en apoyo de la denuncia que hizo en 2016, según la cual quisieron cobrarle para que el jurado electoral lo dejara participar en las elecciones de ese año? Jesús Fernández, entonces miembro del JNE, fue el ponente de su exclusión. Había razones para ello, como aquí se dijo, pero acreditadas voces opinaron que ese formalismo era fraude. En el despacho de Rocío Sánchez hay una pista insospechada, que no comprometería a Fernández).
El rol de la JNJ
Las diferencias de estrategia, sumadas a los conflictos de interés, fueron encarados torpe, brutalmente: Fernández pidió prisión preventiva para los testigos de Sánchez, que entraron en pánico. La Fiscal de la Nación empoderó a la entusiasta ex adjunta, Sandra Castro, quien se abalanzó a la mala sobre los cuadernos de colaboración. Es falsa la figura de dos fiscales rivales que se pelean. El discurso oficial del Ministerio Público pretende transformar a una de sus heroínas en villana, mediante procesos arbitrarios, a juzgar por el minucioso relato de Sánchez especialmente en La Voz del 21, entrevistada por Álvaro Reyes. Si no apelaba a la prensa, la iban a botar sin miramientos. Algo tendría que decir la Junta Nacional de Justicia, si el conflicto continúa.
Caso Los Cuellos Blancos: Las pugnas entre los fiscales que divide la investigación
Por Giovanna Castañeda Palomino– Diario El Comercio.
Las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro se habían mostrado en los últimos dos años como la dupla que le hacía frente a los Cuellos Blancos del Puerto. Unidas. Imperturbables. Esa imagen de unión ha pasado a ser historia en menos de un mes: ahora están enfrentadas y el liderazgo de esta pesquisa, así como su avance, son cada vez más inciertos.
El Comercio ha podido documentar las últimas acciones y cuestionamientos entre los investigadores de este llamado equipo especial del caso Los Cuellos Blancos, también conformado por el fiscal supremo provisional Jesús Fernández. Mientras tanto, nuevos operativos contra esta mega investigación siguen en suspenso.
Pedidos en 24 horas
El pasado 9 de septiembre la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió nombrar a Castro coordinadora a nivel provincial de las fiscalías a cargo de Los Cuellos Blancos del Puerto. Sin embargo, desde el 5 de noviembre del 2019, según pudo verificar este Diario, la fiscal Sánchez le había solicitado la “necesidad” de designar un fiscal coordinador.
El oficio enviado en noviembre del 2019 por la fiscal Rocío Sánchez a la fiscal de la Nación señalándole que era necesario que el equipo especial tenga un coordinador (Fuente: El Comercio).
El nombramiento ocurrió días después de que la Oficina de Control Interno del Ministerio Público abriera una indagación preliminar de oficio -la primera- contra Sánchez por la presunta infracción a sus funciones. El origen fue el chat de WhatsApp difundido por el programa “Panorama”, en el que la fiscal conversa con Carlo Magno Salcedo, abogado del Partido Morado. En este, Salcedo le consultó a Sánchez sobre una llamada de la fiscalía que recibió su patrocinado Julio Guzmán para enviarle un documento. “No se trata de cualquier chat, no podemos ponernos una venda en los ojos ni tampones en los oídos. Es el asesor de un partido político”, dijo Castro el lunes en Canal N.
El mismo día que salió el nombramiento, empezaron los pedidos de Castro que han terminado en otra investigación -la segunda- del Órgano de Control Interno contra Sánchez también por presunta infracción a sus funciones. Ese 9 de septiembre, la nueva coordinadora hizo “una visita protocolar” a Sánchez y envió un oficio para solicitarle que en un plazo de 24 horas remita el número de carpetas que existen “debiéndose informar el número de procesos especiales con el que cuenta cada carpeta”. Es decir, incluidos los procesos de colaboración eficaz.
En ese momento empezaron los oficios de ida y vuelta: Castro reiterando su pedido con carácter de “muy urgente” y con el plazo de 24 horas; Sánchez pidiendo precisiones y un plazo razonable. Por esto inició la segunda indagación preliminar contra Sánchez: “por no haber dado cumplimiento de manera oportuna y completa” a lo dispuesto por Castro.
Cuando las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro se mostraban juntas en eventos públicos. Fueron la dupla que empezó con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto (Fuente: Archivo El Comercio).
En su resolución del 15 de septiembre, el órgano de Control Interno indicó que Sánchez envió el reporte, pero que Castro señaló que la información “no estaba completa, dado que requería principalmente los cuadernos reservados de colaboración eficaz de testigos en reserva y otros similares” que correspondan a cada carpeta a cargo de Sánchez.
Una semana después, el 23 de septiembre, Castro dispuso que al haber pasado diez días y Sánchez no entregaba lo requerido, “todas las carpetas reservadas” se mantengan bajo su custodia. Estas nuevamente tenían que ser entregadas en 24 horas.
El último pedido de Castro a Sánchez fue enviado el 28 de septiembre, bajo los mismos términos. “Hay algunas personas que no les gusta tal vez trabajar en equipo y es ahí donde se incomodan porque el trabajo tiene que ser coordinado. Por eso se llama equipo especial. El caso no es del fiscal, es de la institución. Ningún fiscal es indispensable”, dijo Castro el lunes en Canal N.
Este Diario buscó a la coordinadora, pero no atendió las llamadas ni los mensajes. También buscó a la fiscal de la Nación a través de su asesor de prensa y no tuvo éxito. En su última declaración sobre el equipo especial Los Cuellos Blancos del Puerto, Ávalos remarcó que lo que ha hecho es “fortalecer” y que “no ha sacado” a Sánchez. “Simple y llanamente está Sandra que ha trabajado esta investigación. Están trabajando a veces hay cuestiones personales pero que se tienen que ir limando”, respondió en Cuarto Poder.
El último oficio enviado el lunes 28 de setiembre por la fiscal Sandra Castro a la fiscal Rocío Sánchez (Fuente: El Comercio).
Uno de los casos que, por orden de Castro, podría perder según Sánchez y pasar a manos de otro fiscal es la carpeta “madre” -como la llaman- en la que inicia Los Cuellos Blancos del Puerto y se han emitido más de treinta disposiciones. Otro importante caso -advierte Sánchez- es el que tiene su despacho sobre la infiltración de esta red en el Jurado Nacional de Elecciones. Para Sánchez, el empezar esta arista de la pesquisa “coincide en fechas” con todo lo que se ha iniciado en su contra. “Tengo derecho a decir con qué caos puedo quedarme porque conozco muy bien. No hay respeto al trabajo, al tiempo, al avance”, señala la ahora fiscal investigada.
La ampliación
La última decisión de la Oficina Desconcentrada de Control Interno ha sido el lunes 28, cuando decidió ampliar la investigación contra Sánchez. Esta vez porque se advertía que los fiscales superiores y supremos asignados a la investigación comunicaron a la Fiscal de la Nación que “enfrentan serias dificultades para avanzar sus indagaciones debido a que la fiscal Sánchez no suele responder a sus requerimientos de información”.
Según el documento, el fiscal supremo Jesús Fernández -quien pertenece al equipo especial- “se habría quejado” sobre la actuación de la fiscal Sánchez. “No se le habría comunicado que los exasesores del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Pablo Morales Vásquez y Miguel Torres Reyna estaban en condición de colaboradores eficaces”, señalan.
Hace un mes, Fernández pidió prisión preventiva contra Morales y Torres por el nombramiento presuntamente irregular de los fiscales Juan Canahualpa Ugaz y Armando Mamani Hinojosa. El fiscal supremo sostuvo que los elementos de convicción fueron admitidos por el Poder Judicial, así como la prognosis de pena, pero que fue por un tema de salud que se dispuso comparecencia con restricciones. La apelación a esta decisión le correspondía al fiscal supremo Pablo Sánchez. Sin embargo, según confirmó Fernández, el exfiscal de la Nación desistió de hacerla.
El fiscal supremo provisional Jesús Fernández Alarcón investiga a exmagistrados implicados en el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Asegura que su estrategia no está en contra de la fiscal Rocío Sánchez (Fuente: Archivo El Comercio).
“No me he quejado [contra Rocío Sánchez]. He presentado un informe”, dijo Fernández a El Comercio. Aseguró que fue en agosto del 2019 y que no obtuvo respuesta de parte de Sánchez sobre la condición de Morales y Torres. Tampoco -señaló- le envío transcripciones de audios requeridas por su despacho. “Pedir la prisión no fue para perjudicarla, sino al contrario. Yo iba a corroborar que ellos cometieron un delito con la entrega de dinero. Es un apoyo ¿no? Es falso e incorrecto decir que mi estrategia está en contra de la fiscal Sánchez”, sostuvo Fernández. Para el fiscal supremo, “están tratando” de dividirlos y enfrentarlos. “Esto es una mafia, una organización criminal, es evidente que alguien quiere sacar provecho de esto”, agregó.
Sánchez señaló a este Diario que la versión de Fernández sobre sus pedidos no es cierta. “Sí le he contestado. Le dije que [los investigo] por organización criminal, no por el caso del fiscal Canahualpa. Ellos están en una carpeta reservada. Qué le costó llamarme para decirme que no le he precisado bien”, manifestó. “Las defensas sí coordinan. ¿Cómo no coordinamos los fiscales?”, se preguntó Sánchez. Sobre las transcripciones de los audios, indicó que tiene los oficios del grupo Constelación de la Policía para certificar que sí se atendieron sus pedidos. “Son un montón. Yo no soy su adjunta. [Algunos números] o no existían o el número no coincidía. Esos son los pedidos que dicen que no contesto. Si no existe o si son timbradas, ¿en qué aportan a su investigación?”, agregó.
El caso Cuellos Blancos es una investigación compleja porque no solo investiga a abogados, empresarios u operadores. También implica, por ahora, a un exjuez supremo como César Hinostroza, exjueces superiores, exfiscales. Por ello, quienes conforman el equipo especial no solo son fiscales provinciales -como Rocío Sánchez o Sandra Castro- sino que son superiores o supremos, como Fernández o Pablo Sánchez. Para el exfiscal supremo adjunto Avelino Guillén, esta “falta de coordinación y liderazgo” es responsabilidad de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos y que ello “perjudica” la pesquisa.
“Nunca se ha tenido claro quién es el responsable del caso, quién es el vocero. Los jueces han hecho ver discrepancias en las estrategias de los fiscales. No hay un plan de trabajo, no tienen un objetivo. Este caso avanza como puede. Todo genera una sensación de caos y desorden que se van sentir más cuando se pase a la etapa de juzgamiento. A la fiscal de la Nación le corresponde poner orden”, precisó Guillén. “Si bien nadie es indispensable, debe valorarse que es lo mejor para la institución. La desunión favorece a la corrupción”, agregó.
El último documento que le ha llegado a la fiscal Rocío Sánchez ha sido una notificación de la Oficina de Control Interno para indicarle que un testigo quien tendría pruebas declarará en el proceso disciplinario por el chat del WhatsApp. “Nunca ha ocurrido esto”, aclara. “Tengo dos años y medio y las defensas no me han podido tumbar nada. Mi propia institución es la que me desacredita”, remarcó.
TRES REQUISITOS
Cuando se trata de auscultar el gobierno de Vizcarra, hay que mirar tres fuentes: primero Moquegua, luego el gobierno de Humala y la Universidad Católica, ese think tank especializado en la producción abogados y “científicos sociales” de marca caviar. La abogada Fabiola Morales Dodero reúne los tres requisitos como para ser ministra del vizcarrato y su vocera, por encima de Relaciones Exteriores, en el pretendido acuerdo de Escazú que pretende quitarnos soberanía en nuestra selva amazónica.
SERVIDORA DEVOTA
Fabiola Morales estuvo pues en las reuniones clave de Escazú tras el paraguas de ser ministra del Ambiente del moqueguano. Recordemos que el hecho de meter sus narices en temas medioambientales y de derechos humanos viene de antaño, desde el gobierno de Alejandro Toledo, a quien sirvió devotamente, como todo y toda ‘caviar’, en el Ministerio de Agricultura entre los años 2002 y 2005.
OTRO BANDIDO
Eran años en que los conflictos mineros empezaron a declinar al compás del inicio del boom de la minería que duraría hasta el gobierno de Humala, que le entregó la dirección de la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre que devendría en el actual SERFOR (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre), esto entre el 2014 y 2016, hasta que llega al pináculo del poder apoyando al dúo PPK-Vizcarra.
ÚLTIMO RÍO LIMPIO
La señorita Fabiola, en el ínterin, olió otra veta que sus camaradas de “La Cato” odiaban: el empresariado minero. Ella no le hizo ascos y se puso a trabajar con Angloamerican-Quellaveco, en Moquegua, en la gerencia de Relaciones Comunitarias. De ahí viene su amistad con Vizcarra, a quien apoyó en tanto gobernador regional para la licencia social y de construcción para la transnacional que está ubicada en la naciente del río Asana, que era el último río limpio de la zona y que ahora está contaminado. Gracias Fabiola.
LA CHICA DE AMBIENTE
Como amor se paga con amor, incluido en política, tanto Angloamerican como un desconfiado Vizcarra, hombre de muy pocos amigos, coinciden en la necesidad de tener a Fabiola en Lima, nada menos que en el estratégico Ministerio del Ambiente que tanto temen los empresarios mineros por el tema urticante de los conflictos sociales que allí se reproducen manipulados por la izquierda caviar y extremista.
¿OTRA CIDH?
Volviendo a Escazú, no obstante que Fabiola Muñoz estuvo en un ínterin en Agricultura, siendo una ágrafa en política agraria, su agenda seguía siendo el tema del medioambiente y los derechos humanos, y con esa agenda trabajó, en silencio, con el aparatchik caviar de los organismos internacionales, el acuerdo de Escazú, que se resume en garantizar la aplicación de los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en los pueblos indígenas y nativos. Es la versión de la CIDH en materia ecologista. No pues. El Perú no puede volver a ceder en soberanía jurídica menos aún territorial.
Fuente: Diario EXPRESO.
Juzgado admite acción de amparo de exdirector del SERFOR contra Martín Vizcarra y Jorge Montenegro
El Décimo Juzgado Constitucional de Lima admitió a trámite la acción de amparo interpuesta por el ex director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), Luis Alberto Gonzales Zúñiga, contra el Presidente de la República, Martín Vizcarra, y el ministro de Agricultura, Jorge Montenegro, por haberlo cesado intempestivamente en el cargo, al cual había accedido mediante concurso público para un período de cinco años.
La resolución del juez Iván Cabrera Giurisich, titular del juzgado mencionado, da un plazo de cinco días a los demandados para que, conforme lo establecido en el artículo 53 del Código Procesal Constitucional, expresen sus descargos.
La demanda fue presentada por Gonzales Zúñiga el 09 de julio de este año, luego de que el 05 de junio fuera cesado en sus funciones sin que se mediara explicación alguna, según denunció el exfuncionario.
En declaraciones a RPP Noticias, el día que se hizo oficial su cese en el cargo, Gonzales Zúñiga calificó de “sorprendente” su salida del Serfor y consideró que existían “intereses económicos” detrás de la decisión del Gobierno.
El exfuncionario recordó que el 3 de marzo fue llamado de manera súbita por la viceministra de Políticas Agrarias del Minagri, Paula Carrión Tello, quien directamente solicitó su renuncia. Pero él indicó que salvo hubiera cometido una falta grave entonces presentaría su dimisión.
“Apenas asumo esta responsabilidad, sabía que nos íbamos a enfrentar a intereses muy fuertes. El 70% de toda esas actividades se desarrollan en un marco de ilegalidad e informalidad y en el sector forestal eso debe ser del 80%”, dijo.
Luis Alberto Gonzáles Zúñiga asumió sus funciones el 1 de febrero del 2019 tras un concurso público. Su periodo debería haber culminado el año 2024. Su cese intempestivo fue cuestionado por organizaciones de la sociedad civil y de comunidades indígenas defensoras de temas forestales.
La acción de amparo, admitida el último 4 de septiembre, busca dejar sin efecto la resolución de cese firmada por el Presidente de la República y el titular de Agricultura y que se reponga a Gonzáles Zúñiga en la Dirección Ejecutiva de la autoridad forestal.
Fuente: Radio Programas del Perú.