Por DOMINGO GARCÍA BELAUNDE- Diario EXPRESO.
Como todos recordamos, el 30 de septiembre de 2019 fue un día memorable para la política peruana. Después de varias vacilaciones y fiascos, el presidente Vizcarra decidió cerrar el Congreso, pues era “obstruccionista”, es decir, no lo cortejaba ni era su incondicional.
Solo faltaba buscar el momento adecuado. Contaba para eso con unos cuantos incondicionales que lo harían en el mejor estilo… Y la ocasión fue el momento en el cual se finalizaría el proceso de elección de magistrados constitucionales, iniciado seis meses antes. Y un pretexto: faltaba transparencia y participación (sic).
Nadie sabía qué era eso, pero había que decirlo, y además en forma solemne y voz engolada. Y eso fue lo que se hizo el 27 de septiembre en forma pública. Y se concretó la mañana del día lunes en la mañana en donde, precisamente, iba a interrumpir la agenda del Congreso, para lo cual no tenía ningún poder ni facultad. Pero sí tenía gente que lo haría, si bien a codazos.
La doctrina acepta hoy en día que existen varios golpes de Estado, mejor dicho, varias modalidades. Una de ellas es la disolución del Congreso por causales no previstas en la normativa constitucional. Y esto es precisamente lo que acepta, en puridad, la ponencia presentada por el magistrado Ramos. Esta ponencia, inmensa y fatigante, es una clara muestra de lo que no se puede hacer: las sentencias no tienen por qué ser didácticas. Además, hubo un “relleno” innecesario con datos históricos y comparados que a nadie importa. Y la parte final que son pocas páginas y lo que vale realmente, es lo que es la ponencia en sí. Y en este apartado se acepta que no se puede interrumpir una agenda, ni tampoco una elección y menos aún proponer algo que no compete al Ejecutivo. Pero continúa: sí…, había que hacerlo porque lo requería el interés nacional… el pueblo lo reclamaba… y a gritos. Con lo cual estamos haciendo una falacia ad populum.
Al margen de lo anterior, la ponencia no expresa mayor preocupación por lo que puede venir en el futuro. Y me refiero a que se repita el caso de un presidente autoritario y que haga lo mismo. Pienso que lo que debe hacerse es modificar el artículo 134 de la Constitución y retomar su sentido originario: solo procede para dos nuevos consejos de ministros que van a exponer la nueva política a aplicar.
Y si bien en los momentos en que escribo este texto no he visto la versión final de la sentencia, ya se sabe el resultado 4-3, en la cual Vizcarra aparece bendecido por esta sentencia política que favorece la arbitrariedad.