Fiscales conocían de corrupción en diez proyectos

Por MARÍA TERESA GARCÍA- Diario EXPRESO.
Los fiscales del equipo especial Lava Jato, en especial Rafael Vela y Domingo Pérez, conocían que existieron hechos de corrupción en los diez proyectos otorgados a las constructoras brasileñas, especialmente a Odebrecht, y pese a ello ocultaron la información.
Esto debido a que la Comisión Lava Jato presentó su informe final en agosto de 2018, estableciendo de manera detallada las responsabilidades de altos funcionarios en hechos de corrupción en todos los proyectos a cargo de las empresas brasileñas.
No obstante, tres meses después, el equipo especial Lava Jato, la procuraduría ad hoc y representantes de Odebrecht pactaron los términos del acuerdo de colaboración que permitiría que la constructora brasileña brinde información para las investigaciones por los sobornos que pagó en el Perú a cambio de la licitación de obras de infraestructura.
La primera reunión se llevó a cabo el 28 de noviembre de 2018. Al día siguiente, vía telefónica, se cerraron los detalles para la preparación de un borrador del documento en la primera semana de diciembre.
Los indicios, evidencias y hasta pruebas que aportó la Comisión Lava Jato del Congreso en casi todos los proyectos, fueron desestimados por los fiscales del equipo junto a la Procuraduría ad hoc del mismo caso, que terminaron firmando un acuerdo de colaboración de 17 páginas con Odebrecht.
Como se sabe, el acuerdo de beneficios y colaboración eficaz sostiene que la empresa brasileña entregará información sin restricciones y documentación crucial, sobre el pago de sobornos a funcionarios peruanos de todos los niveles.
Entre los hechos delictivos a los que está relacionado el acuerdo se encuentran la adjudicación y realización de los proyectos de mejoramiento de la Vía de Evitamiento de Cusco, la Costa Verde tramo Callao, el Corredor Vial Interoceánico Sur (tramo 2 y 3) y la Línea 1 del Metro de Lima (tramos 1 y 2).
El 15 de febrero de 2019 se firmó en la sede del consulado del Perú en Sao Paulo, Brasil, el acuerdo de beneficios y colaboración eficaz con Odebrecht y el 19 de junio se homologa debiendo la constructora carioca pagar una reparación civil de por lo menos 760 millones de soles (incluyendo los intereses legales) al Estado peruano.
Ni a los citados fiscales ni a la Procuraduría ad hoc para el caso Lava Jato, les importó que, en agosto de 2018, la Comisión Lava Jato, presidida por Rosa Bartra, presentara las conclusiones de su investigación la cual duró casi dos años, sobre las siguientes obras: “Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos. Trasvase e Irrigación”; “Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú–Brasil. Tramos 2, 3 y 4” y “Proyecto Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao Línea 1, Tramos 1 y 2”.
Asimismo, “Proyecto Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima”, “Proyecto Energía de Centrales Hidroeléctricas Central Hidroeléctrica Chaglla”, “Mejoramiento de la Capacidad Resolutivo de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1-Cusco”, “Instalación de un Centro de Convenciones en Lima-Perú”, “Proyecto Chavimochic Tercera Etapa”, “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano” y “Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético de Alto Piura”.

BENEFICIOS

Para el exintegrante de la Comisión Lava Jato, Víctor Andrés García Belaunde, la enorme corrupción de la empresa brasileña Odebrecht también se extendió a la Fiscalía, que terminó beneficiando a la constructora.
“Sabiendo de la penetración mafiosa de Odebrecht, al parecer ha penetrado también en la Fiscalía, y están sacando resoluciones que lo favorecen. Todo esto favorece económica y judicialmente a Odebrecht. Es un blindaje de hecho. Hay que recordar de Barata que no se pudo efectuar el embargo de sus bienes y los jueces levantaron esta medida. Creo que el acuerdo debe publicarse porque si no estamos todos especulando”, sostuvo.
Al consultarle sobre la información propalada por el periodista ecuatoriano Andersson Boscán en su portal La Posta, en cuanto a la desaparición de importante información del sistema Drousys sobre tres proyectos peruanos, el congresista acciopopulista dijo que los fiscales debieron haber imaginado que eso sucedería.
“Debieron intuirlo. Si tratan con una banda de delincuentes, qué esperaban al final, ¿ganar la partida? Yo creo que si sabían [de la desaparición de información en ese sistema]. No nos olvidemos que [el consorcio peruano] Graña y Montero hizo lo mismo, borraron una serie de deudas y luego dijeron que no había nada”, indicó.
Cabe indicar que Andersson Boscán publicó en Twitter lo siguiente: “También en Perú hubo información y comunicaciones borradas por Odebrecht como revelamos en #BriberyDivision Chavimochic, Gasoducto del Sol (Sur), y Vía de Lima entre las obras ocultadas. ¿Y el acuerdo con la justicia?”
García Belaunde parece responder la pregunta del periodista ecuatoriano.
“Hay muchos intereses en el Gobierno que han alentado a firmar ese acuerdo que favorece a Odebrecht y compañía”, sostuvo el legislador acciopopulista.

TRANSFERENCIAS POR GASODUCTO

Hace poco se conoció que la constructora Odebrecht, la cual no reconocía actos de corrupción respecto al Gasoducto del Sur, efectuó 17 transferencias de dinero que suman 3 millones 70 mil dólares, realizadas entre el viernes 19 de septiembre y miércoles 12 de noviembre de 2014, es decir poco más de tres meses luego del otorgamiento de la buena pro de la referida concesión a Odebrecht, proceso realizado durante el gobierno humalista.
Sobre el tema, García Belaunde se mostró pesimista con respecto a una probable inclusión del proyecto Gasoducto Sur Peruano en el acuerdo ya homologado o en uno nuevo.
“Si en caso se incluyera en el acuerdo, ¿qué se le va a quitar a Odebrecht? Porque los privilegios van a continuar. Todo esto fue dicho desde un primer momento; peor, hubo un total respaldo al acuerdo y a los fiscales como si su palabra fuera divina. Si Odebrecht es campeona de la coima en el mundo, ¿por qué no va a intervenir en juicios a favor de ellos?  Ya se llevaron la mejor obra que es Chaglla y ya han vendido la mitad de Rutas de Lima.  La reparación civil son solo migajas”, sostuvo.

MÁS COIMAS SIN CASTIGO

Hace unos días, el economista Manuel Romero Caro indicó que en la época en que Hamilton Castro dirigía el equipo Lava Jato se iban a incluir 20 proyectos, entre los que estaba el Gasoducto Sur Peruano (GSP). Sin embargo, lo habrían retirado del equipo especial por insistir en que se incorpore en el acuerdo.
En su blog Atalaya Económica, detalla que “hasta el momento ya tenemos seis proyectos (y todo indica que aparecerán más), cifra mayor que los cuatro del Acuerdo”.
Además de ello, recuerda que la cifra que implicaba la reparación civil era por S/ 3,468 millones, pero que hasta el momento suman S/ 610 millones.
“El superintendente de Odebrecht en Perú ha manifestado que entregó las planillas de pagos secretos a la Fiscalía el 12 de junio (y creo que los fiscales ya lo sabían antes). Por lo que el equipo Lava Jato tuvo tiempo suficiente para armar un plan de control de daños ante el escándalo que se iba a producir cuando se difundieran esos pagos secretos y dijo que los pagos secretos ‘no necesariamente son sobornos’”, expresó.

Desaparece valiosa información

De acuerdo con lo manifestado por el periodista ecuatoriano Andersson Boscán, Odebrecht borró datos incriminatorios de los proyectos Chavimochic, Gasoducto del Sur y Vías Nuevas de Lima.
Con respecto al proyecto Gasoducto Sur Peruano, la Comisión Lava Jato recomendó al Ministerio Público investigar al expresidente Ollanta Humala Tasso, por el presunto delito de colusión agravada ya que se reunió con Marcelo Odebrecht hasta en dos reuniones en Palacio de Gobierno (28 de marzo y el 9 de agosto de 2012).
“En el desarrollo y ejecución de este acuerdo, habrían participado en diversas formas los ministros miembros del Consejo de Directivo de Proinversión”, señala tras indicar que posteriormente estos funcionarios habrían beneficiado a la constructora brasileña.
En el caso de Nadine Heredia, esposa de Ollanta Humala, la comisión presume la realización del delito de lavado de activos y tráfico de influencias que alcanza a parte de su entorno más íntimo.
En cuanto al proyecto Vías Nuevas de Lima, en lo referido a la gestión municipal del 2011 al 2014, se encuentran varios delitos entre los cuales está el de presunto lavado de activos en el caso de la exalcaldesa Susana Villarán.
Según el documento, durante la gestión de Villarán como alcaldesa de Lima, se firmó el contrato de concesión del proyecto Vías Nuevas de Lima con el consorcio Rutas de Lima, perteneciente a Odebrecht. Este contrato contiene una serie de cláusulas que estarían beneficiando al concesionario. La firma de este contrato, así como la adenda al contrato de concesión del proyecto de Línea Amarilla, se produjo en el contexto del proceso de revocatoria a la alcaldesa y los regidores de Lima.
De acuerdo a la investigación, Susana Villarán, en su rol de alcaldesa de Lima, “se habría interesado indebidamente en el proyecto Vías Nuevas de Lima interviniendo en la negociación, firma de contrato de concesión y ejecución del contrato de manera indirecta”.
Sobre el proyecto Chavimochic III Etapa, este tuvo como finalidad ampliar la frontera agrícola, abastecer de agua potable a la ciudad de Trujillo y generar energía eléctrica para los pueblos de La Libertad y del Santa; sin embargo, debido a una deficiente elaboración de las bases y contrato para la concesión del citado proyecto, por parte de los funcionarios de Proinversión y del Gobierno Regional de La Libertad, sobre todo en los temas relacionados con la entrega de terrenos y cierre financiero, generó la paralización de la obras y por ende un perjuicio al Estado ascendente a US$ 226’100,958.90.
Al respecto, el grupo indagador recomendó a la Fiscalía investigar por los delitos de colusión y negociación incompatible a “Huber Arnaldo Vergara Díaz, en su condición de exgerente general del Proyecto Especial Chavimochic; Amilcare Armando Gaita Zanatti, en su calidad de funcionario del Proyecto Especial Chavimochic; Gonzalo Luis Felipe Pita Chávez, en su condición de funcionario de Proinversión; Carlos Miguel Puga Pomareda, en su calidad de presidente del Directorio del Comité Pro Integración de Proinversión; y de Gibran José Loor Campoverde, representante legal del consorcio Río Santa Chavimochic”. 

Reparación civil de Odebrecht sin respaldo

Por MANUEL ROMERO CARO– Diario Gestión.
Existen financiamientos con garantías cruzadas en el Grupo que podrían generar un “efecto dominó”.
El anuncio que el Holding Odebrecht se acogió a la Ley de protección de quiebras de Brasil, es una etapa más hacia la cesación total de pagos. Es que un grupo al que le cortaron sus contratos con los gobiernos, prácticamente le cerraron nuevos financiamientos, y le aumentaron los gastos por los pagos de Reparaciones Civiles con los países con los que suscribió acuerdos, era solo cuestión de tiempo para se cayera el castillo de naipes. Y las ventas de activos y el recorte de gastos no han podido financiar el déficit generado. Por lo que una a una diversas compañías del grupo han tenido problemas de liquidez y algunas se han acogido a la Ley de quiebras.
Las consecuencias
Al anunciarse la “quiebra” del Holding Odebrecht, el equipo Lava Jato y sus adláteres (los que ya tenían conocimiento anticipado que se venía dicha medida), empezaron con su plan de control de daños. Una primera jugada consistió en lograr rápidamente que el Poder Judicial aprobara el Acuerdo suscrito con Odebrecht. Lo que se concretó. Lo menos que se esperaba era que el Poder Judicial presentara algunas observaciones a dicho Acuerdo. Lo que hubiera permitido renegociar algunos abusivos aspectos del mismo. Por ejemplo, la ciudadanía quiere conocer la verdad de los 64 proyectos que ejecutó Odebrecht en nuestro país. Y no solo el 6.2% de la verdad (que es lo que representan los 4 proyectos del Acuerdo). Desafortunadamente la aprobación sin observaciones del Acuerdo origina que nunca conozcamos a todos los corruptos que habrían recibido coimas en los demás proyectos que ejecutó Odebrecht.
Una segunda jugada del equipo Lava Jato, en la que no ha tenido éxito, ha sido ha sido en tratar de convencer a la opinión pública que el pago de la Reparación Civil está asegurado. Es que sus argumentos son muy débiles. Por ejemplo en una entrevista ofrecida por el Procurador Ramirez (LR 20.06.19), manifiesta que si Odebrecht es absorbida o se vende, la nueva empresa adquiere la obligación de pagar la Reparación Civil. Esto no es ninguna novedad porque en una hipotética compra se asumen no solo los activos sino los pasivos y las numerosísimas contingencias que existirían en este caso (¿quién querría comprar Odebrecht en las condiciones actuales?). Pero sobre todo porque en los más de 5 años desde que se inició el caso Lava Jato y los 2.5 años desde el convenio en el que admitía los sobornos otorgados a diversos países, Odebrecht ha hecho todos los esfuerzos por vender sus empresas para evitar tener que recurrir a la protección de la ley de quiebras de Brasil. Sin haber poder evitarlo. Obviamente primero ha vendido lo que más rápidamente se podía concretar, y cuando la situación financiera del grupo no era tan crítica. Pero ahora, cuando la sangre ya está en el agua, muchos tiburones intentar imponer sus condiciones. Es así que un activo como Braskem no pudieron venderlo, lo que originó la última crisis de liquidez del grupo. Es por ello que en las condiciones actuales será más difícil concretar las ventas. Además, propuestas como la de vender las interoceánicas para poder pagar la Reparación Civil, resultarían insuficientes para su monto e intereses. Asimismo, como lo admiten los propios representantes de dicho grupo, el prolongado trámite por el que ha pasado Chaglla ha desanimado a potenciales compradores (especialmente fondos de inversión). Por lo que esta alternativa tampoco serviría para respaldar la Reparación Civil.
Otro argumento de Ramirez, que tampoco soluciona la falta de respaldo de la Reparación Civil, es el referido a que “si bien la constructora Norberto Odebrecht es una unidad de la empresa Odebrecht, las deudas son independientes, cada empresa responde por su patrimonio y sus obligaciones” (La República 20.06.19).
Sin embargo no es extraño que en un grupo como el de Odebrecht los préstamos a las empresas de menor dimensionamiento del grupo sean garantizadas por las de mayor dimensionamiento. Es así que Atvos, la unidad de etanol de Odebrecht SA ha tenido que recurrir a un pedido de recuperación judicial. Pero la empresa matriz de Atvos garantiza US$ 2,700 millones de sus préstamos. Es así que una declaración de bancarrota pondría en peligro a su matriz. Y existe un conjunto de financiamientos con garantías cruzadas en el Grupo que podría generar un “efecto dominó”. Por lo que le recomendamos a Ramirez que se informe bien antes de efectuar declaraciones tan importantes. Sugerimos la lectura de Gestión.pe (especialmente sus ediciones del 23 y 29 de mayo), o de Valor Económico, en su edición del 30.05.19 , que tratan sobre estos temas.
Por lo que afirmamos nuevamente que la muy disminuida Reparación Civil que Odebrecht se comprometió a pagar al Estado peruano no está respaldada.
Consecuencias de la recuperación judicial iniciada por la holding Odebrecht S.A.
El Procurador Ramirez continuó con su infructuosa campaña para demostrar que la Reparación Civil sí tiene respaldo. Lo hace en una nueva entrevista (El Comercio 21.06.19). Por lo que continuaremos con el tema.
Ramirez manifiesta que si Odebrecht no paga la Reparación Civil “el Acuerdo con Odebrecht será revocado”. En ese caso, siguiendo su lógica, el problema sería que Odebrecht ya “no tendría ningún interés en seguir contribuyendo a la justicia peruana”, lo que entorpecería los procesos judiciales. Asimismo precisa que “en el supuesto negado que la matriz quiebre en 2 o 3 años; los nuevos propietarios no pueden desconocer las deudas de sus unidades comerciales”. Eso sucedería en el muy improbable caso que hubiera alguien interesado en comprarla. Pero estando en cuasi quiebra y con las numerosas contingencias que tendría que asumir el hipotético nuevo dueño, lo más probable es que nadie compre dicha matriz.
Asimismo precisa que si en el futuro se acreditara la responsabilidad penal de Odebrecht en otros proyectos que no están en el Acuerdo, el monto de la reparación puede ser incrementado. Pero sino van a poder cumplir con lo ya acordado, menos podrían pagar una Reparación Civil ampliada.
Sin compensación extrapatrimonial
La reciente publicación de los beneficios y obligaciones pactadas confirma el abuso del Acuerdo. Es así que se precisa que los S/610 millones de Reparación Civil cubren el daño patrimonial y extrapatrimonial causado. Esto es una vergüenza. Es que la Ley 30737 y su reglamento establecen fórmulas para compensar el daño patrimonial. Pero el daño no patrimonial: el daño a la imagen del país; a nuestra institucionalidad; la tremenda desconfianza de la ciudadanía al Gobierno y a los partidos políticos; la perversión de la población, pues si ellos roban, yo también, etc. ¿cómo los han calculado? ¿a cuánto asciende? Lo que se acaba de publicar confirma el abuso: no se consideró monto alguno para compensarla. El tema es más grave, porque en enero del 2018 el mismísimo Procurador Ramirez informó que habían concluido un estudio (con la asesoría de una prestigiosa universidad privada) que establecía que Odebrecht debería de pagar 3,468 millones de soles (unos 1,000 millones de dólares) por Reparación Civil por los daños y perjuicios causados al país. Aprecien la diferencia entre los ínfimos 610 millones de soles fijados por el fiscal Pérez, solo 17.5% del monto anterior. ¿Gran parte de la diferencia no se explicaría porque en los 3,468 millones consideraron los daños extrapatrimoniales? Qué vergüenza que poco tiempo después el mismo procurador Ramirez se quede callado en 7 idiomas y apruebe los abusos incurridos.
Otra característica del Acuerdo es que los beneficios no incluyen a otras empresas del Grupo Odebrecht en Perú. Afirmando que se podría solicitar reparaciones por hechos y materias distintos a los del Acuerdo. Pero lo que sucede es que el publicitado equipo Lava Jato solo se ha dedicado a priorizar los delitos vinculados a los proyectos que provienen de las delaciones premiadas recibidas (camino fácil), postergando a los delitos vinculados a investigaciones propias (que no han recibido información clave de Odebrecht), que son el camino más difícil y meritorio. Por lo que probar que hubo delito en las otras empresas del Grupo Odebrecht sería casi imposible. Y si por azar del destino se llegara a ello , considerando la actual situación y perspectivas del grupo, opino que en esa época Odebrecht ya no estaría operativa y sus empresas habrían entrado en cesación total de pagos.

Operación Lava Cara

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
La operación Lava Cara del Equipo Especial Lava Jato ha empezado a todo vapor luego de conocerse la investigación de periodistas ecuatorianos y del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) con sede en Washington D. C. sobre las mentiras de Odebrecht en torno a una serie de obras públicas. Entre las más importantes mentiras y obras públicas destacan la del Gasoducto Sur Peruano, que según Odebrecht no fue objeto de coimas –tal como se hizo explícito en el acuerdo de colaboración eficaz suscrito en Brasil con la empresa por el fiscal Vela y los procuradores del Estado peruano (15 de febrero). El referido instrumento fue homologado por una jueza nacional el 19 de junio.
El fiscal Vela, jefe del equipo especial, en una entrevista lava cara en el programa Cuarto Poder, afirmó este domingo que desde hace más de tres meses ya conocían los hechos que implicaban la mentira de Odebrecht, justificando increíblemente a la empresa bajo el argumento de que el acuerdo se había suscrito en los términos del “reconocimiento voluntario” de las coimas, es decir, que el Equipo Especial tomaría la palabra de Barata y la empresa como ciertas solo en lo que estos propusieran como verdades sin hacer nada para averiguar lo que incomodara a su colaboradora. Guante de seda para Barata y Odebrecht.
De lo que se trataba –siguió diciendo Vela con el mayor desparpajo– era de asegurar que lo que ya se sabía no se perdiera por falta de acuerdo, es decir, que los políticos que están presos preventivamente bajo la abusiva interpretación de “organización criminal” y “lavado de activos” por aportes de campaña siguieran en esa situación hasta el 2021. Si alguien se preguntaba para qué era el guante de seda he ahí la respuesta.
Pero lo más grave es que si todo esto ya se sabía en el Equipo Especial hace más de tres meses, ¿cómo así pudo haberse homologado por la jueza María Álvarez en los términos en los que fue presentado por el fiscal Vela (la Carretera Interoceánica Sur tramos 2 y 3, el Metro de Lima, la Costa Verde Callao y la Vía de Evitamiento Cusco) el 19 de junio? O sea, el acuerdo fue presentado al Poder Judicial para su homologación el 15 de marzo, aproximadamente el mismo tiempo que Vela reconoce (más de tres meses) que tuvo información de que Odebrecht mentía y que había ocultado información respecto al Gasoducto. ¿Le ocultó esa información a la jueza María Álvarez? ¿O no se la ocultó y actuaron ambos como en Brasil actuó Moro con Dallagnol? ¿Ese es el modus operandi de la fiscalía con el Poder Judicial?
Si fuese el primer caso –y Vela le ocultó información decisiva a la jueza para que homologue el acuerdo–, no solo debe renunciar sino que debe ser destituido y procesado ante la justicia. Y si María Álvarez conspiró con Vela para homologar el acuerdo días antes de que se supiera la noticia, la jueza debería seguir la misma suerte que Vela: destitución y procesamiento.
Lo que queda más claro que el agua es que el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht es un fraude cuyo objeto es político, a saber: mantener en la cárcel a los enemigos del presidente de turno con la comparsa de la mayoría de medios de comunicación que en el colmo del cinismo (ni con Montesinos) ahora dicen que es… ¡gracias al acuerdo que se ha podido saber de las coimas con el Gasoducto! La lavada de cara de los medios a Vela y al acuerdo no puede ser más grotesca y escandalosa.