Niñas awajún: víctimas sin justicia

Por Milagros Berríos- Diario La República.
No a la impunidad. Solo en dos años se han abierto más de 80 procesos contra profesores y administrativos acusados de violar a escolares en la provincia de Condorcanqui. La mayoría de docentes no tienen título universitario. La UGEL y Fiscalía dicen que no tienen recursos para llegar hasta las comunidades. Según la Defensoría, más de la mitad de casos ya han prescrito.
Delia esperó toda la tarde en la ribera del Cenepa, sentada en las gradas que dan la bienvenida a la comunidad awajún de Tutino, adonde solo te lleva el agua. El río se hacía más verde al caer la tarde, y los señores que horas atrás le prometieron buscarla no aparecían. Le habían dicho que espere, que pasarían por allí para llevarla junto a su hija a Bagua, donde atenderían su denuncia. Pero ningún peque-peque traía a esos hombres. Delia, cansada de esperar, subió las gradas y regresó a su casa de cañas viejas, hojas de palma yarina en el techo, una cama, una mesa, un perro y un gato enanos.
Han pasado dos años y esos hombres aún no llegan.
“Doce años, doce años, doce años“. Delia, 47 años, descalza, interrumpe con palabras en español su relato awajún: “Denuncia, cárcel, primaria, promoción, colegio“. Las repite tanto que, segundos después, con la traducción al español, se entenderá su insistencia.
A su hija la sedujeron desde los doce años. Estaba en sexto de primaria cuando comenzó a trabajar en la casa de una profesora para comprarse un vestido para su fiesta de promoción. En ese lugar conoció al hijo de la dueña del hogar, quien comenzó a “enamorarla“.
No solo la enamoró. A los quince años también la violó, embarazó y la golpeó tantas veces que la hizo abortar, denuncia la familia. “Me han dado a mi hija sangrando, enferma, y nadie me ha hecho justicia“, dice Delia. Su esposo Jeconías ya va una hora con la cabeza hacia el suelo y en silencio.
El hombre al que acusan tenía casi 20 años y era profesor. Enseñaba a los niños de primaria del colegio N° 16745 de Tutino, mientras que la adolescente estudiaba en la escuela secundaria. En los documentos fiscales y de la Unidad de Gestión Educativa (Ugel) figura como Luis Etsam Chigkim Catip. Está libre, dicen que trabaja en Chiriaco (ya no como profesor) y que es inocente.
Por este caso fue suspendido de manera temporal en el 2016, aunque tiene dos denuncias más en la comunidad de Kayamás (una en investigación, otra archivada), según la UGEL de Condorcanqui. En tanto, en la Fiscalía penal la acusación está a punto de ser archivada.

Cifras alarmantes

Los awajún son el segundo pueblo más numeroso de la Amazonía peruana. Y a sus escolares las están atacando. Las atacan, las violan, las embarazan y las dejan sin justicia. La mayoría de sus agresores están en el salón de al lado. La mayoría de víctimas ni siquiera llega a los quince años.
La provincia de Condorcanqui, a nueve horas de Chachapoyas (capital de Amazonas), donde vive Delia y su familia, registra uno de los más altos índices de violencia sexual en las escuelas de todo el país.
Allí donde las comunidades awajún como Tutino están separadas por ríos, los operadores de la justicia ordinaria –Fiscalía o Policía– ni siquiera tienen vehículos para navegar.
En esa provincia, entre el 2012 y 2017, se han abierto más de 100 procesos por casos de violencia sexual cometidos por profesores y administrativos contra menores de edad, en su mayoría mujeres. De estos, 80 se han reportado en los dos últimos años y solo 10 docentes han sido destituidos.
Allí, además, 15 de cada 100 nacimientos son de madres adolescentes, el triple del promedio nacional. Y casi la mitad de casos de VIH tienen entre 15 y 19 años. En estos últimos, los contagios se dan desde los 12 años en promedio.
Delia ignora esas cifras. Su esposo sigue mirando al suelo. Su hija no está en casa. La mujer reitera que los “señores” (integrantes de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente-Demuna) nunca llegaron a su hogar. También recuerda cómo otros especialistas interrogaban a su hija con insistencia y hasta le pedían desenterrar al feto para comprobar si era hijo del acusado.

Jóvenes sin título

–¿Puedo enamorarme de ti?
Un hombre de más de 20 años habla con una adolescente de 14. Él es profesor de primaria del colegio N° 16342 de la comunidad awajún de Huampami, en Condorcanqui. Ella, estudiante de tercero de media de la zona.
La pregunta llegó cuando la adolescente trabajaba. Le ofrecían prendas de vestir y 25 soles a cambio de un “sí“. Pero la muchacha dijo que no: “Tú tienes esposa“. Entonces, el hombre insistió: “Tú puedes ser mi segunda mujer“.
Ahora, la escolar de 16 años lo llama “problema“. Un problema que duró un año y que comenzó el 2016, cuando laboraba y vivía en la casa de un familiar del docente acusado: Abel Mayan Apikai.
En su hogar, sin electricidad, en plena lluvia, al lado de su abuelo Segundo, la adolescente comenta en español que se enamoró del profesor. Luego, en awajún, agrega que tuvieron relaciones íntimas.
El docente tiene 26 años. Esa es la edad promedio de los jóvenes que enseñan en las comunidades awajún. Allí, más de la mitad de maestros no tienen título profesional y ni siquiera son egresados de la carrera de Educación. Son muchachos que conocen la lengua y que, ante la falta de profesores bilingües, son contratados en los colegios.
Cuando el abuelo Segundo se enteró de lo que ocurría con su nieta, dio aviso a los directores, quienes llevaron el caso a la UGEL y el maestro fue separado preventivamente.
Así, en teoría, inician los procesos administrativos. En la práctica, los maestros dejan las aulas, pero se trasladan –mientras se desarrolla la investigación– a algún espacio libre en la UGEL o en una oficina afín. La plaza sigue siendo suya, no pierden su salario.
La investigación debe durar un máximo de 45 días y al año el caso puede prescribir. Esto último fue alertado por la Defensoría del Pueblo en Amazonas, que identificó que el 73% de los procesos administrativos por violencia sexual reportados en los últimos cinco años en Condorcanqui ya han prescrito. Eso quiere decir que más de la mitad de acusados no tiene castigo. Pueden ser contratados en otras escuelas.
Pese a que el informe era público desde fines de febrero, el miércoles pasado llegó a las manos de Silverio Nolasco, presidente de la junta de fiscales superiores del Ministerio Público de Amazonas. “Pediremos información a la Defensoría y la Dirección Regional de Educación (DRE). Si tienen seis años aún no prescriben. Podemos seguirlos“, responde.
En el 2017, la Fiscalía de Condorcanqui solo tuvo registrados seis casos de violación sexual contra menores. Este año no hay nada. “Uno que otro caso (de la UGEL) pasa al Ministerio Público. No todos“.
La enorme brecha entre las cifras de la UGEL y la Fiscalía se incrementa con el subregistro y los casos que no llegan hasta Santa María de Nieva, capital de Condorcanqui, ubicada a más de tres horas de viaje por río desde comunidades como Huampami o Tutino.
–En Condorcanqui es complicado hacer justicia– dice el fiscal. Pero ¿en realidad lo es?

Justicia en comunidad

Cuando al abuelo Segundo recibió la notificación de la Fiscalía, en la que le pedían trasladarse junto a su nieta hasta Santa María de Nieva, entendió que el proceso sería largo y costoso. Tanto como los 50 soles por persona que cuesta viajar desde Huampami.
Su comunidad está ubicada en El Cenepa, uno de los veinte distritos más pobres del país. Allí también está Tutino, el lugar en el que Delia esperó sin suerte a los “señores” de la Demuna. La mujer cuenta que, antes de acudir a ellos, fue a buscar solución en la justicia consuetudinaria, la más confiable y cercana a su comunidad. Le contó al Apu lo ocurrido y este, con base en el reglamento interno, dictó un castigo: 3,500 soles para la familia y citó un par de veces al involucrado. No se ejecutó ninguna medida.
El sociólogo Rodrigo Lazo, investigador principal de un estudio elaborado por el Ministerio de Educación (Minedu) y UNFPA sobre la violencia sexual en comunidades awajún, aclara que el pago por una violación no quiere decir que los padres entregan a su hija a cambio de algo. La violación a una menor en una comunidad awajún es tan rechazada y grave como la que ocurre en las zonas urbanas. “Allí la oferta de justicia es inaccesible y, sobre todo, improductiva. Las etapas duran mucho, la gente no tiene cómo costear los viajes para sentar su denuncia. La falta de coordinación entre UGEL y Fiscalía hace que no todos los casos lleguen“.
Para las familias, el dinero no reparará todo el daño, pero representa una pena ante la impunidad y la falta de castigo. “Si le han dado plata al fiscal, ¿a mí qué me queda? Solo que me paguen para llevar a mi hija a un hospital“, dice Delia.
Por esto, cuenta el abuelo Segundo, su hijo recibió 600 soles y la acusación fue retirada de la UGEL. En diciembre del 2017, la Fiscalía dictó el archivo preliminar. Nadie ha impugnado el archivo, aunque tampoco se tiene la seguridad de que la familia haya sido notificada.

Otros pendientes

El profesor de secundaria José Martínez preside la comisión de procesos administrativos disciplinarios contra docentes en la UGEL de Condorcanqui. Hace poco, junto a un abogado y una especialista tenían a su cargo más de 750 expedientes de violación y seis faltas. Según explica, los casos prescritos alertados por la Defensoría se dieron antes de su gestión, debido a que nadie siguió el proceso en un año.
Asegura que entre sus principales dificultades están la falta de presupuesto, logística y abogados para revisar los casos. No tienen dinero para ir a las comunidades alejadas.
Para él y para el fiscal, los acuerdos comunitarios representan una traba en su gestión.
En la UGEL, en tanto, explican que no hay registros actualizados del Minedu que arrojen cuándo un profesor ha sido destituido. Piden capacitación y material impreso sobre sanciones a docentes.
El titular de la Dirección Regional de Educación (DRE) de Amazonas, Edgar Julca, dice que destinará 150 mil soles para la capacitación e intervención de quince abogados. “La idea es lograr que no prescriban más casos“, argumenta.
Para eso, además, solicitan la participación del Minedu y del Ministerio de Economía y Finanzas. Y es que, en Condorcanqui, si se destituye a un profesor por violación sexual o se le separa preventivamente, tampoco habría cómo reemplazarlo: o son muy pocos los maestros titulados bilingües o no hay presupuesto suficiente para contratar a uno de manera momentánea.
Las niñas awajún esperan que la justicia surque sus ríos. Delia espera que, por fin, alguien llegue a su comunidad.

Posición

Este diario ubicó a uno de los docentes acusados, Luis Chigkim Catip, quien manifestó que la denuncia responde a fines políticos. “Estaban en conflicto conmigo. El tío de la niña postulaba a un cargo y yo apoyaba a otro candidato. También decían que yo trabajaba con empresas mineras. Años después, la chica me dijo que su tío la utilizaba para afectarme… Si hubiera cometido delito, no estaría tranquilo tantos años. La chica era como mi familia“.