Gestión de Villarán pagó casi US$23 millones a OAS por daños causados tras crecida de río Rímac en 2012
Informe de la Contraloría sobre el proyecto Línea Amarilla da cuenta que administración de Villarán accedió al pedido pese a que “no correspondía reconocer al concesionario el costo adicional”
El programa “Panorama” indicó, en base al estudio efectuado por la Contraloría de las operaciones efectuadas en la obra entre marzo del 2009 y agosto del 2016, que la compañía brasileña pidió la compensación de US$22’982,386.72 por un “evento geológico extraordinario”.
El informe de Contraloría 303-2017, emitido el 1 de junio del 2017, revela que la Municipalidad de Lima, durante la gestión de Susana Villarán, le pagó a la empresa constructora brasileña OAS casi 23 millones de dólares por los daños causados, en diciembre del 2012, tras la crecida del río Rímac durante la ejecución de la obra Línea Amarilla.
El programa “Panorama” indicó, en base al estudio efectuado por la Contraloría de las operaciones efectuadas en la obra entre marzo del 2009 y agosto del 2016, que la compañía brasileña pidió la compensación de US$22’982,386.72 por un “evento geológico extraordinario”.
La comuna capitalina aceptó dicha solicitud en octubre del 2014 a través del acta de cierre- trato directo, cuando Susana Villarán ya había perdido las elecciones a las que se presentó para tentar la reelección.
El órgano de control criticó dicho pago porque, según dijo, OAS no cumplió con hacer impermeable el túnel para que no se filtre el agua y la Municipalidad de Lima tampoco le exigió que usara las técnicas adecuadas para mantener la infraestructura seca. “No correspondía reconocer al concesionario el costo adicional”, indicó la Contraloría en su informe.
Según el reportaje de “Panorama”, la Contraloría advierte en su informe que el túnel tendría que ser revisado todos los días por el resto de su vida útil. “El túnel no reúne la calidad contratada”, se señala en el documento.
Fuente: Diario El Comercio.
Exgerente de Villarán en peajes aparece en documentos de Odebrecht
Gabriel Prado Ramos, quien fue director de la Empresa Municipal Administradora de Peaje (EMAPE) cuando Susana Villarán era alcaldesa de Lima, aparece en la denuncia del diario El País, sobre exfuncionarios sobornados por Odebrecht.
“Relton Holding SA Perú. Gabriel Parado Ramos (Perú)” dice literalmente uno de los documentos difundidos desde España, sobre pagos en Andorra. Allí aparece el árbitro de casos comerciales Horacio Cánepa –excongresista del PPC, partido que apoyó el No en la revocatoria-, y el exfuncionario del gobierno de Alan García, Edwin Luyo.
Relton Holding es una empresa “off shore” registrada en Panamá, que no rinde cuentas bancarias ni tributarias, y es considerada paraíso fiscal.
El 16 de enero del 2013, luego de un escándalo por compras irregulares cuando era gerente de Seguridad Ciudadana de la capital, Prado Ramos fue designado por Villarán en la presidencia del directorio de EMAPE, empresa que debía calcular la elevación de tarifas para el paso de vehículos en Puente Piedra y en la Vía de Evitamiento.
Con la información de EMAPE, se firmó a inicios de 2013 la adenda del Peaje Chillón, la cual era antitécnica ya que estaba a menos de 10 kilómetros del más cercano, y además implicaba una tarifa de 5 soles por obras que no se habían construido. Es decir, Odebrecht no invertía, sino que “hacía caja” a costa de los conductores.
A ello se suma que en febrero de ese mismo año, y con Prado Ramos en el organismo, EMAPE fue actor importante en la suscripción de la polémica adenda que entregó por 40 años los peajes de la Vía de Evitamiento a la corrupta empresa brasileña OAS, dentro del proyecto llamado “Vía Parque Rímac” (hoy Línea amarilla)
Prado ya arrastraba una denuncia por gastar 40 mil soles del dinero público para alquilar circulinas por seis semanas para vehículos de Serenazgo que no funcionaban, y solo sirvieron para una presentación donde se engañó a la prensa y a la opinión pública.
Fuente: http://manifiesto.net.pe
¿Sabe algo, señora Villarán?
Editorial Diario El Comercio
No son pocas ni triviales las interrogantes que se ciñen sobre la gestión municipal de Susana Villarán y la relación que ella o su administración tuvo con las empresas brasileñas vinculadas con el Caso Lava Jato.
Este año, denuncias periodísticas dieron cuenta de supuestas coimas de cientos de miles de dólares que habría pagado la constructora brasileña Odebrecht en el año 2014 y que estarían relacionadas con la concesión Rutas de Lima. Las pesquisas por este caso involucran tanto al período de gobierno de Susana Villarán –que firmó el contrato de concesión en el año 2013– como al del actual alcalde Luis Castañeda Lossio –que ganó las elecciones en octubre del 2014 y empezó su tercer mandato en la comuna capitalina en enero del 2015–.
El último domingo, además, el programa “Panorama” difundió partes de un informe de la Contraloría General de la República que dan cuenta de que en los últimos meses del mandato de Villarán, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) habría accedido irregularmente al pedido de OAS –otra compañía brasileña investigada en el Caso Lava Jato– para incrementar las tarifas de peaje del proyecto Línea Amarilla (Vía Parque Rímac durante la administración de Villarán) generándole beneficios por casi US$23 millones.
Los montos adicionales percibidos por OAS y aprobados por la MML se sustentaban en una compensación por los daños generados en la obra vial por “eventos geológicos extraordinarios”, pese a que por su naturaleza (el incremento del caudal del río Rímac) “calificaban como ordinarios y debían ser asumidos por el concesionario”, según la contraloría. Además, según el órgano de control, la constructora brasileña no había culminado “la impermeabilización de la estructura del túnel” ni tampoco “protegió la estructura”, ocasionando que “el túnel ejecutado no reúna la calidad contratada”.
Mientras las explicaciones de la ex alcaldesa de Lima por este proceder aún se esperan, la paciencia del ciudadano limeño está por caducar en lo que se refiere a las aclaraciones también pendientes respecto de las fuentes del financiamiento de su campaña (por el No) en el proceso revocatorio que se le siguió en su contra en el 2013.
En una reciente sesión de la comisión investigadora Lava Jato, la política izquierdista señaló que los ingresos para la campaña en contra de la revocación ascendieron a más de S/1,6 millones. Y luego, cuando se le interrogó por los detalles de las fuentes de financiamiento y la explicación de los importantes gastos que la campaña demandó, las respuestas fueron menos concretas (y menos verosímiles): “Yo no he manejado ni un solo sol de ninguna campaña”, “no he tenido nada que ver en lo personal con gastos, egresos, etc.”, “yo no he estado en la coordinación de esta recaudación”.
Por cierto, no se trataba de la primera vez que la señora Villarán alegaba ignorancia sobre los temas relacionados con el financiamiento de una campaña suya. Cuando postulaba a la reelección municipal en el 2014, y se le preguntó por algunos aportes al partido por el cual candidateaba entonces, manifestó en aquella oportunidad: “Sobre el dinero, no tengo idea del tema”, confirmando así la costumbre de la cómoda ignorancia de la que se han vuelto partidarios muchos de los políticos que hoy enfrentan indagaciones por presuntos orígenes ilícitos de los caudales que habrían terminado en sus campañas electorales.
Al llegar al sillón municipal, la señora Villarán hizo de su distanciamiento con la gestión de Castañeda Lossio prácticamente un emblema. Irónico resulta que, algunos años después, la estrategia del silencio y las evasivas se haya convertido en una coincidencia que lo acerca a su ex contendiente.