La cárcel es la mejor maestra contra la corrupción

Por Humberto García- Revista Velaverde.
El doctor Óscar Schiappa Pietra, subdirector de Centrum Futuro de la Pontificia Universidad Católica del Perú, analiza el impacto político y económico de la corrupción y cómo este fenómeno compromete la estabilidad del país. La corrupción es el reflejo de un escenario donde las instituciones son débiles y donde no cumplen sus funciones de prevención, control y sanción, señala Schiappa Pietra, al abordar este fenómeno que sume al país en momentos dramáticos y avergüenza a todos los peruanos.
La corrupción tiene muchas aristas y ha sumido al país en un drama.
En todo contexto nacional o internacional de debilidad institucional hay corrupción, y ese es el caso típico del Perú, particularmente porque, entre otros factores, tenemos un sistema judicial que es un absoluto desastre y una vergüenza. Quien ya es una persona avezada en la corrupción, sabe que tiene que robar no solo para enriquecerse personalmente, sino para sobornar a jueces y secretarios y conseguir la impunidad. Esta es una situación que debe cambiar.
Ya tenemos un presidente preso y otros dos, posiblemente, en camino a la cárcel.
La gente es corrupta no por imposición, sino por una decisión propia. Ciertamente, la corrupción tiene el poder de la seducción, pero lo que sucede es que en el caso particular de las empresas constructoras brasileñas ha habido un caso de concertación política y empresarial que de un modo absolutamente sistemático y abusivo ha exportado su corrupción a 12 países de América Latina.
Esto demuestra la fragilidad de los “líderes” en cuanto a valores…
Soy un convencido, y hay todo un campo disciplinario del análisis económico del derecho y de la economía institucional que básicamente tiende a concluir que la mejor maestra es la cárcel. Es decir, en el momento en que las personas saben que sus conductas van a generar consecuencias y, en este caso, de privación de la libertad, es recién cuando se alinean sus conductas y recuerdan, por así decirlo, cuáles son los valores básicos en función de los cuales deben desenvolverse. Hay que educar obviamente en valores, eso es cierto, pero lo que finalmente va a ser que esa educación se arraigue en la conducta de las personas es el saber que la transgresión trae consecuencias.
El tema se ha focalizado en los políticos, pero ¿y el empresariado?
El país espera reacciones de liderazgo y esto está faltando en el sector empresarial. No hemos escuchado todavía a los representantes de los gremios empresariales salir públicamente a expresar su indignación y a comprometerse a tomar medidas concretas para, por ejemplo, separar de su interior a las empresas y a los empresarios que estén vinculados en situación de corrupción. El fenómeno de la corrupción no es simplemente un problema del Estado, este es un problema que se ha originado en el sector privado y ha corrompido al Estado.
Hay quienes dicen que AFIN presionó para que continuaran proyectos donde ya habían indicios de sobornos.
No tengo la confirmación si AFÍN en particular suscribió esos proyectos y los promovió. AFÍN es una organización empresarial que realiza trabajos de lobby y promueve los intereses empresariales para que el país desarrolle infraestructura. Por eso, esta entidad y las demás organizaciones empresariales tienen la obligación de asegurarse de que no haya ningún tipo de corrupción asociada a sus acciones y no deben ser simplemente pasivos espectadores ante esta situación.
El diagnóstico ya está claro, pero ¿cómo se logra enderezar el país?
Aquí el sistema de administración de justicia tiene un rol fundamental e ineludible. Los esfuerzos para reformar el sistema de justicia han demandado cientos de millones de dólares, pero todas estas iniciativas han resultado en un gran fracaso porque el tema fundamental es que la corrupción está dentro del propio sistema judicial y es allí donde debe ser atacada, porque más bien tiende a crecer. De no ser así, puede quitar la convicción democrática a los ciudadanos, porque si todos nuestros presidentes, desde que se restauró la democracia, están involucrados en situaciones de corrupción, la gente se preguntará, entonces, qué sentido tiene esto.
¿Hay experiencias de cómo enfrentar esto?
El Perú tiene experiencias de reforma institucional muy exitosas, como fue la importantísima reforma por la administración tributaria. Esta es una de las grandes reformas de toda la vida republicana. Hasta antes del año 1992 nadie tomaba en serio pagar impuestos, pero eso cambió radicalmente, y es ahí donde encontramos las respuestas de cómo debemos hacerlo. La reforma de la administración tributaria demuestra que sí existen herramientas y mecanismos para lograr esos objetivos, por eso ahora somos mucho más responsables y cumplidores con nuestras obligaciones tributarias.
 Las consecuencias políticas podrían verse en 2018, que es un año electoral…
Sin ninguna duda que traerá consecuencias. En las elecciones de 2018 (para gobernadores regionales y alcaldes) se va a repetir el proceso de las elecciones subnacionales anteriores con el triunfo de movimientos espontáneos, pero el peligro real se verá en 2021 cuando los peruanos tengamos que elegir a un nuevo presidente y parlamentarios. Hay sectores de la población que públicamente piden ‘que se vayan todos’, porque la ciudadanía no ve a líderes honestos y con visión estratégica. Esto es un peligro.

Las “mañas” de Odebrecht

Por Manuel Romero Caro-Diario Gestión.
¿Ustedes saben que el caso Lava Jato se inició de manera fortuita? Las autoridades brasileras estaban investigando un caso de evasión de divisas y lavado de dinero y al revisar las cuentas bancarias del operador financiero Alberto Youseff, encontraron que este le había pagado una camioneta Land Rover nada menos que al Director de Abastecimientos de PetroBras (Paulo Roberto Costa). Y a partir de este hecho se pudo establecer la vinculación entre ambos y luego todo el mecanismo mafioso de las constructoras brasileras, pues ambos personajes fueron los primeros en acogerse a las Delaciones Premiadas. Y esto fue el resultado de años de investigaciones previas. Les relato esto porque a pesar de los multimillonarios montos involucrados; las décadas de vigencia de este sistema corrupto (que se potenció significativamente con los gobiernos de Lula y Rouseff, pero este sistema, menos sofisticado, venía desde antes) y un equipo probadamente honesto y experimentado, recién se pudo destapar esta megacorrupción a partir del primer semestre del 2014. Y para durar tanto tiempo sin ser detectado y con centenas de personas involucradas, se requirió de un nivel de planeamiento, organización y disciplina importantes. Y la organización Odebrecht (Odb), que era la líder de este sistema mafioso, a pesar de los inmensos golpes recibidos y de los cambios efectuados, todavía conserva muchas de las características que le permitieron crecer exponencialmente. Y el peor error que podemos cometer es subestimar sus capacidades.
La estrategia de Odebrecht ha sido colaborar con la Fiscalía, ofreciéndole información sobre los actos de corrupción cometidos bajo su auspicio y pagar las reparaciones que se establezcan. Y en contrapartida se le permitiría seguir operando en el país. Es así que Jorge Barata (JB) empezó a dar información sobre los sobornos del Metro de Lima; de la Interoceánica Sur; los $3 millones para los Humala y sobre los casos de las constructoras peruanas.
Todos sabemos que en nuestra Colaboración Eficaz los que se acogen a la misma lo hacen a cambio de una reducción de la pena. Pero Jorge Barata sabe que en cuanto homologuen (aprueben) su Delación Premiada en Brasil, el Perú no lo puede volver a condenar por el mismo delito. Por lo que si ya se decidió que a nivel del Sector Público Odebrecht no puede volver a participar en licitaciones y concursos en nuestro país, y a Jorge Barata no lo van a poder condenar aquí por delitos cometidos ya sancionados en Brasil, este y Odebrecht no tendrían incentivos en seguir delatando los delitos cometidos en Perú, más allá de lo que dieran en enero a la Fiscalía y que lo están soltando con gotero. Y ya se han anunciado novedades para esta semana.
Lo que quedaría es esperar a que en el segundo semestre, cuando finalice la reserva sobre las delaciones premiadas de los ex ejecutivos de Odebrecht, nos llegue la información referente a Jorge Barata y confrontarla con lo que ya ha proporcionado. Esta situación quizás podría explicar el evidente apuro de los ejecutivos de Odebrecht en Perú por tratar de cerrar, lo más rápido posible, su acuerdo con la Procuraduría sobre las reparaciones a cancelar; su acuerdo con la Fiscalía (solo hay un acuerdo preliminar) y las ventas de los importantes activos que todavía mantiene en nuestro país .
¿Ustedes se han dado cuenta que mientras Jorge Barata (JB) ha proporcionado pruebas contundentes para los casos del Metro 1 y del supuesto soborno para Alejandro Toledo, no ha ofrecido prueba alguna para los casos del aporte electoral de $3 millones para los Humala y para los casos de las constructoras peruanas? ¿Y por qué cree que Jorge Barata/Odebrecht han seguido dicha estrategia? En mi opinión porque en los dos primeros casos hace mucho tiempo que Odebrecht recuperó sus inversiones, mientras que en el caso del Gasoducto Sur Peruano (GSP) no solo no ha recuperado nada sino que le han ejecutado la carta fianza que respaldaba el cumplimiento de sus obligaciones (entre ellas el Cierre Financiero hasta un determinada fecha). Y obviamente no les conviene hacer olas hasta que no haya recuperado lo que invirtió en dicho proyecto, menos las devoluciones y reparaciones que debe de asumir por dicho concepto.
De otro lado, luego del anuncio que Odebrecht ya no podrá participar en licitaciones o concursos del sector público y de la promulgación del Decreto de Urgencia N°003-2017, que establece un fideicomiso sobre las utilidades y la venta de bienes de las empresas que admitan haber cometido actos de corrupción en nuestro país o reciban una condena por este delito, Odebrecht debe de haber concluido que su única alternativa es liquidar sus activos lo más rápidamente posible y dejar el país. O mantener una representación más pequeña para las tareas que le pueda encargar el sector privado, o los emprendimientos que pueda realizar en el mismo. Lo anterior evidentemente obligaría a un cambio de la estrategia inicial (entregar información sobre los sobornos entregados, cancelar las reparaciones que se establezcan, pero mantenerse vigente para seguir participando en las licitaciones o concursos que convoque el Sector Público).
El nuevo escenario podría conducir a Odebrecht a que ya no siga entregando información sobre los sobornos entregados por proyectos desarrollados en nuestro país, más allá de la información que Jorge Barata entregara en enero a la Fiscalía, que es la que se ha estado difundiendo de a pocos a los medios de comunicación; habiéndose anunciado nuevas informaciones para esta semana. Como resulta evidente, Odebrecht no podría otorgar el mismo tratamiento a los países que les cierran todas las puertas, que aquellos que si les permitirían seguir operando a nivel del sector público. Sobre todo si se tiene en cuenta el estrecho nivel de colaboración que están manteniendo las diversas fiscalías latinoamericana que están investigando y procesando casos similares de corrupción en sus respectivos países. Por lo que habría que estar atento con el tipo de información que Odebrecht proporciona a los otros países versus la nueva información (si hubiera alguna que no fuera la ya proporcionada en enero) que entregue al Perú. Estamos asumiendo que las autoridades brasileras cumplirán su compromiso de entregar la información de las delaciones premiadas referente al Perú; aunque durante su reciente visita a Lima el juez federal Sergio Moro mencionó en más de un oportunidad que a las compañías que proporcionen información sobre sus sobornos y paguen las reparaciones del caso, se les debería de permitir seguir operando en nuestro país.Otro aspecto que podría pesar en el nuevo escenario en el que se desenvolvería Odb sería si Graña y Montero decide iniciarle juicio, alternativa que , según manifestara José Graña se viene evaluando al interior de la empresa. En este sentido hay que recordar que el ex Presidente de G&M manifestó en su presentación ante la Comisión Lava Jato que “ni nuestra empresa, ni nuestros ejecutivos, conocieron, gestionaron o realizaron pago alguno, o realizado algún tipo de soborno o reembolso. Lo que ha manifestado el ex representante de Odebrecht en el Perú [Jorge Barata] sobre el supuesto conocimiento de otras empresas, en el caso de Graña y Montero no es verdad”. Y habría que esperar y ver como se desenvuelven los juicios ya anunciados por tres estudios de EEUU (Rosen Law, Howard Smith y Goldberg Law), y la posibilidad que la SEC (equivalente de nuestra Superintendencia del Mercado de Valores) decida iniciar un proceso ya que G&M lista ADRs en la Bolsa de Nueva York.
Por lo que frente a las posibles nuevas estrategias de Odebrecht ahora que ya no tiene incentivos para seguir entregando nueva información, el Gobierno y las Autoridades Judiciales deben de tener sus propias estrategias que defiendan nuestros intereses de la mejor manera posible.

Otro engaño a la ciudadanía

Por Manuel Romero Caro- Diario Gestión.
En medio del tsunami Odebrecht han pasado desapercibidas dos importantes noticias. La primera es que nos acabamos de enterar oficialmente que la inversión del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT) ya alcanza los US$ 5,400 millones. Y como la nueva fecha de finalización del proyecto es en el segundo semestre del 2020, lo más probable es que la inversión de cierre sea mayor.
La otra novedad en relación al PMRT es que recién se nos ha anunciado oficialmente que ya no se trata de una modernización de la vieja refinería de Talara sino de una nueva refinería.
Es así que en una entrevista concedida a Gestión (21.02.2017), el presidente de Petroperú (PP), Eduardo García Rossel (EGR), ante una pregunta específica de si se trata de una refinería nueva o la misma con nuevos componentes, dio una respuesta que no deja dudas: “Hoy tenemos 65,000 barriles por día de tecnología antigua. No es que estamos yendo de 65,000 a 95,000. No. Estamos eliminando los 65,000 y haciendo 95,000 barriles nuevos”.
El ocultamiento de la verdad se encuentra en la propia página web de PP (aunque sospecho que rápidamente será cambiado), dentro de la carpeta correspondiente a la PMRT, en el file “¿Qué es el PMRT?”, dice textualmente que “El PMRT asegura el desarrollo energético del país permitiendo: incrementar en más del 45% la capacidad de producción de la Refinería. Es decir, pasar de producir 65 mil a 95 mil barriles por día (b/d)”. Lo que precisamente ha desmentido el propio presidente de PP.
Lo anterior es solo una muestra que uno de los grandes problemas de PP en relación al PMRT es su falta de transparencia. Para empezar, la Ley 30130, del 17.12.2013, que se refiere al Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), por ninguna parte menciona una nueva refinería de 95,000 bb/día. Adicionalmente, fue exonerado del SNIP (que lo más probable era que no lo hubiera aprobado), se inició sin los estudios de preinversión completos y nunca se explicó por qué, luego de haber anunciado que se iría a una licitación internacional, terminaron adjudicando, una vez más a dedo, a Técnicas Reunidas los estudios y luego la ejecución del 100% del proyecto.
Asimismo, a pesar de todas las críticas que hemos efectuado a megaproyectos como el Gasoducto Sur Peruano (GSP) o la Interoceánica del Sur (IOS), hay que reconocer que cualquiera puede acceder a la web de ProInversión y encontrar toda la información relevante a ellos. Y lo he comprobado personalmente al recibir las informaciones requeridas. En cambio, si uno ingresa a la web de PP y al icono del ex-PMRT, solo encontrará información muy general, casi turística; pero ninguna información relevante para poder efectuar un análisis de la Nueva Refinería de Talara (NRT).
Otro gran problema que afronta la NRT es el del financiamiento, que ha seguido un derrotero tan “particular” como lo ha hecho el monto de inversión. Es así que en la citada entrevista de Gestión EGR menciona “Por alguna razón no hubo financiamiento para esta obra”. Precisando que lo que hizo la empresa tiempo atrás fue sacar un crédito sindicado por US$ 500 millones.
Es grave que habiendo transcurrido 3 años y 3 meses desde la promulgación de la Ley 30130, que autorizó el ex-PMRT, no hubiera todavía financiamiento para este megaproyecto. En todo caso, el nuevo monto de inversión de US$ 5,400 millones se financiaría, de acuerdo a EGR, de la siguiente manera: la Corporación Española de Seguro de Crédito (CESCE) otorgaría un aval hasta por US$ 1,500 millones a favor de los bancos que financien el proyecto. Luego vendría un financiamiento de US$ 3,000 millones vía emisión de bonos.
Además, ya se cuenta con un aporte de capital del Tesoro Público por US$300 millones. Y, finalmente, PP aportará “recursos disponibles” por US$500 millones aproximadamente. Y si hubiera alguna diferencia, esta sería pequeña.
Sobre el financiamiento hay que mencionar que la Ley 30130, que autoriza la ejecución del ex-PMRT, en su artículo 5, solo aprueba el otorgamiento de garantías del Gobierno Nacional hasta por un monto total acumulado de US$1,500 millones; por lo que se ha duplicado el monto autorizado. Y como ningún inversionista va a comprar los bonos de PP sino vienen con la garantía de la República del Perú, lo más probable es que una parte importante del servicio de la deuda de dichos bonos lo tenga que asumir el Estado. O sea, todos los contribuyentes.
Es que dado los diversos incrementos en la inversión de la NRT, su sobredimensionamiento; el elevado nivel de endeudamiento y otros problemas de PP, es probable que el producto final pueda resultar más caro que el importado. Y los sufridos usuarios de gasolina tendríamos que seguir pagando precios mayores que los vigentes en el mercado internacional. Ya no durante la etapa de construcción, como lo estamos haciendo actualmente, y financiando de esta manera los “aportes propios” de PP, sino también durante su etapa operativa.
Sin embargo, los problemas anteriormente descritos no son responsabilidad del Gobierno de PPK ni de la administración actual de EGR.
De otro lado, hay que llamar la atención sobre las numerosas leyes que han aprobado los diversos Congresos declarando de necesidad pública y de interés nacional la ejecución de numerosos proyectos de inversión, sin tener idea de los montos de inversión que finalmente alcanzarán los mismos, ni cómo se financiarían. Convirtiéndose estas leyes en una suerte de cheques en blanco.
Y si consideramos la carga que representan el GSP, la IOS y otros elefantes blancos que se han aprobado en el pasado reciente, las generaciones venideras tendrán que soportar una carga muy difícil de sobrellevar. Esto tiene que parar.