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Feijoada Barata

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Gasoducto: Avances del caso que involucra a Humala y Heredia

Por Giovanna Castañeda– Diario El Comercio.
Campamento de Ticumpinía, en Echarati, Cusco. Febrero del 2015, el entonces presidente Ollanta Humala conversa, pasea, improvisa un discurso. “Esta es la gran noticia del país”, dice después de inspeccionar las obras del Gasoducto Sur Peruano. A su lado estaba el brasileño Jorge Simoes Barata, quien, hasta hace unos días, fue el máximo representante en el Perú de Odebrecht, la empresa que está en todos los titulares de Latinoamérica, pero no por sus buenas prácticas, sino por el pago de millonarios sobornos a funcionarios públicos para obtener obras.
Barata es uno de los gerentes de Odebrecht que se ha acogido, según se conoció en noviembre pasado, a la delación premiada en su país. Es decir, colaborará con las autoridades brasileñas en revelar cómo funcionaba el sistema de pago de coimas de la empresa constructora. Esta información es una de las esperadas por la fiscalía.
“Estos son los puntos trascendentales en la vida de un país. ¡Esto va a transformar nuestra realidad!”, exclamaba Humala, aquella vez en su visita al distrito cusqueño, en compañía del ejecutivo de Odebrecht y Eleodoro Mayorga, quien era ministro de Energía y Minas.
Hoy Humala, su esposa Nadine Heredia, Barata y Mayorga, por esta obra “trascendental”, podrían pasar a calidad de investigados por la fiscalía debido a los presuntos actos de corrupción cometidos durante la licitación que ganó el consorcio formado por Odebrecht y Enagás, valorizada en US$7,328 millones.
El fiscal Reynaldo Abia, de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, es quien investiga esta adjudicación.
Humala y la ex primera dama ya han acudido a dar sus declaraciones como testigos. En octubre pasado, el procurador adjunto anticorrupción Sumber Fernández  requirió que la ex pareja presidencial, Barata y Mayorga pasen a calidad de investigados.
En aproximadamente quince días, Abia resolverá este pedido, confirmó una fuente a este Diario. Sin embargo, todo parece indicar que tanto Barata como Heredia serán los principales investigados en este caso. La situación de Humala la resolverá el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por ser un ex jefe del Estado.
En una resolución emitida hace algunos días, el fiscal Abia dispuso acumular el pedido de la procuraduría y una denuncia que ingresó por mesa de partes por el mismo caso contra Humala y Heredia. Además, ordenó que esto se desglose en una nueva carpeta.
Ello debido a que la “investigación madre” por este caso, que se inició en el 2014 y  en la que solo hay dos imputados, se encuentra próxima a vencer y el magistrado no tendrá tiempo para hacer las diligencias pertinentes.
En el documento, Abia ya adelanta lo que conoceríamos en los próximos días: “Existe la sospecha de presuntos actos de corrupción”, escribe en su resolución.
Su decisión ha sido reforzada después de que un testigo protegido de su investigación señalara que Heredia y Barata coordinaban para que la licitación del gasoducto la gane Odebrecht.
El fiscal Reynaldo Abia aún espera la información que llegará desde Brasil a través de la Unidad de Cooperación Internacional Judicial, a cargo del fiscal Alonso Peña Cabrera.
También está próximo a recibir un peritaje final de la obra, con la resolución de las últimas observaciones, para determinar si hubo sobrecosto en la licitación.

Cancelar contrato

Por Javier Contreras– Diario La República.
En el Gasoducto Sur Peruano (GSP) ya se han invertido cerca de US$1,500 millones y tiene un avance del 31%. Pero desde hace unos meses las obras del GSP están paralizadas en la búsqueda de nuevos socios que compren las acciones de Odebrecht. Mientras tanto, las familias continúan pagando en sus recibos de luz eléctrica por el concepto de “Afianzamiento de seguridad energética”, un monto que oscila entre S/2.00 y S/3.00 y que se destina para financiar la construcción de los ductos que llevarán el gas natural a las regiones del Sur del país.
Dicho cobro se realiza por medio de la “Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo del polo petroquímico en el sur del país, en lo referente al gasoducto y poliducto de seguridad y del Gasoducto Sur Peruano” (N0 29970).
Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores (Aspec), explicó que este cargo se cobra a todos los usuarios de energía desde enero del 2015 y estimó que, por los cobros en los recibos de luz, se abonarán US$ 9 mil millones por 30 años.
En tanto, el especialista en temas energéticos Rafael Laca consideró que el proyecto tiene que ser revisado totalmente, incluido el subsidio.
Opinó que para que el proyecto sea viable se debe exportar energía a Chile, y los peruanos no pueden subsidiar algo que no los beneficiará.
Sobre el particular, Humberto Campodónico, ex presidente de Petroperú, explicó que los usuarios contribuyen para pagar la construcción del ducto, porque luego, cuando el gas llegue, las tarifas eléctricas bajarán. “Es el mismo esquema que se usó para el gasoducto de Camisea a Lima. ¿Por qué lo bueno para Lima no lo es para el sur del Perú? No hay razón”, sostuvo.
“En el caso del GSP hay un ingreso mínimo garantizado de 500 millones de pies cúbicos diarios. Si no se alcanza este nivel el Estado tendrá que cubrir la diferencia y quienes se oponen al GSP dicen que se tendrá que pagar una cantidad muy alta. Pero lo cierto es que actualmente la demanda del Nodo Energético del Sur (centrales térmicas en Arequipa y Moquegua) está en 400 millones de pies cúbicos diarios –el 80% del total–. Y hay demanda adicional de empresas mineras e industrias”, dijo.
Campodónico anotó que el contrato se suscribió en junio del 2014, y 20 meses después se debe contar con el financiamiento de US$ 4 mil millones para construir el gasoducto. El plazo que tiene Odebrecht para vender su participación vence en enero de este año.
No obstante, fuentes del Ejecutivo expresaron su disconformidad con transferir la obra, dado que fue obtenida de forma fraudulenta, al haberse pagado sobornos por esta, y porque existen indicios de que ha sido sobrevaluada. Una transferencia del contrato sin limpiar sus vicios ocultos equivaldría a un “lavado de contrato”, esta vez por parte del gobierno actual, esto mas allá de que sustraería las evidencias de los ilícitos cometidos .
Tanto el premier Fernando Zavala como el ministro Alfredo Thorne tienen posiciones contrarias en este tema, trascendió.La congresista Yeni Vilcatoma le solicitó a la fiscalía embargar los bienes y los activos de la constructora brasileña Odebrecht, a fin de garantizar un eventual pago de reparación civil a favor del Estado peruano. Esto a raíz de que la empresa admitió que pagó 29 millones de dólares en coimas a funcionarios público para obtener obras.Odebrecht: fiscal que investiga a Humala pedirá informes a EEUUEn una carta dirigida al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, la disidente fujimorista lamentó que el Ministerio Público no haya asegurado el pago de la reparación civil de parte de Odebrecht, a pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de las pesquisas por el Caso Lava Jato.
Vilcatoma estimó que el daño económico al país sería entre el 15% y 20% del valor total de las obras que ganó la constructora, “por lo que es necesario tomar medidas urgentes”, porque de lo contrario “el Perú no va ser reparado por los presuntos delitos de corrupción que son materia de investigación”.
La ex procuradora anticorrupción adjunta recordó que Estados Unidos, Suiza y Brasil ya llegaron a acuerdos económicos con Odebrecht.
“Debemos asumir que los recursos económicos disponibles de Odebrecht no son infinitos, por lo que de tener éxito la negociación del Estado peruano estaríamos llegando al final en el orden de prelación de los beneficiarios que ya han negociado”, señaló.
Más temprano, la portavoz de Alianza para el Progreso (APP), Marisol Espinoza, solicitó ante la Comisión Lava Jato, de la cual es secretaria, inmovilizar de inmediato la cuenta en la cual se está depositando el dinero pagado a través de los recibos de luz para el fondo de afianzamiento energético del gasoducto, obra a cargo de Odebrecht.
“Si ya hay mil millones pagados hay que determinar la cuenta en que se ha pagado e inmovilizarla”, expresó la legisladora de APP, durante la instalación del grupo de trabajo.
Fuente: Diario El Comercio.

Negociazo en Hospital Loayza

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Muerte civil para corruptos

El médico y ex asesor presidencial en temas de salud Carlos Moreno confirmó que se ha reincorporado en sus funciones como médico asistente en gastroenterología en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza.
“Terminadas mis vacaciones, me he reincorporado como médico asistente de gastroenterología, es decir, un médico más. Como en toda mi vida, estoy en el hospital, esperando a los pacientes y atendiéndolos”, expresó en diálogo con RPP.
Cabe anotar que, en octubre del 2016, cuando laboraba como asesor del presidente Kuczynski, Carlos Moreno se vio involucrado en un presunto caso de corrupción en torno al Seguro Integral de Salud y sus convenios con clínicas privadas. En ese momento, aparecieron dos audios en los que el gastroenterólogo comentaba sobre supuestos hechos delictivos.
Frente a ello, Carlos Moreno indicó que, “constitucionalmente, toda persona tiene presunción de inocencia mientras no se compruebe un delito. Yo estoy siendo investigado tanto por la Comisión de Fiscalización del Congreso como por el Poder Judicial”.
“He acudido a todas las citaciones, he hecho todos mis descargos y he presentado un escrito a la fiscalía para que se haga un peritaje a los audios que han sido manipulados y trucados”, prosiguió el médico.
En esa línea, Carlos Moreno reiteró que los audios que demostrarían presuntos actos de corrupción en su contra fueron manipulados. “No es mi voz toda la que está en la grabación. Hay sistemas informáticos que pueden crear fácilmente una conversación con una persona, eso se va a verificar con los peritajes”, detalló.

Miér…coles

Mario Mejía Huaraca

Por Mario Mejía Huaraca– Diario El Comercio.
La reincorporación en sus funciones como médico del investigado ex asesor presidencial Carlos Moreno al hospital Arzobispo Loayza ha indignado no solo a la opinión pública y miembros de la oposición, sino también a representantes del oficialismo.
El congresista de Peruanos por el Kambio Salvador Heresi señaló que hay responsabilidad directa en los directivos del citado nosocomio por no haber tomado las medidas adecuadas para evitar que Moreno regresara desde hace una semana como médico asistente del servicio de gastroenterología.
“No es posible que hayan pasado cuatro meses de ese escándalo y no se le haya abierto un procedimiento administrativo y disciplinario, y se le haya aplicado la sanción correspondiente por falta grave. Hay responsabilidad administrativa en los funcionarios del hospital”, declaró a El Comercio.
Heresi precisó que la ministra de Salud, Patricia García, no tiene responsabilidad directa en esta situación, pero dijo que tiene responsabilidad política pues ella es la máxima autoridad del sector. La exhortó a tomar las medidas correspondientes.
Moreno, quien tras el escándalo de los audios en los que se le escucha hablar sobre presuntos negociados en torno al Seguro Integral de Salud fue retirado del cargo de asesor del presidente Pedro Pablo Kuczynski, señaló que tiene derecho a trabajar, pues asegura que no ha cometido ningún delito, que nunca habló de “negociazos” y que los audios estaban editados.
“Hace tres años que no tomaba vacaciones, las he tomado, ya concluyeron y ahora he regresado como un médico más”, indicó a Canal N.
“Jamás he manchado mis manos con dinero del Estado”, expresó Moreno tras indicar que las imputaciones que le atribuyen son “extrahospitalarias” y por eso no hay razón para que no pueda seguir trabajando en el Arzobispo Loayza. “Yo no he cometido ningún delito en el hospital”, enfatizó.
La directora del nosocomio, Victoria Bao Castro, manifestó que Moreno fue retirado del cargo de jefe del Centro Nacional de Gastroenterología del hospital y también de la jefatura del servicio de gastroenterología, pero precisó que seguía siendo médico de ese establecimiento.
“Él [Moreno], como médico asistencial del servicio de gastroenterología, es un trabajador nombrado del hospital y tengo que respetar su derecho laboral”, dijo Bao Castro.
La directora agregó: “No puedo proceder a ninguna suspensión hasta que no haya algún pronunciamiento legal de cualquiera de las entidades en las que se le está investigando”.
Bao Castro reiteró que Carlos Moreno ya fue destituido de las dos jefaturas que tenía en el hospital y también separado del cargo de asesor del presidente Kuczynski.
Sin embargo, el médico aclaró que no fue separado de dicho cargo de asesor presidencial. “No me separaron, yo renuncié cuando me enteré de los audios”, dijo.
Alfredo

Cónsul en Tel Aviv

El Ministerio Público informó que ha constatado que el empresario Josef Maiman, amigo del ex presidente Alejandro Toledo, recibió US$91,667 dólares de la empresa brasileña Camargo Correa, la misma que habría pagado sobornos para ganar licitaciones de obras públicas en Perú.
El fiscal supraprovincial anticorrupción Hamilton Castro detalló que se conoció la información gracias al Caso Castillo de Arena. La confirmación se dio gracias a un pedido de asistencia judicial formulado al Reino Unido, país que otorgó la información solicitada luego de nueve meses.
Al contado se habrían cancelado US$15 mil, mientras que US$91,667 se depositaron en la cuenta de la empresa Trailbridge Ltd., en el Citibank London, en el Reino Unido, de Josef Maiman. La transacción fue realizada por la empresa Trade Center Financial Corp, el 22 de junio del 2006, a través de un banco suizo.
La fiscalía también sostuvo que el dinero entregado por Camargo y Correa al amigo de Alejandro Toledo correspondería al monto total de coimas de US$6 millones que la constructora habría previsto para sobornos respecto al tramo 4 de la Interoceánica.
Vale recordar que la Primera Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción abrió investigación preliminar a Josef Maiman tras un informe del programa Cuarto Poder que reveló irregularidades en la construcción de la carretera Interoceánica, que estuvo adjudicada a Camargo y Correa.
Actualmente Josef Maiman es procesado por supuesto lavado de activos, al haber hecho una transferencia de US$9.4 millones a la suegra del ex presidente Alejandro Toledo. Tras ello, el dinero fue utilizado para adquirir una casa y oficinas en Lima.
De otro lado, el Ministerio Público dio a conocer que ha tramitado 10 pedidos de asistencia judicial a diversos países, en relación a las coimas pagadas por empresas brasileñas en el Perú, “pero estos trámites de asistencia judicial internacional suelen tomar tiempos extensos”.
Fuente: Diario El Comercio.

El congresista del Apra, Jorge del Castillo, dijo que durante el gobierno de Alejandro Toledo se aprobó una ley que facilitó a la firma brasileña Odebrecht participar en licitaciones para obras del Estado. También deslizó la posibilidad de que el expresidente se haya beneficiado con las coimas de las empresas brasileñas en el Perú.
“El fondo que constituye Maiman en Costa Rica habla de 20 millones que coincide con la cifra de la coima. (¿Lo que usted nos está diciendo es que Toledo habría recibido la coima de los 20 millones?) Por supuesto. De ahí viene la imputación. Yo no digo que Toledo. Me imagino que hay una embarcación de gente… Si Toledo tiene su sueldo de presidente paga simultáneamente la hipoteca de Camacho, de Punta Sal, se compra la oficina y la casa de Casuarinas. Eso suma 9 millones de dólares”, dijo en Conexión de RPP Noticias.
El contexto. El Ministerio Público confirmó este lunes que una sociedad del empresario peruano-israelí Josef Maiman, hombre cercano al expresidente Alejandro Toledo, recibió una transferencia de la constructora brasileña Camargo Correa, dinero presuntamente reservado para sobornos relacionados con la construcción de un tramo de la Carretera Interoceánica del Sur.
El fiscal anticorrupción Hamilton Castro dijo que la sociedad Trailbridge Ltd es propiedad de Maiman. La constructora Camargo Correa transfirió 91.000 dólares a esa cuenta en el Reino Unido, según las indagaciones de la Fiscalía peruana en colaboración con sus pares británicos.
La norma. Del Castillo dijo que la Ley 28670, presentada por el peruposibilista Gilberto Díaz Peralta el 24 de enero del 2006, declaró que ya no eran aplicables ni exigibles los impedimentos que hasta entonces regían para las empresas postoras que deseaban participar en la licitación de los proyectos Olmos, Interoceánica Sur y Norte. Todos fueron ganados por Odebrecht.
“Hasta ese momento, estaba prohibido que las empresas con juicios con el Estado contrataran con el Estado, pero la ley declaró que los impedimentos para ser postores no eran aplicables ni exigibles”, comentó el legislador. También dijo que la propuesta legislativa fue aprobada el 25 de enero ante la Comisión Permanente. La Ley fue promulgada en las Normas Legales del Diario El Peruano un día después.
Los sobornos de Odebrecht. El 21 de diciembre se supo que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que la constructora brasilera reconoció el pago de 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos, para adjudicarse obras públicas entre 2005 y el 2014, es decir desde finales del gobierno de Alejandro Toledo y durante las gestiones de Alan García y Ollanta Humala. El documento de la Corte de Nueva York indica que la empresa obtuvo $143 millones en beneficios gracias a estas operaciones ilícitas.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Amenazas de opinólogo

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Mario GhibelliniPor Mario Ghibellini– Revista SOMOS.
Las frases que pronunció el presidente Kuczynski en su ya legendario mensaje prenavideño siguen resonando en los oídos de la ciudadanía y provocando debate entre sus intérpretes. Una de esas sentencias, sin embargo, causó particular conmoción en esta pequeña columna. “No nos dejemos intimidar por las amenazas, por los opinólogos, por los que no tuvieron participación y estuvieron a la distancia diciendo ‘te bendecimos’ o no. A esos no los queremos”, dictaminó el mandatario. Y, de primera impresión, alguien podría pensar que se estaba refiriendo a sus actuales ministros Carlos Basombrío o Jorge Nieto, que calzan perfectamente en la descripción. Pero vaya uno a saber, porque desde la cima del poder –dicen– todo se ve distinto.
ORÁCULO VERNÁCULO
Lo que resulta claro, en todo caso, es que eso de ‘opinólogos’ quiere ser despectivo y equivale a ‘especialistas en nada’. Tal era por lo menos el sentido con el que utilizaba el término el ex presidente Humala, y todo indica que es también el sentido que le otorga ahora su esforzado sucesor.
Abrumados por las implicancias de esa imputación, decidimos entonces enraizar por una vez nuestro comentario en algún saber que trascendiese el territorio incierto de los pareceres. Y como el tema elegido era el de los pronósticos para el próximo año, recurrimos al tarot.
Tarots, no obstante, hay muchos. Existen el egipcio, el de Marsella, el celta, el gitano… Y, aunque pocos lo saben, existe también uno peruano. Se lo conoce como ‘el chosicano’, porque fue inventado por una pitonisa de ese origen (‘Madame Pacheco’ es el nombre con el que la tradición la recuerda), y presenta ingeniosas adaptaciones criollas de los arcanos mayores de la paradigmática baraja adivinatoria. Nos pareció lógico, en consecuencia, acogernos a esa versión vernácula del oráculo.
Echamos por fin las cartas preguntando por el destino que aguardaba a nuestra patria en el año que viene y tres imágenes turbadoras aparecieron sobre la mesa: ‘El pastrulo’ (traducción peruana de ‘El loco’ o ‘El tonto’), ‘El mototaxi’ (sucedáneo de ‘El carro’) y ‘El aguja’ (‘El ahorcado’).
¿Qué quieren decir esas tres figuras desplegadas en ese orden? Pues la bibliografía disponible sugiere que nos hablan de un personaje que de alguna manera representa a la nación pero de una forma más bien patosa y que, mientras se desplaza sin saber si avanza o retrocede y apoyándose en un bastón, es amenazado por una fuerza arrolladora y determinada a imponer condiciones que ya se le irán ocurriendo en el camino, pero, eso sí, muy drásticas y terminantes. ¿El resultado? Una angustia económica generalizada que se extiende peligrosamente en el tiempo y puede signar también la suerte del 2018.
¿Quién es el juglar doblado sobre el cayado? ¿Quién pilotea el petardo rodante? ¿A quiénes perjudicará la era de vacas flacas que se avecina? El mensaje que nos transmite el tarot chosicano es, como suele ocurrir en el lenguaje de los símbolos, equívoco y confuso. Pero, sin duda, amenazante… Y así, terminamos cayendo en el tipo de contenido del que tan afanosamente habíamos tratado de apartarnos al principio de este comentario y persuadidos de que al destino, efectivamente, no lo cambia ni el más bravo. Pero a veces, dejémonos de cosas, por lo menos vale la pena intentar.

Vamos pastores a Belén

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Evangelio según San Lucas 2,16-21:
Los pastores fueron rápidamente y encontraron a María, a José, y al recién nacido acostado en el pesebre.
Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño,
y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores.
Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón.
Y los pastores volvieron, alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido.
Ocho días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el Ángel antes de su concepción.

Elección del prelado del Opus Dei

Sustituirá a monseñor Javier Echevarría, que falleció el pasado 12 de diciembre
Monseñor Fernando Ocáriz, vicario auxiliar de la prematura del Opus Dei, convocó a partir del próximo 23 de enero el Congreso electoral que elegirá al próximo prelado, después de la muerte del obispo Javier Echevarría, que falleció el pasado 12 de diciembre en el policlínico del Campus Bio-médico de Roma por una insuficiencia respiratoria.
En el proceso electivo intervienen tanto mujeres como hombres y culmina con la confirmación de la elección por parte del Papa. La web del Opus Dei ofrecerá información actualizada sobre las diversas fases del Congreso (www.opusdei.it).
La elección del prelado ha de recaer necesariamente sobre un sacerdote, con cuarenta años de edad cumplidos, que sea miembro del Congreso de electores y que lleve al menos diez años incorporado a la prelatura y cinco como sacerdote.
Los estatutos de la prelatura describen las diversas condiciones humanas, espirituales y jurídicas que ha de reunir el prelado, para garantizar el recto desempeño del cargo: en síntesis, ha de destacar en la virtud de la caridad, la prudencia, la vida de piedad, el amor a la Iglesia y a su Magisterio y la fidelidad al Opus Dei; poseer una profunda cultura, tanto en las ciencias eclesiásticas como civiles, y tener adecuadas dotes de gobierno pastoral. Son requisitos similares a los que exige el derecho canónico para los candidatos al episcopado.
Los fieles del Opus Dei que intervienen en el Congreso electivo –actualmente alrededor de 150– son sacerdotes y laicos de al menos 32 años de edad y que llevan incorporados a la prelatura un mínimo de nueve años. Han sido nombrados de entre los fieles de las diversas naciones en que el Opus Dei desarrolla su labor pastoral.
El procedimiento electivo se inicia con una reunión previa del pleno del Consejo para las mujeres de la prelatura, llamado Asesoría Central: actualmente componen este Consejo mujeres de veinte nacionalidades diferentes. Cada una formula libremente una propuesta con el nombre o nombres de aquellos sacerdotes que valora como más adecuados para el cargo de prelado. Los miembros del Congreso, teniendo en cuenta esas propuestas, proceden luego a la votación. Una vez realizada la elección y aceptada por el elegido, este -por sí mismo o por medio de otro- ha de solicitar la confirmación del Santo Padre, que es quien nombra al prelado del Opus Dei.
Fuente: Vatican Insider.