Por Giovanna Castañeda– Diario El Comercio.
Campamento de Ticumpinía, en Echarati, Cusco. Febrero del 2015, el entonces presidente Ollanta Humala conversa, pasea, improvisa un discurso. “Esta es la gran noticia del país”, dice después de inspeccionar las obras del Gasoducto Sur Peruano. A su lado estaba el brasileño Jorge Simoes Barata, quien, hasta hace unos días, fue el máximo representante en el Perú de Odebrecht, la empresa que está en todos los titulares de Latinoamérica, pero no por sus buenas prácticas, sino por el pago de millonarios sobornos a funcionarios públicos para obtener obras.
Barata es uno de los gerentes de Odebrecht que se ha acogido, según se conoció en noviembre pasado, a la delación premiada en su país. Es decir, colaborará con las autoridades brasileñas en revelar cómo funcionaba el sistema de pago de coimas de la empresa constructora. Esta información es una de las esperadas por la fiscalía.
“Estos son los puntos trascendentales en la vida de un país. ¡Esto va a transformar nuestra realidad!”, exclamaba Humala, aquella vez en su visita al distrito cusqueño, en compañía del ejecutivo de Odebrecht y Eleodoro Mayorga, quien era ministro de Energía y Minas.
Hoy Humala, su esposa Nadine Heredia, Barata y Mayorga, por esta obra “trascendental”, podrían pasar a calidad de investigados por la fiscalía debido a los presuntos actos de corrupción cometidos durante la licitación que ganó el consorcio formado por Odebrecht y Enagás, valorizada en US$7,328 millones.
El fiscal Reynaldo Abia, de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, es quien investiga esta adjudicación.
Humala y la ex primera dama ya han acudido a dar sus declaraciones como testigos. En octubre pasado, el procurador adjunto anticorrupción Sumber Fernández  requirió que la ex pareja presidencial, Barata y Mayorga pasen a calidad de investigados.
En aproximadamente quince días, Abia resolverá este pedido, confirmó una fuente a este Diario. Sin embargo, todo parece indicar que tanto Barata como Heredia serán los principales investigados en este caso. La situación de Humala la resolverá el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por ser un ex jefe del Estado.
En una resolución emitida hace algunos días, el fiscal Abia dispuso acumular el pedido de la procuraduría y una denuncia que ingresó por mesa de partes por el mismo caso contra Humala y Heredia. Además, ordenó que esto se desglose en una nueva carpeta.
Ello debido a que la “investigación madre” por este caso, que se inició en el 2014 y  en la que solo hay dos imputados, se encuentra próxima a vencer y el magistrado no tendrá tiempo para hacer las diligencias pertinentes.
En el documento, Abia ya adelanta lo que conoceríamos en los próximos días: “Existe la sospecha de presuntos actos de corrupción”, escribe en su resolución.
Su decisión ha sido reforzada después de que un testigo protegido de su investigación señalara que Heredia y Barata coordinaban para que la licitación del gasoducto la gane Odebrecht.
El fiscal Reynaldo Abia aún espera la información que llegará desde Brasil a través de la Unidad de Cooperación Internacional Judicial, a cargo del fiscal Alonso Peña Cabrera.
También está próximo a recibir un peritaje final de la obra, con la resolución de las últimas observaciones, para determinar si hubo sobrecosto en la licitación.

Cancelar contrato

Por Javier Contreras– Diario La República.
En el Gasoducto Sur Peruano (GSP) ya se han invertido cerca de US$1,500 millones y tiene un avance del 31%. Pero desde hace unos meses las obras del GSP están paralizadas en la búsqueda de nuevos socios que compren las acciones de Odebrecht. Mientras tanto, las familias continúan pagando en sus recibos de luz eléctrica por el concepto de “Afianzamiento de seguridad energética”, un monto que oscila entre S/2.00 y S/3.00 y que se destina para financiar la construcción de los ductos que llevarán el gas natural a las regiones del Sur del país.
Dicho cobro se realiza por medio de la “Ley que afianza la seguridad energética y promueve el desarrollo del polo petroquímico en el sur del país, en lo referente al gasoducto y poliducto de seguridad y del Gasoducto Sur Peruano” (N0 29970).
Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores (Aspec), explicó que este cargo se cobra a todos los usuarios de energía desde enero del 2015 y estimó que, por los cobros en los recibos de luz, se abonarán US$ 9 mil millones por 30 años.
En tanto, el especialista en temas energéticos Rafael Laca consideró que el proyecto tiene que ser revisado totalmente, incluido el subsidio.
Opinó que para que el proyecto sea viable se debe exportar energía a Chile, y los peruanos no pueden subsidiar algo que no los beneficiará.
Sobre el particular, Humberto Campodónico, ex presidente de Petroperú, explicó que los usuarios contribuyen para pagar la construcción del ducto, porque luego, cuando el gas llegue, las tarifas eléctricas bajarán. “Es el mismo esquema que se usó para el gasoducto de Camisea a Lima. ¿Por qué lo bueno para Lima no lo es para el sur del Perú? No hay razón”, sostuvo.
“En el caso del GSP hay un ingreso mínimo garantizado de 500 millones de pies cúbicos diarios. Si no se alcanza este nivel el Estado tendrá que cubrir la diferencia y quienes se oponen al GSP dicen que se tendrá que pagar una cantidad muy alta. Pero lo cierto es que actualmente la demanda del Nodo Energético del Sur (centrales térmicas en Arequipa y Moquegua) está en 400 millones de pies cúbicos diarios –el 80% del total–. Y hay demanda adicional de empresas mineras e industrias”, dijo.
Campodónico anotó que el contrato se suscribió en junio del 2014, y 20 meses después se debe contar con el financiamiento de US$ 4 mil millones para construir el gasoducto. El plazo que tiene Odebrecht para vender su participación vence en enero de este año.
No obstante, fuentes del Ejecutivo expresaron su disconformidad con transferir la obra, dado que fue obtenida de forma fraudulenta, al haberse pagado sobornos por esta, y porque existen indicios de que ha sido sobrevaluada. Una transferencia del contrato sin limpiar sus vicios ocultos equivaldría a un “lavado de contrato”, esta vez por parte del gobierno actual, esto mas allá de que sustraería las evidencias de los ilícitos cometidos .
Tanto el premier Fernando Zavala como el ministro Alfredo Thorne tienen posiciones contrarias en este tema, trascendió.La congresista Yeni Vilcatoma le solicitó a la fiscalía embargar los bienes y los activos de la constructora brasileña Odebrecht, a fin de garantizar un eventual pago de reparación civil a favor del Estado peruano. Esto a raíz de que la empresa admitió que pagó 29 millones de dólares en coimas a funcionarios público para obtener obras.En una carta dirigida al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, la disidente fujimorista lamentó que el Ministerio Público no haya asegurado el pago de la reparación civil de parte de Odebrecht, a pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de las pesquisas por el Caso Lava Jato.
Vilcatoma estimó que el daño económico al país sería entre el 15% y 20% del valor total de las obras que ganó la constructora, “por lo que es necesario tomar medidas urgentes”, porque de lo contrario “el Perú no va ser reparado por los presuntos delitos de corrupción que son materia de investigación”.
La ex procuradora anticorrupción adjunta recordó que Estados Unidos, Suiza y Brasil ya llegaron a acuerdos económicos con Odebrecht.
“Debemos asumir que los recursos económicos disponibles de Odebrecht no son infinitos, por lo que de tener éxito la negociación del Estado peruano estaríamos llegando al final en el orden de prelación de los beneficiarios que ya han negociado”, señaló.
Más temprano, la portavoz de Alianza para el Progreso (APP), Marisol Espinoza, solicitó ante la Comisión Lava Jato, de la cual es secretaria, inmovilizar de inmediato la cuenta en la cual se está depositando el dinero pagado a través de los recibos de luz para el fondo de afianzamiento energético del gasoducto, obra a cargo de Odebrecht.
“Si ya hay mil millones pagados hay que determinar la cuenta en que se ha pagado e inmovilizarla”, expresó la legisladora de APP, durante la instalación del grupo de trabajo.
Fuente: Diario El Comercio.