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La Policía Federal abrió una investigación preliminar para verificar supuestas irregularidades en la campaña electoral que culminó el octubre pasado con la reelección de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, para un nuevo mandato de cuatro años, informó la red de televisión Globo.
La investigación fue abierta el 7 de octubre por la Policía Federal por decisión del magistrado Gilmar Mendes, uno de los miembros del Tribunal Superior Electoral (TSE), según fuentes policiales consultadas por Globo.
El objetivo es establecer si Rousseff y su vicepresidente, Michel Temer, incurrieron en abuso de poder para ser reelegida en octubre del año pasado y si la campaña electoral fue financiada con recursos desviados de la petrolera estatal Petrobras.
En una petición que envió en agosto pasado a la Fiscalía y a la Policía Federal, Mendes pidió que se aclare si la campaña electoral de Rousseff se benefició de dinero procedente de la red de corrupción que desvió unos 2,000 millones de dólares de Petrobras.
El magistrado citó una declaración de un empresario preso por su participación, que colabora con la investigación a cambio de reducción de penas, y quien dijo haber donado 7.5 millones de reales (1.9 millones de dólares) a la campaña electoral de Rousseff procedentes de los desvíos.
El magistrado también pidió que se investiguen posibles irregularidades en los pagos a una empresa que recibió unos 444,400 dólares de la campaña electoralde la presidenta y que fue creada sólo dos meses antes de ser contratada para servicios que no aclaró.
Las posibles irregularidades en las cuentas de campaña electoral de la jefa del Estado son señaladas por la oposición como posible justificación para abrir un juicio político con fines de destitución contra la mandataria.
Los sectores de la oposición que defienden la apertura de un juicio político contra Rousseff esperan que el tribunal electoral pueda declarar irregular alguna de las cuentas de campaña para poder utilizar esa justificación en su proceso.
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que tiene el deber constitucional de aceptar o rechazar las peticiones de juicio con fines de destitución que sean presentadas contra el jefe de Estado, ha rechazado hasta ahora once peticiones de la oposición en ese sentido por considerar que no tienen peso jurídico.
Fuente: Diario El Mundo.
La investigación fue abierta el 7 de octubre por la Policía Federal por decisión del magistrado Gilmar Mendes, uno de los miembros del Tribunal Superior Electoral (TSE), según fuentes policiales consultadas por Globo.
El objetivo es establecer si Rousseff y su vicepresidente, Michel Temer, incurrieron en abuso de poder para ser reelegida en octubre del año pasado y si la campaña electoral fue financiada con recursos desviados de la petrolera estatal Petrobras.
En una petición que envió en agosto pasado a la Fiscalía y a la Policía Federal, Mendes pidió que se aclare si la campaña electoral de Rousseff se benefició de dinero procedente de la red de corrupción que desvió unos 2,000 millones de dólares de Petrobras.
El magistrado citó una declaración de un empresario preso por su participación, que colabora con la investigación a cambio de reducción de penas, y quien dijo haber donado 7.5 millones de reales (1.9 millones de dólares) a la campaña electoral de Rousseff procedentes de los desvíos.El magistrado también pidió que se investiguen posibles irregularidades en los pagos a una empresa que recibió unos 444,400 dólares de la campaña electoralde la presidenta y que fue creada sólo dos meses antes de ser contratada para servicios que no aclaró.
Las posibles irregularidades en las cuentas de campaña electoral de la jefa del Estado son señaladas por la oposición como posible justificación para abrir un juicio político con fines de destitución contra la mandataria.
Los sectores de la oposición que defienden la apertura de un juicio político contra Rousseff esperan que el tribunal electoral pueda declarar irregular alguna de las cuentas de campaña para poder utilizar esa justificación en su proceso.
El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que tiene el deber constitucional de aceptar o rechazar las peticiones de juicio con fines de destitución que sean presentadas contra el jefe de Estado, ha rechazado hasta ahora once peticiones de la oposición en ese sentido por considerar que no tienen peso jurídico.
Fuente: Diario El Mundo.