Lava Dólar

Por Romina Mella y Gustavo Gorriti IDL-REPORTEROS
El 17 de julio pasado, IDL-R recibió una tarjeta de Odebrecht –que también llegó, según parece, a varias otras redacciones–. La tarjeta era original, inteligente, bien diseñada. La parte superior se abría verticalmente por la mitad y a todo lo ancho, como si las paredes se hicieran puertas y metáforas de un acceso sin límites. Adentro, el mensaje proclamaba lo adelantado por el símbolo: “Odebrecht puertas abiertas”. Por si no bastara lo anterior, la tarjeta/portal venía acompañada de una llave, cadenita incluida, que en realidad era un USB, cuya forma sugería información ubérrima con solo conectarlo.
Transparencia total, elocuencia vibrante, respuesta inmediata y verdad de los hechos, parecía ser lo prometido. Los abogados de Odebrecht en Curitiba delegaron en uno de ellos, el peruano Rodrigo Sánchez, la explicación pormenorizada, cada vez que fuera necesario, de su defensa. El loretano Sánchez, experto en delitos de lavado de dinero y autor –como el juez Sergio Moro, con quien también coincide en los estudios en Italia– de un libro sobre el tema, se ofreció, junto con los otros miembros de su equipo de comunicaciones, a contestar cualquier pregunta sobre el caso.
El 24 de julio la Fuerza de Tarea del Ministerio Público Federal en Curitiba presentó su acusación formal contra Odebrecht ante el juez Sergio Moro, en Curitiba. Firmada por los nueve fiscales que componen la Fuerza de Tarea, encabezados por Deltan Dallagnol, la acusación de 205 páginas tuvo un efecto casi inmediato en Odebrecht.
Convirtió la transparencia en reserva y la elocuencia en silencio. Tapió las puertas apenas terminadas de abrir, con llave y todo. Fue una de las campañas de extroversión institucional más efímeras de la Historia.
Cuando, el 3 de agosto pasado, IDL-R envió una solicitud de entrevista a través del funcionario de Comunicaciones de Odebrecht en Brasil, João Paulo Carvalho, este contestó pidiendo que la entrevista fuera a través de un cuestionario por e-mail, dado que los abogados querían participar debido a que “ninguna información desencontrada puede ocurrir en este momento”.
IDL-R envió un cuestionario detallado, cuyas preguntas se remitían a la acusación fiscal.
La respuesta, enviada a través de Carvalho, fue un párrafo lacónico:
“En respuesta a sus preguntas, la posición de la defensa es que debemos manifestarnos sobre temas relacionados a los procesos judiciales en los expedientes del proceso, para que las personas involucradas puedan ejercer su derecho de defensa”.
Un gentil Carvalho se disculpó indicando que esperaba se comprendiera “nuestra posición en este momento, que es un tanto diferente a la de un mes atrás, cuando, tranquilamente, pudimos conceder la entrevista de Rodrigo (Sánchez) Ríos”.
El 12 de agosto, el encargado de comunicaciones de Odebrecht en Perú, Rodrigo Vilar, respondió a otra solicitud de entrevista de IDL-R indicando que para Odebrecht:
“La recepción de la denuncia por el Poder Judicial representa el marco cero (INICIO) del trabajo de la defensa de los ejecutivos y exejecutivos de Odebrecht. Con esto, las manifestaciones de los abogados se darán dentro de los autos del proceso”. Es decir, ninguna entrevista, ninguna declaración.
Por supuesto que en circunstancias como esta, el silencio es más elocuente y revelador que las palabras.
En las dos entregas anteriores vimos cómo, sobre todo gracias a la cooperación suiza engarzada con su propia investigación, los fiscales de la Fuerza de Tarea pudieron desmentir muchas de las afirmaciones anteriores de la defensa de Odebrecht y probar que buena parte del dinero de los millonarios sobornos recibidos por tres ex altos funcionarios de Petrobras –Paulo Roberto Costa, Renato Duque y Pedro Barusco– provino de cuentas de Odebrecht y llegó a los corruptos ejecutivos a través de un elaborado sistema de compañías offshore en las que se ocultaba el dinero para lavarlo después. La infografía publicada la semana pasada en IDL-R y La Prensa, de Panamá, ilustró la ingeniería de los sobornos.
Ahora veremos cómo se probó la existencia de un área clandestina de Odebrecht, dedicada a armar y hacer funcionar una estructura subterránea dedicada al pago de sobornos supuestamente seguros para los corruptos encargados de tomar decisiones de compra, de selección en licitaciones, de aceptar o no sobrecostos. Y cómo, al hacerlo, se pudo probar que Odebrecht había mentido.
Recordemos antes lo que Odebrecht manifestó primero formalmente en respuesta a acusaciones generales y específicas de corrupción.
– El 28 de mayo de este año, unas tres semanas antes del arresto de Marcelo Odebrecht, la Corporación que él preside respondió a un pliego interrogatorio enviado el 11 de ese mes por el delegado Eduardo Mauat, de la Policía Federal, indicando que:
– “(Odebrecht) no participa de esquemas ilícitos, menos aun con la finalidad de pagar ventajas indebidas a servidores públicos o ejecutivos de empresas estatales”.
– “Los éxitos obtenidos (en concursos y licitaciones) por las empresas que integran la Organización Odebrecht en licitaciones públicas son consecuencia exclusiva de su tamaño, experiencia y cualificación, especialmente para la realización de obras de gran complejidad, que la convierten en líder en el área de ingeniería y construcción de América Latina”.
– Sobre acusaciones más específicas, el 22 de junio, poco después de la detención de Marcelo Odebrecht, la compañía declaró en un comunicado que:
– “(En) Cuanto a los supuestos pagos realizados por la Constructora Internacional del Sur, Odebrecht reitera que ninguna de sus empresas tiene, ni nunca tuvo, cualquier vínculo y ni (sic) efectuó cualquier pagamento a dicha empresa”.
– “Todas nuestras empresas poseen y practican un Código de Conducta y un Sistema de Conformidad (compliance), efectivos y ampliamente divulgados, alineados totalmente a la legislación anticorrupción brasileña e internacional”.
Muy enfáticas afirmaciones.
El 16 de julio pasado, los fiscales suizos Stefan Lenz y Luc Leimgruber enviaron un pormenorizado documento de respuesta al requerimiento de cooperación internacional que habían hecho los fiscales brasileños.
Esa información fue rápidamente incorporada y sincronizada con las investigaciones realizadas en Brasil, y con ello, apenas una semana después, los fiscales de la Fuerza de Tarea en Curitiba formularon una acusación que sumió en silencio existencial a Odebrecht.
La precisión probatoria que se logró en la investigación fue abrumadora, especialmente a la luz de lo previamente afirmado por Odebrecht. Así:
– Probó en forma fehaciente, con documentos suscritos por la propia constructora, (ver) que Odebrecht era la “beneficial owner” (dueña real) de la offshore Smith & Nash Engineering.
– Registró los pagos por más de 5 millones de dólares que se hizo desde Smith & Nash (desde la cuenta 1153532 del PKB Bank) a la cuenta 3057769 en el banco Julius Bär, de la offshore Sagar Holdings SA. A continuación, demostró que la compañía (y, por supuesto, su cuenta bancaria), tenía como “beneficial owner” a Paulo Roberto Costa.
– Documentó los pagos efectuados por Smith & Nash Engineering, de Odebrecht, a la cuenta 10012106877 del Multicredit Bank, de Panamá. La propietaria de esa cuenta era la Constructora Internacional del Sur, la compañía anteriormente negada por Odebrecht.
No solo eso. A través de otras dos offshores de Odebrecht: Golac y Rodira, se efectuaron otros depósitos en la Constructora Internacional del Sur. Mediante las tres compañías, Odebrecht depositó no menos de 50 millones de dólares en la Constructora Internacional del Sur. Se sabe el destino de alrededor de 3 millones (sobornos para tres altos funcionarios de Petrobras), pero todavía no el de los otros 46 millones.
– El doleiro de Odebrecht, Bernardo Freiburghaus, un funcionario de la mayor importancia para la compañía, resultó ser, en documentos recabados y enviados por los fiscales suizos, el apoderado de la cuenta bancaria –en el PKBPrivat Bank, de Suiza– de la offshore Sygnus Assets, con sede en la calle Aquilino Guardia, en Panamá. El “Beneficial Owner” (propietario real) de la cuenta es Paulo Roberto Costa, el coimeado ex funcionario de Petrobras.
– La offshore Arcadex, de Bélice, cuyo “Beneficial Owner” resultó ser, otra vez, Odebrecht, efectuó pagos desde sus cuentas en Austria, a las offshore de los entonces altos funcionarios de Petrobras, Renato Duque y Jorge Luiz Zelada.
El peso de la evidencia parece abrumador. Ahora, la falta de cooperación de la procuradora panameña Kenia Porcell, que recibió el pedido de colaboración informativa de la Procuraduría General de Brasil el 17 de marzo de este año, ha impedido que se termine de desentrañar el destino de varias decenas de millones de dólares canalizados por Odebrecht a través de la Constructora Internacional del Sur.
Las pruebas documentarias conseguidas en una prolija investigación internacional no solo han desmentido de manera terminante cada una de las afirmaciones que hizo Odebrecht, sino que han agravado en el proceso la situación legal de la Corporación.
Al término de sus investigaciones, los fiscales suizos concluyeron que tenían suficientes motivos para intervenir en la acción penal. Para empezar, enviaron un largo y prolijo cuestionario a algunos de los acusados.
De otro lado, al haberse hecho varias transacciones en la banca estadounidense, la SEC y el Departamento de Justicia de Estados Unidos iniciarán probablemente acciones basadas en el Foreign Corrupt Practices Act.
Es probable que Odebrecht trate de centrar su defensa en aspectos procesales para buscar de anular o, por lo menos, quitarle fuerza al proceso en los tribunales superiores. Como sucedió con la investigación Castillo de Arena, ya no se trataría de discutir el fondo de la prueba sino la manera en la que fue obtenida. Pero la magnitud del caso actual es tanto mayor, como lo es la indignación de la opinión pública, que se hará mucho más difícil un ahogamiento de la investigación fiscal que ha destruido coartadas, expuesto mentiras y sacado a la luz una organización paralela dentro de la corporación, dedicada a corromper para imperar.
Fuente: Revista CARETAS.