ELECCIONES GENERALES 2006. PRIMERA VUELTA. DECENAS DE PERSONAS INTENTARON AGREDIR AL CANDIDATO PRESIDENCIAL OLLANTA HUMALA EN EL LOCAL DE LA UNIVERSIDAD RICARDO PALMA. FOTO: ERNESTO ARIAS/EL COMERCIO
Belaunde amenaza
El ex amigo de la pareja presidencial Martín Belaunde Lossio lanzó una seria amenaza al jefe de Estado, Ollanta Humala. En una comunicación dirigida a Nadine Heredia, interceptada cuando el empresario se encontraba prófugo en Bolivia, dijo que tiene datos que podrían afectar la continuidad del gobierno.
“No sabe dónde caminar y con la presión de los medios está jodido… Si yo tiro un par de cosas fuertes, el gobierno se cae”, se escucha decir a Belaunde Lossio en un audio difundido por el programa La noticia rebelde, de Frecuencia Latina, que conduce el periodista Beto Ortiz.
Esta amenaza se conoce luego de que se difundieran las expresiones de Belaunde Lossio ante la comisión parlamentaria que lo investiga en el sentido de que hablará cuando termine este gobierno nacionalista.
En una de las grabaciones difundidas, el otrora amigo y hombre de confianza de la pareja presidencial revela que sostuvo una conversación con Nadine Heredia a través de un tercero. Por esta razón, en el audio se le escucha dirigirse directamente a la esposa del mandatario y presidenta del Partido Nacionalista.
“En el 2006, a tu esposo le decían desde asesino para arriba y yo puse el pecho, yo compré un diario para tener un sitio donde escribir y me compré siempre pleitos”, resaltó Belaunde Lossio.
Según se desprende del reportaje, estos audios corresponden a una fecha posterior al 3 de diciembre de 2014, cuando la primera dama arremete contra el ex amigo y expresa su fastidio porque este –a quien admite haber tratado cercanamente– utilizó su nombre y el de su esposo para hacer sus negocios.
El mensaje de Belaunde Lossio es, precisamente, una respuesta a ese comentario de la jefa del Partido Nacionalista y reclama tácitamente por su esfuerzo desplegado desde la campaña de 2006 para demostrar que Humala no era un asesino “a pesar de las denuncias de los medios”.
“Hoy estamos exactamente al revés. Todos los medios salen a decir que yo soy un corrupto y que usé tu nombre, y tú sales a decir que estás fastidiada y decepcionada de Martín sin siquiera haber escuchado si es verdad o no”, le reclamó. Más adelante, en otro audio, se le escucha a este empresario desmentir que haya utilizado el nombre de la pareja presidencial en sus negocios, como le imputó la propia Nadine Heredia. “Qué voy a usar el nombre de estos dos (en referencia a Ollanta Humala y su esposa) si a estos dos nadie les hace caso”, señaló.
En el informe se señala también que, durante la última audiencia judicial en la que Belaunde Lossio y su abogado respondieron a los magistrados a través de una videoconferencia, este habría enviado mensajes subliminales a la pareja presidencial, tapándose varias veces la boca, como diciéndoles que no iba a decir nada por ahora.
El informe se complementa con imágenes de la entrevista que concedió Martín Belaunde Lossio a un reportero de dicho programa periodístico apenas dos días antes de escaparse en Bolivia.
ASESOR DE SOUTHERN
En otro momento del reportaje, se presentan extractos de la conversación que sostuvo Belaunde Lossio en Bolivia con el equipo de La noticia rebelde donde demuestra que tiene información política de interés, aunque ya difundida en Lima con anticipación.
En ese contexto, indicó que el ex primer ministro del gobierno aprista Jorge del Castillo es abogado de la minera Southern, que tiene a su cargo el proyecto Tía María.
“¡Qué tal concha! Del Castillo es abogado de Southern y yo tengo cómo comprobarlo”, subrayó el ex asesor y financista de las campañas presidenciales de Humala en los años 2006 y 2011.
Al respecto, en el encuentro con el reportero de La noticia rebelde, el ex amigo de la pareja presidencial sostuvo que, en el tema de Tía María, el jefe de Estado “ya se jodió”.
El programa se comunicó con el ex premier del gobierno de Alan García sobre estas aseveraciones de Belaunde Lossio. Del Castillo explicó cuál es su vínculo con la referida empresa minera.
“Yo no soy abogado (de Southern). Nosotros somos consultores en materia social”, expresó el ex parlamentario aprista para luego explicar que se trata de una empresa independiente que está vinculada al Grupo México.
Fuente: Diario Perú21.
Oscar Gonzales Rocha del Grupo México
Por Melissa Goytizolo- Diario La República.
Enterados de las sanciones impuestas a la compañía Southern por graves incidentes de contaminación registrados en la refinería y fundición de cobre de Ilo, los fiscales de Prevención del Delito de la provincia solicitaron al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) los informes técnicos para formular la correspondiente denuncia penal contra el presidente de la minera, el mexicano Oscar Gonzales Rocha.
El 11 de noviembre de 2013, el fiscal provincial de Ilo, Alfredo Rojas Bedregal, acusó a Gonzales por el delito de contaminación del medio ambiente en la modalidad de culposa.
Rojas fundamentó la denuncia sobre la base del informe del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas (Osinergmín) del 22 de abril de 2008, en el que se consigna que Southern duplicó los límites máximos permisibles de emisión de partículas contaminantes (derivados de un estudio de mayo de 2007). A pedido del Ministerio Público, OEFA ratificó dicho informe técnico el 13 de marzo de 2013.
El fiscal provincial además consignó la resolución de Osinergmín del 23 de marzo de 2009, mediante la cual se le otorgó a la Southern un plazo de 25 meses para reducir la contaminación.
La empresa, que el 30 de enero 2007 había declarado haber alcanzado los estándares de protección medioambiental, más de dos años después reconocía que enfrentaba problemas con la emisión de partículas contaminantes.
Esto para el Ministerio Público era una prueba de que entre 2007 y 2009 Southern cometió continuamente el delito de contaminación del medio ambiente.
Las evidencias
“Si una empresa supera los límites permisibles de emisiones contaminantes, y en este caso hay un informe del organismo público fiscalizador que lo confirma, entonces esa empresa comete un delito penal. Por eso se procedió a formular denuncia, conforme a ley”, dijo a La República el fiscal provincial Alfredo Rojas.
Posteriormente, la fiscalía solicitó 30 meses de prisión efectiva para el mexicano Oscar Gonzales, de 77 años.
El 26 de noviembre de 2014, después de resolver varias impugnaciones de los abogados de la minera para evitar el enjuiciamiento, finalmente la Corte Superior de Justicia de Moquegua citó a audiencia al presidente de Southern, Oscar Gonzales. El 15 de enero de 2015, en un hecho excepcional, el empresario mexicano se presentó ante el juez penal de Ilo, Erly Alejo Cruz.
A la fiscal provincial adjunta Ángela Marroquín Córdova le correspondía fundamentar la acusación.
El abogado de Southern, Renzo Carrasco Domhoff, manifestó en la audiencia que la contaminación se registró solamente en mayo de 2007, cuando técnicos contratados por Osinergmín detectaron emisiones de partículas contaminantes que sobrepasaban los límites máximos.
“Sin embargo, en la audiencia demostramos que el delito de contaminación en este caso fue un delito permanente. Se detectó durante una primera evaluación que hizo Osinergmín, en mayo de 2007. Y al someterse la empresa a un plan de cese de emisiones, que duró hasta abril de 2011, significaba que seguía contaminando. Evaluaciones de julio de 2007 y de noviembre de 2009 corroboraban lo que señalamos”, explicó la fiscal Marroquín.
El defensor Carrasco aceptó una entrevista con La República, pero el día del encuentro afirmó que la Southern le prohibió terminantemente dar declaraciones.
El 26 de enero de 2015, en la segunda audiencia, la fiscalía presentó al perito de la OEFA, José López Soria, que ratificó la evaluación de mayo de 2007 que descubrió emisiones contaminantes en la refinería y fundición de cobre de Ilo.
La fiscal Ángela Marroquín pidió interrogar al presidente de Southern, Oscar Gonzales, pero este se acogió al derecho del silencio. El juez Erly Alejo convocó a una nueva audiencia para el dos de febrero, en la que dictaría sentencia. Sin embargo, cuando llegó el día, no se presentó el mexicano Gonzales. El juez Alejo comunicó que la defensa del presidente de Southern había conseguido una acción de amparo en Lima.
Más pruebas de contaminación en Ilo
Según la resolución del juez limeño Ricardo Chang Racuay, que otorgó la acción de amparo a Oscar Gonzales Rocha, una condena podía afectar su salud. “Al tratarse de una persona de la tercera edad, debe tener calidad de vida, entendiéndose por esta la integridad del ser humano en los aspectos físico, psíquico y espiritual”, indica en su resolución.
La suspensión del proceso judicial impidió que la fiscalía provincial de Ilo presentara otras dos evaluaciones técnicas de Osinergmín efectuadas en la refinería y fundición de Ilo en julio de 2007 y en noviembre de 2009 y que dejaban sin piso la defensa de Southern, que alegaba que solamente se había producido un incidente aislado de contaminación en mayo de 2007.
La contaminación en Ilo quedaría impune por decisión del juez limeño Ricardo Chang Racuay, que otorgó acción de amparo al mexicano.
Yo soy tu padre
Por Mario Ghibellini- Revista Somos
Alan García ha revolucionado, qué duda cabe, la política nacional. Pero no gracias a la introducción de alguna idea novedosa o un gesto maduro que pudiera inspirar a las generaciones venideras, sino a través del bloqueo judicial de las investigaciones del Congreso. Se puede discutir si el ardid tuvo precursores en la melancólica galería de aspirantes y oficiantes del poder en nuestra historia previa, pero es evidente que fue él, con su forma de jaquear legalmente a la megacomisión que husmeaba en las zonas lóbregas de su segundo gobierno, quien sentó escuela al respecto. Y, aunque censurado y denigrado al principio, hoy vemos su ejemplo florecer.
Discípulo desatento
Es cierto que en mayo del 2012, cuando las indagaciones de la comisión que presidía el congresista Sergio Tejada recién comenzaban, el líder aprista anunció con soberbia: “Yo no me defiendo con recursos de amparo ni con llantos”. Y es cierto también que solo un año después hizo exactamente lo que dijo que no haría. Pero hasta en la práctica embarazosa de tener que tragarse sus palabras ha tenido seguidores.
Su primer discípulo –aunque poco aprovechado, hay que decirlo– fue el ex presidente Alejandro Toledo. A imitación de Alan, el líder chakano presentó, efectivamente, en enero del 2014, un recurso de hábeas corpus para dejar sin efecto, por una supuesta violación del debido proceso, la investigación que le seguía la comisión de Fiscalización del Congreso por el caso Ecoteva. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido con García –cuyo recurso para anular una presentación suya frente a la megacomisión fue declarado procedente por la Primera Sala Civil de Lima–, lo de Toledo resultó un panzazo. Es decir, su demanda fue rechazada por el Tercer Juzgado Penal y ahora aguarda turno de repechaje, sin mucha esperanza, en el Tribunal Constitucional.
Más atenta a las lecciones estuvo, al parecer, la primera dama, que en abril del 2014 criticó a García por haber movido “sus tentáculos en el Poder Judicial” y sacar “su recurso (de amparo) para quedar limpio de polvo y paja en la megacomisión”, pero hace solo algunas semanas obtuvo ella misma un fallo del 43° Juzgado Penal de Lima para que se archive la investigación que le estaba siguiendo la Fiscalía por presunto lavado de activos. Ahora, además, según ha declarado su abogado Eduardo Roy Gates, se dispone a solicitarle también a la justicia la nulidad de la comisión Martín Belaunde Lossio, que ha decidido volver a citarla y esta vez en condición de ‘investigada’.
Con respecto al efecto devastador que estos bloqueos legales tienen en general sobre la imagen de una política como ella, ya hemos reflexionado aquí; y sería ocioso repetir, ante esta eventual manifestación de renovada angustia encubridora, los mismos argumentos. Pero la circunstancia de que la señora Heredia pueda terminar ahora reproduciendo punto por punto la estrategia de Alan García merece un comentario aparte.
Conmoción y espanto
Desde que el nacionalismo llegó al poder, para la primera dama y su esposo siempre estuvo claro quién era su principal enemigo. Podían fustigar ocasionalmente al fujimorismo por prurito deportivo, pero el antagonista a frenar con el embozado proyecto reeleccionista, el panzón asorochado que no llegaría nunca a las cumbres de la inclusión que ellos habían hollado, el Darth Vader que representaba el lado oscuro de la política que ellos superarían, ágiles y luminosos, era otro.
Cómo no resaltar, entonces, el particular oprobio que resulta de haber abrazado finalmente sus modos. De haber decidido que las sombras tienen lo suyo y vale la pena ocultarse en ellas. Y de revelar, por último, un secreto parentesco que, como en las viejas tragedias clásicas, provoca conmoción y espanto en los espectadores de la historia.
Altos funcionarios
Por Fabiola Valle- Diario Perú21.
La comisión que investiga a Martín Belaunde Lossio consideró que el ex asesor presidencial y Juan Rivera Ydrogo, gerente de la empresa Antalsis Perú, deben ser investigados por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y tráfico de influencias, porque, de manera conjunta, habrían obtenido contratos irregulares con el Estado a través de diversas firmas.
Adicionalmente, al encarcelado empresario se le acusa de colusión y a Rivera Ydrogo del delito de cohecho.
La comisión arribó a esta conclusión al fundamentar por qué estos personajes y otros implicados pasaron de testigos a investigados.
En el escrito, al que tuvo acceso Perú21, se precisa que Belaunde Lossio articuló “una red de contactos con altos funcionarios del Estado y personas allegadas al poder que habría sido destinada a obtener ventajas económicas a favor de Antalsis y otras firmas vinculadas a él, gracias a la obtención de diversos contratos con el Estado”.
Los ilícitos se habrían cometido en varias regiones, como Madre de Dios, Junín, Cusco y Áncash. En Madre de Dios, Belaunde Lossio habría colocado en puestos claves a funcionarios de su confianza que debían llevar a cabo la licitación del colegio Fitzcarrald para asegurar la buena pro.
En Junín, la región favoreció a Antalsis con la adjudicación de los puentes La Eternidad y Comuneros. Mientras tanto, en Cusco, el Gobierno Regional le dio a la misma compañía la buena pro de cuatro obras.
En el Instituto Peruano del Deporte, Belaunde Lossio se vinculó con las altas autoridades para favorecer a la firma de Rivera Ydrogo con el proyecto de polideportivo del estadio Elías Aguirre de Chiclayo.
Por ello, el citado grupo de trabajo, que preside Marisol Pérez Tello, consideró necesario levantar el secreto bancario, tributario y de las comunicaciones a fin de determinar si existieron depósitos a nombre de las empresas vinculadas al ex asesor y si existieron comunicaciones previas a los procesos de selección, así como pagos de impuestos o declaraciones de gastos en los diferentes departamentos.
EL CASO ‘CHOCHERÍN’
A Juan Carlos Rivera Ydrogo, en calidad de gerente general de Antalsis Perú S.A.C., se le acusa de tener una relación comercial con el ex asesor. “Es materia de investigación el rol que habría cumplido Rivera como persona del entorno de Belaunde. Como representante de las empresas y de los consorcios que participaron en la obtención de contrataciones con el Estado, ha sido fundamental para hacerlas efectivas o realizar parcialmente las obras”, se indica. En su condición de gerente de Antalsis, utilizó dos cartas-fianza falsas para la suscripción de los contratos con la región Cusco.
Asimismo, el documento señala que ‘Chocherín’ realizó pagos, préstamos o desembolsos a favor de Belaunde Lossio. Sin embargo, ante la comisión, él negó los vínculos. Según el grupo de trabajo, también debe explicar el incremento de su patrimonio entre 2012 y 2014.
Investigados
La congresista Marisol Pérez Tello dijo que pasarían unos 15 más. El legislador Tapia recordó que Eduardo Roy Gates, abogado de Nadine Heredia, es uno de ellos.
También estarían Ilan Heredia, hermano de la esposa del presidente; Daniel Figallo, ex ministro de Justicia; Arturo Belaunde, padre de Martín Belaunde, y representantes de las firmas vinculadas al ex asesor.