El lunes 9, Martín Belaunde Lossio hizo uso de su derecho a guardar silencio y no declaró en el Penal de Piedras Gordas ante la Comisión parlamentaria que lo investiga.
Pero, eso sí, dos frases trascendieron para los titulares:
“No quiero amanecer colgado de los pies”.
“Yo sé todo, pero hablaré cuando acabe este gobierno”.
Se trata por cierto del mismo que se inventó un absurdo secuestro de Estado (s) para facilitar su fuga.
Qué diferencia hacen menos de tres meses.
REGUERO DE PLATA
El 27 de marzo parecía cantar victoria.
Ese día, su abogado Jorge Valda dio a conocer que la Sala Penal primera del Tribunal de Justicia de La Paz había declarado procedente el recurso de amparo constitucional interpuesto contra las dos resoluciones de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), por las que se denegó su solicitud de refugio político.
“Belaunde vuelve a ser objeto de protección de la Conare y vuelve a tener calidad de solicitante de refugio, por lo cual no puede ser expulsado, extraditado ni detenido”, anunció Valda, que incluso solicitó que se revoque el arresto domiciliario.
El fallo fue firmado por los jueces Ricardo Chumacero y Ramiro López.
Pero unos días después, el 7 de abril, el viceministro de Justicia, Diego Jiménez, informó que los magistrados se habían retractado. Así los fallos de la Conare volvían a su sitio.
Ese mismo día; la Cancillería, los ministerios de Gobierno, Justicia y la Procuraduría presentaron una denuncia por delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes contra los jueces.
Ratificado el arresto domiciliario, la defensa de Belaunde Lossio apuntó al Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, que el 30 de abril rechazó el recurso de inconstitucionalidad. El 23 de mayo, el Tribunal Constitucional denegó definitivamente las dos últimas demandas para evitar la extradición. Al día siguiente se fugó.
Detrás, mientras los representantes de ambos gobiernos contenían la respiración, había corrido un reguero de plata.
COIMA COMPLETA
El viernes 5 fue detenido Chumacero. Al día siguiente fue el turno de López, a quien le echaron el guante mientras ofrecía su declaración en la Fiscalía. Ambos se encuentran recluidos en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
De acuerdo con las primeras investigaciones, López se habría contactado por celular varias veces con Valda para insistir que le paguen el íntegro de la coima acordada para emitir la resolución: US$ 100 mil.
En el expediente fiscal se lee que: “Como primer pago se habría entregado 40,000 dólares a los dos vocales. Días después de que López y Chumacero emitieran la resolución que concedía el amparo a Belaunde se entregó una vagoneta BMW a López para que el magistrado tenga la seguridad de que se le pagaría”.
María Cecilia Rocabado, abogada de Chumacero, declaró que la denuncia de cohecho también alcanza a miembros del Ejecutivo, Conare y los tribunales Supremo y Constitucional.
La –justificada– cadena de sospecha alcanza esas esferas. Miembros del equipo peruano que trabajaron la extradición supieron que Jorge Von Borries, presidente del Supremo, increpó a miembros de esa sala cuando supo que se cocinaba un fallo a favor de Belaunde, incluso preguntándoles si habían recibido el dinero que se rumoreaba.
Del mismo modo, Belaunde Lossio habría decidido fugarse cuando supo que el juez “contactado” en la Corte Constitucional se echó para atrás (CARETAS 2388).
Belaunde y sus abogados repartieron plata a manos llenas.
En esa línea, el presidente Evo Morales reveló que el peruano “ha sido objeto de extorsión de abogados en La Paz, en Santa Cruz, en el Beni y abogados hasta de Brasil”.
En el último caso se refería a Jorge Tiburcio, quien reconoció haber sido contactado desde ese país por Belaunde poco antes de ser detenido. También denunció que Valda fue torturado para revelar información sobre el paradero de su cliente. Entre otros métodos utilizaron el de exponerlo al frío del altiplano.
Fuente: Revista CARETAS.