Por Elizabeth Salazar- Diario El Comercio.
¿Qué tienen en común el ex policía Sandro Espinoza, el investigado por lavado de activos Rodolfo Orellana y el que fuera jefe de seguridad de Vladimiro Montesinos, Manuel Áybar Marca? La clave está en la sede de su empresa Police Security, una casa ubicada en la calle Armando Blondet 250, San Isidro, donde ha implementado una central de videovigilancia.
El inmueble pertenece al ex comandante PNP Manuel Áybar Marca, quien estuvo preso por asociación ilícita y encubrimiento personal tras ayudar a Montesinos a fugar en el velero Karisma. Áybar fue uno de los que introdujeron a Óscar López Meneses al círculo del ‘Doc’.
Las fichas de Registros Públicos muestran que el predio fue alquilado en el 2007 al estudio Orellana Asesores y Consultores, empresa del abogado Rodolfo Orellana Rengifo, quien es investigado por la Fiscalía y la Procuraduría de Lavado de Dinero por presuntamente dirigir una organización que se apropia ilegalmente de inmuebles y terrenos.
Ludith Orellana, hermana de Rodolfo y gerenta del estudio, es quien subarrendó la casa a Police Security en el 2010. Ella tomó la previsión de otorgar poderes a dos abogados para que la representaran ante algún inconveniente con el inmueble, pues Áybar aún debe S/.88,727 de reparación civil al Estado.
Cuando acabó el contrato, en setiembre del 2012, Espinoza negoció el alquiler directamente con Áybar y su esposa, como consta en los documentos a los que tuvimos acceso. El acuerdo vence en el 2015. Sin embargo, en enero del 2013, el Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio ordenó el embargo preventivo de la casa  para asegurar el pago de la reparación.
“NO SABÍA QUIÉNES ERAN”
Fuentes confiables dijeron que Police Security también da servicios a comercializadoras y exportadoras de oro, algunas vinculadas al grupo Orellana. Espinoza lo niega: “No tenía idea de que la casa era de Áybar hasta que terminé el contrato con Ludith Orellana. Es más, a ella la he demandado porque intentó estafarme con el inmueble. En ese entonces no sabía de los presuntos vínculos ilícitos de su familia y no he vuelto a tener contacto con ellos”.
La Dirincri y la superintendencia de control de armas intervino Police Security para verificar si su documentación estaba en regla, pero no encontró nada revelador. Espinoza considera que es una venganza del gobierno, pero el sector Interior ya revisa la legalidad de su empresa.
DUEÑO E INQUILINA
El pago del alquiler del inmueble, de Manuel Áybar Marca, ha pasado a formar parte de la cuota por reparación civil que este aún adeuda al Estado. Ludith Orellana se lo alquiló hasta el 2012.