Afirmación democrática
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convocó a consulta popular de revocatoria de las autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima, entre ellas la alcaldesa Susana Villarán, para el 17 de marzo de 2013.
Asimismo, aprobó el cronograma para el trámite de solicitudes del proceso de revocatoria en otros distritos y provincias del territorio nacional, cuya fecha se ha previsto para el 7 de julio del próximo año.
En la Resolución 1000-2012-JNE, el máximo órgano electoral precisa que el caso de Lima amerita un trato diferenciado, debido a que tiene especiales peculiaridades, entre ellas ser la provincia con la mayor cantidad de distritos (43) y con la población electoral más grande del país.
De acuerdo con el padrón electoral, aprobado en 2011, el número de electores que participarían en este proceso ascendería a 5’991,831; sin embargo, esta cifra podría variar cuando se elabore nuevamente el documento.
Se trata también de la primera convocatoria a consulta de revocatoria que se realizará en la capital de un departamento y que, a la vez, es capital de la República, precisa el documento.
“Hay un incremento notable de revocatorias, porque entre 2003 y 2006 fueron revocadas 191 autoridades, y en el período 2007-2010 la cifra aumentó a 669; es decir, cinco veces más, casi seis”, precisó el director de Fiscalización y Procesos Electorales del JNE, José Echevarría.
Mencionó que antes se pedía un porcentaje calificado de la votación, pero ahora se hace sólo sobre los votos válidos, por lo que ahora puede darse el caso de que se necesiten menos votos que firmas para lograr la revocatoria de un alcalde.
El principal promotor de la consulta de revocatoria, Marco Tulio Gutiérrez, anunció que iniciarán una campaña para que los ciudadanos voten por el “sí” y la capital renueve a las autoridades edilicias. Perú Posible adelantó que no respaldará esa opción.
Natale Amprimo –exintegrante de la Mesa Directiva que presidiera Ferrero en 2003– recordó que fue Henry Pease “uno de los impulsores de la norma” sobre la revocatoria. “Lástima que los que promovieron esa norma, ahora la critiquen”, dijo.
Por su parte, el exlegislador del PPC Xavier Barrón todavía recuerda la presión que hubo para que se aprobara dicho mecanismo. “Todos los organismos de la sociedad civil, léase ONG, venían con mucha fuerza tras la caída de Fujimori. Uno de sus derechos era la capacidad de revocar autoridades”, refirió.
Indicó que la presión era para que se revocara a congresistas, pero como esto falló, promovieron la revocatoria de alcaldes. “El gran impulsor no solo fue Pease, evidentemente fueron los parlamentarios del gobierno. Ahora la vaca ya no se acuerda cuando fue ternera”, añadió.
“En todo momento los grupos de izquierda, las ONG proponen mayor control de la población, pero cuando les toca a ellos ser los controlados, allí sí, las leyes son malas, no funcionan. Ese es el doble rasero que tienen en todo”, indicó a su turno el excongresista aprista Aurelio Pastor.
En tanto, Gilberto Díaz (Perú Posible) justificó que su partido impulsara la norma, pero dijo que en esta ocasión están en desacuerdo “porque detrás de la revocatoria está Castañeda Lossio”.
La primera ley de Municipalidades, promulgada en el segundo gobierno de Fernando Belaunde, no señalaba nada referido a revocatoria.
La Constitución de 1993 establece la revocatoria del mandato municipal o regional entre el primer y último año.
Tras la caída del régimen fujimorista, el gobierno de Toledo y sus aliados aprueban las leyes de elecciones regionales, de gobiernos regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades. En todas estas normas se incluye la figura de la revocatoria.
Tras las leyes aprobadas por Toledo, en 2004 se procedió al primer proceso de revocatoria; un total de 878 autoridades fueron sometidas a proceso de las cuales fueron revocadas 144 en 43 distritos.
No impugnarán decisión del JNE
La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y el concejo metropolitano no impugnarán la resolución del JNE que convalida el cuarto y último lote de firmas de adherentes para aprobar la consulta de revocación.
Así lo confirmó Juan Manuel Velarde, ex personero de Fuerza Social y representante legal de los regidores. “Esto es lo último. No se puede hacer nada más, a pesar de esta irregularidad que ha cometido el JNE”, dijo a El Comercio.
Aunque el municipio evaluaba recurrir a instancias internacionales, Velarde descartó tal opción: “No vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la Municipalidad es parte del Estado, y los estados no tienen derechos, sino los ciudadanos”.
Sobre el tema el constitucionalista Samuel Abad indicó que antes de acudir a la corte, habría que preguntarse qué derechos humanos de la Municipalidad de Lima han sido violados. “Además hay que anotar que, mientras se resuelve el tema en la corte, ya todo el trámite de la revocación debe haberse producido”, añadió.
Consultoría recomendó traslado de La Parada
Si la Municipalidad de Lima pensó que el traslado del Mercado Mayorista de La Parada a Santa Anita iba a ser fácil puede haberse debido, en alguna medida, a una consultoría elaborada por el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
El estudio, denominado “Mapeo de los grupos de interés y evaluación de conflictos en torno al proceso de reubicación del Mercado Mayorista N°1 de Lima ‘La Parada’ al Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML)“, de junio del 2011, arriba a conclusiones que contrastan radicalmente con la realidad de los violentos sucesos acontecidos la semana pasada.
Mayoría a favor
Las conclusiones del estudio establecen que “la posición mayoritaria frente al traslado” es a favor.
“De hecho la diferencia es que algunos de los actores identificados precisan algunas condiciones que deben aclararse para el traslado, pero la mayoría de los entrevistados consideran que los actores estarían de acuerdo con el traslado”.
Asimismo, el informe indica que existe una posición minoritaria en contra del traslado.
“También se encuentran aquellos actores, fundamentalmente comerciantes, y actores externos como ambulantes y minoristas, que manifiestan una posición contraria y crítica al traslado. Es una posición minoritaria”, apunta el informe.
Asimismo, se sostiene que “aún menos significativa es la situación de aquellos que no tienen una posición frente al traslado. Está constituida por actores externos al mercado”.
El informe fue elaborado por un equipo de cinco evaluadores del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP, quienes entre abril y mayo visitaron en diversas oportunidades el Mercado Mayorista N°1 para realizar entrevistas entre los comerciantes.
El trabajo de campo arrojó que el “50% de los entrevistados señalan que están a favor del traslado, ya que consideran que significaría un cambio para mejor en las condiciones de trabajo y por ende en la rentabilidad de su negocio”.
El estudio también señala que solo “el 20% de los entrevistados, mayoritariamente comerciantes, o representantes de organizaciones externas al mercado, tienen como posición el oponerse al traslado porque consideran que habrá pérdidas económicas en el nuevo mercado”.
Para llevar a cabo el estudio se realizaron 32 entrevistas a comerciantes del mercado y el exterior, así como a estibadores, transportistas manuales, ambulantes y trabajadores de EMMSA.
El Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP señala que siendo un estudio cualitativo se prefirió entrevistar a los líderes y dirigentes de diferentes asociaciones y organizaciones involucradas directa o indirectamente con el proceso de traslado del Mercado de Santa Anita.
Millones
Al respecto, el exgerente de EMMSA Luis Baca señaló que la gestión Villarán ha gastado casi 7 millones de soles en consultorías.
“El estudio del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP está dentro de este paquete de asesorías y consultorías que tanto les encanta a estos señores”, dijo en diálogo con Correo.
Por su parte, el regidor de la Municipalidad de Lima por el Partido Popular Cristiano (PPC) Jorge Villena cuestionó el informe, pues señaló que “cualquiera que conoce la zona sabe muy bien que en el entorno de (el Cerro) San Cosme y La Parada hay gente que depende económicamente, directa o indirectamente, del mercado”.
A su juicio, “se ha tirado la plata al agua con un informe que le mandaron a hacer a su universidad preferida”.
En ese sentido, Villena sostuvo que cualquier intervención sobre el mercado de La Parada iba a causar la respuesta de todo el entorno del mercado.
“Lo que pasa es que estos señores no conocen La Parada, nunca han ido en su vida y mandan a un grupo de estudiantes para que hagan el levantamiento de la información”, criticó en alusión al estudio.
Pero el entorno de La Parada, para Villena, no fue el detonante de la ocurrido la semana pasada.
Recordó que en junio del año pasado la exgerenta de EMMSA Clara Martínez señaló que se invertirían 97 millones de soles para terminar los pabellones adicionales que necesitaba el Mercado de Santa Anita y solicitaron 20 millones de soles para realizar estudios.
“Además, (Susana) Villarán les ofreció puestos para todos, para los que están afuera, para los informales y hasta para el perro que pasaba. Por eso todos estaban de acuerdo con el traslado, pero luego ella cambió y dice que no se gastará ni un sol más y se hace el traslado. Entonces ¿para qué se gastó tanto en estudios?”, cuestionó.
Precisó que de los 20 millones de soles solicitados en el 2011, se gastaron 9 millones y devolvieron 11 millones. “De esos 9 millones se gastaron 7 en consultorías, pero de pronto salió la alcaldesa a anunciar el traslado sin ninguna ampliación”, agregó.
Explicaciones
El congresista de Fuerza 2011 Julio Gagó anunció que ha solicitado que se invite a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, a la Comisión de Defensa del Consumidor a fin de que explique en qué tipo de consultorías se han gastado los 7 millones de soles solicitados.
Asimismo, criticó que se hayan solicitado cerca de 20 millones de soles para la ampliación del Mercado de Santa Anita para que, finalmente, “esté igual como lo dejó el exalcalde Luis Castañeda”.
Gagó consideró que entre los 764 trabajadores empadronados del Mercado Mayorista de La Parada sí existía la voluntad de trasladarse.
Sin embargo, al igual que Villena, consideró que el cambio de discurso de la alcaldesa motivó la reacción de los comerciantes.
“En la campaña a la alcaldía, Villarán habló inclusive de la privatización de los mercados. Les dijo ‘ustedes son emprendedores, vamos a trabajar de la mano’. Eso se dijo junto a la misma Margarita Valladolid (una de las dirigentas que con mayor tenacidad se opone al traslado)”, comentó.
Gagó recordó que a los 100 días del inicio de su gestión, Villarán, en una sesión ordinaria, señaló que el Mercado de Santa Anita no estaba apto para el traslado y que tenía que ser remodelado para que, una vez concluidas las obras, se iniciara el traslado.
“Todo esto cambió. Primero dijo que le faltaban obras y luego dijo todo lo contrario y emprendió el traslado. ¿Cómo se puede evitar el conflicto de esta manera?”, se preguntó.
Fue desalojo
Para Julio Gagó, el operativo realizado en La Parada sí fue un desalojo. “Todos quieren el traslado, el gran problema es cómo se llevó a cabo el operativo”, sostuvo en diálogo con este diario.
Para Gagó, el operativo de bloqueo al acceso al Mercado Mayorista de La Parada se trató de un “desalojo pasivo”.
“¿Por qué tuvimos que llegar a este operativo que es un desalojo pasivo? Activo sería que entre la Policía al mercado y saque a los comerciantes. Aquí los han obligado a salir poniéndoles los pilotes para que ya no ingresan los camiones para que no los abastezcan. Esa es otra forma de desalojarlos”, explicó.
Denuncia penal
En setiembre pasado, el exgerente de la Empresa Municipal de Mercados (EMMSA) Luis Baca denunció penalmente, ante la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Lima, a los actuales funcionarios de ese organismo.
Baca denunció las presuntas irregularidades en el desembolso de S/7 millones por concepto de consultorías para el nuevo Mercado de Santa Anita.
Según el exgerente de EMMSA, entre las asesorías, estudios, consultorías y evaluaciones, existe una realizada por la empresa Paititi Tesoro de los Andes, contratada el 2011 por Villarán para hacer un análisis del potencial sistema de comercialización de los principales productos agrícolas perecederos a venderse en el Mercado de Santa Anita.
Lo curioso es que dicha empresa se dedica a exportar artesanías, incluyendo cerámicas de Chulucanas y alfombras de lana de alpaca, según se advierte.
Para Baca, lo más escandaloso del estudio es que lo concluyeron en enero del 2012 y sus recomendaciones y conclusiones son iguales a las que hizo hace dos años la Sociedad Nacional Francesa, que administra el Mercado Internacional de Rungis (París), contratada durante su gestión.
“Nosotros denunciamos las similitudes que hay entre un trabajo que nosotros mandamos a hacer hace 4 años. Parece hecho de una mente gemela”, dijo a Correo.
Fuente: Diarios El Peruano, La República, Perú21 y Correo.