Hermanas y hermanos, como pastores de la Iglesia Católica, hacemos nuestra la gran preocupación suscitada por la reciente publicación de los Decretos de Urgencia N°001–2011 y N°002–2011, por parte del Poder Ejecutivo, en base a las facultades extraordinarias que le otorga la Constitución, a través de los cuales se dictan disposiciones especiales para facilitar la aplicación de 33 proyectos de inversión en nuestro país. Estos decretos de urgencia están destinados a exonerar del estudio de impacto ambiental a estos proyectos de inversión como requisito previo para la obtención de autorizaciones administrativas.
La Iglesia, como Madre y Maestra, jamás estará en contra de todo aquello que suponga sumar esfuerzos para alcanzar el bienestar de peruanos y peruanas. Es tarea nuestra -como nos lo han recordado nuestros hermanos del Episcopado Latinoamericano y Caribeño en Aparecida- cuidar la casa común, pues los recursos naturales se pueden agotar y corremos el riesgo de administrar miseria, llanto y desolación (Aparecida, 474).
La respuesta que damos se debe a la insistencia de numerosos fieles sobre la necesidad de los estudios de impacto ambiental, requisito fundamental para toda actividad extractiva y energética, a fin de conocer las graves consecuencias que un mal manejo ambiental podría tener para la población y nuestra diversidad de ecosistemas.
En los últimos años, como pastores hemos asistido a distintas solicitudes de mediación entre las comunidades y el Estado, a fin de evitar situaciones de violencia producto de la agudización de los conflictos sociales. En ellos, quien más pierde es el más pobre, cuya marginación es clamorosa.
Sabemos que desde el mes de diciembre pasado, hay más de 200 conflictos sociales, la tercera parte de ellos vinculados al manejo del agua y recursos hídricos. Es preocupante que estos decretos puedan convertir la exigencia de los estudios de impacto ambiental en un requisito administrativo no obligatorio.
El agua, el aire, la tierra, son elementos esenciales de esa naturaleza gratuita que Dios nos ha otorgado generosamente. Los conflictos sociales se pueden prevenir y evitar si actuamos a tiempo. El desarrollo requiere el respeto a nuestra tierra y su gente (Cfr. Populorum Progressio, 20). Si queremos la paz, cuidemos la creación, nos dijo el Papa Benedicto XVI en su mensaje del 1 de enero de 2010. Estamos comprometidos en esa tarea.
Monseñor Héctor Miguel Cabrejos Vidarte OFM, Arzobispo de Trujillo y Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana
Monseñor Gerardo Zerdin OFM, Obispo del Vicariato Apostólico de San Ramón
Monseñor Francisco González OP, Obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado
Monseñor José Luis Astigarraga CP, Obispo del Vicariato Apostólico de Yurimaguas
Monseñor Santiago García de la Rasilla SJ, Obispo del Vicariato Apostólico de Jaén
Monseñor Gaetano Galbusera SDB, Obispo del Vicariato Apostólico de Pucallpa
Monseñor Alberto Campos OFM, Obispo del Vicariato Apostólico de San José del Amazonas
Monseñor Juan Tomas Oliver OFM, Obispo del Vicariato Apostólico de Requena.
AL SERVICIO DE LA DIGNIDAD HUMANA Y DEL BIEN COMÚN
MENSAJE DE LOS OBISPOS DEL PERÚ ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES GENERALES 2011
Ante las próximas Elecciones Generales 2011, los Obispos del Perú, atentos a la voz de Jesucristo el Buen Pastor, que dice: “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn. 10, 10), queremos ofrecer a todos los actores del proceso democrático -católicos y ciudadanos en general- algunas reflexiones que ayuden a ejercer el deber electoral con verdad y responsabilidad.
1.- La dignidad de la persona es el centro de la preocupación social de la Iglesia. Ella enseña que, para discernir lo que es más justo y adecuado en orden al bien común, debe tenerse en cuenta la primacía del ser humano, la promoción de sus derechos fundamentales y la inclusión de los más débiles en los proyectos de desarrollo. La Iglesia considera el ejercicio de la política como un servicio a la nación. Es fundamental que se analicen las propuestas de los candidatos para garantizar estos principios.
2.- El desarrollo social debe fundarse en el respeto y la promoción de los derechos humanos, el acceso a los servicios básicos de salud, nutrición, agua, educación, vivienda y seguridad ciudadana, especialmente de los más pobres. Las mejores condiciones económicas que el país experimenta deben llegar cuanto antes a los que todavía se encuentran en la pobreza o la marginación.
3.- El ejercicio de la democracia debe respetar los principios éticos y morales vinculados a la promoción del bien común. Por ello, sin expresar preferencia por ninguna de las propuestas electorales, tenemos el deber de orientar a los fieles en aquellos planteamientos que, por sus implicaciones religiosas y morales, contradicen las enseñanzas de la Iglesia (cfr. Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n.424).
4.- Invitamos a estar alerta ante las propuestas que atentan contra la ley natural, el respeto a la dignidad humana, la verdad y la práctica de la justicia. Ir contra estos principios es desconocer nuestra realidad natural. Intentar cambiarlos traerá graves consecuencias para la sociedad, y los perjudicados siempre serán los más débiles. Por ello, el respeto y la defensa de la vida desde el primer instante de su concepción hasta su muerte natural es irrenunciable en todo planteamiento. No se pueden aceptar bajo ningún argumento el aborto, la eutanasia o la manipulación genética.
5.- El matrimonio es la base de la familia y de la sociedad y tiene una importancia fundamental para el auténtico desarrollo. Por su origen divino, posee unas características propias e irrenunciables. “Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó; varón y mujer los creó” (Gen 1,27). El matrimonio no es una unión cualquiera entre personas. Es la unión estable e indisoluble de un hombre y una mujer que se complementan y se entregan recíprocamente en una relación abierta a la vida. “Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre” (Mt 19,6). También es reconocido así el matrimonio por las grandes culturas y por la Constitución Política del Perú. Ninguna otra realidad se le puede equiparar. Es responsabilidad de todas las instancias de la sociedad promover cuanto contribuya el bien del matrimonio y de la familia.
6.- El vicio de la corrupción continúa socavando el desarrollo social y político de nuestro pueblo. Ha faltado la voluntad tenaz y el compromiso ejemplar de nuestras autoridades, la vigilancia y la colaboración eficaz de todos los ciudadanos y sobre todo, nos está faltando una fuerte conciencia ética y moral (cfr. Iglesia en América, 23). El proceso electoral es una ocasión propicia para exigir la presentación de programas que enfrenten con valentía las diversas formas de corrupción, tanto en los poderes del Estado como en los ámbitos de la actividad pública y privada.
7.- Es preciso lograr un saludable equilibrio entre progreso económico y respeto a la naturaleza. Los planes de gobierno han de tener en cuenta la ecología y el uso racional de las riquezas de nuestro país, consultando oportunamente a los pueblos y a las comunidades en cuyo territorio se dan las concesiones de tierras y las licencias de explotación de los recursos naturales. Hay que prevenir así futuros conflictos y enfrentamientos que tanto dolor nos han causado y combatir abusos como el narcotráfico y la depredación de costa, sierra y selva.
8.- Los candidatos deben tener en cuenta que la violencia social no se genera solamente porque exista pobreza, sino porque existe desigualdad. Un reto para las autoridades elegidas es lograr un mayor desarrollo, pero que se vea reflejado en la vida de todos los peruanos, principalmente de los más desfavorecidos. Por eso, las propuestas de gobierno deben expresar un compromiso real con los más necesitados y así mantener la esperanza de nuestros pueblos.
9.- Es tiempo de un diálogo fecundo y alturado que genere espacios de armonía. La transparencia del proceso electoral exige que los electores sean escuchados por los candidatos y que entre estos haya un sereno intercambio de ideas. Así el elector podrá conocer no sólo los contenidos de los programas, sino también la preparación del candidato y la coherencia de su actitud. Por consideración al elector, se han de promover debates que le permitan formarse una opinión sólida y así poder ejercer libre y responsablemente su derecho a votar.
10.-El ciudadano merece respeto e información veraz. Es indigno tratarlo como un objeto que se puede manipular o engañar. La dignidad del votante exige que resplandezca la verdad como elemento esencial para la paz, la convivencia, la democracia y la vida institucional. “La verdad los hará libres” (Jn. 8,32)
11.-Los periodistas y los medios de comunicación social han de participar con la máxima responsabilidad en el proceso. Los invitamos a ejercer la libertad de expresión buscando la verdad unida a la justicia y al bien común. Que su información sea objetiva, imparcial, abierta a todos los candidatos, a fin de que las propuestas sean conocidas de manera íntegra y veraz. Más allá de las lícitas actividades publicitarias de la campaña electoral y dejando de lado los cambiantes resultados de las encuestas, se debe privilegiar la correcta información para garantizar una verdadera participación ciudadana.
12.-Los Obispos Latinoamericanos dijimos en Aparecida: “Urge crear estructuras que consoliden un orden social, económico y político en el que no haya inequidad y donde haya posibilidades para todos. Igualmente, se requieren nuevas estructuras que promuevan una auténtica convivencia humana, que impidan la prepotencia de algunos y faciliten el diálogo constructivo para los necesarios consensos sociales” (Documento de Aparecida, 384)
En esta etapa decisiva para el futuro del país, pidamos a Dios que nos ilumine para elegir a los más capaces y con mayor vocación de servicio; que a las autoridades les conceda la sabiduría necesaria para velar por el bien común; y que todos, solidariamente unidos, estemos dispuestos a trabajar por el Perú.
Elecciones 2011, Amazonía y los pueblos indígenas
MENSAJE DE LOS OBISPOS DE LA AMAZONÍA PERUANA
APORTES PARA LAS AGENDAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Los Obispos de los Vicariatos Apostólicos de la Amazonía venimos cumpliendo desde inicios del siglo XX una labor misionera, pastoral y social, respondiendo al pedido de la Santa Sede y del Estado peruano para acompañar y ayudar a los pueblos amazónicos en su desarrollo integral. Iluminados por las enseñanzas de Jesucristo y del Magisterio de la Iglesia cumplimos nuestro servicio pastoral tomando en cuenta las situaciones particulares que se viven en la región y respondiendo como pastores a las necesidades y problemas desde nuestra visión y concepción cristianas.
Acompañamos a los pueblos indígenas, ribereños y mestizos en el fortalecimiento de sus identidades y organizaciones propias, la defensa del territorio, una educación intercultural bilingüe y la defensa de sus derechos como nos pide la Iglesia en el documento de Aparecida (90). Somos conscientes de los valores culturales y los conocimientos del entorno de los pueblos indígenas que pueden contribuir, de manera efectiva, al desarrollo y a la consolidación de la nación peruana.
Estamos en un escenario electoral caracterizado por la conflictividad social que se vive en la Amazonía. La mayoría de los conflictos están motivados por aspectos socio ambientales y la falta de un auténtico diálogo entre los representantes legítimos de los indígenas e hispanohablantes y los organismos del Estado, que concluya en acuerdos aceptables para las partes implicadas y contribuyan al desarrollo de una cultura de paz. También por la falta de participación efectiva de los distintos actores sociales y políticos de la Amazonía en dichos organismos estatales.
Consideramos que estamos a tiempo de retomar el proceso de acercamiento y comprensión iniciado después de “Bagua” y de aprovechar los resultados que, con mucho esfuerzo, se lograron a través de las “mesas de diálogo”, para avanzar en la democratización de espacios de deliberación política, la inculturación de la política y la construcción de una sociedad intercultural, que fortalezca la gobernabilidad en la totalidad de nuestro país.
El proceso electoral en marcha, constituye sin duda, un momento propicio para que los partidos planteen alternativas con responsabilidad sobre los pueblos indígenas amazónicos, sus problemáticas y sus derechos, pero sobre todo para que se comprometan a implementar políticas y programas con la participación activa de sus organizaciones legítimas.
Consideramos que los partidos políticos y las alianzas participantes en el próximo proceso electoral a realizarse en abril del 2011, deberían considerar en sus agendas y planes de gobierno, los siguientes puntos relacionados con los pueblos indígenas amazónicos:
1. Construir en forma consensuada un modelo de desarrollo alternativo, integral, solidario e intercultural, basado en una ética y responsabilidad por la ecología natural y humana, que supere la lógica utilitarista e individualista del actual modelo. Un desarrollo basado en el papel central del ser humano, en la promoción y participación en el bien común. Este modelo deberá considerarse como un aporte de los pueblos indígenas al desarrollo del país. Como afirma Benedicto XVI en la Caritas In Veritate “El desarrollo humano integral está estrechamente relacionado con la relación del hombre con el entorno natural, considerado como un don de Dios para todos”
2. Garantizar una Institucionalidad estatal en materia de pueblos indígenas, que defina su relación con el Estado y el rol de esta instancia en la formulación e implementación de políticas públicas que los favorezcan. Esta instancia debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en el diseño y ejecución de los mecanismos de diálogo para administrar los programas y proyectos que les afecten.
3. Plantear una reforma constitucional que permita incorporar derechos colectivos de los pueblos indígenas a nuestro ordenamiento legal, de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por el Estado peruano, especialmente el Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de las NNUU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
4. Aprobar la Ley sobre Derecho a la Consulta Previa, retomando el proyecto aprobado por el Congreso de la República en mayo del 2010, que permita la implementación de mecanismos de consulta, capaces de asegurar la participación de los pueblos indígenas a través de sus organizaciones representativas, de conformidad con el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas de Derechos de Pueblos Indígenas. Para esto se requiere fortalecer las capacidades de la población, sus organizaciones y sus dirigentes para participar activamente en los procesos de consulta, incidencia política, negociación y gestión pública en los distintos niveles de gobierno.
5. Implementar un marco jurídico que brinde seguridad para los pueblos indígenas, especialmente en relación a su territorio como hábitat donde desarrollan su cultura, tomando en cuenta los principios y normas del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Asimismo concluir con los procesos de titulación, ampliación y demarcación; además es necesario establecer un Sistema Único Catastral para las comunidades nativas de la Amazonía.
6. Es igualmente importante crear un marco normativo que regule la propiedad de las tierras que actualmente ocupan las poblaciones ribereñas. En la actualidad existen más de 2,500 comunidades ribereñas; una mezcla de población indígena y mestiza; que ocupan las zonas de inundación de los grandes ríos, y son las más invisibles y vulnerables porque no tienen reconocimiento legal.
7. Implementar los marcos normativos que permitan asegurar e incrementar la participación política de los pueblos indígenas en los diversos niveles de gobiernos y en la toma de decisiones.
8. Promover y fortalecer en el ámbito regional los procesos de ordenamiento territorial y zonificación ecológica y económica en los territorios indígenas de acuerdo a su cultura, lo que hará posible establecer un marco adecuado y un equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, la conservación de los recursos naturales.
9. Fortalecer la política nacional ambiental, que tiene carácter obligatorio en los distintos niveles de gobierno, como lo establece la Ley General del Ambiente. Ésta debe contar con la participación de la sociedad civil a fin de evaluar y garantizar la aplicación de los programas, planes y acciones destinados a la protección del medio ambiente y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Como menciona Benedicto XVI en el Mensaje de la Paz 2010 “La cuestión ecológica se ha de afrontar sobre todo en la búsqueda de una auténtica solidaridad de alcance mundial, inspirada en los valores de la caridad, la justicia y el bien común y del ambiente y el desarrollo integral de la persona humana”
10. Implementar políticas públicas en salud y educación que respondan a las realidades culturales de los pueblos indígenas y que mejoren el acceso y la calidad de estos servicios. Se debe priorizar a los niños y niñas indígenas, por ser los más vulnerables.
Las elecciones de abril 2011, sin duda, constituyen una oportunidad para responder a la urgente necesidad de cambiar las históricas relaciones de exclusión y conflicto entre el Estado, la clase política y los pueblos indígenas amazónicos.
Finalmente, queremos añadir que construir una sociedad intercultural es una tarea que requiere de verdaderos esfuerzos para llevar la interculturalidad a la política y a nuestro sistema democrático. Acabar con la invisibilidad de los derechos indígenas e incluirlos en las agendas de los partidos políticos, resulta impostergable. Los pueblos indígenas emergen como actores sociales y políticos y demandan la vigencia de sus derechos. La Iglesia los acompaña y está con ellos en su reclamo por el reconocimiento pleno de esos derechos individuales y colectivos, que incluye ser tomados en cuenta con su cosmovisión, sus valores y sus identidades particulares, contribuyendo al desarrollo y a la construcción de la nación peruana.
Monseñor Gerardo Antón Zerdin OFM -Obispo Vicario Apostólico de San Ramón.
Monseñor José Luis Astigarraga Lizarralde CP -Obispo Vicario Apostólico de Yurimaguas.
Monseñor Gaetano Galbusera SDB -Obispo Vicario Apostólico de Pucallpa.
Monseñor Alberto Campos Hernández OFM -Obispo Vicario Apostólico de San José del Amazonas.
Monseñor Santiago García de la Rasilla Domínguez SJ -Obispo Vicario Apostólico de Jaén.
Monseñor Francisco González Hernández OP -Obispo Vicario Apostólico de Puerto Maldonado.
Monseñor Juan Oliver Climent OFM -Obispo Vicario Apostólico de Requena.
In God We Trust
El símbolo máximo del capitalismo universal, el billete de dólar, tiene inscrita su confianza en Dios. La propuesta de un grupo de ateos norteamericanos para que desaparezca la frase In God We Trust (En Dios confiamos) del más famoso billete verde del mundo, no ha prosperado.
La Corte Suprema de los Estados Unidos acaba de desestimar la petición de un grupo de ateos, liderado por el conocido activista y abogado Michael Newdow, para retirar el lema In God We trust (En Dios confiamos) de los billetes de dólar estadounidenses. El demandante argumentaba que el mensaje es discriminatorio al promocionar una religión monoteísta.
Una corte de San Francisco, donde se originó la petición, indicó que se trata de un enunciado “ceremonial y patriota” y que no alude a la promoción de una religión monoteísta, lo cual está prohibido por la Constitución de Estados Unidos.
El abogado Michael Newdow, defensor de la propuesta, sostiene que EE UU promueve que “creer en Dios es bueno”, según indicó a BBC Mundo. Newdow, que preside la organización atea FACTS, cree que el rechazo a su petición refleja la negativa de derechos y la persecución a los ateos como ha sucedido en la historia con otros grupos, tales como los homosexuales, mujeres o negros.
Por su parte, Austin R. Nimocks, asesor legal de la Alianza de Defensa religiosa de Arizona, calificó de “absurda” la demanda. “Esto es sólo otro ejemplo de los reiterados intentos de los esfuerzos de limpieza cultural contra el Cristianismo que están sucediendo en nuestra nación“, declaró a la CNSNews.
Newdow es conocido en EE UU porque recurrió, sin éxito, la constitucionalidad del Juramento a la Bandera que recitan todos los alumnos estadounidenses y que también hace mención a Dios. Así, en el 2000 se hizo famoso por presentar una demanda en el tribunal federal para que en el Juramento a la Bandera que se hace en las escuelas no se “obligara” a los niños a decir “una nación bajo Dios”
La frase en el billete de dólar tiene una aceptación total en los EE. UU. Así, una encuesta de Gallup de 2003 indicaba que un 90% de los estadounidenses la consideraban apropiada. El lema aparece en las monedas desde los años sesenta del siglo XIX y en los billetes de dólar desde los años cincuenta del pasado siglo, cuando fue instituido por ley como uno de los lemas oficiales.
Fuente: www.diariodemallorca.es