Europa no renovará desde 2022 los contratos con AstraZeneca y Johnson & Johnson

Por Ángel Gómez Fuentes– Diario ABC de Madrid.
Italia solo inoculará vacunas Pfizer y Moderna a partir del 2022. El destino de Johnson & Johnson (J&J), después de los pocos y raros casos de trombosis en Estados Unidos, será el mismo que el de la vacuna AstraZeneca. La orientación inmediata del gobierno italiano es utilizar estas dos últimas solo para mayores de 60 años.
Según informa el diario La Stampa, citando fuentes del ministerio de Sanidad, la Comisión Europea habría decidido, de acuerdo con los líderes de muchos países, no renovar los contratos vigentes con las farmacéuticas que producen vacunas de vectores virales: AstraZeneca, J&J y Sputnik. La vacuna anglo-sueca se basa en un vector viral no replicante (adenovirus de chimpancé). J&J y, sobre todo, Astrazeneca, han creado polémicas y cierta ansiedad e incertidumbre, al igual que Sputnik. Los dos primeros por razones científicas y de salud, el tercero, el ruso, también por razones geopolíticas.
Igualmente, el diario La Repubblica confirma que las consecuencias de las polémicas e incertidumbre con las vacunas de vectores virales, empujarán a Europa a firmar contratos, desde 2022, solo con empresas farmacéuticas que producen vacunas de ARN mensajero (ARNm): Pfizer y Moderna. Estas no contienen el virus y llevan solamente el ácido ribonucleico (ARN), molécula similar a la de ADN. El ARNm transporta las instrucciones para la producción de la proteína Spike utilizada por el coronavirus, lo que permite que el cuerpo produzca anticuerpos específicos y se inmunice a sí mismo.
Sería un éxito para Pfizer y Moderna, que hasta ahora han dado más seguridad, no solo en su porcentaje de eficacia, sino también en cuanto a cumplimiento de contratos. El primer ministro, Mario Draghi, ha sido muy crítico, especialmente contra AstraZeneca. Atacó en una rueda de prensa a la farmacéutica anglo-sueca por vender tres veces las mismas dosis de vacunas. Draghi advirtió también que la Unión Europea no repetirá el error de firmar contratos sin garantías reales, precisando que «los próximos se harán mejor».

Emiratos Árabes Unidos (EAU), uno de los países con mayores tasas de vacunación contra la COVID-19 del mundo, ha empezado a suministrar una tercera dosis de Sinopharm a un pequeño porcentaje de inmunizados que no han desarrollado suficientes anticuerpos con las dos primeras.
“Algunas personas han recibido una tercera dosis de la vacuna Sinopharm, pero el número es muy pequeño en comparación con el de aquellos que han recibido una y dos dosis”, aseguró la portavoz del Ministerio de Salud emiratí, Farida al Hosani, en declaraciones al diario local “The National”.
Al Hosani no especificó qué cifra o porcentaje de vacunados habían requerido esta nueva dosis ni si su administración había sido recomendada por la farmacéutica china. Efe intentó obtener más información de las autoridades emiratíes, pero no obtuvo ninguna respuesta en un primer momento.
EAU comenzó su campaña de vacunación el 9 de diciembre, un día después que el Reino Unido, el primer país en comenzar a inmunizar, y es uno de los países con mayor porcentaje de vacunados del mundo tras haber administrado casi 6.3 millones de dosis para una población de casi 10 millones de habitantes.
Sin embargo, esto no se ha reflejado en su curva de contagios con la misma efectividad que en otros países con tasas similares de inmunización, o incluso menores.
La campaña no prioriza a ningún sector de la población, sino que la administra de forma voluntaria y gratuita a quien se registre de forma voluntaria.
Aunque EAU ha autorizado el uso de las vacunas de Sinopharm, Pfizer y AstraZeneca, así como de la rusa Sputnik V, es la china la más disponible después de que el país árabe participara en la fase de pruebas clínicas.
Según datos de OurWorldinData.org, el pasado 23 de febrero, el último día en el que el país proporcionó los porcentajes de vacunación, se había puesto al menos una dosis de alguna de ellas al 35.2% de su población (la tercera mayor tasa del mundo tras las de Israel y el Reino Unido) y había vacunado completamente al 22.1% (la segunda, solo superada por Israel).
Israel, el Reino Unido y Estados Unidos, el tercer país con mayor población completamente vacunada (9.2% a cifras actuales, menos de la mitad de EAU), han conseguido doblegar la curva de contagios significativamente tras alcanzar picos a los largo de enero, pocas semanas después de haber empezado a vacunar.
En Emiratos, a pesar de que empezó a vacunar casi a la par que el Reino Unido y entre una y dos semanas antes que los otros dos países, no solo se tardó más en empezar a reducir los nuevos casos, sino que esta bajada está siendo considerablemente más lenta.
Las cifras de contagios diarios (entre 2500 y 3000 en la última semana) es aún más del doble incluso que las que había cuando comenzó la inmunización.
Fuente: Agencia de Noticias EFE.

Familiares de vacunados evaluaban a Sinopharm

Universidad Cayetano había colocado a esposo de exministra García, así como a hermanos y primos vinculados a Germán Málaga

Por CÉSAR ROJAS- Diario EXPRESO.
Luego del Vacunagate protagonizado por Germán Málaga, la Universidad Cayetano Heredia puso a evaluar la Fase 3 de ensayos clínicos con el producto de Sinopharm a esposos, primos y hermanos de personas que recibieron las dosis irregularmente de parte de los laboratorios chinos.
En primer lugar, estaba César Cárcamo, quien era del Grupo Prospectiva, esposo de Patricia García, exministra de Salud recientemente expectorada de TV Perú por haber usado sus contactos en el sector para beneficiarse.
Luego figuraba Carlos Seas Ramos, docente de la UPCH; es decir, alguien cuyos ingresos dependen de la entidad que debe fiscalizar.
A estos se sumaba el infectólogo Javier Lama Valdivia, quien al mismo tiempo participa en las evaluaciones de la vacuna de Johnson & Johnson financiadas por esta empresa.

EsSalud gastó S/366 millones en 281 contrataciones directas en implementos y equipos para combatir la pandemia de la COVID-19. En la lista de compras hay mascarillas sobrevaloradas para el personal y los equipos biomédicos que fueron adquiridos sin justificación legal.
Por El Foco.
“¡Oiga, métele marroca! ¡Llévelo ya a la camioneta para que se identifique!”, grita un policía. Acto seguido seis efectivos rodean y toman del brazo a un hombre de avanzada edad, lo enmarrocan y lo dirigen hacia unas escaleras. Como el detenido tiene dificultades para bajar los peldaños, de pronto alguien grita: “¡Suboficial, agárrelo!”. Entonces, dos hombres lo sostienen del brazo y lo ayudan a bajar las gradas. El detenido es un cardiólogo de EsSalud.
La escena relatada ocurrió el pasado 23 de marzo del 2020, una semana después de haberse establecido el Estado de Emergencia en el Perú, cuando un grupo de médicos se reunieron para organizarse frente a la COVID-19. Ellos reflexionaban sobre la importancia de prevenir los contagios y cómo exigir a EsSalud equipos de protección personal, ya que temían que el cuerpo médico sea el principal afectado por el temido virus y, en el mediano plazo, dificulte la batalla contra la pandemia.
Hoy, diez meses después, aquellos temores de los médicos se hicieron realidad: con 239 decesos somos el tercer país con más médicos fallecidos en América Latina. Es triste, pero, en medio del rebrote de casos -o lo que la ministra de Salud Pilar Mazzetti ya terminó por reconocer como una segunda ola-, podría hacer que nuestro país ascienda en esa lista. ¿Qué pasó con las adquisiciones de equipos de protección? ¿Se entregaron a tiempo? ¿Se compraron las indicadas?
El 20 de julio del 2020, cuando el Perú enrumbaba al pico de la primera ola, EsSalud dispuso comprar 1.6 millones de mascarillas para proteger a su personal médico. La adquisición aparentaba ser natural debido a la crisis sanitaria, pero lo insólito fue que cada caja de mascarilla aséptica descartable, con 50 unidades, fue adquirida a 160 soles. Es decir, a S/3.2 cada mascarilla. EsSalud pagó sobreprecio, y es que, por ese entonces, la caja de mascarillas oscilaba entre 40 y 50 soles, la tercera parte de lo desembolsado por la institución que dirige Fiorella Molinelli.
En julio, EsSalud pagó 160 soles por caja de mascarillas descartables, similares a las de la foto. La institución que dirige Molinelli pagó tres veces más que el precio promedio cuando se realizó la adquisición.
La adquisición, no obstante, no solo llama la atención por el costo, sino también porque eran mascarillas asépticas y descartables, las cuales no se ajustaban a los requerimientos médicos, donde se deben usar unas que brinden mayor protección, tales como la KN95. ¿Por qué comprar más de un millón y medio de mascarillas si estas no cumplían el objetivo de proteger al personal médico?
La empresa proveedora de las mascarillas fue R&S Pharma SAC, que tiene como gerente general a Roberto Manuel Gutiérrez Echevarría. El contrato firmado con EsSalud ascendió a 5.1 millones de soles, una cifra sin precedentes en el historial de ventas estatales de la empresa de Gutiérrez. R&S Pharma se hizo del contrato debido a que fue la única empresa invitada a venderle mascarillas a EsSalud, según figura en la Contratación Directa Nº41-2020/EsSalud-CEABE del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace).
Tanto la invitación, como la presentación de ofertas y la adjudicación fueron otorgadas en un mismo día: el 20 de julio. R&S Pharma está en el mercado desde febrero del 2018, y en estos tres años EsSalud ha sido su más importante cliente. A la fecha, según datos de la Sunat, tiene 16 trabajadores, pero eso no fue impedimento para hacerse con mayor compra de mascarillas descartables llevada adelante por una entidad pública en medio de la pandemia de la COVID-19.
Reporte de la compra de 1 600 000 mascarillas que EsSalud hizo R&S Pharma por más de 5.1 millones de soles.
“Hemos tenido muchas deficiencias. Cada uno de los médicos ha tenido que asumir el costo de su equipo de protección personal”, comenta Pedro Huamaní, presidente del Cuerpo Médico del Cusco, quien señala que durante meses estuvieron pidiendo a la Presidencia de EsSalud mejores condiciones de protección. Situaciones como la que describe Huamaní, llevaron a que el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social de Salud (Sinamssop) denuncie a Molinelli ante el Ministerio Público por atentar contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, que, según el Código Penal, se sanciona con una prisión de cuatro a ocho años.
La compra de mascarillas es solo una de las 281 contrataciones directas que se hicieron en EsSalud en implementos y equipo médicos durante la pandemia de la COVID-19. La cifra global que desembolsó la institución en este rubro ascendió a S/366 millones, un monto cercano al presupuesto anual que tiene el Ministerio de Trabajo.
Otra de las principales compras hechas por EsSalud en este rubro se produjo en abril, cuando en el Seguro Social adquirieron 469 equipos biomédicos para la Villa Panamericana, recinto destinado para albergar a las personas que daban positivo de la COVID-19. En lista figuraban estetoscopios, tensiómetros, aspiradores de secreciones, coche de paro equipado, equipos de rayo X portátil, lámparas quirúrgicas rodables y monitores de funciones vitales, entre otros.
La compra fue encargada a la Central de Abastecimientos de Bienes Estratégicos (Ceabe) de EsSalud, que estipuló que el desembolso por los equipos médicos debía ser S/4.3 millones. Carolina Cabanillas, gerenta encargada del Ceabe, se encargó de invitar a los proveedores y, finalmente, la presidenta de EsSalud Fiorella Molinelli dio el visto para la compra. Las empresas que obtuvieron los contratos fueron Droguería AYT SAC, Prov Representaciones Unimport SRL, Medelco SRL, X Ray Sales and Service SAC, Open Medic SAC, Grupo JHS SAC, JK Medical EIRL y Consultora y Equipadora Médica SA.
Lista del paquete de equipos biomédicos comprados por EsSalud en marzo y abril. El desembolso ascendió a S/4.3 millones.
La compra de equipos biomédicos parecía haber sido realizada correctamente, pero el último 14 de diciembre la Contraloría General emitió un informe señalando irregulares en la adquisición. El documento, al cual tuvo acceso EL FOCO, dice que diez proveedores que vendieron a EsSalud esos equipos biomédicos no cumplían con las exigencias requeridas. Lo más sorprendente es que estas anomalías no se subsanaron a pesar de haber transcurrido varios meses. También se detalla, además, que los proveedores entregaron los equipos hasta con 86 días de retraso.
Pero, lo más grave encontrado por la Contraloría es que EsSalud no logró sustentar el porqué compró esos implementos vía contratación directa. Y es que los productos estaban enmarcados en el DS Nº11-2020-SA, que contenía la relación de bienes y servicios requeridos para enfrentar la pandemia de la COVID-19. En pocas palabras, nunca se hizo un expediente de contratación y, con el pasar de los meses, tampoco se subsanó. Según el Decreto de Urgencia Nº025-2020 el plazo de subsanación se tiene que dar en un máximo de 30 días hábiles.
Lo que también llama la atención es que los problemas en esta compra de equipos biomédicos se detectaron por la propia Oficina de Asesoría Jurídica de EsSalud. Esa gerencia encontró que había faltas en el requerimiento. En el informe de indagación de mercado, en el referido informe técnico y en la certificación presupuestal. Toda esa lista de inconvenientes fue advertida a un día de vencerse el plazo para regularizar el referido contrato, pero Fiorella Molinelli y su equipo hicieron caso omiso a las advertencias.
Los proveedores seleccionados por EsSalud para vender equipos médicos tienen una historia aparte. En el caso de JK Medical EIRL llama la atención que la empresa solo cuenta con 2 colaboradores y, sin embargo, ha obtenido con EsSalud contratos de más de 3.6 millones de soles durante el año pasado. En el caso de Medelco, esta empresa ya había sido sancionada en el pasado por el Tribunal de Contrataciones del Estado por cometer infracciones previstas en el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado en un proceso con el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, y estuvo inhabilitada de contratar con el Estado.
Conclusiones del informe de la Contraloría General de la República sobre la adquisición de equipo biomédicos comprados por EsSalud: se transgredieron varias normas.
Ninguna de las empresas a las que EsSalud les dio los contratos para equipos biomédicos no entregaron cartas fianzas, como dicta cualquier licitación de esa envergadura. La falta de presentación de las garantías viene frustrando el cobro de penalidades por demora que ascienden a S/166,339. La Contraloría ha recomendado abrir investigación por esta compra a Fiorella Molinelli, como la responsable de mayor jerarquía al no haber supervisado y controlado que las adquisiciones de los equipos 469 biomédicos.

Por El Foco.pe
El 28 mayo del 2020, Fiorella Molinelli, presidenta ejecutiva de EsSalud, anunció un hito científico mundial: el primer kit con medicamentos que, según ella, funcionan en el tratamiento contra la COVID-19. “Los kits, básicamente, tienen el tratamiento médico que se ha venido dando en la Villa Panamericana, donde nos ha funcionado bastante bien”, dijo Molinelli frente a las cámaras de los medios de comunicación.
Respaldada por sus convicciones e ignorando la rigurosidad científica, Molinelli aseguraba tener “evidencia empírica” de que lo medicamentos azitromicina e ivermectina funcionaban en la atención de los pacientes con COVID-19. Así que colocó los fármacos en pequeñas bolsas de papel y repartió más de 100 mil a nivel nacional. La entrega de estos kits en las regiones no se detuvo hasta que, a inicios de octubre, el Ministerio de Salud, retiró la azitromicina, ivermectina e hidroxocloroquina de la guía oficial del tratamiento contra la pandemia.
EsSalud ha desembolsado, entre marzo y diciembre del año pasado, más de S/138 millones en la compra de medicinas para atender la emergencia sanitaria. El 79% de ese dinero se lo han llevado dos empresas: Distribuidora Droguería Sagitario S.R.L. y Max Vision Peru S.C.R.L. Estas dos compañías concentraron los millonarios desembolsos a través de contrataciones directas por situación de emergencia.
Según la documentación que EL FOCO accedió, Droguería Sagitario se llevó S/54 millones en 18 contratos que se celebraron de junio a octubre del 2020. Max Vision Peru obtuvo S/51 millones en dos contratos firmados en noviembre del año pasado. A pesar de los altos montos que manejan, estas dos empresas registraron ante la Sunat que solo tienen cuatro y siete trabajadores, respectivamente.
Droguería Sagitario ha sido el principal proveedor de EsSalud de medicamentos que hasta el momento no cuentan con evidencia científica que respalde su uso para tratar la COVID-19. Estos son hidroxicloroquina, ivermectina y azitromicina. Desde marzo y a lo largo del año pasado, el grupo científico de EsSalud encargado de la revisar el uso de productos farmacéuticos emitió reportes que no recomendaban adquirir estos medicamentos porque no había evidencia de sus beneficios. Todos estos documentos fueron ignorados por la gestión de Molinelli.
Cajas de ivermectina y azitromicina fabricadas por AC Farma. EsSalud gastó más 23 millones en comprar esos medicamentos e hidroxicloquina (Foto: Boticas Intifarma).
El estudio científico más importante sobre el uso de estos tres medicamentos para el tratamiento de la COVID-19 fue publicado, a inicios de octubre, por este grupo de investigadores del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (Ietsi) de EsSalud. Se trató de un estudio observacional de seguimiento a 5683 pacientes con coronavirus. La investigación reveló no solo la carencia de beneficios en su uso, sino que combinar hidroxicloroquina y azitromicina podría elevar la mortalidad de un paciente al 84%.
Tras publicarse este estudio, EsSalud detuvo las compras de los tres medicamentos, pero Fiorella Molinelli ordenó retirar inmediatamente a la oncóloga Patricia Pimentel como directora del Ietsi por supuestamente no haber respetado los canales oficiales de comunicación. Un evidente acto de represalia ante un estudio que contradice científicamente el millonario desembolso de EsSalud en estos tres medicamentos que ascendió a más de S/23 millones.
Droguería Sagitario logró acaparar las compras de hidroxicloroquina e ivermectina y ser uno de los principales proveedores de azitromicina. El principal atractivo que ha mantenido la empresa en sus contratos es que ofrecen un precio muy por debajo de la media en el mercado. Según un artículo de investigadores de la Universidad Cayetano Heredia de septiembre de 2020, la mediana del precio unitario de los fármacos en el sector privado es S/11.28, S/36 y S/3 respectivamente; mientras que Droguería Sagitario ofreció a EsSalud precios de S/3.6, S/8.9 y S/0.89.Arriba: Contrato por S/ 16 millones de EsSalud con Droguería Sagitario por la venta de hidroxicloroquina y azitromicina, entre otros fármacos. Abajo: Contrato que EsSalud dio a Droguería Sagitario por S/ 3 millones por la venta de ivermectina, en agosto del 2020.¿Cómo logra esta empresa ofertar precios tan bajos? Su herramienta más importante es que pertenece a un conglomerado de cinco compañías del sector farmacéutico que manejan los hermanos Enrique y Juan Arriola Colmenares. Este último también es vicepresidente de Adex. En el conglomerado se encuentra el laboratorio AC Farma, que fabrica los medicamentos a Droguería Sagitario, de acuerdo con información de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).
Antes de 2020, los hermanos Arriola Colmenares canalizaban las principales ventas de medicamentos al Estado a través del laboratorio AC Farma, pero en la pandemia su estrategia comercial cambió y Droguería Sagitario concentró los millonarios contratos. Así, esta empresa de cuatro trabajadores pasó de facturar ventas anuales al Estado por S/4 millones en promedio hasta 2019 a superar los S/70 millones en 2020, según datos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Laboratorios AC Farma inició operaciones en 1997 y registra 897 trabajadores. Las otras empresas del conglomerado son Promedicine S.A.C., Farminex Internacional S.A.C. y Econofarma S.A.C. Todas las empresas del holding tienen como apoderado, según lo registrado en Sunat, a Luis Alberto Arriola Delgado. En Droguería Sagitario, Arriola Delgado se desempeña como gerente general de acuerdo con la información registrada en el portal de proveedores del Estado. Este personaje tiene una conexión familiar con un alto mando de la Policía.
Luis Arriola Delgado es hermano del general de la Policía Óscar Arriola Delgado, quien en noviembre de 2020 asumió la jefatura de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote). Ambos son primos de los hermanos Enrique y Juan Arriola Colmenares. En enero de este año, el general de la Policía publicó su declaración jurada de intereses en el cual consigna que, desde 2002 hasta la actualidad, se desempeña en paralelo como consultor jurídico privado de Laboratorios AC Farma.Con micrófono en mano, el general PNP Óscar Arriola Delgado, actual jefe de la Dircote. Arriola también es consultor privado de AC Farma, matriz de Droguería Sagitario, la compañía que, durante la pandemia, facturó S/54 millones a EsSalud (Foto: Ministerio del Interior).
Además de su carrera policial, el general Arriola Delgado tiene una maestría y doctorado en Derecho. A través de la Dirección Comunicación de la Policía, el jefe de la Dircote respondió a EL FOCO un pliego de preguntas sobre su papel como consultor de AC Farma.
El director antiterrorismo de la Policía reconoció su lazo familiar con los dueños del conglomerado farmacéutico. “(Con Juan y Enrique Arriola Colmenares) Somos primos segundos. El padre de ellos es primo hermano con mi padre”, señaló. Además, aseguró que su función como consultor se ciñe al ámbito penal orientando a AC Farma en los hechos que resulte agraviada por algún delito o amenaza.
Desde 2018, AC Farma y Droguería Sagitario son importantes proveedores de medicinas de la Policía Nacional, a través de la Dirección de Sanidad. El ascenso de Óscar Arriola como alto mando de esta institución no detuvo las compras. El laboratorio familiar celebró su último contrato con la PNP en diciembre de 2020, de acuerdo con la información del OSCE analizado por EL FOCO.
Para el general Arriola, no existe conflicto alguno si AC Farma y Droguería Sagitario siguen contratando con la Policía mientras se desempeña como jefe de la Dircote. “Considero con seguridad que no existe conflicto en la relación comercial con la Policía siendo jefe de la Dircote, en razón de que mi función es dirigir la lucha contra el terrorismo; y, no desempeño función directa ni indirecta con las compras del rubro. No cuento con poder de decisión ni con información privilegiada sobre dichos procesos de contratación. Mi labor es estrictamente de consultoría en aspectos de riesgos seguridad que desencadenan en delitos y necesitan orientación legal integral que es mi especialidad y que realizo de manera esporádica ante un hecho específico”, anotó.
En los últimos dos años, la Policía ha desembolsado S/1’969,906 a Droguería Sagitario y S/1’467,964 a AC Farma en compra de productos farmacéuticos. Algunos de los contratos fueron firmados por el propio Luis Arriola Delgado mientras que su hermano ocupaba los cargos de jefe de la División de Investigación de Terrorismo Regional, jefe del Frente Policial Vraem y ahora jefe de la Dircote.
Contrato de mayo del 2020 firmado entre la Policía Nacional y AC Farma. El apoderado de la farmacéutica es Luis Arriola Delgado, hermano del jefe de la Dircote (Seace).
En tanto, Max Vision Perú logró acaparar la venta de rocuronio (78%) y vecuronio (92.5%) a EsSalud con solo dos contratos por S/12’600,000 y S/38’592,376 de noviembre pasado. Esta empresa, que maneja solo siete trabajadores, se adjudicó los millonarios montos a pesar de que no es titular de la autorización para comercializar ambos medicamentos ni solicitó el permiso extraordinario por la pandemia para hacerlo, según la base de datos del Digemid.
Además de medicamentos, EsSalud gastó casi S/76 millones en la compra de equipos como respiradores, balones de oxígeno, jeringas y kits de detección. Las principales adjudicaciones se lo llevó el oxígeno, pero, de acuerdo con médicos en regiones, se invirtió mal el dinero. Molinelli centró sus compras en balones y la contratación de suministros de oxígeno medicinal por un total de S/34’059,746 en el 2020, según el OSCE. Sin embargo, en regiones como Loreto y Huánuco siguen esperando desde marzo del año pasado que se instale una planta de oxígeno para los hospitales del Seguro Social.
“No tenemos oxígeno disponible para llenar balones. Estamos igual que en mayo (del 2020). Nosotros tenemos necesidad de entre 500 y 600 balones de oxigeno y la ciudad solo produce 100. Esa es la razón por la que tuvimos tantas bajas. Tenemos 23 médicos muertos. El problema sigue. No se ha solucionado”, dijo a El FOCO Yessenia Ramos Rivas, presidenta del cuerpo médico del Hospital de EsSalud en Iquitos.
Desde mayo, EsSalud se jactaba que estaba instalando plantas de oxígeno en Loreto, pero solo servían para suministrar a las camas hospitalarias mientras la gente rebasada se aferraba a su balón de oxígeno. “Tenemos una planta que solo alimenta el oxigeno empotrado, pero no llena balones. Como es posible que EsSalud con diez meses no haya podido conseguir una planta”, agrega Ramos.La doctora Yessenia Ramos Rivas, presidenta del cuerpo médico de EsSalud en Iquitos. (Fabiola Granda/EL FOCO)
Mientras millones se van en compras que se procesan en solo un día, regiones como Huánuco tuvieron que colapsar en la segunda ola de la pandemia para tener la atención de EsSalud. Desde el inicio de la emergencia los médicos huanuqueños pedían que se construya otro hospital y una planta de oxígeno.
“Huánuco ha colapsado. No tenemos hospitales. El pseudo hospital EsSalud Nivel II Huánuco es un policlínico convertido en hospital construido en un relleno sanitario. Hace 14 años estamos pidiendo que nos compren un terreno para el nuevo hospital. También una planta de oxigeno, pero no quiere compran”, dijo Rosulo Narciso Abad, presidente del cuerpo médico del Hospital de EsSalud de Huánuco.

Ricardo Uceda: “El caso Hayduk es realmente insólito»

Procesos judiciales involucran al dueño del BCP, Dionisio Romero, y al exjefe del SIN, Vladimiro Montesinos.

Por GERALDO CAPILLO- Diario EXPRESO.
El reciente libro de Ricardo Uceda, ‘La extorsión’, relata dos décadas de juicios originados por el hallazgo de un minúsculo cargamento de PBC en 1993. Según la investigación, seis años después del hallazgo, los dueños de la Pesquera Hayduk debían pagar sobornos a Montesinos o continuar en prisión. A cambio de apoyo político a Fujimori, el dueño del BCP pacta con el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para que la empresa sobreviva y pague sus deudas con el banco. Cuando cae el régimen, los perseguidos se vuelven acusadores.
¿Cuál fue la génesis de tu reciente libro ‘La extorsión’?
Esto se origina durante una recopilación de información y búsqueda sobre los últimos años del gobierno fujimorista, especialmente entre 1995 y 2000. Pero la intención fue centrarme en el último año, el año de la crisis. Tenía mucho material, pero no un eje definitivo para la historia. En ese proceso llegó la pandemia y descubrí que había algunos episodios importantes que podían ser tratados como una historia específica.
¿Te motivó el trasfondo judicial?
Un segundo componente fue que yo tenía un conocimiento muy detallado del caso Hayduk. El caso como tal ya había pasado, en cambio el trasfondo judicial de la historia no. Estaba mezclada, por un lado, con la historia de los accionistas, que estuvieron acusados de narcotráfico y lavado de activos en un proceso que duró 15 años. Un caso realmente insólito por el hallazgo de pasta básica en cantidades muy pequeñas. Otro era el proceso que se le sigue a Dionisio Romero por un supuesto tráfico de influencias. Y hubo otro proceso a Vladimiro Montesinos.
¿Utilizaste los mismos métodos que en tu obra ‘Muerte en el Pentagonito’?
Diría que ‘Muerte en el Pentagonito’ está basado en muchísimas entrevistas off the record (con micrófono apagado). En cambio acá, en parte está lo testimonial en algunos personajes, pero de otro lado hay una documentación judicial voluminosa. He tenido que leer muchísimos expedientes para poder extraer hechos saltantes y convertirlos en un relato.
Años después de publicar ‘Muerte en el Pentagonito’, una fuente te acusó de varias cosas…
…Bueno, te estás refiriendo a Jesús Sosa [integrante del Grupo Colina]. Él tenía una historia extraordinaria y se comprometió conmigo a relatarla (…) Pero no tenía más compromiso con Sosa que retribuirle su tiempo. Cuando acabé el libro dejé de verlo y fue capturado en 2008. Me sorprendió mucho cuando apareció una carta que supuestamente él redactó.
¿Cuál fue tu reacción?
Había medias verdades y falsedades completas. Nunca le di importancia y, después, la verdad cayó solita. Me pidió que fuera a verlo a prisión, me explicó que creyó que yo estaba detrás de versiones que lo perjudicaban, se disculpó conmigo y me contó quiénes lo habían inducido para publicar [la carta] y en cuáles medios. En su momento lo contaré.
¿Ese tipo de dificultades lo experimentaste con ‘La extorsión’?
Todo lo que yo digo en ‘La extorsión’ está sentado en un proceso judicial que ha pasado por todas las instancias y que se ha repetido. La corroboración no ha sido un reto muy grande, y en cambio sí lo fue en ‘Muerte en el Pentagonito’, porque había señalamientos de asesinatos. Hubo incluso procesos a partir de lo publicado y varios de los cuales se han confirmado. Efectivamente, es muy distinto el primer caso del segundo.
¿Por qué seguir investigando el fujimorato?
En primer lugar lo hago porque creo que tengo una cercanía un poco mayor para contar mejor eso. No lo hago por una cuestión política, ni por un mandato de necesidad histórica, ni por un deber que yo me imponga. Creo que estoy mejor ubicado para eso. Así como me gustaría poder contar realmente la historia desde dentro de Sendero Luminoso, pero en este momento no me encuentro con las condiciones para poder hacerlo. Es importante porque el Perú se encontró con dilemas muy graves en la época de Fujimori y la labor de los historiadores periodísticos es contar lo que pasó. En ese sentido, me parece valioso todo esclarecimiento.
MUERTE EN EL PENTAGONITO
Este libro relata los secretos militares de la lucha antiterrorista en el Perú, en la que se transporta al lector por dos décadas de crímenes y atrocidades, en un viaje por los temidos pasadizos de los servicios de inteligencia. No sólo se esclarecen asesinatos emblemáticos, sino, sobre todo, se descubren otras muertes, cometidas en la mismísima sede del cuartel general del Ejército, conocido comúnmente como el Pentagonito.
SOBRE EL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN
“El periodismo de investigación está muy limitado, principalmente por falta de recursos. Cuando se investiga, se hace una búsqueda sobre cosas que no están a la vista. Es tiempo y es dinero. Todo lo que se invierte ahora en los medios es para publicar en el día. La investigación implica una búsqueda propia y todo eso es plata. Además, se invierte sin saber si se va a tener éxito. Por eso es importante que los fondos de fundaciones vayan al periodismo de investigación, de manera transparente”.

Inician proceso de exclusión contra Jorge Nieto Montesinos por presunta omisión en su hoja de vida

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 inició un proceso de exclusión contra la candidatura de Jorge Nieto Montesinos, número 1 de la lista para el Congreso de Victoria Nacional por Lima Metropolitana, tras haber detectado que no habría incluido información en su hoja de vida sobre las acciones que tiene en una empresa.
La resolución 0420-2021-JEE-LIC2/JNE indica que la persona encargada de fiscalizar las hojas de vida presentadas por todos los candidatos detectó una “presunta omisión de información” en el rubro en el que el exministro debía incluir información sobre las empresas en las cuales tiene algún tipo de información. Esto, luego de haber recibido la observación por parte del personero del partido Somos Perú.
Según precisa el ente electoral, el 26 de enero se recibió el informe de fiscalización y al día siguiente Victoria Nacional presentó sus descargos.
“Se verifica que el candidato Jorge Nieto Montesinos forma parte de la empresa ‘Instituto Internacional para la Cultura Democrática S.A.C.’ (2700 acciones) como socio fundador”, informó el JEE Lima Centro 2, algo que fue corroborado en el descargo del personero legal de Victoria Nacional, quien también alegó que esta participación en la empresa no produjo ningún tipo de renta.
JEE Lima Centro 2 inició exclusión contra Jorge Nieto Montesinos.
A pesar de esto, la autoridad electoral evaluó esto como una omisión ya que, según el código civil, debieron ser consideradas como bienes muebles.
“Siendo así, se advierte en el presente caso la omisión de información en la declaración jurada de hoja de vida […] del candidato al Congreso de la República N°1 Jorge Nieto Montesinos; en consecuencia, existe mérito suficiente para abrir procedimiento de exclusión en su contra”, concluye el JEE.
Cabe recordar que una resolución en primera instancia de algún JEE puede ser apelada para que los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronuncie en segunda y última instancia.
Fuente: Diario Correo.

EL CANDIDATO NIETO MONTESINOS ACUSADO POR DEUDA DE CASI 43 MIL SOLES DE MANTENIMIENTO

El candidato al Congreso de la República, por Victoria Nacional Jorge Nieto Montesinos, es acusado de no pagar durante cuatro años el mantenimiento de una exclusiva urbanización. Se trata de una deuda de casi 43 mil soles, según la asociación de propietarios de Fundo Paso Chico en Lurín.
Jorge Nieto adquirió un enorme terreno en 2014 por 247 mil dólares. Es una exclusiva urbanización campestre que cuenta con personal de seguridad y mantenimiento. Sus vecinos señalan que pagó intermitentemente desde el momento que compró el lote, pero después se endeudó.
Fuente: Panorama- Panamericana.pe

Christian Meier y su picante comentario hacia Julio Guzmán: “No hizo nada por la trampa y va a hacer algo por el Perú”

¡Fuertes declaraciones! Christian Meier utilizó sus redes sociales para pronunciarse sobre las próximas Elecciones Presidenciales 2021. Y es que el actor, fiel a su estilo, comentó su total rechazo al Partido Morado, liderado por el candidato Julio Guzmán.
“El Perú hundido necesita profesionales, no adefesios, improvisados, ni vividores que lo vean como un negocio y lo mantengan en la miseria en la que ya está. Partido Morado Nunca más… No hizo nada por la trampa y va a hacer algo por el Perú…”
Recordemos que Christian Meier se ha caracterizado en los últimos meses por emitir picantes y sarcásticos comentarios sobre los distintos políticos de nuestro país, y esta vez no fue la excepción.
Fuente: Diario OJO.

Fiscalía anticorrupción abre investigación a George Forsyth

Por Henry Cotos– Diario La República.
La Primera Fiscalía Anticorrupción abrió investigación preliminar a George Forsyth, exalcalde de La Victoria y candidato a la presidencia del partido Victoria Nacional, y Raúl Renzo Navarro Maurtua por haber sido contratado por el municipio sin reunir las condiciones para el cargo.
Se ha dispuesto recabar información de dicha alcaldía con suma urgencia y ha dado 48 horas para que remitan el acervo documental sobre dicha contratación, que generó un pago de más de 100 mil soles.
Señalan que Navarro no contaría con estudios superiores en gestión pública, por lo que se decidió iniciar las investigaciones preliminares para determinar la responsabilidad penal del exalcalde de La Victoria y de dicho exfuncionario, pues se trataría de una contratación irregular.
La Fiscalía busca establecer si cada una de las órdenes de servicios fueron realizadas, porque así lo requería la municipalidad, o si cada pedido correspondió a la necesidad del exalcalde Forsyth.
El delito de negociación incompatible es el que ahora deberá enfrentar el actual candidato a la presidencia.

Implican a otro amigo de Forsyth en contrataciones con municipio de La Victoria

Álvaro Emilio Ortega Hiumettri, quien no cuenta con título profesional, recibió S/64,000 del municipio de La Victoria cuando Forsyth era alcalde.

El candidato presidencial por Victoria Nacional, George Forsyth, no solo habría contratado a su amigo Renzo Navarro por más de S/100 mil -tal como lo reveló El Comercio- mientras era alcalde de la Municipalidad de La Victoria; un informe del medio El Foco reveló que hizo lo mismo con, su también amigo, Álvaro Emilio Ortega Hiumettri.
El reporte de Transparencia Económica del Ministerio de Economía (MEF) devela que, mientras Forsyth era alcalde del municipio, Ortega Hiumettri facturó la suma de S/64,000 entre enero del 2019 y febrero del 2020.
La nota periodística señala que Ortega fue requerido como asesor en la Gerencia de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, unidad creada por Forsyth, pese a no contar con título profesional. Además, según el medio, la única experiencia de Ortega en temas de transporte es haber fundado, en el 2008, una empresa llamada MAS Transportes Ejecutivos SAC; la cual solo duró dos años, pues está de baja en la Sunat desde el 2010.
Reporte de Transparencia Económica del MEF: Álvaro Emilio Ortega Hiumettri facturó a la Municipalidad de La Victoria, en el periodo de su amigo George Forsyth, la suma de S/64,000.

NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE

Como se recuerda, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar en contra de Forsyth por el supuesto delito de negociación incompatible. Ello tras hacerse público que contrató en la Municipalidad Distrital de La Victoria, cuando era alcalde, a su socio y amigo Renzo Navarro por más de 100 mil soles sin que este reúna los requisitos legales para el puesto.
Fuente: Diario EXPRESO.

JEE de Lima Centro 1 investiga a George Forsyth por supuesta información falsa en su hoja de vida

El fiscalizador de la entidad Iván Salazar tiene tres días calendario para que emita un informe en torno al caso.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 ha dispuesto tres días calendario para que su fiscalizador Iván Salazar emita un informe en torno a una supuesta información falsa y omisión en la Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV) del candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth.
Según indicó la entidad electoral que preside Luis Carrasco, citando un documento presentado por el ciudadano Luis Ayquipa Zela, Forsyth habría incluido información falsa en el rubro II de su DJHV en relación a su experiencia de trabajo en oficios, ocupaciones o profesiones, que no coincidiría con lo declarado en el rubro VII sobre bienes o rentas.
Ayquipa Zela advierte que los ingresos de George Forsyth, en el año 2019, cuando era alcalde de La Victoria, no coincidirían con el monto declarado en su solicitud de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Ello, debido a que el exfutbolista no habría declarado las rentas correspondientes al sector privado como trabajador del Club Alianza Lima y gerente general de la empresa LOS M SAC.
Tampoco, siempre de acuerdo a Luis Ayquipa Zela, el aspirante presidencial habría consignado que posee acciones en cuatro compañías.
De acuerdo con el Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales, los JEE pueden disponer la exclusión de un candidato cuando se advierte la omisión de información o la incorporación de información falsa en la declaración jurada de hoja de vida.
Fuente: Diario EXPRESO.

El JNE tiene el plazo vencido en el Caso Vizcarra

La norma vigente le da tres días para pronunciarse. Puede alegar carga procesal.

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ya tiene el plazo vencido para decidir sobre la apelación presentada por Martín Vizcarra contra la exclusión de su candidatura al Congreso por Somos Perú.
La ley electoral le otorga solo tres días calendario para pronunciarse, señalaron los abogados José Naupari y José Tello, especialistas en derecho electoral. La audiencia por este caso se efectuó el martes pasado.
“Ciertamente, el Jurado Nacional de Elecciones no ha sido muy proclive a respetar ese plazo. […] La pregunta que habría que hacerle es cuántas apelaciones tiene pendientes y en qué orden entró el caso del señor Vizcarra”, dijo Naupari.
Tello señaló que el pleno del JNE puede alegar carga procesal. De acuerdo con el cronograma electoral, el 10 de febrero es la fecha límite para la publicación de fórmulas y listas admitidas.
El pleno tampoco ha resuelto en el plazo de tres días otras apelaciones presentadas por partidos como Alianza para el Progreso y el Apra.

En suspenso

En primera instancia, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 excluyó a Vizcarra de la contienda electoral por omisión de datos sobre bienes y rentas. El exmandatario no reportó en su hoja de vida las acciones que tiene en la empresa Agrotécnica Estuquiña.
El abogado de Vizcarra, Fernando Ugaz, alegó ante el pleno del JNE que el requisito que señala el JEE Lima Centro 2 para la exclusión no está normado.
De acuerdo con Ugaz, la declaración jurada que deben presentar los candidatos señala que se debe precisar la renta de acciones, “y lo que se colocó [en el caso de Vizcarra] es cero [porque no obtuvo renta]”.
Fuente: Diario El Comercio.

Por Martha Meier Miró Quesada– Diario EXPRESO.
“Si la historia de las naciones cupiera en una sola palabra, la del Perú se encerraría en la voz mentira”, escribió el lúcido pensador Manuel Gonzales Prada en ‘Horas de Lucha’. A esto podríamos añadir que si imperase la verdad llamaríamos caquistocracia o kakistocracia (del griego kakistos, es decir “lo peor”) y no democracia a esto que vivimos desde tiempos de Humala. La caquistocracia es el gobierno de los peores, es el poder controlado por ruines, maleantes, viciosos, ignorantes y ladrones. Estos últimos abundan en todas nuestras clases sociales y partidos políticos, sean de izquierda, derecha o centro. Escribió también Gonzales Prada que en el Perú “el robo presenta los caracteres de una pandemia nacional: donde hay un duro y una mano peruana, hay noventinueve probabilidades contra una para que el duro desaparezca”.
Ollanta Humala instauró el imperio caquistocrático, normalizó la incompetencia, la turbiedad, lo intrascendente y el dispendio en obras billonarias, corruptas e inservibles como el Gasoducto del Sur Peruano y la Refinería de Talara. Sus sucesores no hicieron más que institucionalizarla; desde el lobista internacional Pedro Pablo Kuczynski hasta el insufrible Francisco Sagasti (con sus quequitos, sus pañuelos y su gabinete ong, progre-caviar-inepto); pasando por el pillo mitómano Martín Vizcarra, responsable de la muerte de más de cien mil peruanos (según cifras extraoficiales) y el empobrecimiento de millones como consecuencia del peor manejo mundial de la pandemia, amén de la corrupción desbocada por la ausencia de controles dada la emergencia sanitaria.
En la caquistocracia los políticos y funcionarios están desprestigiados, y los ciudadanos decentes y capaces evitan adentrarse en la cosa política pues pueden alcanzar el éxito en cualquier proyecto privado. El legado de Humala y su esposa Nadine Heredia -tan trepadora ella- es un Estado donde la meritocracia es una palabra hueca.
En la última década se nos alejó de los políticos provenientes de las canteras profesionales, exitosos en sus especialidades, y de los grandes pensadores cuyo discurso iba de la mano de un profundo conocimiento de la realidad social, económica y ambiental del país y de la capacidad de atender las urgentes necesidades de la gente.
Hoy quienes tientan la política son, mayoritariamente, inservibles, fracasados, gente incapaz de abrirse espacio en el competitivo mundo laboral a los que les resulta más cómodo mamar del Estado. Para muestra dos botones: el morado Julio Guzmán, orgulloso de ser mantenido por su esposa, con su equipo de palabreros ignorantes; y, cómo no, el arquero, sin pena ni gloria, George Forsyth. ¿A qué otra cosa podrían dedicarse este par de angelitos?
En las próximas elecciones, sean en abril o después, tenemos la oportunidad de cambiar el destino de nuestro patria, siempre y cuando los medios dejen de idiotizar a los electores y Odebrecht saque su mano inmunda de nuestra política. Mientras tanto exijamos capacidad, decencia y virtud.

El 27 de noviembre, el candidato presidencial de Somos Perú, Daniel Salaverry, anunció que Vizcarra postularía al Congreso en la lista de ese partido. En la foto, Vizcarra está al centro flanqueado por la titular de ese partido Patricia Li y Daniel Salaverry. Foto: Twitter Daniel Salaverry.

PRESIDENTA DE SOMOS PERÚ FUE PROCESADA POR EL FRAUDE FISCAL DEL EXVICEPRESIDENTE DE CONFIEP

Por Brenda Tenorio- Convoca.pe
En marzo de 2016, Convoca.pe reveló que la entonces candidata al Congreso por Alianza por el Progreso en los comicios generales de ese año, fue acusada de ser cómplice de adulteración de factores dentro del millonario caso de fraude fiscal de quien fuera vicepresidente de la Confiep, Lelio Balarezo. En el expediente judicial del caso, se encontró que Patricia Li Sotelo se acogió a la prescripción de los delitos por las que era acusada por la Fiscalía. La ahora presidenta del partido Somos Perú lleva como candidato al Parlamento al expresidente Martín Vizcarra, quien es investigado por el Equipo Especial Lava Jato por presuntamente recibir coimas por obras cuando era gobernador de la región Moquegua.
En las elecciones generales de 2016, Patricia Li Sotelo postuló con el número 11 por Lima en la lista congresal de Alianza para el Progreso- Somos Perú. No es una novata en la política. Fue alcaldesa de Punta Negra con una gestión interrumpida debido a un pedido de vacancia por contratación indebida. Fue elegida presidenta de Somos Perú en marzo de 2015 mientras ocupaba el cargo de asesora del despacho del congresista Fernando Andrade, quien milita en el mismo partido.
Fue denunciada ante la Fiscalía de la Nación por falsificar el título de contadora que le sirvió para laborar como asesora del Parlamento y en ese contexto se conoció que el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 admitió su salida de la contienda electoral de 2016. Pero no es el único caso de falsificación en el que Li Sotelo está involucrada. Ella fue procesada como cómplice del millonario caso de fraude fiscal del segundo exvicepresidente de Confiep, Lelio Balarezo Young. Convoca.pe accedió al expediente completo y pudo comprobar que Li Sotelo se acogió a la prescripción, junto a otros implicados, a pesar de las diversas pruebas en su contra.
Cuando en abril de 2015, la Sala Penal Transitoria de la Suprema sentenció a cinco años de prisión efectiva por el delito de defraudación tributaria contra el Estado a Lelio Balarezo Young, segundo vicepresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) y presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), otros personajes involucrados en este sonado caso quedaron en la sombra. Entre ellos aparece como cómplice del delito, Rosa Patricia Li Sotelo, quien hasta hace pocos días fue candidata al Congreso por Lima de Alianza para el Progreso y aún se mantiene como presidenta de Somos Perú.
En los dictámenes acusatorios del proceso judicial a los que accedió Convoca.pe, se detalla cómo Li Sotelo fue pieza clave dentro de la estructura de evasión fiscal de Balarezo. Ella ocupaba cargos directivos y gerenciales en Negociaciones Aries S.A., Pomen Service E.I.R.L. y Star Service internacional S.A., empresas proveedoras de la investigada compañía Balarezo Contratistas Generales S.A.C, donde el empresario Balarezo Young, hoy prófugo de la justicia, era gerente general y representante legal.
Según los testimonios de los extrabajadores de las empresas de Li Sotelo que fueron registrados en el juicio oral, ella fue quien dirigió el llenado de facturas en blanco a favor de Balarezo Contratistas Generales S.A.A., compañía acusada del llenado de 176 facturas con cifras maquilladas y falsos proveedores, entre las que figuran las tres compañías vinculadas a Li Sotelo, que permitieron la reducción de tributos “de manera fraudulenta” en aproximadamente seis millones de soles en los periodos fiscales 1995, 1996 y 1997. El monto creció a más de 22 millones de soles a febrero de 2002, según el cálculo del informe de Sunat.
Aunque el proceso se inició varios años atrás, recién se conoció el caso en abril de 2015 cuando la justicia ordenó la captura de Balarezo Young y a su contador, Edmundo Acosta Santa Cruz, quien fue sentenciado en calidad de cómplice primario a cuatro años de prisión.
En medio de este sonado caso de fraude fiscal, el nombre de Patricia Li Sotelo pasó inadvertido y no había forma de identificar este antecedente judicial porque no aparece en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones en estos comicios. ¿Por qué? El proceso que se le siguió a Balarezo, a Li Sotelo y otros cómplices tardó en ejecutarse más de quince años sin sumar el tiempo que dilató las apelaciones constantes de los acusados.
Resolución que declara la prescripción del proceso contra Patricia Li Sotelo. Foto: Facebook APP.
Li Sotelo se amparó en la prescripción y pudo librarse de las acusaciones. Sin embargo; los testimonios recabados durante el proceso, las evidencias halladas por la Procuraduría de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y la verificación de la constitución de las empresas en registros públicos, confirman el vínculo cercano que hubo entre la empresa de Balarezo y las de Patricia Li. Revisemos.
El origen
En 1998, la Procuraduría Pública de Sunat inició un proceso de fiscalización a la empresa Balarezo Contratistas Generales S.A. que arrojó graves indicios de defraudación tributaria al cruzarse la información de las facturas de Balarezo con las emitidas por los proveedores. Las facturas no fueron emitidas por las empresas mencionadas en el descargo de Balarezo Contratistas S.A. “Han realizado maniobras fraudulentas adquiriendo facturas en blanco donde se consignaban operaciones comerciales inexistentes”, aparece en el informe de Sunat que está incluido en el expediente de la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional. Otras compañías negaron la emisión de facturas a nombre de la empresa de Balarezo pero cuando los auditores de Sunat verificaron los documentos encontraron que algunas de estas empresas registraban facturas a nombre de dos de las empresas de Patricia Li Sotelo: Negociaciones Aries S.A y Pomen Service E.I.R.L. Los montos fueron superiores a las cifras registradas en las facturas iniciales.
En el informe de Sunat, que aparece en el expediente, se señala a Li Sotelo como la persona que se dedicaba “a la venta de facturas falsas y auténticas, donde se consignaban operaciones no reales a favor de la empresa Balarezo Contratistas Generales S.A.”.Convoca.pe corroboró en registros públicos que Li Sotelo tenía cargos importantes en las investigadas Negociaciones Aries S.A y System Pomen Service S.A. y que los aumentos de capital de las compañías se dieron luego de que Balarezo girara seis letras de cambio “a la orden de Rosa Patricia Li Sotelo” en representación de su empresa.
Según el contador de Balarezo Contratistas S.A., Edmundo Acosta Santa Cruz, las letras de cambio solo se efectuaban cuando los pagos eran por montos altos y se cancelaban de manera fraccionada. Para Sunat, estos documentos prueban el vínculo comercial directo entre Li Sotelo y Balarezo.
La excandidata y presidenta de Somos Perú fundó Negociaciones Aries S.A., donde aparecía como accionista y gerente general en 1998. El 5 de marzo de ese año, la empresa registró un aumento de capital de 500 soles a 66 mil 800 soles después que Balarezo emitiera las seis letras de cambio a favor de Li Sotelo por los supuestos servicios brindados a Balarezo Contratistas General S.A.C. entre agosto y diciembre de 1997. Lo mismo sucedió con System Pomen Service S.A. Patricia Li Sotelo, también fue gerente fundadora de esta compañía, que coincidentemente incrementó su capital social de 10 mil soles a más de 50 mil soles el 4 de marzo de 1998, un día antes en que lo hizo Negociaciones Aires S.A. luego de la emisión de las letras de cambio de Balarezo.
Los testigos
Durante el juicio, socios y extrabajadores de las empresas de Li Sotelo coinciden en sus declaraciones al señalarla como la persona que gestionaba la venta y llenado de facturas. Betty Escudero Vidal y Ángel Julca Rodríguez, trabajadores de Negociaciones Aries S.A y socios de la empresa Resguardo General S.R.L, ambas empresas usadas para beneficiar con crédito fiscal falso a Balarezo Contratistas Generales S.A, declararon que constituyeron empresas con Li Sotelo “con la finalidad de vender facturas sin proveer bienes ni prestar servicios y beneficiar indebidamente a otras empresas con crédito fiscal falso”.
Ángel Julca declaró en el juicio oral del proceso que Li Sotelo manejó la empresa Pomen Service E.I.R.L. y que fue ella quien le entregó facturas ya llenadas donde se consignaba “operaciones comerciales no reales a fin de ser presentadas en la Auditoría SUNAT [Sic]” sin su consentimiento.
Otra acusación proviene de quien fue asistente administrativo y contable de Pomen Service E.I.R.L. y Negociaciones Aries S.A: Manuel Froilán Rodríguez Magallán. Él reconoció haber llenado los asientos contables de las empresas y haber recibido de Patricia Li facturas de cinco proveedores acompañadas de un borrador con los montos y descripciones que debían ser llenados en cada factura con operaciones inexistentes. Además de cobrar cheques y letras de cambio. Las facturas mencionadas por Rodríguez Magallán son las mismas fiscalizadas por la auditoria de Sunat y corroboradas como no reales.
Convoca.pe buscó a cada uno de los extrabajadores y socios de Li Sotelo para confirmar sus declaraciones. La mayoría evitó contestarnos el teléfono y fueron sus familiares quienes negaron sus vínculos o indicaron que al haber concluido el juicio no tenían nada más que decir. Solo Betty Escudero disparó: “Esa es una sin vergüenza (en referencia a Patricia Li Sotelo) que utilizó todo lo que yo tenía. Yo en ningún momento autoricé ni di, ni hice ningún tipo de negocios con nadie”. Y dijo más: “Ella es una delincuente. No quiero saber nada de ella. Ya di mis declaraciones, di todo lo que tenía que hacer por mi parte”, concluyó.
Patricia Li Sotelo negó en el proceso judicial que haya ordenado a sus extrabajadores la adulteración de facturas. Este medio insistió en ubicarla en su teléfono celular, pero nos contestó una persona que se identificó como su hermana asegurando que la entonces candidata de Alianza para el Progreso renunciaría a su postulación por “estar delicada de salud”. El último fin de semana se conoció que el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 admitió la renuncia de Patricia Li Sotelo a su candidatura. Su nombre ya no figura en la página web de candidatos del JNE pero sí en la Fiscalía de la Nación por una reciente denuncia de falsificación de su título de contadora. La excandidata que pretendió llegar al Congreso, fue alcaldesa y también procesada como cómplice de este sonado caso de fraude fiscal, aún sigue en la política como presidenta de un partido: Somos Perú.

Con antecedentes

Si hay algo que tienen en común Patricia Li y Martín Vizcarra, es que fueron investigados por escándalos en el rubro de la construcción. El exjefe de Estado es sindicado de haber recibido sobornos del Club de la Construcción y está muy lejos de librarse del fiscal Germán Juárez.
Li –bachiller en Contabilidad– fue acusada por el delito de defraudación tributaria en el caso Balarezo. Según la Fiscalía, en 1997 comercializó facturas de compañías al empresario Lelio Balarezo para que este simulara gastos que su firma Balarezo Contratistas Generales S.A., conocida en el sector construcción, nunca realizó.
Balarezo fue sentenciado y Li se acogió a la prescripción en 2013, pedido que fue confirmado por la Sala Penal Nacional dos años después. En otras palabras, la dirigente de SP no es inocente, consiguió librarse de lo que pudo ser una condena de 12 años de cárcel.
Sin embargo, de la que no se salvó fue de la condena de cuatro años de prisión suspendida confirmada por la Corte Suprema en 2011 por cometer el delito de peculado siendo alcaldesa de Punta Negra (2003-2006). Esa denuncia fue interpuesta por regidores que provocaron su vacancia.
En 2016, además, fue denunciada por la Procuraduría del Poder Legislativo por presentar un título profesional falso para trabajar en el Congreso cuando su grado aún es de bachiller, según la Sunedu.
No son pocos los que se oponen a la figura de Li en Somos Perú. Uno de ellos es Juan Carlos Zurek, actual secretario general. “El partido está siendo utilizado por Martín Vizcarra y Daniel Salaverry para sus fines particulares, y se ha relegado la participación de los militantes”, dijo a este diario.
Es llamativo que Li se relacione con personajes del rubro de la construcción como Salaverry, el candidato presidencial, con una compañía que fue expuesta por registrar deudas en la Sunat; el detenido gobernador de Áncash y vicepresidente de SP, Juan Carlos Morillo, dueño de JJM Minería & Construcción. Y ahora, con Martín Vizcarra, fundador de CyM Vizcarra.
Fuente: Diario Perú21.

El polémico sermón del padre rector de la PUCE

En una homilía en la misa del domingo en la iglesia de La Dolorosa, norte de Quito, el padre Fernando Ponce criticó al periodismo ecuatoriano, al cual calificó de “nuevos inquisidores”. Pero el periodista Miguel Rivadeneira estuvo en esa misa y denunció el discurso, calificándolo de “odio desde el púlpito”.

El asunto empezó con un mensaje capturado de Whatsapp, atribuido al periodista Miguel Rivadeneira, del grupo El Comercio y director de Ecuadoradio y Radio Quito: “Este sábado asistí junto con mi familia a la misa de 5 de la tarde en la Iglesia de La Dolorosa. Fui a esta iglesia a los tiempos porque se cumplía un mes de la muerte de un tío mío que vivía en Los Ángeles desde hace años y fue enterrado allá. Había unas 120 personas. Resulta que el cura en forma inusual en el sermón se mandó una crítica dura al periodismo y a los periodistas. Generalizó y al comparar con la parábola de la Biblia dijo y repitió que los periodistas son muy inquisidores y que hacen mucho daño. Son como un tribunal de la Inquisición. Defendió a los sectores sociales e indígenas. Ese momento, resolví que iba a comulgar y allí le diré algo al cura, que no se divisaba desde atrás quien era. Parecía joven. Fui a comulgar. Me ubiqué intencionalmente al último. En la columna reconocí que el cura era nada menos que el rector de la PUCE, padre Fernando Ponce. Cuando me iba a dar la hostia le dije: permítame padre unas pocas palabras. Me reconoció y me dijo preocupado: si Miguel. Le dije: respetuosamente le digo que usted no puede sembrar el odio contra los periodistas. No puede envenenar a los feligreses con las mismas frases que usaba Correa las sabatinas, en lugar de usar comparaciones positivas y enviar mensajes de esperanza. Las generalizaciones son malas. Qué le parecería si le dijera a usted que todos los curas son violadores y pederastas y usted es uno de ellos un cura violador y pederasta. Se quedó helado y me dijo. Excusas. Acepto su crítica. Cuerpo de Cristo. Amén. Una fila más adelante mío estuvo el ex comandante de Policía, general Patricio Franco. Se acercó al final de la misa y me dijo: qué mal el cura, pero así es. Yo siempre vengo a esta iglesia. Me solidarizo con usted porque usted no es así, le he respetado siempre y me dio un abrazo”.
El mensaje de wasap había sido enviado a una persona de mucha confianza del periodista, pero por algún motivo se filtró y se hizo viral en los chats de conversación. Al recibir el mensaje, varios colegas de Rivadeneira le preguntaron si de él mismo era el texto, lo cual confirmó. Mientras tanto, el texto ya estaba circulando en Twitter por impulso de algunos periodistas y directivos de gremios que cuestionaron el contenido del sermón del padre rector de la PUCE. Ya para entonces estaba en circulación el artículo de Miguel Rivadeneira en la página de opinión de El Comercio, titulado No más odio desde el púlpito. Y también fuentes cercanas a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana revelaron que había molestia en la jerarquía eclesiástica por lo que había ocurrido. El mensaje de un alto jerarca del clero fue que lamentaba lo sucedido en La Dolorosa con el rector de la PUCE. El alto prelado consideraba que la homilía debía ser siempre un encuentro entre la Palabra de Dios, el corazón de las personas y la realidad. En ningún momento debía ser una plataforma política, peor para beneficios personales. Así, la Iglesia dijo estar al tanto del hecho y se anunciaron acciones. Se sabía entonces que había presiones para que el padre rector ofreciera una disculpa pública, ya que el sermón fue escuchado por decenas de personas.
Finalmente, Fundamedios emitió una alerta, que fue calificada como tal porque se trataba, de acuerdo a su protocolo, como una “agresión verbal”, en contra de las víctimas “periodistas de medios”. El padre rector fue consultado sobre esta alerta pero dijo, vía mensaje de texto, que no se pronunciaría antes de consultar con algunas personas.
Este portal hizo una larga entrevista el rector de la PUCE, luego de las protestas de octubre.
Fuente: www.planv.com.ec

Por Fiorella Cubas/ Fabiola Granda/ Alonso Zambrano/ Iván Atilano/ Eloy Marchán- ElFoco.pe
Durante el 2020, en el marco de la pandemia del coronavirus, EsSalud realizó 576 contrataciones directas. Un mecanismo extraordinario que permite firmar contratos por invitación a proveedores en menos de 24 horas. Lo desembolsado ascendió a S/892 millones. Este especial reúne cinco historias de mal uso de los recursos públicos en la institución que dirige Fiorella Molinelli.
Desde el 15 de marzo del 2020, día en que se declaró el Estado de Emergencia Nacional por la pandemia de la COVID-19, hasta el 31 de diciembre del mismo año, EsSalud realizó 576 contrataciones directas. Es decir, la institución firmó cada día en promedio dos contratos sin licitación y en procesos de selección que duraron menos de 24 horas. El total de lo desembolsado por EsSalud de manera directa durante esos nueve meses ascendió a 892 millones de soles.
Para poder firmar esos contratos, en EsSalud se ampararon en tres normas dadas por la gestión del presidente Martín Vizcarra: el Decreto de Urgencia 026, el Decreto Supremo 044 de la PCM y el Decreto Supremo 008 del Ministerio de Salud. Esas normas fueron las que declararon la alerta máxima en todo el país y, con ello, permitieron a las entidades del sector salud tomar medidas excepcionales para detener la crisis sanitaria.
EsSalud, desde 1936, es el ente encargado de la seguridad social en el Perú, y actualmente vela por la atención médica de 11 millones de personas. Es decir, uno de cada tres peruanos se atiende en sus hospitales. EsSalud está adscrita al Ministerio de Trabajo, se subvenciona con los aportes de los afiliados y su manejo presupuestal es regulado por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).
La partida anual que tiene EsSalud es mayor a la de cualquier entidad pública, salvo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En el 2019, por ejemplo, el presupuesto de EsSalud ascendió a S/12’175 millones. Fiorella Molinelli es la presidenta de EsSalud desde el 6 de marzo del 2018. El mandato de Molinelli era por dos años, pero, el mismo día que debía concluir funciones, se confirmó el primer caso de COVID-19 en el Perú y el presidente Vizcarra decidió ratificarla por un periodo más.
En el Perú todas las adquisiciones o contrataciones públicas deben pasar por una licitación o selección. Esa es la forma de asegurar que el Estado pague el mejor precio por un producto o servicio de calidad. La Ley de Contrataciones, sin embargo, en su artículo 100 estipula doce motivos para poder contratar directamente: cuando hay un solo proveedor, el servicio lo da otra entidad pública o en situaciones de emergencia nacional, como son las catástrofes naturales, guerras y crisis sanitarias.
Ese último candado fue el que se abrió con los decretos dados por la gestión de Vizcarra. La ley también permite que, bajo la modalidad de contratación directa, los funcionarios responsables puedan regularizar los papeles ante el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) hasta diez días después de firmado el contrato. Con el Decreto de Urgencia 025, el Gobierno extendió ese plazo para regularizar papeles ante el OSCE hasta 30 días después de desembolsado el dinero.
“La contratación directa es un mecanismo que se utiliza cuando una entidad facultada necesita bienes o servicios de manera urgente. Te permite contratar en un día porque lo utilizarán todo sí o sí en ese momento. Es un mecanismo excepcional, porque se sacrifica una pluralidad de postores, para que la compra se haga inmediata y por invitación. Hacer una compra por contratación directa, no exime de que la empresa contratada, por el monto del acuerdo, entregue carta fianza”, comenta Cecilia Ruiz, abogada experta en contrataciones públicas.
Pese a tener autonomía presupuestal y a que sus fondos se obtienen de los aportes de sus asegurados, a lo largo del año pasado el Gobierno subvencionó a EsSalud por un total de S/350 millones. La primera entrega, de 200 millones, se hizo el mismo día en que se declaró el Estado de Emergencia: el 15 de marzo del 2020. Y en EsSalud lo primero que hicieron con el dinero no fue comprar equipos de protección médico ni montar un hospital temporal, sino lanzar una campaña publicitaria.
“Juntos por el coronavirus” fue la tanda comercial que EsSalud, bajo el paraguas de la contratación directa, colocó en cuatro canales de televisión: Latina, América, Panamericana y ATV. La contratación se dio el 8 de abril y el desembolso ascendió a S/463,401. Este contrato fue dado por la Gerencia de Logística, pero la mayoría de las 576 contrataciones directas que EsSalud hizo durante la pandemia fueron dadas por otro órgano: la Central de Abastecimientos de Bienes Estratégicos (Ceabe), que desde julio pasado tiene el puesto de su gerente vacante.
Tener gerencias o direcciones con funcionarios encargados y no nombrados es algo característico de la gestión de Molinelli en EsSalud. Durante los primeros nueve meses de pandemia, 24 de los 56 puestos más importantes del Seguro Social fueron encargaturas. En la era Molinelli también es común que en puestos claves se nombre a personas con investigaciones en el Ministerio Público. Alfredo Barredo es el gerente general del Seguro Social y afronta once investigaciones fiscales, algunas denunciadas por la propia Procuraduría de EsSalud.
Todas las contrataciones directas hechas, según manda la ley, deben ser aprobadas por la titular de la institución. La firma de Fiorella Molinelli dando el visto bueno aparece en cada una de las 576 contrataciones directas hechas por EsSalud en el marco de la pandemia. EL FOCO solicitó una entrevista con ella u otro vocero de EsSalud, pero nunca fue aceptada. Este informe especial fue elaborado, por lo tanto, sin la participación del EsSalud. El resultado de la investigación: cinco historias de mal uso de los recursos públicos en el Seguro Social de todos peruanos.

La farsa de los hospitales temporales

El Seguro Social gastó S/74.8 millones en montar villas médicas en todo el país. La mayor beneficiada fue una empresa del primo de Salvador del Solar, que ganó contratos en procesos que duraron hora y media. Los hospitales se inauguraron sin autorización técnica y, al poco tiempo, presentaron fallas eléctricas e inundaciones.
11 de abril del 2020. Una carpa de color blanco se eleva a lo largo y ancho de un campo de 1575 metros cuadrados, en una zona anexa al Hospital II Geriátrico San Isidro Labrador, en el kilómetro 3.5 de la Carretera Central, en Santa Anita. Un canal de televisión anuncia: “Se construye en tiempo récord hospital San Isidro Labrador”. “Fue construido en 7 días”, resaltan algunas versiones web de periódicos de alcance nacional.
En las primeras semanas de la pandemia, con las cifras de contagio en el Perú en aumento, los hospitales temporales anunciados por el Gobierno de Martín Vizcarra se volvieron una perfecta oportunidad de negocio. En el caso del San Isidro Labrador, se trató de la primera de una serie de inauguraciones que tenían el mismo esquema de presentación: la presidenta ejecutiva de EsSalud Fiorella Molinelli aparece ante las cámaras junto con el expresidente Vizcarra dando luz verde al hospital.
Meses después de aquel evento del 11 de abril, auditores de la Contraloría observaron que la villa blanca fue inaugurada sin contar con autorización técnica. Cuando se les pregunta a las autoridades del San Isidro Labrador, estos desconocen quién, cuándo y cómo se autorizó su funcionamiento. “No tenemos actas, informes, videos, ni documentos que acrediten su instalación”, dijo Pedro Llano, director del hospital, a los auditores de la Contraloría.
En total, han sido 37 los contratos firmados por EsSalud en el 2020 bajo la descripción: “alquiler de estructuras metálicas para infraestructuras hospitalarias temporales”. Estos se instalaron en Lima, Loreto, Lambayeque, Madre de Dios, Ancash, Piura, Ucayali, Arequipa, Tumbes, Moquegua, La Libertad, Huánuco, Cajamarca y Cusco. El costo total de lo desembolsado por esas infraestructuras asciende a S/74.8 millones.
EL FOCO accedió a documentos y testimonios que evidencian la improvisación y el direccionamiento con que fueron puestas en marcha decenas de hospitales de campaña. Los más perjudicados: pacientes que nunca se pudieron atender por la COVID-19.
Los ángeles de la construcción
“Ángeles/ Arquitectura de eventos” es el nombre comercial de una de las empresas que tuvo mucha suerte durante la pandemia. Según registros públicos, el nombre oficial de la compañía dedicada a la construcción e instalación de andamios para eventos sociales es Soluciones Estructurales S.A.C. Entre marzo y diciembre del 2020, Soluciones Estructurales ganó 25 de los 37 contratos directos por la construcción de hospitales temporales en Lima, Loreto, Lambayeque, Piura, Ucayali, Moquegua y Huánuco, facturando a EsSalud la suma de S/51.2 millones.
Soluciones Estructurales tiene como gerente general a Daniel Byrne Labarthe, primo hermano del exprimer ministro Salvador del Solar; y como accionistas figuran Carlos Ángeles López Aliaga, y su hijo, Renzo Ángeles Small. La empresa que gerencia Byrne ganó la construcción de hospitales temporales sin tener ningún tipo de experiencia en el rubro sanitario. Este beneficio llegó gracias al Decreto Supremo 044 de la PCM, firmado el 15 de marzo del 2020 por el expresidente Martín Vizcarra, quien fuera compañero de gabinete de Del Solar en el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
En Lima fueron cuatro los hospitales construidos por Soluciones Estructurales: Octavio Mongrut (S/8’596,536), Aurelio Díaz Ufano (S/5’489,438), Villa Panamericana (S/2’231,262) y San Isidro Labrador (S/1’004,036). Un dato relevante es que, en el 2019, Soluciones Estructurales fue la encargada del armado de los escenarios usados para la inauguración de los Juegos Panamericanos 2019.
La historia del hospital temporal en San Isidro Labrador comenzó el 27 de marzo pasado. Ese día EsSalud emitió una orden de contratación directa por S/1’004,000 para que Soluciones Estructurales monte el hospital temporal en siete días. Una inspección hecha por auditores de la Contraloría concluyó que fue recién el 28 de mayo, es decir, un mes después de la inauguración de Vizcarra y Molinelli, cuando un ingeniero de nombre José Paisig Guevara, coordinador de mantenimiento del hospital, emitió la conformidad técnica de la obra.
Ante la Contraloría, Paisig sostuvo que recién tomó conocimiento de las especificaciones del hospital el mismo 28 de mayo, cuando emitió la conformidad. Su testimonio concuerda con el de otras autoridades del centro de salud, que desconocen quién autorizó o verificó el funcionamiento del hospital blanco.
Pedro Llanos Rivero, director del Hospital San Isidro Labrador hasta el 27 de abril dijo: “Durante mi gestión no se dispuso ni verificó que se haya cumplido con la instalación o puesta en operatividad de la estructura metálica para la infraestructura hospitalaria temporal del Hospital San Isidro Labrador. No recibí ninguna comunicación al respecto en tal sentido, no tenemos actas, informes, videos, ni documentos que acrediten su instalación”, según actas en poder del OCI EsSalud.
Moisés Acuña, administrador del Hospital, dijo al mismo órgano de control que “hasta el 20 de abril del 2020 no existe comunicación que se nos haya entregado para que asumiésemos la verificación del cumplimiento de los términos de referencia de un contrato que desconocíamos, que no se ejecutaba en el área de administración (…) y que no estaba dirigido al Hospital San Isidro Labrador”.
Arriba: El 28 de mayo se da la conformidad para el funcionamiento de la Villa San Isidro Labrador. 55 días después de lo estipulado en el contrato. Abajo: Autoridades del hospital desconocen quién autorizó la puesta en operaciones de la villa blanca.
La conformidad de obra no fue lo único que faltó en el hospital temporal San Isidro Labrador. También se encontró que Soluciones Estructurales había instalado conexiones eléctricas no adecuadas para uso hospitalario y que tampoco había terminado de instalar el total de lavatorios. Inclusive, según los reportes de Contraloría, para esa misma fecha, 19 de agosto, todavía había espacios para camas UCI que no contaban con conexión eléctrica. Una de ellas es la que pudo salvar la vida de José Yupanqui, de 69 años, quien llegó a la villa de San Isidro Labrador el 13 de agosto, como cuenta su hija, Carmen Yupanqui, a esta publicación.
Su edad mayor y caer víctima del coronavirus en los meses más duros de la primera ola, lo condenaron a la escases de camas cuando más lo necesitaba. El 18 de agosto, cinco días después de su internamiento en la villa, Yupanqui falleció.
Aurelio Díaz Ufano: un contrato bajo sospecha
Correos y documentación a la que tuvo acceso EL FOCO muestran la celeridad con la que el Seguro Social firmó contratos millonarios que terminaron beneficiando a una única empresa. El viernes 19 de junio del 2020, a las 5:37 de la tarde, la Gerencia de Logística del Seguro Social pidió que un grupo de proveedores coticen la instalación de andamios para el hospital temporal Aurelio Díaz Ufano, en San Juan de Lurigancho. El hospital temporal era un centro de salud de 3600 metros cuadrados que incluía, entre otras cosas, 200 camas de hospitalización, 2666 metros cuadrados de pisos vinílicos, 661 tomas eléctricas, sistemas de ventilación, puntos de agua y desagüe.
A pesar de los variados y amplios requisitos de instalación, EsSalud dio una hora y veintitrés minutos para que las empresas brinden sus cotizaciones. Una de las compañías invitadas le comunicó al Seguro Social que no “tenía estructuras metálicas”. Otras ni siquiera se dedicaban rubro sanitario. Pero hubo una sola empresa que logró enviar su propuesta a tiempo: Soluciones Estructurales. La empresa de Byrne Labarthe envió su cotización en tiempo récord a las 19:00, segundos antes de que se agotara el plazo propuesto por la Gerencia de Logística.
Arriba: área de logística del Seguro Social solicita empresas enviar sus cotizaciones. Solo da una hora y veintitrés minutos para cotizar la instalación del hospital temporal Aurelio Diaz Ufano. Abajo: Correo de respuesta enviado por Soluciones Estructurales, a las 19:00 p.m.
El 23 de junio, cuatro días después de la solicitud, las autoridades del Seguro Social dieron el visto bueno a la compra. Para esto se evalúo un cuadro comparativo de precios que contenía, llamativamente, una sola propuesta: la de Soluciones Estructurales, por S/5.4 millones.
Cuadro comparativo de precios recibido en la Gerencia de Logística de EsSalud tras el estudio de mercado. Solo figura la cotización de Soluciones Estructurales.
Según pudo conocer EL FOCO, este y otros contratos con Soluciones Estructurales se encuentran bajo la mira de la Contraloría. No obstante, en el ente que dirige Nelson Shack existe gran presión por aquellas investigaciones vinculadas con la presidenta del Seguro Social, Fiorella Molinelli. Hay autoridades que firmaron conformidades pese a que no les correspondía hacerlo. Ingenieros que dieron vistos buenos en tiempo récord y de manera equivocada. Una serie de errores y horrores cuyo hilo conductor apunta a lo más alto del Seguro Social.
Fracaso en las regiones
“El presidente Martín Vizcarra junto con Fiorella Molinelli vinieron para inaugurar villas que nunca funcionaron. Esas carpas fueron contratadas por más de 4 millones soles para tres meses, pero tuvieron muchas deficiencias y no tenían la infraestructura para darles calidad de atención a los pacientes”, dice a EL FOCO Rubén Huamaní, presidente del Cuerpo Médico de la Red Asistencial de EsSalud del Cusco.
El último martes 5 de enero la Gerencia Administrativa de EsSalud envió una carta a la empresa Fast Engenharia e Montagens S.A., ganadora de un contrato por S/4.1 millones por la instalación de una villa temporal en el Hospital Nacional de Cusco. En la carta, EsSalud le pide a la compañía que “confirme el desarmado de las estructuras metálicas”. ¿Por qué, en pleno brote de una segunda ola de contagios, EsSalud pide desmontar un centro hospitalario que podría salvar miles de vidas?
Seguro Social confirma el desmontaje de los hospitales temporales en Cusco.
Se trataba de la historia de un fracaso iniciado meses atrás. El 22 de septiembre, el expresidente Martín Vizcarra y Fiorella Molinelli inauguraron la Villa Cusco, en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco. “Estamos muy contentos de poder anunciar la entrada en operación de este hospital destinado para pacientes en situación leve y moderada”, dijo en aquel entonces Molinelli.
El 12 de octubre, días después de aquella inauguración, auditores del Órgano de Control Institucional (OCI) de EsSalud reportaron que el hospital había sido instalado con fallas técnicas que impedían su uso. La Villa Cusco tenía solo 2 de 12 equipos de aire acondicionado. Y también presentaba problemas con los equipos de calefacción, haciendo que las temperaturas sean tan frías que era imposible la atención de los pacientes.
“Cuando inició la temporada de lluvias, empezaron a verse los desperfectos de las carpas. Fue un escándalo”, dice Rubén Huamaní, presidente del Cuerpo Médico de la Red EsSalud Cusco. (Foto: Fabiola Granda)
El hospital temporal tenía, además, cables de electricidad expuestos al aire libre que podrían ocasionar “riesgo de incendios” y se había instalado pisos diferentes a los ofertados en el contrato con EsSalud. No obstante, el mayor problema de la Villa Cusco era que se encontraba desprotegida ante las lluvias. “Justamente cuando inició la temporada de lluvias, empezaron a verse los desperfectos de las carpas. Fue un escándalo”, dice Rubén Huamaní.
Pero, otras regiones del país también presentaron fallas tras la inauguración de las villas para luchar contra la COVID-19. En Arequipa las autoridades del Seguro Social dieron el visto bueno a la instalación de un hospital temporal alquilado a la empresa ARQEF S.A.C., pese a que no contaba con tomacorrientes, sistemas de ventilación, ni equipos de aire acondicionado. La Villa Arequipa fue puesta oficialmente en operaciones el 25 de julio, aunque por los desperfectos no pudo ser habilitada hasta septiembre, cuando la primera ola ya había golpeado a la ciudad blanca.
Para el 26 de agosto, inclusive, la Villa Arequipa no contaba con personal médico, no había separado las áreas de infectados y no infectados, no contaba con cabinas de protección para el traslado de pacientes, no se había concluido la construcción de servicios higiénicos y presentaba problemas con su grupo electrógeno. Los 30 días de alquiler por el uso de la infraestructura le costaron al Seguro Social S/1 millón 20 mil.
Según relata Roger Huanca, presidente del Cuerpo Médico del Hospital Nacional de Puno, las villas temporales llegaron tarde al golpe de la primera ola. “La primera oleada nos golpeó en julio y agosto, pero el hospital blanco llegó recién el 6 de octubre”, afirma el médico, quien detalla también que en la quincena de octubre la Villa Puno tuvo goteras por las lluvias, situación a la que sumaron problemas con el sistema de calefacción. “El hospital Villa Puno ha estado funcionando hasta hace una semana más o menos, que es cuando empezaron a desarmarlo. Nunca estuvieron habilitadas las 50 camas y, como máximo, se habrá ocupado 15 de ellas”, dice Huanca.
Roger Huanca, presidente del cuerpo médico de Red EsSalud Puno. (Foto: Fabiola Granda)
Otros hospitales de regiones que reportaron problemas fueron las villas de Lambayeque y Tumbes, en donde se ha reportado un repunte en las cifras de contagio en los últimos días. La Villa Tumbes, instalada en la provincia de Zarumilla, fue inaugurada el 30 de agosto del 2020 pese a no contar con sistemas de enfriamiento ni de extracción de aire adecuados.
A mediados de diciembre, autoridades del Seguro Social ordenaron desmantelar los hospitales temporales ante la baja en las cifras de contagio. Uno de los hospitales desmontados fue el de Cusco. También se hizo lo mismo en Lambayeque. Lo cierto es que las regiones que recibieron hospitales que nunca fueron utilizados, pero que aparecieron entre bombos y platillos ante las cámaras, ahora enfrentan un nuevo repunte en el número de contagios.

18 de agosto del 2020: Fiorella Molinelli supervisa toma de pruebas rápidas de COVID-19 en Tacna (Foto: EsSalud).

La ruleta de las pruebas rápidas

Por El Foco.pe
EsSalud desembolsó S/55 millones en siete compras directas de pruebas rápidas, el método menos eficaz para combatir a la COVID-19. Una de esas adquisiciones estuvo plagada de irregularidades y favoritismos hacia la empresa Aionia Technology. La Contraloría ya ha encontrado responsabilidad en nueve funcionarios de EsSalud, pero ha salvado a Fiorella Molinelli, quien, justamente, dio la autorización final para la compra.
El pasado 4 de octubre, en la explanada del Hospital Rebagliati, EsSalud hizo una campaña de detección de la COVID-19 con pruebas rápidas para bomberos, policías y motorizados que dan servicio de reparto de domicilio. La presidenta del Seguro Social Fiorella Molinelli supervisó personalmente la jornada, a la que bautizó como “EsSalud te cuida”. En el evento se anunció que la institución había logrado tomar 200 mil pruebas rápidas.
Lo que no se contó en la nota de prensa de EsSalud y en los diversos noticieros que cubrieron la jornada fue que los test que se aplicaron se compraron a una empresa cuyo dueño se ufanaba en un video de ser cercano al entonces presidente de la República Martín Vizcarra. Además, no se detalló ni una línea de que el proveedor ganador se hizo de la buena pro pese a cobrar S/15 millones más que la otra empresa postora.
Entre marzo y diciembre del año pasado, EsSalud ha realizado siete adquisiciones de pruebas rápidas. Todas se hicieron vía contratación directa, el mecanismo donde las empresas participan por invitación y en el que los procesos pueden durar menos de 24 horas. El total de lo que ha desembolsado EsSalud, pese a que las pruebas rápidas son el método de detección de la COVID-19 menos seguro y a que la Organización Mundial de Salud ha desaconsejado su uso, ha sido S/55 millones.
La primera compra de pruebas rápidas que realizó EsSalud fue el 5 de junio del 2020. Ese día, la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos de EsSalud (Ceabe) elaboró una lista de siete dispositivos médicos que necesitaban, entre ellos alcohol, chaquetas descartables, mamelucos y 100 mil pruebas rápidas. Entre la convocatoria y la entrega de la buena pro del paquete de dispositivos médicos, cuyo valor global era a S/ 9.2 millones, transcurrieron apenas 15 horas, según los registros del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (Seace).
La empresa ganadora de las 100 mil pruebas rápidas fue Diagnóstica Peruana SAC, que ofertó 28.40 por cada test. El gerente general de la empresa ganadora es Víctor Hugo Chu Cerrato, quien en el 2016 protagonizó las páginas de los tabloides por agredir en estado de ebriedad a dos efectivos de la Policía Nacional, hecho por el que fue sentenciado a 4 años y cinco meses de prisión efectiva.
En junio, EsSalud hizo otras dos compras: se concretaron el 23 y 24, donde el Seguro Social compró 4 mil y 100 mil test rápidos. En la compra del 23 de junio, EsSalud pagó S/39.5 por cada prueba, mientras que en la adquisición que hizo al día siguiente desembolsó S/38.84 por cada unidad. Es decir, pago diez soles más en comparación a la compra que había hecho apenas veinte días antes.
La lógica del mercado dice que, mientras más oferta hay, el precio es más bajo. Para EsSalud no fue así, y sucedió lo inverso: pagaron más cuando las pruebas rápidas eran menos escasas. Las empresas ganadoras fueron Simed Perú SAC, Deltalab Perú EIRL e Importadora Fabhet SRL. La compra del 23 de junio la hizo la sucursal de EsSalud de Chimbote, y la de 24 fue llevada adelante por la Ceabe. Ambas fueron vía contratación directa y tuvieron el visto bueno de Fiorella Molinelli.
En julio, EsSalud volvió al mercado a comprar pruebas rápidas. El 6, a través de su sucursal de Chimbote, adquirió 15,500, y el 15, vía el Ceabe, compró 70 mil adicionales. En la primera contratación pagó por unidad S/45.5, y en la otra 33.40 soles. Otra vez la ruleta de precios en EsSalud que van contra la lógica del mercado. Y el asunto se vuelve más inestable si se toma en cuenta de que, el 4 de agosto, EsSalud, nuevamente mediante contratación directa, compró 100,000 pruebas rápidas a Perulabs SA a un precio unitario de S/38.5. Es decir, los test se volvieron a encarecer, pese a que se estaba comprando más cantidad.
Arriba: Compra del 5 de junio de pruebas rápidas: S/ 28.40 la unidad. Abajo: reporte de la compra de test realizada 19 días después: S/ 38.94 cada prueba. Más de un millón de soles de diferencia, pese a que se compró el mismo producto y la misma cantidad.
Si hasta aquí las compras de test rápidos hechas por EsSalud llaman la atención, el círculo de sospechas se cierra cuando se desgrana lo que fue la mayor adquisición. Ella se realizó el 2 de julio, donde la entidad dirigida por Fiorella Molinelli compró 1 174 800 pruebas rápidas en un proceso de contratación directa dirigida por la Ceabe. La empresa que obtuvo la buena pro fue Aionia Technology Corporation SAC, ofertando S/34.9 por cada prueba rápida, y facturando en total 41 millones de soles.
Aionia es una empresa que entró en operaciones en febrero del 2019 y que antes del millonario contrato con EsSalud había ganado apenas 55,460 soles vendiendo productos médicos a diversos municipios. Cuando Aionia se hizo de la buena pro del millón de pruebas rápidas para el Seguro Social, tenía apenas 8 trabajadores en planilla. El gerente general y mayor accionista de Aionia es Carlos Alberto Valdivia Montoya, quien ha postulado tres veces a la alcaldía de Bellavista.
En el 2018, durante su última postulación distrital, Valdivia se promocionaba diciendo que trabajó con el expresidente Martín Vizcarra, según un video al cual EL FOCO tuvo acceso. “He trabajado en el Gobierno Regional de Moquegua con quien es ahora el presidente de la República, el ingeniero Vizcarra”, dice el empresario.
Valdivia también aparece mencionado en los polémicos audios del caso Lava Juez. En una de las cintas, el exmiembro del Consejo Nacional de Magistratura (CNM) Julio Gutiérrez Pebe se refiere a él como su “sobrino” en una conversación con el prófugo exjuez supremo César Hinostroza, donde le pide “reforzar” su candidatura por Vamos Perú, movimiento político del exalcalde del Callao Juan Sotomayor.
Resolución, firmada por la presidenta de EsSalud Fiorella Molinelli, autorizando la compra del millón de pruebas rápidas a la empresa Aionia Technology. Sin la luz verde de Molinelli, la polémica adquisición nunca se hubiera realizado. Sin embargo, pese a las evidencias, la Contraloría no encontró responsabilidad en Molinelli.
La pruebas rápidas que EsSalud aplicó en octubre en la explanada del Hospital Rebagliati son las que compró a Aionia. EL FOCO accedió a un informe de la Contraloría del último 28 de diciembre, donde se da cuenta de irregularidades ocurridas durante la selección de Aionia como la empresa proveedora del millón de pruebas rápidas que solicitó EsSalud.
Según la Contraloría, en el Seguro Social direccionaron, desde el primer momento, el proceso en favor de Aionia. La empresa de Valdivia no estaba dentro de las invitadas al proceso, pero fue incluida horas antes de la buena pro. “La solicitud de cotización incluyó correos ‘reiterativos’ casi al vencer el plazo para la presentación de cotización con la finalidad de incorporar a la empresa Aionia SAC, la que envió su oferta en pocos minutos y la muestra de su producto antes que sea invitada”, dice el informe.
Siete fueron las postoras que entregaron propuestas para la compra de pruebas rápidas, pero, según la Contraloría, la evaluación de seis candidatas “estuvo orientada a corregir, validar y evaluar requisitos no presentados, incongruentes o no requeridos”. Sin embargo, a Aionia no se le sometió al mismo procedimiento; inclusive, se le permitió subsanar su propuesta. De igual forma, la Contraloría detectó que en EsSalud le validaron a Aionio un Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento , que estaba vencido.
Fragmento del informe de la Contraloría sobre la compra del millón de pruebas rápidas adquiridas a Aionia Technology Corporation. La empresa ganó la buena pro pese a que dos postores ofrecían cobrar hasta S/15 millones menos.
Uno de los puntos más polémicos de las averiguaciones que la Contraloría hizo del millonario contrato que EsSalud le dio a Aionia fue que dos postoras, Nipro Medical Corporation y Business International Consortium EIRL, habían ofertado cobrar hasta S/15 millones menos que Aionia por el millón de pruebas rápidas. Nipro, que es una empresa japonesa, ofreció cobrar S/25.2 millones, mientras que Business ofertó 35.2 millones.
Pese a todo, Aionia se hizo de la buena pro y desde el 15 de julio –y durante los siguientes tres días– debía comenzar a entregar las pruebas rápidas, pero incumplió con el cronograma. Sin embargo, lo más grave fue que Aionia entregó test sin la sensibilidad ni las especificaciones técnicas acordadas. Las pruebas rápidas de Aionia eran de la marca Wuhan Unscience Biotechnology y, supuestamente, debían tener una sensibilidad de 98%, pero en las pruebas de campo solo registraron 76%.
Segú su informe, la Contraloría ha encontrado responsabilidad administrativa en nueve funcionarios de EsSalud que participaron de la compra de las pruebas rápidas a Aionia. En la lista están desde el gerente de Operaciones, César Carreño Díaz, hasta la gerente encargada de la Ceabe, Carolina Cabanillas Horna. Lo que llama la atención es que la Contraloría no ha encontrado responsabilidad alguna en Fiorella Molinelli, quien, justamente, autorizó la compra según la Resolución de Presidencia de EsSalud Nº375-2020. Todo lo contrario: insta a que sea Molinelli quien decida las sanciones para sus subordinados, cuando la adquisición de pruebas rápidas no se hubiera realizado sin la luz verde ella.

Renzo Navarro y George Forsyth tienen más de 20 años de amistad. Para el exprocurador Iván Montoya, su contratación en la Municipalidad de La Victoria tendría implicancia penal (Foto: Facebook).

Renzo Navarro, el hombre de confianza de George Forsyth que recibió más de S/100 mil de la Municipalidad de La Victoria

El candidato presidencial contrató a su amigo y socio para diversos servicios en la entidad, a pesar de no contar con estudios concluidos ni experiencia en gestión pública. Navarro ahora integra el equipo de campaña a la presidencia.

Por Delsy Loyola Jorge– Unidad de Investigación del Diario El Comercio.
Durante su paso por La Victoria, George Forsyth tuvo como brazo derecho en la municipalidad a su amigo y socio en una empresa de seguridad, Renzo Navarro. El hombre de confianza del ahora candidato presidencial por el partido Victoria Nacional recibió más de S/100 mil de esa comuna por servicios como especialista en administración, en gestión y comunicación, pese a no tener estudios universitarios ni técnicos, ni tampoco experiencia en el sector público. Ahora Navarro es uno de los principales colaboradores de su campaña a la presidencia.
El Comercio accedió a todas las órdenes de servicio que la Municipalidad de La Victoria (MLV) suscribió con Navarro. En febrero del 2019, a un mes de haber asumido la alcaldía, Forsyth lo contrató como asesor de su despacho y le pagó S/16,000. Ese mismo mes, fue contratado por la Secretaría General como especialista en administración por 15 días y recibió S/8,000 más. Desde el inicio hasta el final de la gestión, fueron 12 contratos por un total de S/107,500.
Navarro, quien fue contratado como locador, recibió pagos entre S/4,500 y S/8,000 por mes, incluso más que los sueldos de los subgerentes que -según información de la entidad- ganan en promedio S/6,900.

Amigos y socios

Forsyth y Navarro son amigos desde hace más de 20 años. Ninguno cuenta con estudios técnicos y superiores concluidos, pero juntos fundaron una empresa de seguridad: GRT Seguridad y Control. Navarro cursó estudios de Gestión de Recursos Humanos en la Universidad San Martín de Porres (USMP) solo hasta quinto ciclo. Tampoco terminó la carrera de Administración de empresas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).
En su curriculum vitae, además de la primera empresa, registra como experiencia laboral el cargo de “gerente general adjunto” en Inversiones FBG S.A.C., de propiedad de Forsyth, un gimnasio ubicado en el Jockey Club.La amistad entre Navarro y Forsyth se mantiene desde hace más de 20 años. Juntos han abierto varios negocios. (Foto: Facebook)
En el 2018, junto con el exarquero, intentó postular como teniente alcalde de La Victoria. Fue inscrito en la lista de Somos Perú, pero el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedente su candidatura, porque no pudo sustentar su domicilio en el distrito victoriano. En esa ocasión, Navarro acompañó a Forsyth en casi todas sus actividades y, según fuentes de este Diario, era quien lo apoyaba en la toma de decisiones como parte de su equipo de campaña. Esta vez, en las elecciones generales del 2021, repite la historia.
Forsyth y Navarro posan juntos en el gimnasio del exarquero ubicado en el Jockey Club (Foto: Facebook).

Los contratos

Las otras diez órdenes que la MLV pagó a Navarro consignan como área usuaria la alcaldía, es decir, fueron solicitadas exclusivamente por Forsyth. En marzo del 2019, requirió a su amigo como especialista en administración. Sus funciones fueron: organizar la agenda del alcalde, coordinar sus reuniones, mantener los directorios actualizados, redactar y formular “documentos diversos” y para el “registro en SISDOC”, según se detalla en el informe de locador. Por estos servicios, realizados en un mes, se le pagó S/8,000.

Renzo Navarro reportó en el informe de locador sus funciones realizadas (Foto: El Comercio).

Los siguientes meses, su socio fue contratado como especialista en gestión, especialista en gestión de comunicación y asistente administrativo, a través de nueve órdenes de servicio de manera continua desde agosto del 2019 hasta setiembre del 2020, semanas antes de que Forsyth renunciara a la alcaldía.
Durante ese periodo, según los informes de locador revisados por El Comercio, se encargó de implementar proyectos para mejorar la atención al ciudadano en la Oficina de Gestión Documentaria, optimizar procesos técnicos y de contribuir a la mejora de “la gestión de procesos de Imagen institucional”. Por esos servicios, recibió montos por S/11,000, S/5,500, S/4,500, entre otros, que sumaron un total de S/67,500.
Si bien Navarro fue contratado bajo la modalidad de locación de servicios, para la designación de personas en un cargo similar, pero a través del régimen CAS, se exige contar con título universitario de abogado para laborar en la Secretaría General, e incluso título profesional y especialización en gestión municipal para la Alcaldía, tal como consta en el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la municipalidad.
Además, los profesionales contratados reciben S/3.000 como honorarios, lo que equivale a la mitad de lo que se le pagaba al amigo de Forsyth mensualmente por los servicios que brindó como locador.
Estos fueron los contratos a favor de Navarro en La Victoria.

Funcionarios clave

Sin la firma ni el sello del subgerente de Abastecimiento y Servicios Generales, las órdenes a Navarro hubiesen sido consideradas nulas. El exalcalde designó en ese puesto a Jimmy Olmedo, quien, para su cargo, no cumplía con tener el título profesional de abogado ni de administrador, ni la experiencia mínima de 4 años, requeridos por el MOF del municipio.
Además, durante su paso por la municipalidad de San Juan de Miraflores, la Contraloría General de la República le encontró a Olmedo presunta responsabilidad penal por dos procesos de contratación que se habrían realizado de forma irregular en dicho municipio, según consta en los informes N° 644-2018-CG\LICA y N° 010-2018-2-2182.
Olmedo también tiene tres procesos abiertos en la fiscalía por delitos cometidos por funcionarios públicos, concusión y peculado. Por este último caso, el Ministerio Público ya ha presentado acusación.
El Órgano de Control Institucional (OCI) de la MVL había advertido en abril del 2019, a través del informe N° 008-2019-OCI/2155-SVC, sobre su contratación así como la de otros funcionarios que Forsyth mantuvo en el cargo pese a las observaciones.
El cuadro que el OCI de La Victoria adjuntó en el informe de visita de control que realizó a la municipalidad sobre la designación de funcionarios en puestos de confianza.
Uno de ellos es Gerardo Farfán, quien fue designado subgerente de Registro y Orientación al Contribuyente en abril del 2019. Tan solo tres meses antes, Farfán había suscrito el certificado de trabajo, a nombre de la empresa GRT Seguridad y Control —de propiedad de Forsyth— que Navarro presentó al municipio para sustentar que contaba con experiencia laboral en cargos administrativos.
Según ese documento, Farfán había tenido el cargo de jefe de Recursos Humanos en la empresa del exalcalde victoriano.
Este el certificado de trabajo que presentó Renzo Navarro y que firmó Gerardo Farfán, quien fue contratado en la municipalidad como subgerente (Foto: El Comercio).
Este Diario contactó a Olmedo, quien aseguró que “hubo un tema que se va a aclarar, [pero] las órdenes están de acuerdo a ley”. Buscamos a Farfán en su domicilio consignado en el Reniec, pero en el lugar indicaron que no vive ahí.

Descargos

El Comercio también intentó comunicarse con George Forsyth; sin embargo, su asesora de prensa nos indicó que el exalcalde no daría declaraciones. En su representación, habló la exgerenta municipal de La Victoria Yanina Abanto, ahora integrante de su equipo de campaña, quien señaló que, al margen de la amistad con Forsyth y de la falta de estudios, Navarro “es una persona con mucha experiencia en el rubro de seguridad” y por eso fue requerido.
“Al margen del título profesional de una persona, se resalta la experiencia, esa visión de gestión que el sector privado te da en la cancha. [Se lo contrata] porque es un especialista en seguridad y el gran problema que encontramos en La Victoria era el tema de las mafias”, indicó a este Diario.
“Seguridad ciudadana es un tema técnico y es un problema de fondo, estructural. Teníamos que ver el enfoque de gestión desde la operatividad de los órganos de la municipalidad internos, porque tenemos que cuidar mucho y ordenar todos los procedimientos que él, al tener una empresa de seguridad que manejaba perfectamente bien, tenía todos los conocimientos”, agregó.
Al consultarle si la elaboración de la agenda del alcalde guardaba relación con temas de seguridad, Abanto aseguró que “la agenda de George la teníamos que manejar personas muy cercanas por las constantes amenazas” y que el tópico principal de las actividades era “el de seguridad”.
Este Diario intentó comunicarse con Renzo Navarro, pero hasta el cierre de esta edición no contestó nuestras reiteradas llamadas ni mensajes.

Una posible investigación penal

El exprocurador Yván Montoya consideró que “un fiscal podría abrir investigación preliminar” para indagar presuntos hechos delictivos. “[Pareciera] que se hubieran contratado a muchas personas para condicionar esta facilitación de la contratación y pagos. Entonces uno podría hablar similar al caso de Vizcarra y Swing, desde un tráfico de influencias, en el que -en este caso- un alcalde habría incidido en autoridades que ha designado antes para que lo contraten y acepten los informes para los pagos que tenga que hacer […] hasta una posible negociación incompatible”, sostuvo.
En diálogo con El Comercio, indicó que también “está en juego evaluar si el Código de Ética, tipificado en la Ley 27815, se ha infringido, sobre todo el principio de neutralidad y la prohibición de mantener situaciones de conflicto”.
“La evaluación sobre el cumplimiento del perfil para poder designar a alguien entra en conflicto cuando interviene un sujeto con el que uno mantiene una amistad cercana […] Y la neutralidad igualmente, porque si él mismo requirió una orden de servicio a alguien que conoce y que sería su amigo, ¿dónde está la objetividad?”, señaló.
Además, advirtió que, si bien para los contratos en la modalidad de locación de servicios no se exige cumplir estrictamente los requisitos del MOF, estos sí deben servir como referencia para los procesos.

Nuevo fracaso del Minedu en compra de tabletas de “Aprendo en casa”

Por Alonso Zambrano– ElFoco.pe
Los proveedores incumplieron con el cronograma y los dispositivos que llegaron no tienen las aplicaciones acordadas. Además, empresa de los cargadores solares se burla del contrato firmado con el ministerio.
La millonaria compra de las tabletas del programa “Aprendo en casa” -iniciada durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra y heredada por la gestión de Francisco Sagasti- tiene un nuevo capítulo. Las empresas seleccionadas para proveer el millón de tabletas han incumplido con sus contratos y los más afectados son los niños de escasos recursos.
EL FOCO accedió a una serie de documentos internos del Ministerio de Educación y de la Contraloría que dan cuentan de lo que está pasando tras bambalinas con la adquisición valorizada en S/525 millones.
En agosto último, luego de anular la primera licitación, el Minedu llevó adelante un nuevo proceso para comprar de manera urgente las tabletas. Resultaron ganadoras dos empresas: TPV Perú SAC y el consorcio conformado por Grupo Deltron y Máxima Internacional S.A. Pasaron cuatro meses desde aquella adjudicación y TPV Perú incumplió con el cronograma de entrega de las tabletas. El consorcio Grupo Deltron y Máxima Internacional, por su parte, dio equipos electrónicos sin las aplicaciones y sin los programas exigidos en el millonario contrato que suscribieron con el Gobierno.
TPV Perú tenía a su cargo entregar 417,919 tabletas marca AOC, por lo cual su factura ascendió a S/237 millones. La firma no cumplió con los plazos y, por si fuera poco, tampoco proveerá dispositivos con el sistema operativo exigido: Android 10. En su lugar, ha dicho al Minedu que dará una versión diferente, denominada Android GO, creada para equipos de gama baja.
Carta notarial enviada a TPV Perú exigiendo el cumplimiento de los plazos estipulados en el contrato firmado el 12 de octubre del 2020.
TPV Perú es una empresa que inició actividades en el 2018 y la venta de las tabletas al Minedu fue su primera contratación con el Estado, según registros del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).
Si bien la licitación de las tabletas se dio en agosto, el contrato final fue firmado el 12 de octubre. En él aparecen las firmas de Rosa Prieto Gómez, directora de la Gestión de Recursos Educativos del Minedu, y los ciudadanos extranjeros Pei Chih Ching (China) y Arturo Pino Varas (Chile), ambos representantes de la empresa.
El contrato daba plazo hasta el 23 de diciembre del 2020 para que TPV Perú entregue la totalidad de los dispositivos. El Gobierno de Martín Vizcarra, promotor de la entrega de tabletas de “Aprendo en Casa”, confiaba en la palabra de la empresa y así lo hizo saber en todas sus conferencias de prensa. Sin embargo, el 26 de noviembre se encendieron las alarmas en el Minedu.
Ese día, TPV Perú envió una carta al ministerio pidiendo modificar el cronograma de entrega de las tabletas. La empresa argumentaba que la casa certificadora de las tabletas, 3PL Laboratory– Unisoc, pedía como requisito que se instale un sistema operativo diferente al acordado, todo con el objetivo de asegurar la aprobación de Google.
“Los dispositivos de 2 GB de ram DEBEN ir con el sistema operativo Go Edition. (Todavía) no podemos confirmar que Google aprobará el proyecto”, dice una de las comunicaciones internas de TPV Perú y la casa certificadora a la cual tuvo acceso EL FOCO.
Sobre la mesa estaba la posibilidad de que el casi medio millón de tabletas se queden sin garantía de funcionamiento. Es aquí cuando se da un intercambio de cartas y comunicaciones entre el Minedu y TPV Perú, mantenidas en estricta confidencialidad a pedido de la casa certificadora. “Por favor manejar esta información entre el comprador (el Minedu) y tu compañía (TPV Perú), entendemos que este tipo de acuerdos se dan con el gobierno (…) pero sabes que las reglas de Google no nos permiten revelar la información de procesos internos”, se lee en uno de los correos.
Arriba: Empresa certificadora de las tabletas del Minedu recomienda cambiar el sistema operativo para obtener certificación de Google. Abajo: Certificadora pide confidencialidad en las comunicaciones con TPV PERÚ SAC.
El pasado 10 de diciembre, el Minedu envió una carta a la empresa declarando como “improcedente” su solicitud de extender los plazos. Seis días después ocurrió lo inevitable: el Minedu envió una carta notarial a TPV Perú diciéndole que no había cumplido con los plazos de entrega estipulados en el cronograma de octubre. El ministerio le daba a la empresa cinco días de plazo para cumplir con la entrega “bajo apercibimiento de resolver el contrato”. La carta estaba firmada por Cynthia Otani, la directora de Gestión de Recursos Educativos del Minedu.
Desde aquella comunicación, tanto el Minedu como TPV Perú empezaron a correr por cuerdas separadas. La empresa impuso su propio cronograma de entrega y los funcionarios del Minedu andan atados de manos ante el temor de que nuevamente todo el proceso vuelva a caerse.
Tabletas abandonadas
“No accede a los aplicativos”, “No tiene instalado el aplicativo”, “No utiliza la tableta” son palabras recurrentes en un informe elaborado por los auditores de la Contraloría General de la República sobre las tabletas entregadas por el consorcio Grupo Deltron y Máxima Internacional por un coste aproximado de S/288 millones.
Entre el 23 y el 27 de noviembre, inspectores de la Contraloría evaluaron si los dispositivos repartidos en octubre habían sido empleados adecuadamente. No fue así. En una escuela ubicada en el Centro Poblado de Challapampa, en Puno, se encontró que la conexión a internet era inestable o que era demasiado lenta para acceder a los contenidos educativos. EL FOCO contactó con familiares de los escolares que recibieron las tabletas y todos coinciden: el servicio de internet no permite acceder a los contenidos de “Aprendo en casa”.
Informe de la Contraloría que evalúa el uso de tabletas en los escolares. “No accede a los aplicativos”, “No tiene instalado el aplicativo” y “No utiliza la tableta” son frases recurrentes.
“De nada sirvieron las tabletas para mis hijos porque no vino ni con internet ni con chip. Si no tiene eso, ¿cómo van a estudiar mis hijos?”, dice Sergio Coa, padre de 2 hijos menores. Él vive el Centro Poblado de Queñuani, en la ciudad de Yunguyo, en Puno. “Ya devolvimos las tabletas la semana pasada. Nunca tuvimos internet”. Su testimonio concuerda con el de Yeny Musaya, del Centro Poblado de Chucasuyo. “El saldo que tenía la tableta duró 3 días. Después se cortó la conexión y no se podía ingresar (a los programas)”, dijo a esta publicación.
A esto se suma que, en la provincia de Sandía, 35 escolares dijeron a los auditores de la Contraloría que no pudieron acceder a las tabletas porque estas no tenían instalados los contenidos de “Aprendo en casa” o se encontraban bloqueadas. El hecho guarda relevancia cuando se conoce que uno de los términos del contrato firmado con Grupo Deltron y Máxima Internacional era que los programas estuvieran preinstalados en los dispositivos.
Faltan los cargadores solares
No solo las tabletas se han visto afectadas por demoras de los proveedores. El 20 de septiembre, Itas Solutions SAC, encargada de entregar 203,080 cargadores solares, pidió al Minedu hacer un cambio de último momento. Inicialmente la empresa propuso importar cargadores de la marca SCOPE, modelo SC5002, pero luego cambio su oferta a la de cargadores de la marca MAODI, modelo S30. El cambio derivó en que la compañía pida una primera ampliación de plazos ya que aseguraba que el Minedu había demorado la respuesta a su pedido inicial para importar otro modelo de dispositivos y, por este motivo, se había retrasado la compra.
El Minedu cedió. Se fijaron nuevas fechas. La primera entrega de cargadores se programó para el 26 de octubre; la segunda, el 24 de noviembre, y la tercera, para el 14 de diciembre. No obstante, el 29 de octubre, la empresa proveedora volvió a solicitar una segunda ampliación de plazos, aduciendo desabastecimiento de sus proveedores. El Minedu negó la solicitud y ordenó mantener el cronograma inicial. El contrato, sin embargo, terminó siendo letra muerta.
El 15 de diciembre, Itas Solutions entregó al Minedu solo 20,251 cargadores solares de un total de 59,749 pertenecientes a la primera entrega, programada para dos meses atrás, es decir, para el mes de octubre. Las otras dos armadas, una de 40 mil cargadores y otra de 83 mil cargadores, hasta ahora no llegan. Las tabletas que ya entregó el consorcio Grupo Deltron y Máxima Internacional no pueden distribuidos a los niños debido a la falta de cargadores solares que prometió Itas Solutions.
La respuesta del Minedu
EL FOCO se comunicó con representantes del Minedu. Desde el área de Prensa del ministerio remitieron respuestas a los interrogantes planteados en este informe.
El Minedu señala que el 26 de diciembre, es decir, 3 días después de que se venciera el plazo de entrega estipulado en el contrato, TPV PERÚ entregó 91,440 de las 417,919 tabletas pendientes. El resto de dispositivos, dice el Minedu, serán entregados entre el 7 de enero y el 9 de febrero del 2021. Estos dispositivos serán distribuidos en las regiones entre la tercera semana de enero y el mes de marzo, pese a lo señalado en el cronograma inicial.
Sobre el cambio de último momento propuesto por TPV PERÚ en el sistema operativo de las tabletas, el Minedu señala que “se consideró pertinente aceptar esta versión Go, porque no hay un costo adicional y porque permite (tener) una tableta más funcional con procesos sin retardo”.
Además, el Minedu advierte que los problemas de internet y las fallas con los aplicativos no instalados en las tabletas no han sido reportados a la mesa de ayuda de “Aprendo en casa”. En ese sentido, afirma que “se procederá a realizar la evaluación” de posibles penalidades a las empresas Grupo Deltron y Máxima Internacional.
Finalmente, el Minedu confirmó que la empresa Itas Solutions SAC incumplió los plazos de entrega. Y detalló que el 16 de diciembre del 2020 solo entregó 20,299 cargadores solares del total. “El resto de cargadores, de conformidad con el cronograma presentado por el contratista (…) serán entregados el 3 (61,194), 7 (30,031) y 15 de febrero (91,560)”. Los proveedores impusieron sus propios cronogramas. El Minedu guardó silencio.

Muertes y corrupción

Por Ricardo Uceda– Diario La República.
Los asuntos por investigar en el Ministerio del Interior. Aún no hay conclusiones sobre los sucesos de noviembre. Los generales destituidos podrían ser repuestos por una medida cautelar. Los casos de dolo.
Las investigaciones sobre la muerte de dos personas en La Libertad recién comienzan, pero ya se sabe que la policía usó armas prohibidas y está individualizado al menos uno de los responsables. El ministro del Interior, José Elice, informaría a la Comisión Permanente del Congreso esta semana. Flota la idea de que el control de las manifestaciones será una bomba de tiempo durante su gestión. Se inicia una temporada de protestas, con una policía golpeada, manoseada políticamente y con deficiencias operativas para reprimir según los reglamentos.
El ministro Elice, hombre de confianza del presidente Francisco Sagasti, está conociendo el sector. No es indispensable ser policía, ni militar, ni siquiera experto en seguridad ciudadana para ser bueno en el cargo, aunque esto último resulta deseable. Un mínimo de liderazgo y capacidad de controlar la policía son necesarios. En esto coincidieron ocho ex ministros del Interior a quienes entrevisté en 2013 para un artículo en la revista Poder. Hasta entonces, desde las postrimerías del año 2000, cuando asumió Valentín Paniagua, se habían sucedido veinte de ellos, dejando en evidencia que ocupaban la silla más inestable del gabinete. En los próximos seis años caerían doce más, la mayoría por escándalos.
A las espaldas…
Respecto de los atributos de un ministro, uno de los entrevistados dijo:
–No debes ser cándido. Lo peor que puede pasar es que te cuenten cuentos.
Ya hemos visto que esto ocurre con frecuencia. La última mecida la vivió el ex ministro Jorge Montoya, general de la FAP en el retiro, a quien la policía engañó respecto de la forma en que habían muerto quince personas que asistieron a la discoteca Thomas Restobar, el 22 de agosto pasado. Humillado, Montoya tuvo que renunciar.
Yendo más atrás, la peor actuación policial de espaldas al poder político –podría haber excepciones– fue la matanza de supuestos delincuentes entre 2012 y 2015. Hubo nueve operativos y treintaitrés asesinatos, repartidos así: tres durante la gestión del ministro Wilver Calle, seis con Wilfredo Pedraza, seis con Walter Albán, nueve con Daniel Urresti y nueve con José Luis Pérez Guadalupe. Los últimos asesinatos se produjeron cuando los miembros del equipo ejecutor ya estaban denunciados ante Inspectoría de la PNP y la 35º Fiscalía Provincial de Lima. Las investigaciones, a cargo del fiscal de crimen organizado Álvaro Rodas, no dejan duda respecto de los autores materiales, un grupo de policías que comenzó cuando laboraba en la dirección de inteligencia del Ministerio del Interior (DIGEMIN) y terminó operando en la misma rama de la PNP (DIRIN). Falta documentar el apoyo que recibieron en las instancias superiores. El ex ministro Urresti aparecía al final de sus operativos, encomiando su acción. El caso traerá cola.
Sin conclusiones
Una investigación de este tipo se dificulta porque la propia policía narra los hechos y hace las pericias. Por eso fue imposible documentar que en Trujillo hubo una matanza de cuarenta delincuentes en 2007-2008. La fiscalía judicializó solo cuatro asesinatos, logrando una sentencia contra el coronel Elidio Espinoza –treinta años de prisión–, que revisará la Corte Suprema. Con el grupo de la DIGIMIN-DIRIN, en cambio, la investigación fue posible porque denunciaron, con un informe minucioso, el ministro Carlos Basombrío y el entonces viceministro Rubén Vargas.
Elice aún no tiene una investigación sobre las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado. La Oficina de Integridad del MININTER culminó una primera parte, sin conclusiones. A mes y medio de los hechos, la lentitud revela dificultades. Un motivo para remover a los altos generales de la PNP fue su renuencia a aceptar responsabilidades. De acuerdo con una fuente, esto le habría dicho al presidente Francisco Sagasti el Ministro del Interior, Rubén Vargas. Buscaron quince puestos más abajo en el escalafón para reemplazar al director general, Orlando Velasco, porque investigaciones por corrupción tocarían a los oficiales de menor antigüedad que seguían. En el gobierno existe certeza de que las acciones de amparo de los destituidos, admitidas ya por un juez, serán rechazadas por jurisprudencia previa en el Tribunal Constitucional
–¿Estás seguro de que la medida es inobjetable? –le preguntó Elice a Vargas el día que se adoptó la decisión.
–Completamente –dijo Vargas.
Más por investigar
En la reunión participaban la primera ministra, Violeta Bermúdez, y el ministro de Justicia, Eduardo Vega. Justicia había hecho un informe aprobatorio después de estudiar el proyecto. Bermúdez estaba de acuerdo. Pero cuando se produjeron las protestas, Vega no tuvo mayor participación para defender la medida. Promovido por un círculo cercano al ex ministro José Luis Pérez Guadalupe, Sagasti nombró a Cluber Aliaga, quien presentó un dictamen jurídico que consideraba ilegales los pases a retiro. No le fue recibido. Admitir la propuesta era reconocer una ilegalidad del presidente, causal de vacancia en el cargo.
El juez que admitió el amparo podría, como medida cautelar, suspender los ceses mientras resuelve el fondo. Esto se conocería la próxima semana. Mientras tanto, a lo largo del nuevo año, el resultado de otras investigaciones en el Ministerio Público dirán en qué medida estaban involucrados en actos de corrupción los oficiales de la lista de cesados. Un caso, el de la adquisición a sobreprecio de computadoras inservibles. Otro, la compra del Antonov 718 a Ucrania. Por otra parte, operaciones dolosas para dotar de equipos de limpieza y protección personal a la policía, gravemente afectada por el Covid-19. Corresponden al último año del presidente Martín Vizcarra y a la gestión del ex ministro Carlos Morán.