Capítulo IV
A mediados de octubre de 1849 reanudó sus sesiones la Asamblea Nacional. El 1 de noviembre, Bonaparte la sorprendió con un mensaje en el que le anunciaba la destitución del ministerio Barrot-Falloux y la formación de un nuevo ministerio. Jamás se ha arrojado a lacayos de su puesto con menos cumplidos que Bonaparte a sus ministros. Los puntapiés destinados a la Asamblea Nacional los recibían, por el momento, Barrot y Compañía.
El ministerio Barrot estaba compuesto, como hemos visto, por legitimistas y orleanistas, era un ministerio del partido del orden. Bonaparte había necesitado de él para disolver la Constituyente republicana, poner por obra la expedición contra Roma y destrozar el partido democrático. El se había eclipsado aparentemente detrás de este ministerio, entregando el poder del Gobierno en manos del partido del orden y poniéndose la careta de modestia que bajo Luis Felipe llevaba el gerente responsable de los periódicos, la careta del homme de paille. Ahora se quitó la máscara, que no era va velo sutil detrás del que podía ocultar su fisonomía, sino la máscara de hierro que le impedía mostrar una fisonomía propia. Había constituido el ministerio Barrot para hacer saltar, en nombre del partido del orden, la Asamblea Nacional republicana; y lo destituyó para declarar a su propio nombre independiente de la Asamblea Nacional del partido del orden.
Pretextos plausibles para esta destitución no faltaban. El ministerio Barrot descuidaba incluso las formas de decoro que habrían hecho aparecer al presidente de la república como un poder al lado de la Asamblea Nacional. Durante las vacaciones parlamentarias Bonaparte publicó una carta dirigida a Edgar Ney en la que parecía desaprobar la actuación iliberal del Papa, del mismo modo que había publicado, en oposición a la Constituyente, otra carta en la que elogiaba a Oudinot por su ataque contra la República de Roma. Al votarse en la Asamblea Nacional el presupuesto de la expedición romana, Víctor Hugo, por un supuesto liberalismo, puso a discusión esa carta. El partido del orden ahogó entre exclamaciones despectivamente incrédulas la ocurrencia de que las ocurrencias de Bonaparte pudieran tener la menor importancia política. Ninguno de los ministros recogió el guante en su favor. En otra ocasión, Barrot, con su conocido patetismo vacuo, dejó escapar desde la tribuna palabras de indignación contra los «manejos abominables» en que, según su testimonio, andaban las personas más cercanas al presidente. Por último, el ministerio, a la par que hacía aprobar por la Asamblea Nacional una pensión de viudedad para la Duquesa de Orleáns, rechazaba todas las propuestas para aumentar la lista civil de la presidencia. Y en Bonaparte, el pretendiente imperial se fundía tan íntimamente con el caballero de industria arruinado, que una gran idea, la de su misión de restaurador del imperio, se complementaba siempre con otra: la de que el pueblo francés tenía la misión de saldar sus deudas.
El ministerio Barrot-Falloux fue el primero y el último ministerio parlamentario nombrado por Bonaparte. Por eso su destitución señala un viraje decisivo. Con él, el partido del orden perdió, para no recuperarlo jamás, un puesto indispensable para afirmar el régimen parlamentario, el asidero del poder ejecutivo. Se comprende inmediatamente que en un país como Francia, donde el poder ejecutivo dispone de un ejército de funcionarios de más de medio millón de individuos y tiene por tanto constantemente bajo su dependencia más incondicional a una masa inmensa de intereses y existencias, donde el Estado tiene atada, fiscalizada, regulada, vigilada y tutelada a la sociedad civil, desde sus manifestaciones más amplias de vida hasta sus vibraciones más insignificantes, desde sus modalidades más generales de existencia hasta la existencia privada de los individuos, donde este cuerpo parasitario adquiere, por medio de una centralización extraordinaria, una ubicuidad, una omnisciencia, una capacidad acelerada de movimientos y una elasticidad que sólo encuentran correspondencia en la dependencia desamparada, en el carácter caóticamente informe del auténtico cuerpo social, se comprende que en un país semejante, al perder la posibilidad de disponer de los puestos ministeriales, la Asamblea Nacional perdía toda influencia efectiva, si al mismo tiempo no simplificaba la administración del Estado, no reducía todo lo posible el ejército de funcionarios y finalmente no dejaba a la sociedad civil y a la opinión pública crearse sus órganos propios, independientes del poder del Gobierno. Pero, el interés material de la burguesía francesa está precisamente entretejido del modo más íntimo con la conservación de esa extensa y ramificadísima maquinaria del Estado. Coloca aquí a su población sobrante y completa en forma de sueldos del Estado lo que no puede embolsarse en forma de beneficios, intereses, rentas y honorarios. De otra parte, su interés político la obligaba a aumentar diariamente la represión, y por tanto los recursos y el personal del poder del Estado, a la par que se veía obligada a sostener una guerra ininterrumpida contra la opinión pública y mutilar y paralizar recelosamente los órganos independientes de movimiento de la sociedad, allí donde no conseguía amputarlos por completo. De este modo, la burguesía francesa veíase forzada, por su situación de clase, de una parte, a destruir las condiciones de vida de todo poder parlamentario, incluyendo, por tanto, el suyo propio, y, de otra, a hacer irresistible el poder ejecutivo hostil a ella.
El nuevo ministerio llamábase el ministerio d’Hautpoul. No porque el general d’Hautpoul hubiese obtenido el rango de presidente del Consejo. Con Barrot, Bonaparte había suprimido prácticamente esta dignidad, que condenaba al presidente de la república, ciertamente, a la nulidad legal de un rey constitucional, pero de un rey constitucional sin trono y sin corona, sin cetro y sin espada, sin atributo de la irresponsabilidad, sin la posesión imprescriptible de la suprema dignidad del Estado y, lo más fatal de todo, sin lista civil. En el ministerio de d’Hautpoul no había más que un hombre de fama parlamentaria, el prestamista Fould, uno de los miembros de peor reputación de la alta finanza. Le tocó en suerte la cartera de Hacienda. Consúltense las cotizaciones de la Bolsa de París y se verá que, desde el 1 de noviembre de 1849, los fondos franceses suben y bajan con las subidas y bajadas de las acciones bonapartistas. Habiendo encontrado así su aliado en la Bolsa, Bonaparte se adueñó, al mismo tiempo, de la policía mediante el nombramiento de Carlier para prefecto de la policía de París.
Sin embargo, las consecuencias del cambio de ministerios sólo podían revelarse conforme fuesen desarrollándose las cosas. Por el momento, Bonaparte sólo había dado un paso adelante para luego verse empujado hacia atrás de un modo tanto más visible. A su agrio mensaje, siguió la declaración más servil de sumisión a la Asamblea Nacional.
Cuantas veces los ministros hacían el tímido intento de presentar como proyectos de ley sus caprichos personales, ellos mismos parecían cumplir a regañadientes un mandato grotesco, obligados tan sólo por su posición y convencidos de antemano de la falta de éxito. Cuantas veces Bonaparte, a espaldas de sus ministros, se iba de la lengua hablando de sus intenciones y jugando con sus idées napoléoniennes, sus mismos ministros le desautorizaban desde lo alto de la tribuna de la Asamblea Nacional. Parecía como si sus apetitos usurpadores sólo se exteriorizasen para que no se acallasen las risas malignas de sus adversarios. Se comportaba como un genio ignorado, considerado por el mundo entero como un bobo. Jamás fue objeto del desprecio de todas las clases de un modo más completo que durante este período. Jamás la burguesía dominó de un modo más incondicional, jamás hizo una ostentación más jactanciosa de las insignias de su dominación.
No me propongo escribir aquí la historia de sus actividades legislativas, que se resume, durante este período, en dos leyes: la ley restableciendo el impuesto sobre el vino y la ley de enseñanza, que suprime la incredulidad religiosa. Si a los franceses se les ponían obstáculos para beber vino, en cambio se les servía con tanta mayor abundancia el agua de la vida justa. Si en la ley sobre el impuesto del vino la burguesía declaraba intangible el antiguo odioso sistema fiscal francés, con la ley de enseñanza intentaba asegurar el antiguo estado de ánimo de las masas, que lo hacía soportar. Se asombra uno de ver a los orleanistas, a los burgueses liberales, estos viejos apóstoles del volterianismo y de la filosofía ecléctica, confiar a sus enemigos hereditarios, los jesuitas, la administración del espíritu francés. Pero, orleanistas y legitimistas, aunque discrepasen en lo que se refería al pretendiente a la corona, comprendían que su dominación coligada exigía unir los medios de opresión de dos épocas, que los medios de sojuzgamiento de la monarquía de Julio debían completarse y fortalecerse con los medios de sojuzgamiento de la Restauración.
Los campesinos, defraudados en todas sus esperanzas, oprimidos más que nunca, de una parte, por el bajo nivel de los precios de los cereales y, de otra parte, por la carga de las contribuciones y por el endeudamiento hipotecario, cada vez mayores, comenzaron a agitarse en los departamentos. Se les contestó con una batida furiosa contra los maestros de escuela, que fueron sometidos al cura, contra los alcaldes, que fueron sometidos al prefecto, y con un sistema de espionaje, al que quedaron sometidos todos. En París y en las grandes ciudades, la reacción misma presenta la fisonomía de su época y provoca más de lo que reprime. En el campo, se hace baja, vulgar, mezquina, agobiante, vejatoria; en una palabra, el gendarme. Se comprende hasta qué punto tres años de régimen del gendarme, bendecido por el régimen del cura, tenía que desmoralizar a masas incultas.
Por grande que fuese la suma de pasión y declamación que el partido del orden derrochase desde lo alto de la tribuna de la Asamblea Nacional contra la minoría, sus discursos eran monosilábicos, como los del cristiano, que ha de decir: sí, sí; no, no.
Monosilábicos en la tribuna y monosilábicos en la prensa. Insulsos como los acertijos cuya solución se sabe de antemano. Ya se trate del derecho de petición o del impuesto sobre el vino, de la libertad de prensa o de la libertad de comercio, de los clubs o del reglamento municipal, de la protección de la libertad personal o de la regulación del presupuesto del Estado, la consigna se repite siempre, el tema es siempre el mismo, el fallo está siempre preparado y reza invariablemente: «¡Socialismo!» Se presenta como socialista hasta el liberalismo burgués, como socialista la ilustración burguesa, como socialista la reforma financiera burguesa. Era socialista construir un ferrocarril donde había ya un canal y socialista defenderse con el palo cuando le atacaban a uno con la espada.
Y esto no era mera retórica, moda, táctica de partido. La burguesía tenía la conciencia exacta de que todas las armas forjadas por ella contra el feudalismo se volvían contra ella misma, de que todos los medios de cultura alumbrados por ella se rebelaban contra su propia civilización, de que todos los dioses que había creado la abandonaban.
Comprendía que todas las llamadas libertades civiles y los organismos de progreso atacaban y amenazaban, al mismo tiempo, en la base social y en la cúspide política, a su dominación de clase, y por tanto se habían convertido en «socialistas». En esta amenaza y en este ataque veía con razón el secreto del socialismo, cuyo sentido y cuya tendencia juzgaba ella más exactamente que se sabe juzgar a sí mismo el llamado socialismo, el cual no puede comprender por ello cómo la burguesía se cierra a cal y canto contra él, ya gima sentimentalmente sobre los dolores de la humanidad, ya anuncie cristianamente el reino milenario y la fraternidad universal, ya chochee humanísticamente hablando de ingenio, cultura, libertad o cavile doctrinalmente un sistema de conciliación y bienestar de todas las clases sociales. Lo que no comprendía la burguesía era la consecuencia de que su mismo régimen parlamentario, de que su dominación política en general tenía que caer también bajo la condenación general, como socialista. Mientras la dominación de la clase burguesa no se hubiese organizado íntegramente, no hubiese adquirido su verdadera expresión política, no podía destacarse tampoco de un modo puro el antagonismo de las otras clases, ni podía, allí donde se destacaba, tomar el giro peligroso que convierte toda lucha contra el poder del Estado en una lucha contra el capital. Cuando en cada manifestación de vida de la sociedad veía un peligro para la «tranquilidad», ¿cómo podía empeñarse en mantener a la cabeza de la sociedad el régimen de la intranquilidad, su propio régimen, el régimen parlamentario, este régimen que, según la expresión de uno de sus oradores, vive en la lucha y merced a la lucha? El régimen parlamentario vive de la discusión; ¿cómo, pues, va a prohibir que se discuta? Todo interés, toda institución social se convierten aquí en ideas generales, se ventilan bajo forma de ideas; ¿cómo, pues, algún interés, alguna institución van a situarse por encima del pensamiento e imponerse como artículo de fe? La lucha de los oradores en la tribuna provoca la lucha de los plumíferos de la prensa, el club de debates del parlamento se complementa necesariamente con los clubs de debates de los salones y de las tabernas, los representantes que apelan continuamente a la opinión del pueblo autorizan a la opinión del pueblo para expresar en peticiones su verdadera opinión. El régimen parlamentario lo deja todo a la decisión de las mayorías; ¿cómo, pues, no van a querer decidir las grandes mayorías fuera del parlamento? Si los que están en las cimas de Estado tocan el violín, ¿qué cosa más natural sino que los que están abajo bailen?
Por tanto, cuando la burguesía excomulga como «socialista» lo que antes ensalzaba como «liberal», confiesa que su propio interés le ordena esquivar el peligro de su Gobierno propio, que para poder imponer la tranquilidad en el país tiene que imponérsela ante todo a su parlamento burgués, que para mantener intacto su poder social tiene que quebrantar su poder político; que los individuos burgueses sólo pueden seguir explotando a otras clases y disfrutando apaciblemente de la propiedad, la familia, la religión y el orden bajo la condición de que su clase sea condenada con las otras clases a la misma nulidad política; que para salvar la bolsa, hay que renunciar a la corona, y que la espada que había de protegerla tiene que pender al mismo tiempo sobre su propia cabeza como la espada de Damocles.
En el campo de los intereses generales de la burguesía, la Asamblea Nacional se mostró tan improductiva, que, por ejemplo, los debates sobre el ferrocarril París-Aviñón, comenzados en el invierno de 1850, no habían terminado todavía el 2 de diciembre de 1851. Donde no se trataba de oprimir, de actuar reaccionariamente, estaba condenada a una esterilidad incurable.
Mientras el ministerio de Bonaparte tomaba en parte la iniciativa de leyes en el espíritu del partido del orden, y en parte exageraba todavía más su severidad en la ejecución y manejo de las mismas, el propio Bonaparte intentaba, mediante propuestas puerilmente necias, ganar popularidad, poner de manifiesto su antagonismo con la Asamblea Nacional y apuntar al designio secreto de abrir al pueblo francés sus tesoros ocultos, designio cuya ejecución sólo impedían provisionalmente las circunstancias. Así, la proposición de decretar un aumento de cuatro sous diarios para los sueldos de los suboficiales. Así, la proposición de crear un Banco para conceder créditos de honor a los obreros. Obtener dinero regalado y prestado: he aquí la perspectiva con que esperaba que las masas picasen en el anzuelo. Regalar y recibir prestado: a eso se limita la ciencia financiera del lumpenproletariado, lo mismo del distinguido que del vulgar. A esto se limitaban los resortes que Bonaparte sabía poner en movimiento. Jamás un pretendiente ha especulado más simplemente sobre la simpleza de las masas.
La Asamblea Nacional montó repetidas veces en cólera ante estos intentos innegables de ganar popularidad a costa suya, ante el peligro creciente de que este aventurero, al que le espoleaban las deudas y al que no contenía el temor de perder ninguna reputación adquirida osase un golpe desesperado. La desarmonía entre el partido del orden y el presidente había adoptado ya un carácter amenazador, cuando un acontecimiento inesperado volvió a echar a éste, arrepentido, en brazos de aquél. Nos referimos a las elecciones parciales del 10 de marzo de 1850. Estas elecciones se celebraron para cubrir los puestos de diputados que la prisión o el destierro habían dejado vacantes después del 13 de junio. París sólo eligió a candidatos socialdemócratas. Concentró incluso la mayoría de los votos en un insurrecto de junio de 1848, en De Flotte. La pequeña burguesía de París, aliada al proletariado, se vengaba así de su derrota del 13 de junio de 1849. Parecía como si sólo se hubiese retirado del campo de batalla en el momento de peligro para volver a pisarlo, con una masa mayor de fuerzas combativas y con una consigua de guerra más audaz, al presentarse la ocasión propicia. Una circunstancia parecía aumentar el peligro de esta victoria electoral. El ejército votó en París por el insurrecto de junio, contra La Hitte, un ministro de Bonaparte, y en los departamentos votó en gran parte por los «montañeses», que también aquí, aunque no de un modo tan decisivo como en París, afirmaron la supremacía sobre sus adversarios.
Bonaparte se vio, de pronto, colocado otra vez frente a la revolución. Lo mismo que el 29 de enero de 1849, lo mismo que el 13 de junio de 1849, el 10 de marzo de 1850 desapareció detrás del partido del orden. Se inclinó, pidió pusilánimemente perdón, se brindó a nombrar cualquier ministerio que la mayoría parlamentaria ordenase, suplicó incluso a los jefes de partido, orleanistas y legitimistas, a los Thiers, a los Berryer, a los Broglie, a los Mole, en una palabra, a los llamados «burgraves» a que empuñasen ellos mismos el timón del Estado. El partido del orden no supo aprovechar este momento único.
En vez de tomar audazmente el poder que le ofrecían, no obligó siquiera a Bonaparte a reponer el ministerio destituido el 1 de noviembre; se contentó con humillarle mediante el perdón y con incorporar al ministerio d’Hautpoul al señor Baroche. Este Baroche había vomitado furia como acusador público, una vez contra los revolucionarios del 15 de mayo y otra contra los demócratas del 13 de junio, ante el Tribunal Supremo de Bourges, ambas veces por atentado contra la Asamblea Nacional. Ninguno de los ministros de Bonaparte había de contribuir más a desprestigiar a la Asamblea Nacional, y después del 2 de diciembre de 1851 le volvemos a encontrar, bien instalado y espléndidamente retribuido, de vicepresidente del Senado. Había escupido en la sopa de los revolucionarios, para que luego se la comiese Bonaparte.
Por su parte, el Partido Socialdemócrata sólo parecía acechar pretextos para poner de nuevo en tela de juicio su propia victoria y mellarla. Vidal, uno de los diputados recién elegidos en París había salido elegido también por Estrasburgo. Le convencieron de que rechazase el acta de París y optase por la de Estrasburgo. Por tanto, en vez de dar a su victoria en el terreno electoral un carácter definitivo, obligando con ello al partido del orden a discutírsela inmediatamente en el parlamento; en vez de empujar así al adversario a la lucha en el momento de entusiasmo popular y aprovechando el estado de espíritu favorable del ejército, el partido democrático aburrió a París durante los meses de marzo y abril con una nueva campaña de agitación electoral, dejó que las pasiones populares excitadas se extenuasen en este nuevo juego de escrutinio provisional, que la energía revolucionaria se saciase con éxitos constitucionales, se gastase en pequeñas intrigas, hueras declamaciones y movimientos aparentes, que la burguesía se concentrase y tomase sus medidas, y, finalmente, que la significación de las elecciones de marzo encontrase, en la votación parcial de abril, con la elección de Eugenio Sue, un comentario sentimental suavizador. En una palabra, le hizo al 10 de marzo una broma de 1 de abril.
La mayoría parlamentaria comprendió la debilidad de su adversario. Sus diecisiete burgraves -pues Bonaparte les había entregado la dirección y la responsabilidad del ataque- elaboraron una nueva ley electoral, cuyo proyecto se confió al señor Faucher, quien recabó para sí este honor. La ley fue presentada por él el 8 de mayo; en ella, se abolía el sufragio universal, se imponía como condición que el elector llevase tres años domiciliado en el punto electoral, y finalmente, a los obreros se les condicionaba la prueba de este domicilio al testimonio de su patrono.
Toda la excitación y toda la furia revolucionaria de los demócratas durante la lucha constitucional de las elecciones se convirtieron en prédicas constitucionales, recomendando, ahora que se trataba de probar con las armas en la mano que aquellos triunfos electorales habían ido en serio: orden, calma mayestática (calme majestueux), actitud legal, es decir, sumisión ciega a la voluntad de la contrarrevolución, que se imponía insolentemente como ley. Durante el debate, la Montaña avergonzó al partido del orden, haciendo valer contra su pasión revolucionaria la actitud desapasionada del hombre de bien que no se sale del terreno legal y fulminándole con el espantoso reproche de que se comportaba revolucionariamente. Hasta los diputados recién elegidos se esforzaron en demostrar, con su actitud correcta y reflexiva, cuán ignorantes eran quienes los denigraban como anarquistas e interpretaban su elección como una victoria revolucionaria. El 31 de mayo fue aprobada la nueva ley electoral. La Montaña se contentó con meter de contrabando una protesta en el bolsillo del presidente. A la ley electoral le siguió una nueva ley de prensa, con la que quedaba suprimida de raíz toda la prensa diaria revolucionaria.
Era la suerte que se había merecido. “El National” y “La Presse” -dos órganos burgueses-, quedaron después de este diluvio como la avanzada más extrema de la revolución.
Vimos que los jefes democráticos hicieron, durante los meses de marzo y abril, todo lo posible por embrollar al pueblo de París en una lucha ficticia y que después del 8 de mayo hicieron todo lo posible por contenerlo de la lucha real. No debemos, además, olvidar que el año 1850 fue uno de los años más brillantes de prosperidad industrial y comercial, y que, por tanto, el proletariado de París tenía trabajo en su totalidad. Pero la ley electoral del 31 de mayo de 1850 le apartaba de toda intervención en el poder político. Lo aislaba hasta del propio campo de la lucha. Volvía a precipitar a los obreros a la situación de parias en que vivían antes de la revolución de febrero. Al dejarse guiar por los demócratas frente a este acontecimiento y al olvidar el interés revolucionario de su clase ante un bienestar momentáneo, renunciaron al honor de ser una potencia conquistadora, se sometieron a su suerte, demostraron que la derrota de junio de 1848 los había incapacitado para luchar durante muchos años y que, por el momento, el proceso histórico tenía que pasar de nuevo sobre sus cabezas. En cuanto a la democracia pequeño burguesa, que el 13 de junio había gritado: «¡Ah, pero si tocan al sufragio universal, ah, entonces!», se consolaba ahora pensando que el golpe contrarrevolucionario que se había descargado sobre ella no era tal golpe y que la ley del 31 de mayo no era tal ley. El segundo domingo de mayo de 1852, todo francés comparecerá en el palenque electoral, empuñando en una mano la papeleta de voto y en la otra la espada. Esta profecía le servía de satisfacción. Finalmente, el ejército volvió a ser castigado por sus superiores por las elecciones de marzo y abril de 1850, como lo había sido por las del 28 de mayo de 1849. Pero esta vez se dijo resueltamente: «¡La revolución no nos engañará por tercera vez!»
La ley del 31 de mayo de 1850 era el coup d’état de la burguesía. Todas sus victorias anteriores sobre la revolución tenían un carácter meramente provisional. Tan pronto como la Asamblea Nacional en funciones se retiraba de la escena, comenzaban a ser dudosas. Dependían del azar de unas nuevas elecciones generales, y la historia de las elecciones desde 1848 probaba irrefutablemente que en la misma proporción en que se desarrollaba el poder efectivo de la burguesía, ésta iba perdiendo su poder moral sobre las masas del pueblo. El 10 de marzo, el sufragio universal se pronunció directamente en contra de la dominación de la burguesía; la burguesía contestó proscribiendo el sufragio universal. La ley del 31 de mayo era, pues, una de las necesidades impuestas por la lucha de clases. Por otra parte, la Constitución exigía, para que la elección del presidente de la República fuese válida, un mínimo de dos millones de votos. Si ninguno de los candidatos a la presidencia obtenía esta votación mínima, la Asamblea Nacional debería elegir al presidente entre los tres candidatos que obtuviesen más votos. Cuando la Constituyente dictó esta ley, había en el censo electoral diez millones de electores. Es decir, que a juicio de ella bastaba con los votos de una quinta parte del censo para que la elección del presidente fuese válida. La ley del 31 de mayo suprimió del censo electoral, por lo menos, tres millones de electores, redujo el número de éstos a siete millones y mantuvo, no obstante, la cifra mínima de dos millones para la elección del presidente. Por tanto, elevó el mínimo legal de una quinta parte a casi un tercio del censo; es decir, hizo todo lo posible por escamotear la elección del presidente de manos del pueblo, entregándola a manos de la Asamblea Nacional. Por donde el partido del orden parecía haber consolidado doblemente su dominación con la ley del 31 de mayo, al entregar la elección de la Asamblea Nacional y la del presidente de la república al arbitrio de la parte más estacionaria de la sociedad.
Capítulo V
Después de superarse la crisis revolucionaria y abolirse el sufragio universal, estalló inmediatamente una nueva lucha entre la Asamblea Nacional y Bonaparte.
La Constitución había fijado el sueldo de Bonaparte en 600,000 francos. No había pasado medio año desde su instalación, cuando consiguió elevar esta suma al doble. Odilon Barrot arrancó a la Asamblea Constituyente un suplemento anual de 600,000 francos para los llamados gastos de representación. Después del 13 de junio, Bonaparte había expresado otra demanda igual, sin que esta vez Barrot le escuchase. Ahora, después del 31 de mayo, se aprovechó inmediatamente del momento favorable e hizo que sus ministros propusiesen a la Asamblea Nacional una lista civil de tres millones. Una larga y aventurera vida de vagabundo le había dotado de los tentáculos más perfectos para tantear los momentos de debilidad en que podía sacar dinero a sus burgueses. Era un chantaje en toda regla. La Asamblea Nacional había deshonrado la soberanía del pueblo con su ayuda y su connivencia. La amenazó con denunciar su delito ante el tribunal del pueblo si no aflojaba la bolsa y compraba su silencio con tres millones al año. La Asamblea Nacional había robado el voto a tres millones de franceses. Bonaparte exigía por cada francés políticamente desvalorizado un franco en moneda circulante, lo que hacía un total exacto de tres millones de francos. El elegido por seis millones de electores reclama una indemnización por los votos que le han estafado después de su elección. La comisión de la Asamblea Nacional rechazó al importuno. La prensa bonapartista amenazó. ¿Podía la Asamblea Nacional romper con el presidente de la República, en un momento en que había roto fundamental y definitivamente con la masa de la nación? Por eso, aun denegando la lista civil anual, concedió por una sola vez un suplemento de 2.160.000 francos. Con ello, hacíase reo de una doble debilidad: la de conceder el dinero y la de revelar al mismo tiempo, con su irritación, que lo concedía de mala gana. Más adelante veremos para qué necesitaba Bonaparte este dinero. Tras este molesto epílogo que siguió a la supresión del sufragio universal, pisándole los talones, y en el que Bonaparte cambió la humilde actitud que adoptara durante la crisis de marzo y abril por un retador cinismo frente al parlamento usurpador, la Asamblea Nacional suspendió sus sesiones por tres meses, desde el 11 de agosto hasta el 11 de noviembre. Dejó en su lugar una comisión permanente de 28 miembros, en la que no entraba ningún bonapartista, pero sí en cambio algunos republicanos moderados. En la comisión permanente de 1849 no había más que hombres de orden y bonapartistas. Pero entonces el partido del orden se declaraba permanentemente en contra de la revolución. Ahora, la república parlamentaria se declaraba permanentemente en contra del presidente. Después de la ley del 31 de mayo, el partido del orden ya no tenía enfrente más que este rival.
Cuando la Asamblea Nacional volvió a reunirse en noviembre de 1850, parecía inevitable que estallase, en vez de sus escaramuzas anteriores con el presidente, una gran lucha implacable, una lucha a vida o muerte entre los dos poderes.
Lo mismo que en 1849, durante las vacaciones parlamentarias de este año, el partido del orden se había dispersado en sus distintas fracciones, cada cual ocupada con sus propias intrigas restauradoras, a las que la muerte de Luis Felipe daba nuevo pábulo. El rey de los legitimistas, Enrique V, había llegado incluso a nombrar un ministerio formal, que residía en París y del que formaban parte miembros de la comisión permanente. Bonaparte quedaba, pues, autorizado para emprender a su vez jiras por los departamentos franceses y dejar escapar, recatada o abiertamente, según el estado de ánimo de la ciudad a la que regalaba con su presencia, sus propios planes de restauración, reclutando votos para sí. En estas giras, que el gran “Moniteur” oficial y los pequeños «monitores» privados de Bonaparte, tenían, naturalmente, que celebrar como cruzadas triunfales, le acompañaban constantemente afiliados de la Sociedad del 10 de Diciembre. Esta sociedad data del año 1849. Bajo el pretexto de crear una sociedad de beneficencia, se organizó al lumpenproletariado de París en secciones secretas, cada una de ellas dirigida por agentes bonapartistas y un general bonapartista a la cabeza de todas. Junto a roués arruinados, con equívocos medios de vida y de equívoca procedencia, junto a vástagos degenerados y aventureros de la burguesía, vagabundos, licenciados de tropa, licenciados de presidio, huidos de galeras, timadores, saltimbanquis, lazzaroni, carteristas y rateros, jugadores, alcahuetes, dueños de burdeles, mozos de cuerda, escritorzuelos, organilleros, traperos, afiladores, caldereros, mendigos; en una palabra, toda esa masa informe, difusa y errante que los franceses llaman la bohème; con estos elementos, tan afines a él, formó Bonaparte la solera de la Sociedad del 10 de Diciembre, «Sociedad de beneficencia» en cuanto que todos sus componentes sentían, al igual que Bonaparte, la necesidad de beneficiarse a costa de la nación trabajadora. Este Bonaparte, que se erige en jefe del lumpenproletariado, que sólo en éste encuentra reproducidos en masa los intereses, que él personalmente persigue, que reconoce en esta hez, desecho y escoria de todas las clases, la única clase en la que puede apoyarse sin reservas, es el auténtico Bonaparte, el Bonaparte sans phrase. Viejo roué ladino, concibe la vida histórica de los pueblos y los grandes actos de Gobierno y de Estado como una comedia, en el sentido más vulgar de la palabra, como una mascarada, en que los grandes disfraces y las frases y gestos no son más que la careta para ocultar lo más mezquino y miserable. Así, en su expedición a Estrasburgo, el buitre suizo amaestrado desempeñó el papel de águila napoleónica. Para su incursión en Boulogne, embute a unos cuantos lacayos de Londres en uniformes franceses. Ellos representan el ejército. En su Sociedad del 10 de Diciembre, reunió a 10,000 miserables del lumpen, que habían de representar al pueblo, como Nick Bottom representaba el león. En un momento en que la misma burguesía representaba la comedia más completa, pero con la mayor seriedad del mundo, sin faltar a ninguna de las pedantescas condiciones de la etiqueta dramática francesa, y ella misma obraba a medias engañada y a medias convencida de la solemnidad de sus acciones y representaciones dramáticas, tenía que vencer por fuerza el aventurero que tomase lisa y llanamente la comedia como tal comedia. Sólo después de eliminar a su solemne adversario, cuando él mismo toma en serio su papel imperial y cree representar, con su careta napoleónica, al auténtico Napoleón, sólo entonces es víctima de su propia concepción del mundo, el payaso serio que ya no toma a la historia universal por una comedia, sino su comedia por la historia universal. Lo que para los obreros socialistas habían sido los talleres nacionales y para los republicanos burgueses los gardes mobiles, era para Bonaparte la Sociedad del 10 de Diciembre: la fuerza combativa de partido propia de él. Las secciones de esa sociedad, enviadas por grupos a las estaciones, debían improvisarle en sus viajes un público, representar el entusiasmo popular, gritar Vive l’Empereur!, insultar y apalear a los republicanos, naturalmente bajo la protección de la policía. En sus viajes de regreso a París, debían formar la vanguardia, adelantarse a las contramanifestaciones o dispersarlas. La Sociedad del 10 del Diciembre le pertenecía a él, era su obra, su idea más privativa. Todo lo demás de que se apropia se lo da la fuerza de las circunstancias, en todos sus hechos actúan por él las circunstancias o se limita a copiarlo de los hechos de otros; pero el Bonaparte que se presenta en público, ante los ciudadanos, con las frases oficiales del orden, la religión, la familia, la propiedad, y detrás de él la sociedad secreta de los Schufterle y los Spiegelberg, la sociedad del desorden, la prostitución y el robo, es el propio Bonaparte como autor original, y la historia de la Sociedad del 10 de Diciembre es su propia historia. Se había dado el caso de que representantes del pueblo pertenecientes al partido del orden habían sido apaleados por los decembristas. Más aun. El comisario de policía Yon, adscrito a la Asamblea Nacional y encargado de la vigilancia de su seguridad, denunció a la comisión permanente, basándose en el testimonio de un tal Alais, que una sección de decembristas había acordado asesinar al general Changarnier y a Dupin, presidente de la Asamblea Nacional, estando ya elegidos los individuos encargados de ejecutar este acuerdo. Se comprenderá el terror del señor Dupin. Parecía inevitable una investigación parlamentaria sobre la Sociedad del 10 de Diciembre, es decir, la profanación del mundo secreto bonapartista. Por eso, precisamente, antes de que volviera a reunirse la Asamblea Nacional, Bonaparte disolvió prudentemente su sociedad, claro está que sólo sobre el papel, pues todavía a fines de 1851, el prefecto de policía Carlier, en una extensa memoria, intentaba en vano moverle a disolver realmente a los decembristas.
La Sociedad del 10 de Diciembre había de seguir siendo el ejército privado de Bonaparte mientras éste no consiguiese convertir el ejército público en una Sociedad del 10 de Diciembre. Bonaparte hizo la primera tentativa encaminada a esto poco después de suspenderse las sesiones de la Asamblea Nacional, y la hizo con el dinero que acababa de arrancarle a ésta. Como fatalista que es, abriga la convicción de que hay ciertos poderes superiores, a los que el hombre y sobre todo el soldado no se puede resistir. Entre estos poderes incluye, en primer término, los cigarros y el champagne, las aves frías y el salchichón adobado con ajo. Por eso, en los salones del Elíseo, empieza obsequiando a los oficiales y suboficiales con cigarros y champagne, aves frías y salchichón adobado con ajo.
El 3 de octubre repite esta maniobra con las masas de tropa en la revista de St. Maur, y el 10 de octubre vuelve a repetirla en una escala todavía mayor en la revista militar de Satory. El tío se acordaba de las campañas de Alejandro en Asia, el sobrino se acuerda de las cruzadas triunfales de Baco en las mismas tierras. Alejandro era, ciertamente, un semidiós, pero Baco era un dios completo. Y, además, el dios tutelar de la Sociedad del 10 de Diciembre.
Después de la revista del 3 de octubre, la comisión permanente llamó a comparecer ante ella al ministro de la Guerra, d’Hautpoul. Este prometió que no volverían a repetirse aquellas infracciones de la disciplina. Sabido es cómo Bonaparte cumplió el 10 de octubre la palabra dada por d’Hautpoul. En ambas revistas había llevado el mando Changarnier, como comandante en jefe del ejército de París. Changarnier, que era a la vez miembro de la comisión permanente, jefe de la Guardia Nacional, el «salvador» del 29 de enero y del 13 de junio, el «baluarte de la sociedad», candidato del partido del orden para la dignidad presidencial, el presunto Monk de dos monarquías, no se había reconocido jamás hasta entonces subordinado al ministro de la Guerra, se había burlado siempre abiertamente de la Constitución republicana y había perseguido a Bonaparte con una arrogante protección equívoca. Ahora, se desvivía por la disciplina contra el ministro do la Guerra y por la Constitución contra Bonaparte. Mientras que el 10 de octubre una parte de la caballería dejó oír el grito de Vive Napoléon! Vivent les saucissons!, Changarnier hizo que por lo menos la infantería, que desfilaba al mando de su amigo Neumayer, guardase un silencio glacial. Como castigo, el ministro de la Guerra, acuciado por Bonaparte, relevó al general Neumayer de su puesto en París con el pretexto de entregarle el alto mando de la 14ª y la 15ª divisiones. Neumayer rehusó este cambio de destino y se vio obligado así a pedir el retiro. Por su parte, Changarnier publicó el 2 de noviembre una orden de plaza en la que prohibía a las tropas gritos ni ninguna clase de manifestaciones políticas estando bajo las armas. Los periódicos elíseos atacaron a Changarnier; los periódicos del partido del orden, a Bonaparte; la comisión permanente celebraba una sesión secreta tras otra, en las que se presentaba reiteradamente la proposición de declarar a la patria en peligro; el ejército parecía estar dividido en dos campos enemigos, con dos Estados Mayores enemigos, uno en el Elíseo, donde moraba Bonaparte, y otro en las Tullerías, donde moraba Changarnier.
Sólo parecía faltar la reanudación de las sesiones de la Asamblea Nacional para que sonase la señal de la lucha. Al público francés estos rozamientos entre Bonaparte y Changarnier le merecían el mismo juicio que a aquel periodista inglés que los caracterizó en las siguientes palabras: «Las criadas políticas de Francia barren la ardiente lava de la revolución con las viejas escobas, y se tiran del moño mientras ejecutan su faena».
Entretanto, Bonaparte se apresuró a destituir al ministro de la Guerra, d’Hautpoul, expidiéndolo precipitadamente a Argelia y nombrando para sustituirle en la cartera de ministro de la Guerra al general Schramm. El 12 de noviembre mandó a la Asamblea Nacional un mensaje de prolijidad norteamericana, recargado de detalles, oliendo a orden, ávido de reconciliación, lleno de resignación constitucional, en el que se trataba de todo lo divino y lo humano, menos de las questions brûlante del momento. Como de pasada, dejaba caer las palabras de que con arreglo a las normas expresas de la Constitución, el presidente disponía por sí solo del ejército. El mensaje terminaba con estas palabras altisonantes: «Francia exige ante todo tranquilidad… Soy el único ligado por un juramento, y me mantendré dentro de los estrictos límites que me traza… Por lo que a mí se refiere, elegido por el pueblo y no debiendo más que a éste mi poder me someteré siempre a su voluntad legalmente expresada. Si en este período de sesiones acordáis la revisión constitucional, una Asamblea Constituyente reglamentará la posición del poder ejecutivo. En otro caso, el pueblo declarará solemnemente su decisión en 1852. Pero, cualesquiera que sean las soluciones del porvenir, lleguemos a una inteligencia, para que jamás la pasión, la sorpresa o la violencia decidan la suerte de una gran nación… Lo que sobre todo me preocupa no es saber quién va a gobernar a Francia en 1852, sino emplear el tiempo de que dispongo de modo que el período restante pase sin agitación y sin perturbaciones. Os he abierto sinceramente mi corazón, contestad vosotros a mi franqueza con vuestra confianza, a mi buen deseo con vuestra colaboración, y Dios se encargará del resto».
El lenguaje honesto, hipócritamente moderado, virtuosamente lleno de lugares comunes de la burguesía, descubre su más profundo sentido en labios de autócrata de la Sociedad del 10 de Diciembre y del héroe de las meriendas de St. Maur y Satory.
Los burgraves del partido del orden no se dejaron engañar ni un solo instante en cuanto al crédito que se podía dar a esa efusión cordial. Acerca de los juramentos estaban ya desde hacía mucho tiempo al cabo de la calle; entre ellos había veteranos, virtuosos del perjurio político, y el pasaje dedicado al ejército no se les pasó desapercibido. Observaron con desagrado que, en la prolija e interminable enumeración de las leyes recientemente promulgadas, el mensaje guardaba un silencio afectado acerca de la más importante de todas, la ley electoral, y más aun, que en caso de no revisión constitucional se dejaba al arbitrio del pueblo, para 1852, la elección del presidente. La ley electoral era el grillete atado a los pies del partido del orden, que le impedía andar, y no digamos lanzarse al asalto.
Además, con la disolución oficial de la Sociedad del 10 de Diciembre y la destitución del ministro de la Guerra, d’Hautpoul, Bonaparte había sacrificado por su propia mano en el altar de la patria a las víctimas propiciatorias. Quitó la espina al choque que se esperaba.
Finalmente, el mismo partido del orden procuró rehuir, atenuar, disimular temerosamente todo conflicto decisivo con el poder ejecutivo. Por miedo a perder las conquistas hechas contra la revolución dejó que su rival cosechase los frutos de ellas. «Francia exige ante todo tranquilidad». Así le venía gritando desde febrero el partido del orden a la revolución, así le gritaba al partido del orden el mensaje de Bonaparte. «Francia exige ante todo tranquilidad». Bonaparte cometía actos encaminados a la usurpación, pero el partido del orden provocaba «agitación» si armaba ruido en torno a estos actos y los interpretaba de un modo hipocondríaco. Los salchichones de Satory no despegaban los labios si nadie hablaba de ellos. «Francia exige ante todo tranquilidad». Es decir Bonaparte exigía que se le dejase hacer tranquilamente lo que quería, y el partido parlamentario sentíase paralizado por un doble temor: por el temor de provocar la agitación revolucionaria y por el temor de aparecer como el perturbador de la tranquilidad a los ojos de su propia clase, a los ojos de la burguesía. Por tanto que Francia exigía ante todo tranquilidad, el partido del orden no se atrevió, después de que Bonaparte, en su mensaje, había hablado de «paz», a contestar con «guerra». El público, que ya se relamía pensando en las grandes escenas de escándalo que se iban a producir al reanudarse las sesiones de la Asamblea Nacional, viese defraudado en sus esperanzas. Los diputados de la oposición que exigían que se presentasen las actas de la comisión permanente acerca de los acontecimientos de octubre fueron arrollados por los votos de la mayoría. Se rehuyeron por principio todos los debates que pudieran excitar los ánimos. Los trabajos de la Asamblea Nacional durante los meses de noviembre y diciembre de 1850 carecieron de interés.
Por último, hacia fines de diciembre, comenzó una guerra de guerrillas en torno a unas u otras prerrogativas del parlamento. El movimiento se sumió en minucias alrededor de las prerrogativas de ambos poderes, después que la burguesía, con la abolición del sufragio universal, se hubo desembarazado por el momento de la lucha de clases.
Se había ejecutado contra Mauguin, uno de los representantes de la nación, una sentencia judicial por deudas. A instancia del presidente del Tribunal, el ministro de Justicia, Rouher, declaró que podía dictarse sin más trámites mandato de arresto contra el deudor. Mauguin fue recluido, pues, en la cárcel de deudores. Al conocer el atentado, la Asamblea Nacional montó en cólera. No sólo ordenó que el preso fuese inmediatamente puesto en libertad, sino que aquella misma tarde mandó a su greffier a que le sacase por la fuerza de Clichy. Sin embargo, para testimoniar su fe en la santidad de la propiedad privada y con la segunda intención de abrir, en caso de necesidad, un asilo para «montañeses» molestos, declaró válida la prisión por deudas de representantes del pueblo, previa autorización de la Asamblea Nacional. Se olvidó de decretar que también se podría meter en la cárcel por deudas al presidente de la República. Destruyó la última apariencia de inviolabilidad que rodeaba a los miembros de su propia corporación.
Recuérdese que el comisario de policía, Yon, había denunciado, basándose en el testimonio de un tal Alais, los planes de asesinato de Dupin y Changarnier, por una sección de decembristas. Ya en la primera sesión los cuestores presentaron en relación con esto la propuesta de crear una policía parlamentaria propia, pagada del presupuesto privado de la Asamblea Nacional e independiente en absoluto del prefecto de policía. El ministro del Interior, Baroche, protestó contra esta ingerencia en sus atribuciones. En vista de esto se llegó a una mísera transacción, según la cual el comisario de policía de la Asamblea sería pagado de su presupuesto privado y nombrado y destituido por sus cuestores, pero previo acuerdo con el ministro del Interior. Entre tanto, Alais había sido entregado por el Gobierno a los tribunales, y no fue difícil presentar sus declaraciones como falsas y proyectar, por boca del fiscal, un resplandor de ridículo sobre Dupin, Changarnier, Yon y toda la Asamblea Nacional. Ahora, el 29 de diciembre el ministro Baroche escribe una carta a Dupin exigiendo la destitución de Yon. La Mesa de la Asamblea Nacional, acuerda no destituirle, pero ésta, asustada de la violencia de su proceder en el asunto Mauguin y acostumbrada a que el poder ejecutivo le devolviera dos golpes por uno, no lo sanciona.
Destituye a Yon en recompensa por el celo con que le había servido y se despoja de una prerrogativa parlamentaria inexcusable contra un hombre que no decide por la noche para ejecutar por el día, sino que decide por el día y ejecuta por la noche.
Hemos visto que la Asamblea Nacional, durante los meses de noviembre y diciembre, rehuyó, ahogó, en grandes y decisivas ocasiones la lucha contra el poder ejecutivo. Ahora la vemos obligada a aceptar esta lucha por los motivos más mezquinos. En el asunto Mauguin, confirma en principio la prisión por deudas de los representantes de la nación, pero se reserva la posibilidad de aplicarla solamente a los representantes que no le sean gratos, y regatea por este infame privilegio con el ministro de Justicia. En vez de aprovecharse del supuesto plan de asesinato para abrir una investigación sobre la Sociedad del 10 de Diciembre y desenmascarar irremisiblemente a Bonaparte ante Francia y ante Europa, presentándolo en su verdadera faz, como la cabeza del lumpenproletariado de París, deja que la colisión descienda a un punto en que ya lo único que se ventila entre ella y el ministro del Interior es quién tiene competencia para nombrar y separar a un comisario de la policía. Así, vemos al partido del orden, durante todo este período, obligado por su posición equívoca, a convertir su lucha contra el poder ejecutivo en mezquinas discordias de competencias, minucias, leguleyerías, litigios de linderos, y a tomar como contenido de sus actividades las más insípidas cuestiones de forma. No se atreve a afrontar el choque en el momento en que éste tiene una significación de principio, en que el poder ejecutivo se ha comprometido realmente y en que la causa de la Asamblea Nacional sería la causa de toda la nación. Con ello daría a la nación una orden de marcha, y nada teme tanto como el que la nación se mueva. Por eso, en estas ocasiones, desecha las proposiciones de la Montaña y pasa al orden del día. Después de abandonarse así la cuestión litigiosa en sus grandes dimensiones, el poder ejecutivo espera tranquilamente el momento en que pueda volver a plantearla por motivos fútiles e insignificantes, allí donde sólo ofrezca, por decirlo así, un interés parlamentario puramente local. Y entonces estalla la ira contenida del partido del orden, entonces rasga el telón que oculta los bastidores, entonces denuncia al presidente, entonces declara a la república en peligro; pero entonces su patetismo pierde también todo sabor y el motivo de la lucha aparece como un pretexto hipócrita e indigno de ser tomado en cuenta. La tempestad parlamentaria se convierte en una tempestad en un vaso de agua, la lucha en intriga, el choque en escándalo. Mientras la malignidad de las clases revolucionarias se ceba en la humillación de la Asamblea Nacional, pues estas clases se entusiasman por las prerrogativas parlamentarias de aquélla tanto como ella por las libertades públicas, la burguesía fuera del parlamento no comprende cómo la burguesía de dentro del parlamento puede derrochar el tiempo en tan mezquinas querellas y comprometer la tranquilidad con tan míseras rivalidades con el presidente. La mete en confusión una estrategia que sella la paz en los momentos en que todo el mundo espera batallas y ataca en los momentos en que todo el mundo cree que se ha sellado la paz.
El 20 de diciembre, Pascal Duprat interpeló al ministro del Interior sobre la lotería de los lingotes de oro. Esta lotería era una «hija del Elíseo». Bonaparte la había traído al mundo con sus leales, y el prefecto de policía, Carlier, la había tomado bajo la protección oficial, a pesar de que la ley en Francia prohibe toda clase de loterías, fuera de los sorteos hechos para fines de beneficencia. Siete millones de billetes por valor de un franco cada uno, y la ganancia destinada, al parecer, a embarcar a vagabundos de París para California.
De una parte se quería que los sueños dorados desplazasen los sueños socialistas del proletariado parisino, la tentadora perspectiva del premio gordo desplazase el derecho doctrinario al trabajo. Naturalmente, los obreros de París no reconocieron en el brillo de los lingotes de oro de California los opacos francos que les habían sacado del bolsillo con engaños. Pero, en lo fundamental, tratábase de una estafa directa. Los vagabundos que querían encontrar minas de oro californianas sin moverse de París, eran el propio Bonaparte y los caballeros comidos de deudas que formaban su Tabla redonda. Los tres millones concedidos por la Asamblea Nacional se los habían gastado ya alegremente, y había que volver a llenar la caja como fuese. En vano había abierto Bonaparte una suscripción nacional para construir las llamadas cités ouvriéres, a cuya cabeza figuraba él mismo, con una suma considerable. Los burgueses, duros de corazón, aguardaron a que desembolsase el capital suscrito, y como, naturalmente, el desembolso no se efectuó, la especulación sobre aquellos castillos socialistas en el aire se vino chabacanamente a tierra. Los lingotes de oro dieron mejor resultado. Bonaparte y consortes no se contentaron con embolsarse una parte del remanente de los siete millones que quedaba después de cubrir el valor de las barras sorteadas, sino que fabricaron diez, quince y hasta veinte billetes falsos del mismo número.
¡Operaciones financieras en el espíritu de la Sociedad del 10 de Diciembre! Aquí la Asamblea Nacional no tenía enfrente al ficticio presidente de la República, sino al Bonaparte de carne y hueso. Aquí, podía cogerle in fraganti, transgrediendo no ya la Constitución, sino el Code pénal. Si ante la interpelación de Duprat la Asamblea pasó al orden del día, no fue solamente porque la enmienda de Girardin de declararse satisfait traía a la memoria del partido del orden su corrupción sistemática. El burgués, y sobre todo el burgués hinchado en estadista, complementa su vileza práctica con su grandilocuencia teórica. Como estadista, se convierte, al igual que el poder del Estado que tiene enfrente, en un ser superior, al que sólo se le puede combatir de un modo superior, solemne.
Bonaparte, que precisamente como bohémien, como lumpemproletario principesco, le llevaba al truhán burgués la ventaja de que podía librar la lucha con medios rastreros, vio ahora, después de que la propia Asamblea le había ayudado a cruzar, llevándole de la mano, el suelo resbaladizo de los banquetes militares, de las revistas, de la Sociedad del 10 de Diciembre y, por último, del Code pénal, llegado el momento en que podía pasar de la aparente defensiva a la ofensiva. Las pequeñas derrotas del ministro de Justicia, del ministro de la Guerra, del ministro de Marina, del ministro de Hacienda, que se le atravesaban en el camino y con las que la Asamblea Nacional hacía manifiesto su descontento gruñón, no le molestaban gran cosa. No sólo impidió que los ministros dimitiesen, reconociendo con ello la subordinación del poder ejecutivo al parlamento, sino que ahora pudo llevar ya a efecto la obra que había comenzado durante las vacaciones de la Asamblea Nacional; desgajar del parlamento el poder militar, destituir a Changarnier.
Un periódico elíseo publicó una orden de plaza, dirigida, durante el mes de mayo, al parecer, a la primera división del ejército y procedente, por tanto, de Changarnier, en la que se recomendaba a los oficiales, en caso de sublevación, no dar cuartel a los traidores dentro de sus propias filas, fusilarlos inmediatamente y rehusar a la Asamblea Nacional las tropas, si ésta llegaba a requerirlas. El 3 de enero de 1851 se interpeló al Gobierno acerca de esta orden de plaza. Para examinar este asunto pide primero tres meses, luego una semana y por último sólo veinticuatro horas de reflexión. La Asamblea insiste en que se dé una explicación inmediata. Changarnier se levanta y declara que aquella orden de plaza jamás ha existido. Añade que se apresurará en todo momento a atender a los requerimientos de la Asamblea Nacional y que, en caso de colisión, ésta puede contar con él. La Asamblea acoge su declaración con indescriptibles aplausos y le concede un voto de confianza. La Asamblea Nacional resigna sus poderes, decreta su propia impotencia y la omnipotencia del ejército, al colocarse bajo la protección privada de un general; pero el general se equivoca, poniendo a disposición de la Asamblea, contra Bonaparte, un poder que sólo tiene en precario del propio Bonaparte y esperando, a su vez, protección de este parlamento, de su protegido, necesitado él mismo de protección. Pero Changarnier cree en el poder misterioso de que la burguesía le ha dotado desde el 29 de enero de 1849. Se considera como el tercer poder al lado de los otros dos poderes del Estado. Comparte la suerte de los demás héroes, o, mejor dicho, santos de esta época, cuya grandeza consiste precisamente en la gran opinión interesada que sus partidos se forman de ellos y que quedan reducidos a figuras mediocres tan pronto como las circunstancias los invitan a hacer milagros. El descreimiento es siempre el enemigo mortal de estos héroes supuestos y santos reales. De aquí su noble indignación moral contra los bromistas y burlones carentes de entusiasmo.
Aquella misma noche fueron llamados los ministros al Elíseo. Bonaparte acucia para que sea destituido Changarnier, cinco ministros se niegan a firmar la destitución, el “Moniteur” anuncia una crisis ministerial y la prensa del orden amenaza con la formación de un ejército parlamentario bajo el mando de Changarnier. El partido del orden tenía atribuciones constitucionales para dar este paso. Le bastaba con nombrar a Changarnier presidente de la Asamblea Nacional y requerir cualquier cantidad de tropas para velar por su seguridad. Podía hacerlo con tanta más seguridad cuanto que Changarnier se hallaba todavía realmente al frente del ejército y de la Guardia Nacional de París y sólo acechaba el momento de ser requerido en unión del ejército. La prensa bonapartista no se atrevía siquiera a poner en tela de juicio el derecho de la Asamblea Nacional a requerir directamente las tropas, escrúpulo jurídico que en aquellas circunstancias no auguraba ningún éxito. Y, si se tiene en cuenta que Bonaparte tuvo que buscar en todo París durante ocho días para encontrar por fin a dos generales -Baraguay d’Hilliers y Saint-Jean d’Angely-, que se declararan dispuestos a refrendar la destitución de Changarnier, parece lo más verosímil que el ejército hubiese respondido a la orden de la Asamblea Nacional. En cambio, es más que dudoso que el partido del orden hubiera encontrado en sus propias filas y en el parlamento el número de votos necesario para este acuerdo, si se advierte que ochodías después se separaron de él 286 votos y que la Montaña rechazó una propuesta semejante, incluso en diciembre de 1851, en la hora final de la decisión. No obstante, quizá, los burgraves hubiesen conseguido todavía arrastrar a la masa de su partido a un heroísmo que consistía en sentirse seguros detrás de un bosque de bayonetas y en aceptar los servicios de un ejército que había desertado a su campo. En vez de hacer esto, los señores burgraves se trasladaron al Elíseo en la noche del 6 de enero para hacer desistir a Bonaparte, mediante giros y reparos de ingeniosos estadistas, de la destitución de Changarnier. Cuando se trata de convencer a alguien, es porque se le reconoce como el dueño de la situación. Bonaparte, asegurado por este paso, nombra el 12 de enero un nuevo ministerio, en el que continúan los jefes del antiguo, Fould y Baroche. Saint-Jean d’Angely es nombrado ministro de la Guerra, el “Moniteur” publica el decreto de destitución de Changarnier, y su mando se divide entre Baraguay d’Hilliers, al que se le asigna la primera división, y Perrot, que se hace cargo de la Guardia Nacional. Se le da el pasaporte al «baluarte de la sociedad», y si ninguna piedra cae de los tejados, suben en cambio las cotizaciones de la Bolsa.
El partido del orden, dando una repulsa al ejército, que se pone a su disposición en la persona de Changarnier, y entregándoselo así de modo irrevocable al presidente, declara que la burguesía ha perdido la vocación de gobernar. Ya no existía un Gobierno parlamentario. Al perder el asidero del ejército y de la Guardia Nacional, ¿qué medio de fuerza le quedaba para afirmar a un mismo tiempo el poder usurpado del parlamento sobre el pueblo y su poder constitucional contra el presidente? Ninguno. Sólo le quedaba la apelación a estos principios inermes que él mismo había interpretado siempre como meras reglas generales y que se prescribían a otros para poder uno moverse con mayor libertad.
Con la destitución de Changarnier y la entrega del poder militar a Bonaparte, termina la primera parte del período que estamos examinando, el período de la lucha entre el partido del orden y el poder ejecutivo. La guerra entre ambos poderes se declara ahora abiertamente, se libra abiertamente, pero cuando ya el partido del orden ha perdido sus armas y soldados. Sin ministerio, sin ejercito, sin pueblo, sin opinión pública, sin ser ya, desde su ley electoral del 31 de mayo, representante de la nación soberana, sin ojos, sin oídos, sin dientes, sin nada, la Asamblea Nacional va convirtiéndose poco a poco en un antiguo parlamento francés, que debe entregar la iniciativa al Gobierno y contentarse por su parte con gruñidos de recriminación post festum.
El partido del orden recibe al nuevo ministerio con una avalancha de indignación. El general Bedeau evoca en el recuerdo la benignidad de la comisión permanente durante las vacaciones y los excesivos miramientos con que había renunciado a la publicación de las actas de sus sesiones. Por su parte, el ministro del Interior insiste en la publicación de estas actas que son ya, naturalmente, tan sosas como agua estancada, que no descubren ningún hecho nuevo y no producen el menor efecto al público hastiado. A propuesta de Rémusat, la Asamblea Nacional se retira a sus despachos y nombra un «Comité de medidas extraordinarias». París no se sale de los carriles de su orden cotidiano, con tanta mayor razón, cuanto que en este momento el comercio prospera, las manufacturas trabajan, los precios del trigo están bajos, los víveres abundan, en las cajas de ahorros ingresan todos los días cantidades nuevas. Las «medidas extraordinarias», tan estrepitosamente anunciadas por el parlamento, quedan reducidas, el 18 de enero, a un voto de desconfianza contra los ministros, sin que se mencione siquiera el nombre del tal general Changarnier. El partido del orden se vio obligado a dar al voto este giro para asegurarse los votos de los republicanos, ya que de todas las medidas del ministerio, éstos sólo aprobaban la destitución de Changarnier, mientras que el partido del orden no podía en realidad censurar los demás actos ministeriales, dictados por él mismo.
El voto de desconfianza del 18 de enero se decidió por 415 votos contra 286. Por tanto, sólo pudo sacarse adelante mediante una coalición de los legitimistas y orleanistas extremados con los republicanos puros y la Montaña. Este voto probaba, pues, que el partido del orden no sólo había perdido el ministerio y el ejército, sino que en los conflictos con Bonaparte había perdido también su mayoría parlamentaria independiente, que un tropel de diputados había desertado de su campo por el espíritu de componendas llevado al fanatismo, por miedo a la lucha, por cansancio, por consideraciones de parentesco hacia los sueldos del Estado, tan entrañables para ellos, especulando con las vacantes de ministros (Odilon Barrot), por ese mezquino egoísmo con que el burgués corriente se inclina siempre a sacrificar a este o al otro motivo privado el interés general de su clase. Desde el principio, los diputados bonapartistas sólo se unían al partido del orden en la lucha contra la revolución. El jefe del partido católico, Montalembert, había puesto ya por entonces su influencia en el platillo de Bonaparte, pues desesperaba de la vitalidad del partido parlamentario. Finalmente, los caudillos de este partido, Thiers y Berryer, el orleanista y el legitimista, se vieron obligados a proclamarse abiertamente republicanos, a reconocer que, aunque su corazón era monárquico, su cabeza abrigaba ideas republicanas y que la república parlamentaria era la única forma posible para la dominación de toda la burguesía.
De este modo se vieron obligados a estigmatizar ellos mismos ante los ojos de la clase burguesa, como una intriga tan peligrosa como descabellada, los planes de restauración que seguían urdiendo impertérritos a espaldas del parlamento.
El voto de desconfianza del 18 de enero fue un golpe contra los ministros y no contra el presidente. Pero no había sido el ministerio, sino el presidente quien había destituido a Changarnier. ¿Iba el partido del orden a formular un acta de acusación contra Bonaparte? ¿Por sus veleidades de restauración? Estas no eran más que el complemento de las suyas propias. ¿Por su conspiración en las revistas militares y en la Sociedad del 10 de Diciembre? Hacía ya mucho tiempo que se habían enterrado estos temas bajo simples órdenes del día. ¿Por la destitución del héroe del 29 de enero y del 13 de junio, del hombre que en mayo de 1850 amenazaba en caso de revuelta con pegar fuego a París por los cuatro costados? Sus aliados de la Montaña y Cavaignac no le permitían siquiera sostener al caído «baluarte de la sociedad» mediante una manifestación oficial de condolencia. Los del partido del orden no podían discutir al presidente la facultad constitucional de destituir a un general. Sólo se enfurecían porque habían hecho un uso no parlamentario de su derecho constitucional. ¿No habían hecho ellos constantemente un uso inconstitucional de sus prerrogativas parlamentarias, sobre todo al abolir el sufragio universal? Estaban obligados, pues, a moverse estrictamente dentro de los límites parlamentarios.