“No creo que haya persona alguna que considere que la justicia en el Perú ha mejorado con la existencia de la JNJ”

Por Natale Amprimo Plá– Diario El Comercio.
La semana pasada, con motivo de la discusión en el Congreso de la República del proyecto de reforma constitucional del sistema de justicia que plantea la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura en reemplazo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el exintegrante de esta última, Aldo Vásquez, que fuera inhabilitado para ejercer la función pública por el Congreso y que pretende su reincorporación vía un proceso de amparo ante un tribunal de justicia cuyo presidente se encuentra en proceso de ratificación ante la propia JNJ, ha estado en una suerte de ‘road show’ mediático indicando que las críticas que mayoritariamente se han formulado contra la actuación de la institución que integró y llegó a presidir no tienen sustento y responden, según su particular y claramente poco objetivo criterio, a opiniones de personas interesadas que buscan cuestionar la, según él, impecable y exitosa gestión que ha venido desarrollando la JNJ.
Es claro que, como dice el refrán popular, no hay peor ciego que el que no quiere ver. En este caso, estamos claramente ante un falso ciego, pues no se puede tapar el sol con un dedo.
Veamos. No creo que haya persona alguna que considere que la justicia en el Perú ha mejorado con la existencia de la JNJ. Esta institución, que nació bajo el patrocinio del expresidente Martín Vizcarra, de ingrata recordación, ha sido un absoluto fiasco y hoy ni siquiera quienes en algún momento apostaron por ella discuten respecto de su pobre actuación, caracterizada por la aplicación de estándares disímiles según a quien procesan y de un sustento mediocre en sus resoluciones.
Por otro lado, parece que el señor Vásquez olvida la participación de Henry Ávila, quien llegó a ser vicepresidente de la JNJ y que se apresuró a renunciar tan pronto se conocieron las declaraciones de Jaime Villanueva, vinculándolo a un presunto intercambio de favores con el exministro Félix Chero. ¿Se hizo alguna investigación interna respecto de esta grave imputación? Absolutamente ninguna. Solo se apresuró en declarar la vacancia de Ávila por motivo de renuncia. Quizá para el señor Vásquez, tan experto en salir por la tangente cuando ello conviene, eso es normal.
Pero, respecto de cómo están la JNJ y la Fiscalía de la Nación, recomiendo leer el artículo que el prestigioso periodista Ricardo Uceda publicó en El Comercio el pasado domingo y la entrevista aparecida ese mismo día en “Perú 21″ a Álvaro Vargas Llosa, en la que indica que, de un tiempo a esta parte, los fiscales han empezado a usurpar funciones de la sociedad, concentrando demasiado poder y cometiendo abusos. Además de utilizar la colaboración eficaz de forma indebida, las prisiones preventivas de una manera alejada a lo razonable y de propiciar relaciones con la prensa para montar campañas propias de politicastros, desnaturalizando la función de los fiscales; todo ello, en convivencia con ciertos jueces que parecían títeres, según señala el hijo de nuestro consagrado escritor.
Finalmente, el magistrado que interviene en el proceso de amparo promovido por el señor Vásquez, y que se encuentra en proceso de ratificación ante la JNJ, ¿sabrá lo que es la inhibición por decoro? ¿O considera que vamos a creer que dicha circunstancia no afecta su independencia?

LAS ONG DEBEN RENDIR CUENTAS

Por Ricardo León Dueñas– LaAbeja.pe
El ultrasuperpoderoso lobby nacional, regional y mundial pro ONG pretende impedir que se amplíe la fiscalización y control a las ONG, labor a cargo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional-APCI. Nuestro vapuleado e impopular (muchas veces con razón) Congreso viene poniéndole -apropiadamente- el cascabel al gato con un dictamen aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores que propone modificar y reforzar la Ley 27692, norma de creación de la citada entidad estatal en 2002 y que tiene vacíos necesarios de llenar.
Dicho dictamen busca contribuir a la transparencia y sobre todo a la supervisión de la ejecución de las ingentes cantidades de dinero que reciben las ONG de no sabemos dónde, entes que en muchos casos persiguen gobernarnos tras bambalinas e imponernos sus agendas… generalmente progres por lo demás. La propuesta señala que las ONG deberán inscribir obligatoriamente, ante la APCI, sus proyectos, programas o actividades, bajo sanción.
NO pueden ni deben existir “islas” exentas de un control gubernamental. La propuesta del grupo de trabajo parlamentario va en directa consonancia con el marco regulatorio que sobre el particular existe en países que pertenecen a la OCDE, organismo al que aspiramos llegar. Por tanto, no se entiende la altisonante protesta de algunas legaciones diplomáticas con relación a este tema, habida cuenta que en sus propios países existen controles a las ONG.
Bienvenida la cooperación técnica, inclusive la que realice activismo político, pero de ninguna manera se puede permitir que esta actividad signifique un menoscabo al orden interno y defensa nacional o se pretenda socavar a las instituciones existentes, muchas de las cuales están consagradas en nuestra Constitución. Inclusive, se propone crear una intendencia en la SUNAT a fin de transparentar los recursos cooperación técnica internacional que reciben las ONG, las que, con recursos bien habidos y conocidos, van a tener que rendir cuentas al país. Si no hacen nada malo y el dinero es limpio ¿A qué le temen?