La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó el pedido presentado por diversas organizaciones, a través de una medida cautelar, para “dejar sin efecto legal las licencias y derechos otorgados a la empresa minera Yanacocha, para ejecutar el megaproyecto minero Conga”.
Así quedó sentado en la resolución 9/2014, notificada al Estado Peruano, en la que la CIDH señala que este pedido no es una materia que corresponda ser analizada mediante una medida cautelar, ante el sistema interamericano de protección de derechos humanos.
Durante el trámite seguido ante este organismo, la Procuraduría Pública Especializada Supranacional, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fue clara en señalar que de acuerdo con las competencias reconocidas a esta Comisión, la vía de las medidas cautelares no constituía el espacio para analizar las pretensiones formuladas por los peticionarios respecto a la presunta violación de derechos colectivos.
Asimismo, en todo momento, la defensa peruana hizo referencia a los esfuerzos orientados a armonizar el legítimo interés de los peruanos y peruanas en el aprovechamiento de los recursos naturales con la tutela de los derechos de las personas o comunidades que pudiesen considerarse afectadas por este tipo de actividades.
Las organizaciones demandantes también solicitaron la adopción de medidas para proteger la vida e integridad de personas opuestas a la realización del proyecto minero Conga. Debido a que este extremo fue acogido por la CIDH, su resolución ha sido puesta en conocimiento del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio del Interior.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó una demanda presentada por organizaciones civiles en el 2012 para cancelar las licencias del proyecto Conga, de oro y cobre, ubicado en Cajamarca.
El proyecto, controlado por Newmont Mining y donde también participa Buenaventura, está detenido desde el 2011 tras violentas protestas de pobladores en la región norteña, por temor a que la operación minera contamine sus fuentes de agua.
Cabe recordar que organizaciones que agrupan comunidades campesinas y ganaderos presentaron una demanda ante la CIDH para cancelar licencias y derechos de Conga, que contempla una inversión de US$5,000 millones y produciría unas 680,000 onzas de oro anuales y 54,000 toneladas de cobre al año.
“La CIDH señala que este pedido no es una materia que corresponda ser analizada mediante una medida cautelar ante el sistema interamericano de protección de derechos humanos”, informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú a través de un comunicado.
Newmont no ha renunciado al proyecto y el año pasado dijo que el directorio de la compañía consideraría retomar el proyecto Conga a partir del 2015, tras una clave elección de autoridades en Cajamarca que se realizará a fines de este año.
Por su parte, el Gobierno del presidente Ollanta Humala ha exigido a Newmont y Buenaventura la construcción de reservorios de agua para garantizar el líquido a la población antes de continuar con el desarrollo y explotación del proyecto cajamarquino de oro y cobre.
Se conoció que la CIDH tampoco admitió la pretensión de aplicación del Convenio 169 sobre pueblos indígenas en Cajamarca.
Fuente: Diario Gestión y Agencia de Noticias Reuters.