La región secuestrada
El asesinato de Ezequiel Nolasco demuestra que el Estado debe tomar decisiones extraordinarias para combatir la alianza entre la política y el crimen organizado en Áncash.
Por Ricardo Uceda- Diario La República
En cierto modo, el asesinato del ex miembro del Consejo Regional de Áncash Ezequiel Nolasco estaba cantado. Lo habían querido matar en Chimbote el 20 de julio del 2010, cuando recibió cuatro balazos en el cuerpo. En el ataque falleció su hijastro, Roberto Torres, de 24 años. Encaró a uno de los asesinos y recibió un tiro mortal.
En el hospital, convaleciente, Nolasco culpó al presidente regional César Álvarez de haber intentado asesinarlo. En ese momento Álvarez estaba de licencia —para hacer campaña por su reelección— y Nolasco, como líder de los opositores, se proponía anular obras ya licitadas por 840 millones de soles, con el argumento de que hubo sobrevaluación.  Dentro del consejo tenía mayoría suficiente para hacerlo. El móvil que Nolasco atribuía a Álvarez es que necesitaba matarlo para evitar la anulación de los contratos.
Ocho días antes de que Nolasco y su hijastro fueran baleados, José Sánchez Milla, el consejero regional que reemplazaba a Álvarez, vale decir el presidente regional interino, había sido asesinado en las inmediaciones de Trujillo. Sánchez Milla también se oponía a las obras contratadas por Álvarez, y estaba en entendimiento con Nolasco para anularlas.
Ambos crímenes, cometidos en el mismo mes, contra opositores al gobierno regional y a través de delincuentes comunes, pasaron a agrandar la leyenda negra de Álvarez. Él ha negado enfáticamente cualquier relación con las muertes. Entre otros dichos sostuvo que no iba a ser tan tonto de encargar asesinatos en plena campaña electoral. Por otra parte, ninguna prueba lo afecta directamente. Pero las investigaciones oficiales  fueron realizadas defectuosamente, con un desprecio impúdico hacia las víctimas. La duda ha quedado flotando en el ambiente y acompaña a Álvarez donde quiera que vaya.
Por entonces el presidente regional empezaba a acumular numerosas acusaciones por irregularidades administrativas, cubriendo prácticamente todos los tipos penales aplicables. Cuatro años después, libre de polvo y paja, se culpa a Álvarez de tener bajo su influencia al Ministerio Público y al Poder Judicial de la región. Se culpa a esta influencia del fracaso de la investigación de un caso emblemático, denominado La Centralita, vinculado a operaciones políticas encubiertas. El poderoso control de Álvarez sobre el mundo estatal y civil que lo rodea, incluida buena parte de la prensa regional, proyecta sobre la autoridad una imagen mafiosa.
Diez días después del asesinato de Sánchez Milla, la policía acusó a delincuentes comunes de cometerlo. El general Eduardo Arteta, por entonces jefe policial de Trujillo, presentó como autor material a Oswaldo Ponce, a quien se le encontró el arma que disparó contra la autoridad. «Queda demostrado científica, fehaciente y metodológicamente que este homicidio es producto de un asalto en la carretera y que no tiene un trasfondo político como algunas hipótesis señalaban», dijo. Pero dos años después el Poder Judicial liberó a Ponce por falta de pruebas, acusando a la policía y al Ministerio Público de una actuación deficiente. El casquillo de la bala que hirió mortalmente a la víctima recién fue recogido una semana después de los hechos. La Fiscalía no estuvo presente en importantes diligencias. Aunque la causa sigue abierta, el asesinato está impune. La viuda de Sánchez Milla, contratista del Gobierno Regional, no parece muy interesada en seguir en la pelea.
En el segundo atentado la actuación de los jueces y fiscales adquirió proporciones de escándalo. La policía identificó a los delincuentes que dispararon contra Ezequiel Nolasco y su hijo e incriminó al supuesto autor intelectual: el alcalde de la Municipalidad Provincial del Santa, Luis Arroyo. Es el principal socio político de Álvarez en Áncash, dirigente del mismo partido. Fue comprobado que entre los delincuentes y la autoridad se intercambiaron múltiples llamadas telefónicas antes, durante y después del atentado, no lejos del escenario. Se reconstruyó el plan del asesinato y las responsabilidades de cada cual. Hilda Saldarriaga, conviviente de uno de los acusados, brindó un testimonio concluyente.
Saldarriaga dijo que presenció las coordinaciones entre su conviviente, Arnaldo Ordinola Muñoz, alias “Nayo”, con quienes organizaron el atentado. Uno de los implicados trabajaba en el serenazgo de la municipalidad que dirigía Arroyo. La mujer sostuvo haber escuchado que era un trabajo encargado por el alcalde. En un video que registró sus declaraciones se aprecia a Saldarriaga declarando espontáneamente, mientras hace beber de un biberón a su hijo en brazos. En un momento expresa temor, y el fiscal Lorenzo Melgarejo la tranquiliza:
—No se preocupe. Usted va a estar protegida.
A los pocos días el video salió a la luz pública y la testigo quedó expuesta ante los asesinos. Cambió su versión. A partir de este cambio el Ministerio Público apartó de la investigación a Arroyo. En julio del 2013 Saldarriaga fue asesinada de siete balazos en su casa, mientras dormía. La policía aún no identifica a los autores.
El asesinato logró su cometido: Saldarriaga no se presentó en el juicio oral. En enero del 2014 los jueces de la Sala Liquidadora de la Corte Superior de Justicia del Santa solo sentenciaron a Edison Torres Corso, alias “Chilipino”, el autor de los disparos, dejando en libertad a Alexis Reyes, Arnaldo Ordinola,  Jaime Sánchez y Alberto Palacios, el que tenía vinculación con la municipalidad.
Nolasco presentó una queja contra el fiscal superior Romel Paz, porque fue él quien apartó a Arroyo del proceso pese a las evidencias. Antes Nolasco había intentado recusar infructuosamente a los tres miembros de la Sala Penal Liquidadora: Linda Vanini, Eloy Sotelo y Roma Cruz. En octubre del 2012 todos ellos habían asistido, en San Diego, Estados Unidos, al curso “Técnicas Avanzadas de Contradicción”, con gastos pagados por el Gobierno Regional de Áncash en virtud de un convenio con el Poder Judicial de la jurisdicción. Lo cual tiene que ver con el lado más grave del problema.
Existen numerosos indicios de que la actuación del Ministerio Público en Áncash está parcializada en favor del presidente del Gobierno Regional. Al punto que por dicha actuación el propio Fiscal de la Nación, José Antonio Peláez, está siendo investigado en el Consejo Nacional de la Magistratura. Lo mismo puede decirse del Poder Judicial. Doce de sus miembros en Áncash están en un conflicto de interés por un convenio con la autoridad regional que por un lado financió su capacitación y por otro los predispuso en favor de su benefactor, César Álvarez.
Esta situación fue denunciada en Lima por Ezequiel Nolasco, el 4 de febrero pasado. “Áncash está secuestrado”, dijo, en una entrevista con Jaime de Althaus en La Hora N. Cuando se despidió, De Althaus, entre cuyos defectos no está la sensiblería, le dijo: “Cuídese”. Estaba marcado para morir.
Ese día por la mañana lo entrevisté largamente en privado, prometiéndole que intentaría buscarlo en Chimbote en las semanas siguientes. Nolasco estaba organizando su candidatura a la presidencia regional de Áncash y apoyando la revisión por la Corte Suprema del juicio contra los responsables del atentado que sufrió en 2010. A las 5:06 de la tarde el 10 de marzo, cuatro días antes de que fuera asesinado, me llamó desde su celular con número 94911256.
¿Cómo va todo? —preguntó. Le dije que iría a fines de marzo, porque me había pedido un informe la revista PODER.
—Hay nueva información. Hay nueva información —dijo. Y cortó. El diálogo duró solo un minuto y veinticinco segundos.
Su asesinato muestra el colapso de la institucionalidad estatal para investigar la conexión entre el crimen organizado y la política regional en Áncash. Tanto si continúa Peláez al frente del Ministerio Público como si lo sucede Carlos Ramos Heredia —quien pidió la destitución de los fiscales que osaron investigar a César Álvarez— este organismo ha perdido legitimidad, salvo que se produzcan cambios dramáticos en su interior. El Poder Judicial del Santa ya demostró su inoperancia. En las calles de Chimbote la gente pide “intervenir” Áncash, algo que constitucionalmente no es posible. Se impone una investigación suprarregional, que sin los compromisos que han originado la impunidad, encuentre las conexiones entre sicarios,  empresarios mafiosos y autoridades estatales, incluyendo a fiscales y jueces. De lo contrario, pronto habrá un nuevo asesinato político en la región.