El regidor Alfredo Lozada exigió a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, que saque del cargo al gerente general de la comuna, José Miguel Castro, tras conocerse que cuatro parientes políticos del funcionario hicieron consultorías para la municipalidad.
“Quizás no sea un delito, pero éticamente no es adecuado, apropiado, ni regular. No sé en cuántas municipalidades tienen a la suegra, a la cuñada y al concuñado del gerente realizando consultorías”, remarcó el regidor pepecista.
En diálogo con Perú21, anunció además, que pedirá que la Contraloría realice un examen exhaustivo sobre dichas asesorías sobre seguridad ciudadana. “Reto al gerente general a que me demuestre que su suegra no es su suegra y que su cuñada no es su cuñada”, enfatizó.
Una familia “con mucha suerte”. Cuatro parientes políticos del gerente general de la Municipalidad de Lima, José Miguel Castro Gutiérrez, realizaron consultorías para la comuna metropolitana por más de 100 mil soles en total, denunció el programa televisivo Sin medias tintas.
La cuñada del funcionario, Daniela Maguiña Ugarte, recibió S/67,040 entre 2012 y lo que va del presente año por consultorías en seguridad ciudadana. Debido a que no puede ser proveedora del municipio capitalino, sus servicios fueron facturados como gastos de menor cuantía.
Además, la suegra de Castro, Carmen Dora Ugarte Ubillús (hermana de Óscar Ugarte, presidente de los Hospitales de la Solidaridad), cobró S/21,600 solo el año pasado también por consultorías sobre el mismo tema.
Los informes se realizaron para el Centro de Capacitación del Serenazgo. Lo que llama la atención es que el primer pago fue para elaborar la propuesta de atención pedagógica y, el segundo, para implementar dicho planteamiento.
Otro caso es el de Álvaro Manuel Espinoza Benza, esposo de Daniela Maguiña, quien en el año 2011 realizó una asesoría por S/.10,950 para la comuna metropolitana. Actualmente es miembro de Invermet y fue presidente de la Empresa Municipal Administradora de Peaje (Emape).
Además, fue favorecido con una consultoría el hermano de este funcionario Juan Espinoza Benza,quien brindó sus servicios nada menos que sobre seguridad ciudadana.
NIEGAN IRREGULARIDADES
Mediante un comunicado, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, negó cualquier forma de “nepotismo y favoritismo”.
Asimismo, expresó su “total y absoluta confianza” en Daniela Maguiña, Álvaro Espinoza y José Castro, quienes –anotó– no cometieron ninguna falta ética ni legal.
Después de la difusión del reportaje, el gerente general del municipio dijo a RPP, que el informe es “tendencioso”, y señaló que es “ridículo” que él haya influido en la contratación de dichas personas.
Según el programa, Daniela Maguiña recibió S/8,640 en junio de 2012, S/10,950 en agosto, S/6,000 en octubre, S/10,950 en noviembre y S/10,000 en diciembre pasado.
El monto máximo para contratar ‘a dedo’ es de 11 mil nuevos soles. El caso de Maguiña salió a la luz en abril pasado.
Vaya, vaya, aquí hay playa…
Por Aldo Mariátegui
Vaya, vaya, de las cosas que uno se entera… Resulta que el juez San Martín trabajó –como también muchos izquierdistas– en la reforma judicial fujimorista 1996-98, según los contratos PNUD 972177 (S/8,100), 960685 (US$22 mil), 960547 (US$2,300), 960301 (S/4,000) y 981726 (US$3,000 al mes), labor que no veo que mencione en su CV actual.
Anteriormente (1993-94) fue asesor del ministro fujimorista de Justicia Vega, así que nunca se hizo problemas en servir al régimen que le echó del PJ en 1992 (me dicen que eso habría sucedido por haber liberado a un cura belga acusado de terrorismo, que escapó después). Vaya, vaya…
Interesante que el Congreso les haya puesto una acérrima rival a los caviares para examinar sus gestiones (¿o negocios?) con los derechos humanos. Martha Chávez, a diferencia de otros, no se va a ‘chupar’ o ser ‘políticamente correcta’ en su seguimiento. De esta fricción podría salir la verdad sobre por qué se gastó tanto (¡casi US$20 millones de la época!) en la CVR, por qué hubo tanta ‘argolla’ al repartir chamba entre la izquierda, por qué se ‘inflaron’ las bajas o por qué se quiso imponer el indignante término “conflicto armado interno” a una agresión terrorista. Y para supervisar que ese museo de la memoria (regalo, inconsulto a los vecinos, del tronchado exalcalde Masías –de carísima tierra miraflorina– a la caviarada y a los Vargas Llosa para congraciarse y ser reelecto. ¡Le siguen despreciando y no ganó!) no resulte un centro de propaganda caviar.
Por más que Villarán haya salido ayer a apoyarle, su gerente edil Castro tiene que irse. Es ‘rochoso’ que tantos familiares estén haciendo consultorías al municipio y todas tan casualmente al filo para no ir a concurso público. ¡Si no, hasta Jacinto Díaz le va a hacer un plantón!
Fuente: DiarioPerú21.