Por Gabriela García Hildebrandt– Epicentro.tv
El 12 de agosto de este año, el presidente Pedro Castillo recibió la visita de un hombre llamado José Luis Caballero Adrián. Se reunieron por la tarde, por una hora entera, en Palacio de Gobierno.
Esta misma persona visitó, el 17 de noviembre, el Ministerio de Educación, más precisamente, a Roberto Rodríguez Rabanal, el influyente jefe del gabinete de asesores del ministro Carlos Gallardo. La reunión que se especifica como “de trabajo” también duró un poco más de una hora.
Apenas seis días después, Caballero volvió a reunirse con el jefe de asesores del ministro de Educación, por la misma cantidad de tiempo.
Visitas de José Luis Caballero al jefe de asesores del ministro de Educación (Fuente: Epicentro Tv).
Y existió una tercera reunión con Rodríguez Rabanal, una semana después, el 30 de noviembre, bajo las mismas condiciones, solo que esta vez en el ítem Institución del Visitante, se coloca la frase “A título personal”.
Tercera reunión con Rodríguez Rabanal (Fuente: Epicentro Tv).
¿Quién es José Caballero y de qué temas tendría que hablar con el presidente Castillo y con el asesor principal del ministro de educación, con tanta frecuencia?
La respuesta parece estar en su presente, pero, sobre todo, en su pasado.
José Luis Caballero Adrián figura desde agosto de este año, como asesor II de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso. Quien preside esta comisión es un viejo opositor de la reforma universitaria: José Luna Gálvez, congresista y empresario fundador de Telesup y otras instituciones educativas de licencia denegada por la SUNEDU. La Universidad Telesup tuvo una oportunidad de solicitar licenciamiento el pasado Octubre, pero no lo hizo. Epicentro TV buscó a los señores Caballero Adrián y Rodríguez Rabanal para conocer los detalles de sus reuniones, pero no obtuvimos respuesta.
Pero las relaciones de Caballero con las ideas anti reforma en la educación universitaria vienen de mucho antes.
José Luis Caballero Adrián ha sido varias veces secretario técnico de la Comisión de Educación del Congreso. Y eso no es poca cosa: el secretario técnico es quien, entre otras tareas, elabora los dictámenes de las comisiones, el cuerpo y propuestas que se elevarán a estudio y discusión entre los congresistas y que podrían, eventualmente, convertirse en leyes. También es quien elabora la agenda de la comisión de trabajo. Es un perfil eminentemente técnico, pero que reviste mucho poder. Pronto veremos por qué.
Cuando la comisión era presidida por el general Daniel Mora, Jose Luis Caballero fue removido del puesto. Después de algunas indagaciones, Mora concluyó que no era el hombre que necesitaba cerca para las reformas que se vendrían. Recordemos que el entonces congresista Daniel Mora fue impulsor de la Ley Universitaria, en cuyo marco se creó la Sunedu.
Pero Caballero volvió después a la secretaría técnica de Educación, en tiempos más acordes a su perfil. Por ejemplo, cuando presidía dicha comisión, Tamar Arimborgo, de Fuerza Popular, en cuyo mandato hubo serios intentos por restarle fuerza a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Ahí, Caballero Adrián demostró que no era un técnico cualquiera.
Cuando el ex presidente Martín Vizcarra disolvió aquel parlamento, las comisiones se paralizaron y la prensa, apostada fuera del Congreso, pudo captar a más de un trabajador saliendo del edificio con bolsas llenas de documentos. Uno de esos funcionarios fue José Caballero Adrián, quien, al ser interceptado por el periodista de la revista Caretas, estalló en insultos muy reveladores. Según se publicó en el semanario, Caballero “lanzó una retahíla de insultos contra el excongresista e impulsor de la Ley Universitaria, Daniel Mora”. Más adelante, según se narra en Caretas, Caballero se alejó amenazante diciendo: “Ya se fregaron”.
En el siguiente congreso, Caballero continuó en la secretaría técnica de Educación, esta vez, con Luis Reymundo Dioses Guzmán, de Somos Perú, como presidente de la comisión.
Y fue entonces, cuando dejó más en claro sus ideas. El 12 de junio del 2020, la Comisión de Educación tuvo que suspender el debate de un predictamen presentado por su Secretaría Técnica. Para comenzar, el documento fue enviado recién en la madrugada previa a su debate, cuando debió llegar a los congresistas 48 horas antes. En la grabación de la reunión del grupo parlamentario, vía Zoom, se escucha a una muy indignada Zenaida Solís advirtiendo: “se quedó en que veríamos la acumulación de proyectos sobre educación superior. No solo no tenemos el texto sustitutorio, sino que no está en agenda y, en cambio, veo con sorpresa que, a la medianoche, se nos ha enviado un dictamen sobre la moratoria de SUNEDU, que sí ha sido agendado”.
Efectivamente, se trataba de un torpedo lanzado, de contrabando, en el que, entre moratorias y licenciamientos, se planteaba crear el Consejo Nacional de Asuntos Universitarios, CONAU, una entidad que estaría por encima de la SUNEDU. La entonces congresista Solís reclamó: “no nos saltemos las reglas. No hagamos que cualquier dictamen pase porque a alguien le conviene”. Y luego preguntó: “¿Por qué regresar al tiempo oscuro de la ANR?”, en referencia a cuando, bajo el mandato de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), las universidades de fachada, de ganancia grosera y sin calidad, se multiplicaron sin control.
La discusión llegó a un punto álgido cuando, en defensa de su pre dictamen, el secretario técnico terminó dando una explicación subjetiva: lejos de argumentos técnicos, lo suyo fue una declaración política de su rechazo por la SUNEDU, mencionando procesos abiertos en Contraloría contra algún funcionario y criticando sus formas. Luego intentó convencer de que, en cambio, el nuevo consejo que se planteaba, el CONAU, tendría representantes elegidos por las más altas autoridades universitarias, el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y por supuesto, algún representante de la Comisión de Educación del Congreso.
El entonces congresista Francisco Sagasti, accesitario en dicha comisión, apenas pudo contener su indignación. Fue directo al grano: “Aquellos que tenemos más de medio siglo de vida académica (…) hemos visto cómo era la universidad pública y privada en los 60 y luego (…) hemos visto el deterioro de la universidad, precisamente por el tipo de interferencias de carácter político, que hemos visto antes y luego escuchado, reiteradas veces, en la exposición del secretario técnico. (…) No creo que ningún secretario técnico tenga que opinar sobre lo que tenemos que hacer los congresistas (…) Esto muestra prejuicios muy puntuales y un completo desconocimiento del sistema de educación superior”.
Sagasti puntualizó que el Congreso no puede crear organismos como los que planteaba Caballero, considerando que eso sería “usurpar las funciones del Ejecutivo” y que con ello “se está buscando mantener en operación a las universidades que, demostradamente, han operado sin el mínimo de condiciones”. Sagasti culminó su intervención pidiendo que se separara de la comisión al secretario técnico “que viene del congreso disuelto, de la comisión que adelantó opinión en múltiples oportunidades, en contra de la Sunedu y la reforma universitaria”.
En otro momento la congresista Zenaida Solís también fue enfática al mostrar su indignación. “Yo me estaba preguntando, ¿de dónde se han inventado nuevamente una suerte de ANR? ¿a quién le está conviniendo eso? Dado que, hemos padecido a las malas universidades durante tanto tiempo, a rectores que a nombre de la autonomía se han hecho millonarios a costa de sus pobres alumnos. ¿Por qué queremos regresar a eso? Me sorprende que esa sea una propuesta del secretario técnico. Ha hecho una exposición basada en razones políticas. Por lo que creo que ha excedido sus funciones”, dijo.
Caballero, sin denotar mayor contrariedad, volvió a hablar solo para referirse al siguiente punto de la agenda.
El presidente de la comisión, Luis Reynaldo Dioses, anunció, poco después, que la propuesta sería retirada y que se evaluaría la separación de Caballero de la Comisión. No sucedió y más bien se jubiló al terminar funciones ese último congreso.
Caballero Adrián ha vuelto al parlamento, pero ahora como asesor de la comisión de Defensa del Consumidor, que preside José Luna, fundador de Podemos Perú y de Telesup. Una comisión desde la que se puede seguir atacando a la reforma educativa.
SECRETARIO TÉCNICO RENUNCIÓ
Esta semana trascendió que el secretario técnico de la actual Comisión de Educación, presidida por Esdras Medina, de Renovación Popular renunció al cargo. Si bien, las razones que habría presentado Victor Hugo Neciosup, son de carácter personal, existe la sospecha de que tenga que ver más bien con lo que va a suceder a partir de hoy, cuando se discutan los polémicos proyectos de ley que Medina ha presentado, para ser discutidos esta tarde en sesión extraordinaria. Son precisamente varios pre dictámenes técnicos los que se van a presentar.
PREDICTAMENES
Dos de los puntos que resaltan en la agenda, que se hizo pública ayer, son golpes directos a la reforma universitaria y a la SUNEDU. Se trata del primer punto, referido a una nueva oportunidad, con ventajas, para las universidades de licencia denegada.
Y también del punto 4, que se refiere a la llamada autonomía de las universidades, un proyecto impulsado por diversas universidades públicas y privadas -y asociaciones que las agrupan- que consideran que la SUNEDU colisiona con su libertad. En uno de sus puntos, señala que los representantes de la SUNEDU deberían ser elegidos por los rectores universitarios, es decir, por aquellos que representan a las universidades que supuestamente serían fiscalizadas. Un retorno sin escalas a la época de la ANR, que nos ha llevado a la era de las universidades prácticamente de papel, un engaño que solo empobrece más la educación.
EL DETALLE QUE FALTABA
Epicentro TV pudo conocer que, en reemplazo de Victor Hugo Neciosup como Secretario Técnico de la actual Comisión de Educación, se ha nombrado a Ivan León Ramirez. El detalle es que León ha trabajado muy de cerca, asistiendo a José Caballero Adrián, en el mismo grupo parlamentario.
Tan cerca, que aparece en la foto que la revista Caretas tomó de aquel episodio tras el cierre del congreso, bolsa de documentos en mano.
Hay círculos que se cierran y que se ciernen sobre una mejor educación universitaria.

La Fiscalía Anticorrupción investiga irregularidades en la reforma universitaria

La SUNEDU en la gestión de Martín Benavides, el delfín de Vizcarra, tomó decisiones ilegales para presuntamente favorecer a la cadena de universidades UTP de propiedad del Grupo Económico Intercorp. Una reforma que pensó en intereses económicos pero no en 180 mil estudiantes que se quedaron en la calle.
Durante la gestión de Martín Benavides se cerraron 48 universidades a un ritmo de una universidad cerrada cada 13 días. Pero, a la vez, hubo quien se benefició obteniendo licenciamientos sin tener locales construidos totalmente, sin laboratorios, sin bibliotecas y sin licencia de funcionamiento, es decir, pasando por alto los requisitos exigidos por la ley y que servían para cerrar universidades menos la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y sus siete filiales que fueron beneficiados por la relación de Martín Benavides y el ex presidente Vizcarra con el grupo económico Intercorp.
En su momento, la SUNEDU recibió aplausos por cerrar algunas universidades cuya existencia era muy cuestionable pero, a la vez, acompañó sus acciones con una estrategia de imagen que dio lugar a que los medios de comunicación hablen de “la gran Reforma Universitaria” pasando por alto irregularidades como no dar alternativas para los alumnos y favorecer a ciertos inversionistas.
Martín Benavides, ex ministro de Educación de Martín Vizcarra.
Para lograr los cierres indiscriminados de universidades, la SUNEDU utilizó a personajes que fingieron ser expertos funcionarios capaces de estudiar en poquísimos días expedientes de 10 mil o 20 mil páginas, realizar inspecciones, absolver reclamos y luego cerrar universidades sin evaluar alternativas para la situación de los alumnos.
El caso más impresionante es el de Cristian Alberth Pacheco Castillo quien se desempeñó como Coordinador General Técnico de Licenciamiento en la SUNEDU, es decir, fue el jefe del equipo encargado de determinar a qué universidad se le daba el licenciamiento y cuál se clausuraba. Lo ilegal es que Pacheco no tenía título profesional. Era un empleado con un diploma de bachiller en Ingeniería de Sistemas -profesión ajena a la pedagogía- al que disfrazaron de experto en universidades, lo designaron como Coordinador General Técnico de Licenciamiento y con su firma se cerró el futuro universitario de más de 180 mil jóvenes.
Antes de referirnos a la investigación fiscal conviene conocer cómo actuaba Pacheco.
La SUNEDU favorece al poderoso Grupo Intercorp
Pacheco Castillo disfrazado de experto en universidades aprobó el informe favorable para dar licenciamiento a la sede central y siete filiales de la Universidad Tecnológica Privada (UTP). En su informe señaló que se habían visitado todas las sedes y que la UTP, perteneciente al poderoso Grupo Intercorp, contaba en todas sus filiales con infraestructura y equipamiento. Sin embargo, todo era falso. Las filiales estaban en proceso de construcción y no cumplían con los requisitos para ser licenciadas.
De acuerdo a ley, para obtener el Licenciamiento Institucional se debe cumplir con una exigencia obligatoria: que la sede principal y las filiales a nivel nacional tengan infraestructuras similares y el mismo nivel de equipamiento e implementación y estos requisitos deben ser verificados de manera presencial. Es decir, la SUNEDU debe constatar que la infraestructura esté completa, que estén instaladas las bibliotecas, equipados los laboratorios y todo lo necesario para el funcionamiento óptimo de una sede universitaria.
Local UTP Ica. Carteles en una casa abandonada.
Por no cumplir con estos requisitos, muchas universidades perdieron su licenciamiento; sin embargo, la SUNEDU le alcanzó licenciamientos a la UTP por universidades inexistentes. Quienes han difundido elogios a la reforma universitaria no han querido tomar en cuenta el caso UTP y se han negado a investigar las razones del favorecimiento al Grupo Intercorp a pesar de las evidencias.
¿Qué pasó con Pacheco Castillo?
Luego de los informes favorables para la UTP, el bachiller Pacheco dejó el cargo de Coordinador General Técnico de Licenciamiento de la Sunedu y logró beneficios con ascensos en cargos de nombres pomposos. El 11 de octubre de 2019 fue designado como Director de la Dirección de Políticas para el Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria. Luego cuando su jefe Martín Benavides dejó de ser el mandamás de la SUNEDU y asumió el cargo de Ministro de Educación, Pacheco apareció en el MINEDU como Director General de la Dirección General de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística.
Sin embargo, los ilícitos cometidos por el bachiller Cristian Pacheco Castillo que dieron lugar al cierre de 48 universidades sin evaluar la posibilidad de que algunas puedan ser reestructuradas y seguir funcionando, no han pasado desapercibidos para la ley. Actualmente existe una investigación que conduce el fiscal Jhonny Fajardo Díaz en la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Carpeta Fiscal Nº 5060 15506-2020-134-0.
Documento de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios.
En esta instancia se viene investigando la presunta comisión de delitos de corrupción ocurridos en la SUNEDU como el que hemos señalado en el caso del bachiller Cristian Pacheco Castillo. Una sospecha es el cierre indiscriminado de casas de estudio para favorecer a inversionistas en el negocio de la educación como el Grupo Intercorp.
El actuar ilegal de la SUNEDU es que la Ley Universitaria no disponía el cierre de universidades. Ese mecanismo fue inventado por un reglamento creado por el ex jefe de la SUNEDU, Martín Benavides, y la evidencia de presunta corrupción es que se cerraron 46 universidades en apenas 20 meses. Esto significa que la evaluación de universidades fue un trámite falso por una razón: en esos 20 meses se cerraron 2.3 universidades por mes, es decir, cada 13 días la SUNEDU cerraba una universidad. Algo imposible porque se tenían que inspeccionar locales en Lima y en provincias, analizar miles de documentos, recibir y evaluar descargos, y preparar informes, una tarea imposible de hacer en solo 13 días para cerrar una universidad.
Lima Gris tuvo acceso a una fuente vinculada a la investigación fiscal y pudo verificar que existen declaraciones que señalan que los funcionarios de la SUNEDU no realizaron las visitas presenciales que la ley exige para determinar el estado real de las universidades que perdieron sus licencias y tampoco visitaron las sedes de universidades licenciadas como la UTP y la UPAL. En el caso de la UTP eran sedes inexistentes que recién se estaban construyendo y en cuanto a la UPAL la supuesta sede universitaria era el local de una ferretería.
La ferretería que se convirtió en universidad en la gestión de Martín Benavides.
Asimismo, existe en la carpeta fiscal una manifestación que señala que “la Universidad observada podía presentar información que le permita mejorar y eso se analiza en la etapa final del procedimiento de licenciamiento” pero que los informes que servían de insumo para la decisión final no se tomaban en cuenta.
Una estrategia publicitaria posicionó la idea de la “Gran Reforma Universitaria” y, curiosamente, muchos “líderes de opinión” difundieron en los medios de comunicación esta idea sin tomarse el afán de averiguar detalles y favorecimientos que demuestran que la SUNEDU tiene mucho por explicar.
Fuente: LimaGris.com