El jefe de Estado, Francisco Sagasti, acompañado por los titulares de los Ministerios de Trabajo y Promoción del Empleo, y de Economía y Finanzas, supervisa las actividades de intervención inmediata financiadas por el programa Trabaja Perú, en Vilcashuamán, región Ayacucho. Foto: ANDINA/ Prensa Presidencia
Waldo Mendoza, quien se encuentra en Vilcashuamán (Ayacucho) junto con el presidente Sagasti, el ministro de Trabajo y Promoción de Empleo, Javier Palacios, y el titular de Salud, Óscar Ugarte, comentó que cuando toda la población esté vacunada y no haya una tercera ola, el país volverá a la normalidad que teníamos antes.
Sostuvo que Vilcashuamán podrá atender nuevamente a los turistas que recibía anteriormente, las actividades económicas comenzarán a normalizarse y el país volverá al ritmo de vida que tenía antes de la pandemia.
Por otro lado, el ministro Mendoza afirmó que el Perú cuenta con un fondo de compensación para atenuar el incremento que registran los precios de los combustibles en el ámbito internacional.
“Tenemos una política para atenuar la inflación internacional, de tal manera que los precios de los combustibles en el país registrarán un ligero incremento, pero no será alto porque lo estamos atenuando con este fondo”, comentó.
Detalló que lo importante es enfocarse en la evolución de los precios en conjunto.
“Felizmente, esa inflación general se encuentra controlada desde hace más de dos décadas en un rango de 2% y 3% anual. En otros países, como el caso de Argentina, es del 60%; en Venezuela, de 2,000%”, precisó.
Cumplimiento
El ministro Mendoza dijo que al inicio de este gobierno se ofreció luchar contra la pandemia y se está cumpliendo. Los niveles de contagio decrecen y la vacunación tiene un ritmo de 200,000 dosis por día.
“Prometimos elecciones limpias y transparentes, y lo cumplimos, y dejar al próximo gobierno una casa ordenada y una economía en crecimiento. La actividad productiva ya está en recuperación y crece”, puntualizó.
Fuente: Elperuano.pe

¿Qué ocurrirá con Perú Libre si no logra esclarecer el origen de sus fondos de campaña?

Para el penalista Carlos Caro, el partido Perú Libre podría ser desactivado si se comprueba que fue financiado con dinero de presunta organización criminal “Los Dinámicos del Centro”. Sus dirigentes podrían tener una pena no menor de ocho años de cárcel.

Por Axel Ramírez– Diario Gestión.
La agrupación política Perú Libre, con la que Pedro Castillo llegaría a la presidencia de la República, podría ser disuelta en los próximos años si es que se comprueba que sus gastos de campaña para las elecciones generales del 2021 habrían provenido de la presunta organización criminal “Los Dinámicos del Centro” , debido a que tipificaría como financiamiento ilegal de partidos políticos. Así lo señala el abogado penalista Carlos Caro.
El letrado explicó que para que la agrupación política sea disuelta, primero deberán ser condenados los miembros de la cúpula dirigencial de Perú Libre que incluye a su secretario general y fundador Vladimir Cerrón, a la candidata a la primera vicepresidencia, Dina Boluarte, y al aspirante a la presidencia Pedro Castillo y con esa misma resolución la fiscal a cargo del caso Los Dinámicos del Centro solicitaría la desaparición del partido como persona jurídica. La condena por el delito de financiamiento ilícito de partidos es de ocho años, y doce años si es agravado.
“La fiscal a cargo del caso puede pedir la disolución del partido Perú Libre como lo solicitaron con Fuerza Popular, y al Partido Nacionalista. Lo primero que tendría que suceder es que se abra una investigación contra la cúpula del partido que no está investigada y tendrían que incluir a Dina Boluarte, a Castillo y a Cerrón, que es el fundador porque el delito de financiamiento ilegal de partidos es muy preciso. Luego de incorporarlos a ellos puede hacer lo mismo con Perú Libre, como persona jurídica”, precisó Caro.
No obstante, el penalista recalcó que este proceso judicial podría durar entre tres a seis años para contar con una condena y si Castillo llega a asumir la presidencia, los cargos contra él se congelarían, “pero podrían ameritar una causal de vacancia porque la investigación paralela de Fiscalía señalaría que llegó a Palacio con dinero de procedencia ilícita”.
Asimismo, afirmó que el Ministerio Público puede solicitar una investigación contra funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por omisión de funciones al no fiscalizar y alertar sobre el financiamiento partidario de Perú Libre.
“La ONPE y sus funcionarios podrían ser investigados por omisión de funciones. Han sido muy proactivos enviando cartas a futbolistas por solo manifestar su opinión e investigar quién financiaba unos paneles, pero que yo sepa sobre Perú Libre no han hecho ni dicho nada”, indicó.
Netamente penal
Por su parte, el experto en derecho electoral, José Naupari, sostuvo que la desactivación de Perú Libre es un tema netamente penal y alejado de la Ley Orgánica de Elecciones que “solo permite la desaparición de una agrupación política por causales como no pasar la valla en elecciones generales y si dicho partido intenta vulnerar el sistema democrático, es decir tiene una filiación terrorista”.
“La ONPE solo puede multar a una agrupación política si detecta una irregularidad en sus informes de financiamiento u omite información. Recibe la información financiera de los partidos y los coteja, pero dicha data puede ser recogida por la fiscal a cargo del caso ‘Los Dinámicos del Centro? como lo hizo José Domingo Pérez con su investigación contra Fuerza Popular”, aseveró el abogado.
El caso de ‘Los Dinámicos del Centro’ se trataría de una presunta red criminal relacionada con la emisión irregular de licencias de conducir en la región Junín que involucra a funcionarios y personas relacionadas al gobierno regional (GORE) de Junín, y que apuntan a un presunto financiamiento de la campaña electoral de Perú Libre, según la tesis de la fiscal Bonnie Bautista, del Segundo Despacho Provincial de la Fiscalía Anticorrupción de Junín.