Balbuena, Petrozzi y compañía
CONTRALORÍA SEÑALA RESPONSABILIDAD PENAL EN 16 FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE CULTURA POR HECHOS IRREGULARES Y PAGOS INDEBIDOS A PROVEEDOR RICHARD CISNEROS
El informe será puesto de conocimiento del Ministerio Público y del Organismo Superior de Contrataciones del Estado (OSCE).
Recomendó al titular del sector disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan.
Al Procurador Público del Ministerio de Cultura iniciar las acciones legales penales contra los funcionarios involucrados
La Contraloría General de la República evidenció que el Ministerio de Cultura efectuó pagos indebidos por el monto de S/155,400.00 a un único proveedor que no contaba con la especialidad, el perfil y la experiencia debida para la ejecución de actividades motivacionales y otros servicios desde el 2018 al 2020.
Asimismo, se identificó presunta responsabilidad penal y/o administrativa en 16 funcionarios y servidores públicos de la mencionada entidad por hechos irregulares que beneficiaron indebidamente al proveedor, afectando la transparencia de las contrataciones del Estado, así como la finalidad pública prevista.
Por los hechos detectados que forman parte del informe de control, la Contraloría recomendó al Procurador Público del Ministerio de Cultura iniciar las acciones legales penales contra los funcionarios y servidores públicos involucrados en los hechos; y al titular de la entidad disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan. El informe también será puesto de conocimiento del Ministerio Público.
Asimismo, se recomendó poner en conocimiento del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) los resultados del informe respecto a las actuaciones del proveedor para los fines que correspondan en el marco de su competencia.
De acuerdo al Informe de Control Específico N° 025-2020-2-5765-SCE, el Ministerio de Cultura contrató al proveedor Richard Cisneros Carballido, a través de nueve órdenes de servicios por la suma total de S/175,400.00. Según la comisión de control del OCI del Ministerio de Cultura, las áreas usuarias elaboraron y aprobaron términos de referencia con requisitos que no se adecuaban al objeto de la contratación.
El informe de la Contraloría señala asimismo que las contrataciones y pagos efectuados a favor del proveedor Richard Cisneros, se hicieron por servicios de ejecución de actividades motivacionales para mejorar el rendimiento laboral personal y social de los servidores del Ministerio de Cultura, la organización y ejecución de eventos de integración institucional para los colaboradores de la entidad, ejecución de eventos organizados por la Oficina General de Recursos Humanos, intervención en actividades culturales para promover el uso de los espacios culturales del Gran Teatro Nacional, y otros.
HECHOS DETECTADOS
En el informe de control se señala, entre otros aspectos, que dentro de las actividades que debió realizar el proveedor Richard Cisneros, fue la elaboración de un directorio de librerías que contenga piezas musicales, con pertinencia cultural. Sin embargo, este requerimiento resultó incongruente porque las actividades que debió efectuar el referido proveedor no guardaba correspondencia con el perfil requerido en el que solo se solicitó “experiencia en la elaboración de eventos, actividades teatrales, musicales o de entretenimiento”, no habiéndose solicitado a un especialista o técnico en música.
Además, se consignaron actividades que son funciones propias al Ministerio de Cultura y no se estableció el perfil mínimo requerido para la contratación, conforme lo señala su propia norma interna, por ejemplo, no se estableció el nivel académico requerido, es decir se omitió definir si el servicio debía ser prestado por un técnico, un profesional o un especialista.
También se comprobó que en el año 2019 se fraccionó una contratación con la finalidad de evadir el procedimiento de selección que, por el monto correspondía a una adjudicación simplificada, en aplicación de la Ley de Contrataciones.
INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO
En estas contrataciones las áreas usuarias otorgaron conformidad, pese a que el proveedor Richard Cisneros Carballido, en algunos casos no acreditó el cumplimiento de la prestación del servicio, por ejemplo, en el año 2018, se detectó que este proveedor presentó el Informe N°003-2018-RJCC, a través del cual debió entregar un diagnóstico para la “propuesta de difusión y promoción del uso de las salas” del Ministerio de Cultura, sin embargo, en el expediente de la contratación no se evidencia el mencionado diagnóstico, que supuestamente debió servirle de base para su propuesta de promoción.
Además, debió entregar un video de intriga, grabada con drone, con una historia de la entidad (Ministerio de Cultura) pero el área usuaria, es decir la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional (OCII), manifiesta que no cuenta con el referido material audiovisual.
A pesar de esta situación irregular, la Secretaría General otorgó la conformidad de este servicio a través del documento N°12091-2018, ocasionando que se desembolse indebidamente a favor del proveedor Richard Cisneros por S/7,000.00, conforme lo evidencia el comprobante de pago N° 24699 del 17 de diciembre del 2018.
Los resultados del informe se encuentran publicados en el Portal Institucional www.contraloria.gob.pe, sección Transparencia e Informes de Control.
Caso Richard Swing: Contraloría señala responsabilidad penal en 16 funcionarios del Mincul por hechos irregulares
Por María Claudia Alba– Diario El Comercio.
La Contraloría General de la República encontró responsabilidad penal en 16 funcionarios del Ministerio de Cultura (Mincul) en el caso relacionado a las contrataciones del cantante Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, desde el 2018 hasta el 2020.
Según el informe emitido por esta institución, el Mincul efectuó pagos indebidos por el monto de S/ 155.400.00 a un único proveedor que no contaba con la especialidad ni con el perfil o experiencia debida para la ejecución de las actividades requeridas.
“El Ministerio de Cultura, en los años 2018, 2019 y 2020, contrató al proveedor, a través de nueve órdenes de servicio, en las cuales las áreas usuarios elaboraron y aprobaron términos de referencia con requisitos que no se adecuan al objeto de la contratación y sin establecer el perfil mínimo requerido para la contratación; además, consignaron actividades que constituyen funciones inherentes a la entidad, habiendo fraccionado una contratación con el fin de evadir la aplicación de la ley de contrataciones”, indica el documento.
“Así como se otorgaron conformidades a pesar que el proveedor no acreditó el cumplimiento de la prestación del servicio y en un caso sin aplicar penalidad por mora; permitiendo que la entidad efectúe pagos indebidos al proveedor por el monto S/155.400, afectando la transparencia de las contrataciones así como la finalidad pública prevista”, agrega.
La Contraloría señala que servidores y funcionarios de este sector, “elaboraron y aprobaron perfiles en los términos de referencia no adecuados al objeto de las contrataciones, estableciendo actividades que corresponden a funcionarios inherentes de las unidades orgánicas” del ministerio.
La lista está encabezada por Jorge Antonio Apoloni Quispe, secretario general del Ministerio de Cultura desde el 12 de abril de 2018 hasta el 22 diciembre del mismo año, por “haber solicitado la contratación del proveedor, sin realizar una adecuada selección”.
Además, Félix Lossio Chávez, Patricia Vásquez, Liliana Chaname, Elisa Quiñones Li, Carlos Felipe Palomares Villanueva, Mimyrle Jesús Dioses Morán, José Antonio Bellido Suárez, Lincoln Martín Matos Parodi, Laura Isabel Montes de Oca, Amalia Sánchez Alva, Katiya Nathali Paredes Gonzáles, Osbin Richard Vargas Estrada, Juan Julio Pilares Maqui, Darío Nemecio Armas Casos y Mauricio Manuel Salas Torreblanca.
Entre los hechos detectados, se precisa que en el informe de control figura la elaboración de un directorio de librerías con piezas musicales; sin embargo, esto “resultó incongruente” por no guardar correspondencia con el perfil requerido para la contratación de Richard Cisneros, en el que se solicitó “experiencia en la elaboración de eventos, actividades teatrales musicales o de entretenimiento”.
La Contraloría recomendó al procurador público del Ministerio de Cultura iniciar las acciones legales penales contra los funciones y servidores involucrados en estos hechos y al ministro, Alejandro Neyra, disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan. Además, precisó que el informe se ha puesto en conocimiento del Ministerio Público.