Sacerdote preside el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
Mediante un comunicado, el representante de la Provincia Santa Catalina de Siena, Orden de Predicadores en Ecuador, Fray Armando Villalta Salazar OP, dio a conocer la postura de la comunidad religiosa frente a la candidatura al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) del padre José Carlos Tuárez Zambrano OP.
Villalta, superior mayor de los frailes dominicos en el país, manifestó que dentro de los oficios prohibidos a los clérigos: “está prohibido… aceptar aquellos cargos públicos que llevan consigo una participación en el ejercicio de la potestad civil“.
Por lo que, siguiendo lo establecido en el Código de Derecho Canónico, el padre José Tuárez fue prohibido de ejercer el ministerio sacerdotal, junto con dos advertencias canónicas (sanciones muy fuertes), y también de usar el hábito de la orden religiosa, “para que reflexione discierna y obre conforme a su consagración religiosa y al voto de obediencia, renunciando a participar en dicha candidatura“.
Según relata el escrito, Tuárez ingresó a la orden de predicadores en 1998 y tomó el hábito religioso en el 2000; su último labor sacerdotal lo ejerció estos tres últimos años y medio en la casa San Pablo Apóstol de Guayaquil. Sin embargo, a fines del 2018, el padre se postuló, inscribió y aceptó la candidatura para participar en las elecciones de los miembros que conformarán el CPCCS.
SIN PERMISO
La Orden religiosa asegura que “no ha dado permiso y no hay ningún permiso a ningún religioso de nuestra Orden para que participe en cualquier candidatura, para cargos públicos“.
Además, resalta que, como religiosos, no se debe instrumentalizar a la Iglesia y el hábito religioso como un “trampolín” para dar el salto al campo de la actividad política.
En el portal del Consejo Nacional Electoral, se informa que el padre Tuárez tiene más de 20 años dedicados a la docencia, voluntariado y al servicio comunitario.
El domingo 24 de marzo de 2019, los ecuatorianos eligieron a los 7 miembros que conformarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, órgano encargado de elegir autoridades nacionales y de luchar contra la corrupción. De la papeleta de mujeres escogieron tres candidatos, de la papeleta de hombres también se seleccionaron tres candidatos, y de la lista de Pueblos y Nacionalidades se escogió un solo candidato.
Fuente: www.vistazo.com 
PAOLA UGAZ: ENTRE LA DIFAMACIÓN Y EL PERJURIO
Por Luciano Revoredo– LaAbeja.pe
El 15 de diciembre de 2016, la cadena árabe de noticias Al Jazeera estrenó el documental “The Sodalitium Scandal” en el cual se vinculaba a la Asociación Civil San Juan Bautista (ACSJB) con una mafia de tráfico de tierras. Se acusaba principalmente a Alberto Gómez de la Torre, entonces apoderado de la constructora, e incluso al arzobispo de Piura, Monseñor José Antonio Eguren, de haberse coludido con la banda La Gran Cruz para despojar violentamente de sus tierras a campesinos y a sus familias.
Desde su estreno en YouTube hasta la fecha ha corrido mucha agua bajo el puente. Como se presenta en el canal de Al Jazeera, el documental fue dirigido por el periodista peruano Daniel Yovera y Seamus Mirodan de la misma cadena árabe. Y hay una tercera persona involucrada en la producción de este reportaje: Paola Ugaz. La hoy cuestionada periodista peruana, gracias a sus vínculos laborales con la gestión corrupta de Susana Villarán, en más de una ocasión se autodefinió abiertamente como productora del trabajo de Yovera. Sin embargo, hoy lo niega rotundamente luego de que Gómez de la Torre la denunciara penalmente por falso testimonio. En efecto, Ugaz habría negado frente a un juez precisamente lo que siempre afirmó: ser la productora de “The Sodalitum Scandal”. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ya no lo quiere reconocer?
Condenas por difamación
“The Sodalitium Scandal” basó sus acusaciones fundamentalmente en cuatro testimonios. Uno de ellos fue el de Samuel Alberca Reyes, miembro de la banda criminal La Gran Cruz del Norte, quien afirmó que supuestos representantes de ACSJB le habían ofrecido 3 millones de dólares para despojar de sus tierras a los pobres pero que su “ética” no se lo había permitido. Debido a estas declaraciones, Gómez de la Torre interpuso una querella por el delito de difamación agravada en contra de Alberca Reyes. El 25 de octubre de 2018, el 11 Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió sentencia condenatoria en contra de Alberca Reyes, imponiéndole un año de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución, el pago de S/10,000.00 soles como monto de reparación civil y el cumplimiento de determinadas reglas de conducta.
El segundo testimonio fue el de Carmen Rosa Campodónico Díaz quien afirmó que Gómez de la Torre había invadido ilegalmente terrenos. Gómez de la Torre también la querelló ganando el proceso judicial el 13 de marzo de 2019. La condenaron a un año de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución y al pago de S/1,000 soles como monto de reparación civil. Cabe resaltar que la señora Campodónico recibió su condena en prisión, ya que fue detenida intentando ingresar droga a un penal piurano.
En ambas ocasiones, luego de las condenas, Alberto Gómez de la Torre envió cartas notariales a Paola Ugaz, quien hasta ese momento no había negado ser productora del reportaje, sino más bien lo había afirmado en múltiples ocasiones en distintas entrevistas. El objeto de las cartas notariales era solicitarle que retirara el video de YouTube ya que sobre dos de los cuatros testimonios pesaba la condena de falsedad. Pero ella, junto con Yovera, no solo se negaron a hacerlo sino que declararon abiertamente en redes que iban a promocionarlo más.
Las negaciones de Ugaz
Hoy Paola Ugaz niega categóricamente haber sido productora de “The Sodalitium Scandal”. Es algo que llama mucho la atención ya que, hasta antes de que se condenara a Alberca y a Campodónico por difamación, ella no tenía ningún problema en afirmarlo. Así lo hizo, por ejemplo, en la entrevista del 16 de octubre de 2018, concedida al periodista Glatzer Tuesta en el programa “No hay derecho”, emitida por IDL Reporteros. Esto fue reafirmado por su socio y amigo Pedro Salinas en un artículo titulado “La carta del sodálite Eguren”, publicado el 22 de marzo del 2018. Ahí dice textualmente: “De otra parte, me dice que afirmo que está acusado de tráfico de tierras en Piura y se refiere al reportaje investigativo, que él llama ‘documental’ y se lo atribuye a mi amiga y colega Paola Ugaz, quien, efectivamente, participó en la producción”. Lo mismo hace Salinas en su columna “Eguren VS. Ugaz” de fecha 21 de octubre de 2018 y publicada en el Diario La República.
Sin embargo, lo más grave parece ser que Paola Ugaz declaró falsamente ante el Primer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Piura. El 24 de enero de 2019, en su calidad de testigo en el proceso que se le siguió a Pedro Salinas Chacaltana en agravio de Monseñor José Antonio Eguren, Ugaz declaró, bajo juramento de decir la verdad, no haber sido productora del mencionado documental. Esto ha generado que Alberto Gómez de la Torre la denunciara por falsedad genérica según el artículo 409 del Código Penal.
¿Por qué Paola Ugaz ha cambiado su discurso? Hoy su gran “prueba” para negar que ha sido productora es una carta de Al Jazeera de fecha 24 de enero del 2019, curiosamente la misma fecha del día que declaró en el juicio de Pedro Salinas. Ni un día antes. ¿La habrán mandado firmada desde el otro lado del mundo el mismo día? Este descargo se presenta totalmente insuficiente frente al hecho incontrovertible y documentado de que ella misma afirmó haber producido el documental.
En todo caso, este parece ser un problema en el que alguien tiene que asumir la responsabilidad por haber lanzado al aire un reportaje con contenido difamatorio comprobado judicialmente. Si Ugaz quiere eludirla, ¿quién se hace responsable? ¿Daniel Yovera? ¿Seamus Mirodan? ¿La cadena Al Jazeera? De hecho, Ugaz ha declarado más de una vez que hay que solicitarle directamente a Al Jazeera que lo retire. A lo que Gómez de la Torre ha respondido que lo ha intentado innumerables veces pero nadie le contesta desde la cadena internacional.
Alberto Gómez de la Torre ha emprendido esta cruzada para reponer su buen nombre y honra con justa razón. Su vida ha sido destruida debido a este documental. ¿Quién se hace responsable? ¿No es acaso una víctima de un periodismo poco riguroso? ¿O son selectivos con las víctimas que defienden? Porque si Ugaz fuera coherente con su espíritu justiciero, y al determinarse la difamación de Alberca y de Campodónico, ¿no debería ser la primera en gestionar con Al Jazeera el retiro el documental? ¿Por qué no lo hace? Sea como sea, se retire o se quede, igual la difamación es objetiva y alguien debe pagar por ello. ¿Ugaz? ¿Yovera? ¿Mirodan? ¿Al Jazeera? El que sea. Pero debe haber un responsable penal. ¿O se seguirán pasando la papa caliente?
Arzobispo de Lima anuncia acuerdo extrajudicial con PUCP
El Arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, anunció que se ha alcanzado un acuerdo extrajudicial con la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), poniendo fin a varios años de litigio por el testamento de don José de la Riva Agüero, quien estableció que a su muerte un representante del arzobispado formase parte a perpetuidad de la junta administradora de esa casa de estudios.
“Como Arzobispo de esta arquidiócesis retomo el legado original de los fundadores, una universidad católica, comunidad de servicio al Perú, en especial a los más vulnerables de nuestra patria y con ello, como Arzobispo, declaro que comenzamos un periodo de paz”, dijo Monseñor Castillo el lunes 8 de julio en el campus de la PUCP, durante la ceremonia en la que Carlos Garatea Grau asumió el cargo de rector de la casa de estudios.
“He entregado una carta al Rector pro tempore en la cual manifiesto la voluntad absoluta de restringirnos a la única misión que nos dejó Riva Agüero de designar al otro miembro de la junta y nada más, en aras de la paz y la justicia para que todos vivamos como cristianos y como hermanos. Él les anunciará también la sorpresa de que ya ha sido firmado el acuerdo extrajudicial que abre las puertas para el periodo de paz que comenzamos”, agregó el Arzobispo.
Según informa el Arzobispado de Lima, en la ceremonia participaron, además de Monseñor Castillo, el prefecto de la Congregación para la Educación Católica y canciller de la PUCP, el Cardenal italiano Giuseppe Versaldi; el Nuncio Apostólico en Perú, Monseñor Nicola Girasoli; el vicecanciller de la PUCP, Monseñor Miguel Cabrejos; el Arzobispo de Huancayo, Cardenal Pedro Barreto; el Arzobispo de Ayacucho, Monseñor Salvador Piñeiro, el Obispo de Chiclayo, Monseñor Robert Prevost; y el Padre Gustavo Gutiérrez, considerado uno de los padres de la teología de la liberación.
El juicio del Arzobispado de Lima y la PUCP
El litigio entre el Arzobispado de Lima y la PUCP se remonta a varios años atrás. En el año 2001, el entonces Arzobispo de Lima y Primado del Perú, Cardenal Juan Luis Cipriani, entregó al entonces rector de la universidad, Salomón Lerner Febres, las precisiones de la Santa Sede para la redacción de los nuevos estatutos, conforme a la Ex Corde Eclessiae, la constitución que rige a las universidades católicas de todo el mundo. Sin embargo, las autoridades de la PUCP registraron en los Registros Públicos sus nuevos estatutos no aprobados por el Vaticano.
El conflicto se agravó luego que el Arzobispado de Lima solicitó al rector información sobre la Junta Administradora de los bienes de Riva Agüero, y se le indicó que se le habían reducido competencias, faltando a las condiciones estipuladas en el testamento del benefactor.
Desde entonces, las autoridades de la universidad trataron de quitar validez al testamento de 1938, y reforzar el de 1933, en el que no se hace referencia a una Junta Administradora.
En 2010, tras un recurso presentado por la PUCP, el Tribunal Constitucional falló a favor de la Iglesia, en el sentido de que el testamento que prima con respecto a los bienes legados por Riva Agüero es el de 1938. El fallo fue siempre rechazado por la universidad.
Durante 2011 ocurrieron manifestaciones de agravio por parte de las autoridades de la PUCP contra el entonces Arzobispo de Lima. Entre ellas, se observan fotos en las que el entonces rector Marcial Rubio y otros posan junto a un joven con una máscara de burla al Cardenal Cipriani.
A finales de ese año llegó el Visitador Apostólico enviado por el Papa Benedicto XVI, Cardenal Peter Ërdó, para mediar en el conflicto. Su informe no se hizo público.
En febrero de 2012, el Secretario de Estado de la Santa Sede, Cardenal Tarcisio Bertone, dio un ultimátum a la PUCP para que sus estatutos se regularicen de acuerdo a la Ex Corde Eclessiae.
El 20 de julio de 2012 el Cardenal Bertone, por expresa voluntad de Benedicto XVI, decretó la prohibición de que la PUCP ostente los títulos de “Pontificia” y “Católica”, indicando que a pesar de esto sigue bajo jurisdicción de la Iglesia.
En noviembre de 2017, la Secretaría de Estado del Vaticano emitió un decreto que devolvió a la universidad los títulos de “Pontificia” y “Católica”; y que nombró al Cardenal Versaldi como canciller de la casa de estudios durante cinco años.
Finaliza periodo del rector pro tempore
El nuevo rector de la PUCP asume el cargo luego del breve periodo del rector pro tempore Efraín Gonzales de Olarte, que reemplazó a Marcial Rubio Correa tras su renuncia en diciembre de 2018.
Rubio se desempeñó en el cargo desde 2009 y dejó el rectorado tras el escándalo de los cobros indebidos realizados a los alumnos desde 2012, y que superarían los 30 millones de soles.
Los cobros, que equivalen a unos nueve millones de dólares, eran realizados a los estudiantes que se atrasaban en el pago de sus pensiones.
Según informó RPP Noticias, junto con Marcial Rubio Correa, también renunciaron el vicerrector administrativo, Carlos Fosca Pastor; y la vicerrectora de investigación, Pepi Patrón.
La renuncia de Rubio se anunció el 11 de diciembre, cuatro días después de su entrevista con la periodista Rosa María Palacios en el programa institucional de la PUCP, “Sin Pauta”.
“La cantidad que estamos devolviendo es de aproximadamente 10 millones de soles por el periodo de los dos últimos años. Pero en total, con todo, es entre 30 a 32 millones de soles”, afirmó Rubio en la entrevista.
El ahora ex Rector justificó el accionar de la universidad por la controversia surgida en 2011 a raíz de las diferencias con el Arzobispado de Lima y la Santa Sede.
“En febrero del año 2011, por asuntos judiciales que no voy a rememorar ahora, la universidad se vio privada al 100% del crédito bancario interno, porque se inscribió en todos los inmuebles de la universidad una sentencia que había habido, que impedía que la universidad pudiera dar cualquiera de sus bienes en garantía de préstamo. Esta situación dura hasta diciembre de 2016. En esos años, la universidad vive con la plata que cobra”, dijo Marcial Rubio.
En la entrevista, Rubio Correa dijo que “la universidad, frente a la posibilidad de no pagar la planilla, se vio en la imposibilidad de cumplir la ley y entonces siguió aplicando la multa de medio crédito por la mora en el pago”. “Yo como rector no podía condenar a la universidad a cerrar”, dijo Rubio.
En el año 2012, según indicó un programa de Willax TV, Marcial Rubio percibía un sueldo de más de 40 mil soles mensuales, casi doce mil dólares aproximadamente.
Fuente: ACI Prensa.