Investigan los vínculos del presidente Francisco Boza Olivari con el empresario Rodolfo Orellana y la red de amparos y hábeas corpus por la posesión de terrenos e inmuebles de particulares y del Estado en Lima.
Por César Romero C.- Diario La República
El juez supremo Ramiro de Valdivia Cano asumió el control de la Corte Superior de Ucayali para investigar “in situ” las denuncias de copamiento de este distrito judicial por la organización del empresario Rodolfo Orellana Rengifo.
Valdivia ingresó a la sede judicial a las 7:30 de la mañana y se instaló en el despacho de la presidencia de la Corte Superior, que encabeza Francisco Boza Olivari.
El juez supremo llegó en compañía del representante de la OCMA, Ulises Yaya Zumaeta, y el coordinador del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Poder Judicial, José Álvarez Ferrando.
De inmediato, la comisión interventora se reunió con los jueces superiores titulares en Sala Plena de dicha corte judicial y hará lo mismo con los magistrados de primera instancia, mientras que paralelamente empezó a recibir las denuncias de los abogados y la población en general.
INTERROGATORIO
En mayo último, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial nombró una comisión evaluadora, presidida por Valdivia Cano, para investigar la constante e injustificada rotación y traslado de jueces supernumerarios, que habría tenido como objetivo favorecer los intereses de Orellana Rengifo.
En febrero, una investigación de La República encontró que los jueces supernumerarios nombrados en las localidades de Campo Verde, Yarinacocha y Atalaya tramitaron diversas demandas constitucionales de hábeas corpus y amparo que favorecieron los intereses del grupo Orellana.
Después de la reunión con los jueces superiores, el presidente de la Corte respondió un pliego interrogatorio sobre los constantes cambios, caso por caso, y su eventual relación conOrellana. El presidente de la Corte estuvo asistido por un abogado, que las fuentes identificaron como Fernando Angeles Gonzales, un ex magistrado de la Corte de Lima Norte.
Boza habría insistido en que los cambios se debieron a la falta de personal calificado y que por tratarse de lugares alejados los supernumerarios no querían permanecer mucho tiempo, por lo que se veía obligado a realizar los cambios.
ORELLANA RENGIFO
Durante la administración de Boza Olivari, Orellana Rengifo se había convertido en el principal litigante de acciones de amparo y hábeas corpus en la Corte de Ucayali, con un éxito tal que lo que sus abogados litigantes pedían era aceptado casi de inmediato y como verdad absoluta por los jueces de Ucayali.
En el juzgado de Yarinacocha se resolvieron al menos dos acciones de amparo contra procesos judiciales que se tramitaban en Lima.
Uno de estos procesos está referido a la cochera del hospital Hermilio Valdizán, pero bajo el rótulo de “Fundo El Asesor”. En el otro se pretendió evitar que Carola Canales mantenga la posesión de dos fundos de 26 metros cuadrados, ubicados en el kilómetro 17.5 de la Panamericana Sur.
La OCMA ya ha establecido que en estos dos casos se acogieron las demandas y se emitieron medidas cautelares, pese a que los demandantes, Ambrose Global y Cristhian Alfredo Silva Navarro, no domicilian en Ucayali.
HÁBEAS CORPUS
En tanto que en el lejano juzgado de Atalaya se acogió un hábeas corpus que paralizó la investigación por lavado de activos que realizaba la Fiscalía Contra el Crimen Organizado contra el mismo Orellana.
También, en Atalaya, se emitió un hábeas corpus que pretendió anular el proceso judicial al ex presidente de Alianza Lima Guillermo “Pocho” Alarcón, uno de los clientes principales del mencionado empresario.
Mientras que en el juzgado Campo Verde se tramitaron diversas acciones de amparo contra el OSCE para que la cooperativa Coopex siguiera avalando a proveedores del Estado, y mediante otra demanda se “secuestró” un cargamento de oro incautado en Lima por la SUNAT a exportadores irregulares de mineral.
A la vez en un juzgado civil de Coronel Portillo se tramitó una demanda que pretendía evitar que la revista Caretas siguiera investigando las actividades de Orellana Rengifo y sus negocios en la “compra de juicios”. Tras la denuncia de La República, las medidas cautelares y hábeas corpus fueron anulados, pero los procesos todavía no son archivados.
INFORME SE DARÁ EL 11 DE JULIO
La Comisión Evaluadora designada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial tiene plazo hasta el 11 de julio próximo para emitir un informe con recomendaciones sobre lo encontrado en la Corte Superior de Ucayali.
Se espera que en ese mismo plazo la OCMA se pronuncie en la investigación que realiza al presidente de la Corte, juez superior titular Francisco Boza Olivari, y los magistrados que acogieron y tramitaron las acciones de amparo y hábeas corpus.
La OCMA ya ha suspendido a tres jueces supernumerarios de Ucayali, pero las investigaciones continúan hasta encontrar a todos los responsables y aclarar los nexos con Orellana.
En abril, la fiscalía de Lavado de Activos reactivó la investigación a Rodolfo Orellana y unas 80 personas vinculadas a las deudas, laudos y empresas liquidadoras que intervienen en sus negocios de “compra de inmuebles litigiosos”.
Orellana afirma que se somete a las investigaciones, pero desde hace dos semanas nadie lo ha visto en persona, solo por teléfono.