Todos los acusados y las penas solicitadas por los presuntos aportes de Odebrecht
El fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, Germán Juárez Atoche presentó la acusación fiscal contra el expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y otras nueve personas por los presuntos aportes ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht a las campañas presidenciales del Partido Nacionalista en 2006 y 2011.
Juárez Atoche solicitó 20 años de prisión para Humala por “lavado de activos agravado” en sus dos campañas presidenciales, mientras que para la exprimera dama pidió 26 años y seis meses de cárcel. El fiscal explicó que se solicita más tiempo para Heredia porque se le imputan “tres hechos punibles” por “haber percibido dinero maculado (sucio) en la campaña de 2006, por actos de ocultamiento, compra de inmuebles, y por la campaña de 2011”.
La solicitud de cárcel por este caso también alcanza a gente del entorno de la pareja, entre ellos el hermano y la madre de la exprimera dama, Ilan Heredia Alarcón y Antonia Alarcón Cubas. También a la amiga de Heredia, Rocío del Carmen Calderón Vinatea y al excongresista nacionalista Santiago Gastañadui.
Las penas solicitadas
La fiscalía acusa Humala y Heredia como coautores del delito de lavado de activos, en la modalidad de conversión en las campañas presidenciales de 2006 y 2010. En el caso de la exprimera dama se agregó el delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento, por esta razón le pena solicitada en su contra es de 26 años y 6 meses.
Juárez Atoche pidió la misma condena para Rocío del Carmen Calderón Vinatea, amiga de Nadine Heredia, señalada como cómplice primaria, autora y coautora de los delitos de lavado activos. Para Ilan Heredia y Antonia Alarcón, el fiscal solicita 20 años de cárcel para cada uno.
También son acusados Martín Belaunde Lossio, Eladio Mego Guevara, Santiago Gastañadui, Maribel Amelita Vela Arévalo, Mario Julio Torres Aliaga y Carlos Gabriel Arenas Gómez Sánchez como cómplices primarios, y en todos los casos se pide 10 años de pena privativa de la libertad.
La fiscalía solicita además la disolución y liquidación de la empresa Todo Graph y del Partido Nacionalista Peruano en su calidad de personas jurídicas por haber sido presuntamente instrumentalizados “para efectos de lavar dinero”.
El caso
En la campaña electoral del 2011, que Humala ganó a Keiko Fujimori, Odebrecht entregó tres millones de dólares para la campaña del partido Nacionalista, de los cuales un millón fueron recibidos personalmente por Nadine Heredia, según confesó el exsuperintendente de la constructora en Perú Jorge Barata a la fiscalía peruana.
Tras la victoria electoral de Humala, Odebrecht ganó la concesión, junto a la española Enagas y la peruana Graña y Montero, del Gasoducto Sur Peruano, una obra de 7,000 millones de dólares, que tras el escándalo fue anulada por el Estado peruano.
Sin embargo, los aportes irregulares se remontan, según la Fiscalía, a la campaña de 2006, que Humala perdió ante Alan García, procedentes del Partido de los Trabajadores del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. El dinero para financiar esa primera campaña nacionalista fue ingresado a las cuentas de Heredia como presuntos pagos por contratos laborales, que resultaron ficticios, según la investigación de Juárez.
Juárez Atoche no descartó que se solicite nuevamente prisión preventiva para Humala y Heredia con el fin de que ambos puedan acudir a las audiencias. “Las medidas cautelares se están evaluando para efectos de ver la mejor medida y garantizar que los imputados estén presentes en la audiencia”, expresó.
Fuente: Diario El Comercio.
Nueve testigos de Brasil incriminan a Ollanta Humala y Nadine Heredia
Por Karem Barboza Quiroz– Diario El Comercio.
Casi 130 elementos de convicción contra el ex presidente Ollanta Humala y más de 230 contra su esposa, Nadine Heredia, sustentan la acusación que el fiscal del equipo especial Lava Jato Germán Juárez Atoche presentó contra la pareja por el presunto delito de lavado de activos agravado.
Con estos, la fiscalía busca demostrar en un próximo juicio oral que la pareja “estaba en condición de presumir que los activos [los aportes] otorgados tenían origen ilícito” y, pese a ello, fueron usados para las campañas electorales del 2006 y el 2011.
—Gobiernos y corrupción—
Según la tesis planteada en el caso de la campaña del 2006, el fiscal explica que, durante la gestión del ex presidente venezolano Hugo Chávez se habría pactado el apoyo a la campaña electoral.
El dinero aportado, indica Juárez, provino de las arcas del Estado Venezolano que Chávez usó “para beneficio propio y de terceros”. Muestra de que el dinero era ilegal, indica, es que su gobierno habría usado a las empresas Kaysamak C.A. y Venezolana de Valores (Veneval) para hacer las transferencias a los Humala.
Otra muestra de que la pareja presumía la ilicitud del dinero, agrega el fiscal, fue que los aportes no los recibieron ellos, sino que se hizo a través de Antonia Alarcón Cubas, madre de Heredia, y de su amiga Rocío Calderón; quienes hicieron depósitos posteriores a la ex primera dama. Esta a su vez lo introdujo en la alianza política por la que postuló a Humala y, luego, adquirió bienes inmuebles.
Para la campaña del 2011, el fiscal sostiene que el aporte de OAS (aproximadamente US$500 mil) habría salido de una contabilidad paralela cuyo dinero provenía de los contratos ganados por la empresa a través de pactos corruptos.
Dicha ilicitud habría sido presumida por los acusados, ya que los pagos que la empresa hizo a Heredia a través de Calderón y el pago a Valdemir Garreta por la publicidad de la campaña del Partido Nacionalista Peruano no correspondían a los actos legales propios de la empresa.
En el caso de los US$3 millones de Odebrecht, entregados por disposición del Partido de los Trabajadores (PT) fundado por Luiz Inácio Lula da Silva, este habría puesto a disposición de los esposos el dinero de “una especie de cuenta corriente nacida, poseída y contabilizada de la empresa en referencia” que provenía de los actos de corrupción en Brasil y otros países y que era “utilizada a discreción por el partido de gobierno brasileño”.
Los Humala, indica el fiscal, debían presumir su ilicitud, puesto que se usaron mecanismos ocultos, como pagos a través de seudónimos (codinomes) y entregas en maletines, para hacer llegar el dinero.
—Los brasileños—
Para demostrar lo anterior, el fiscal ofreció como elementos de convicción las declaraciones de nueve testigos brasileños que incriminan a los Humala.
Por parte de Odebrecht, están Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Luiz Antonio Mameri, Fernando Migliaccio y Hilberto Silva. Ellos habrían declarado sobre la “relación corrupta de la empresa con el PT”, la contabilidad y los pagos a la pareja peruana a través de la División de Operaciones Estructuradas.
También fue ofrecido Valfredo de Assis Ribeiro de OAS, para que declare sobre el dinero entregado a Heredia. Además, sobre la forma en que la empresa ganó la buena pro del hospital Lorena de Cusco en la gestión del nacionalista Jorge Acurio.
Además, están los publicistas Valdemir Garreta, Joao Santana y Mónica Moura, quienes deberán explicar el interés que el PT tenía en apoyar la campaña de Humala.
El fiscal indica que pudo haber existido un “pacto antelado de colusión” con OAS y Odebrecht. “Siendo así, las obras entregadas [por el Gobierno Central] durante el gobierno de Ollanta Moisés Humala Tasso, a las empresas OAS y Odebrecht, resultarían cuestionables”.
También fueron ofrecidas como pruebas las agendas de Heredia, una declaración del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y los audios interceptados legalmente sobre el Caso Madre Mía.
Las claves de la acusación fiscal contra Ollanta Humala y Nadine Heredia
Por Karem Barboza Quiroz– Diario El Comercio.
El fiscal del equipo especial Lava Jato Germán Juárez Atoche solicitó 20 años de prisión para el ex presidente Ollanta Humala, y 26 años y 6 meses para su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia. El magistrado formalizó la acusación contra la ex pareja presidencial por el presunto delito de lavado de activos agravado en el ámbito de la Ley de Crimen Organizado.
La acusación, que se presentó ante el despacho del juez Richard Concepción Carhuancho, tiene 1,500 folios. A ello se le suman 160 tomos del expediente principal y otros 388 cuadernos auxiliares a la investigación fiscal que contienen informes de cooperación internacional de otros países, informes de levantamiento de secreto de las comunicaciones y secreto bancario, según informó el fiscal Juárez Atoche.
1- Odebrecht y el dinero venezolano
Según la acusación fiscal, el delito de lavado de activos agravado se habría configurado a través del ingreso del dinero del Gobierno Venezolano para la campaña electoral de Humala en el 2006.
Este dinero, de acuerdo con la fiscalía, fue lavado a través de contratos simulados con la empresa Apoyo Total y contratos con el diario venezolano “The Daily Journal” por un total de US$215 mil.
Otro monto de dinero ilícito que habrían recibido serían los US$3 millones de la División de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña electoral del 2011.
2- Las imputaciones directas contra Humala y Heredia
Según la acusación del fiscal Juárez, a Humala se le sindica como coautor de dos actos de lavado de activos: participar en la “conversión” del presunto dinero ilícito, tanto en la campaña electoral del 2006 como en la del 2011. Por ello, la pena que solicitó la fiscalía es de 20 años. “El dinero fue introducido en el circuito económico en las campañas electorales”, sostuvo el fiscal.
En el caso de Heredia Alarcón, quien también fue considerada coautora, se le imputan tres actos ilícitos: su participación en la “conversión” del dinero para las campañas del 2006 y del 2011 y el “ocultamiento” del mismo a través de la compra de inmuebles y otros actos. Por ello, bajo el concurso real de delitos, la pena solicitada para ella se elevó a 26 años y 6 meses.
Juárez anunció que se encuentra evaluando solicitar alguna medida restrictiva, entre ellas la prisión preventiva, con la finalidad de asegurar la permanencia de Humala y Heredia en el proceso.
3- Disolución del partido. Belaunde Lossio y otros acusados
El fiscal también incluyó como responsables al Partido Nacionalista Peruano (PNP) y a la empresa Todo Graph, para los que solicitó su disolución y liquidación. Según Juárez “el Partido Nacionalista fue instrumentalizado por los investigados Ollanta Humala y Nadine Heredia Alarcón”.
En la acusación también se comprendió a Rocío Calderón, amiga de Heredia, para quien se pide 26 años y 6 meses de cárcel. Ella habría intervenido en ocultar el presunto dinero ilícito de la campaña electoral del 2006 y, luego, habría adquirido con este joyas y otros bienes. También habría ayudado a ocultar el dinero que ingresó a la campaña del 2011.
La acusación comprende además a Martín Belaunde Lossio, Antonia Alarcón Cubas (madre de Heredia), Ilan Heredia (hermano de Heredia), Eladio Mego, Santiago Gastañaduí, Maribel Vela, Julio Torres y Carlos Arenas.
4- El juez Concepción efectuará el control de la acusación
La abogada penalista Sophia Icaza, del estudio Linares Abogados, sostuvo que lo que sigue una vez formalizada la acusación es que el juez Concepción Carhuancho deberá analizar los requisitos formales, declararlos admitidos y señalar fecha para una audiencia de control.
En esta sesión, se analizará la base de los elementos de convicción, la participación de los acusados, excepciones y medios probatorios. “Si hay un error, se puede observar y el fiscal puede subsanarlo”, dijo.
Según el ex fiscal superior Pedro Angulo, existe un plazo de 20 días para que el juez fije la fecha para el inicio de la audiencia de control de acusación.
Esta etapa, denominada intermedia, podría tomar algunos meses teniendo en cuenta que el caso es complejo.
Por ello, indicó que recién a finales de año podría estarse iniciando el juicio oral. Este proceso ya no estará a cargo del juez Concepción Carhuancho, sino de un órgano colegiado integrado por tres magistrados.
5- La defensa rechaza pruebas
César Nakazaki, abogado de Humala y Heredia, dijo que solo aceptarán “que el fiscal acuse con pruebas producidas en la etapa de investigación preparatoria” y no con documentos o testimonios introducidos después de cerrarse la misma.
Julio Espinoza, abogado de Heredia, estimó que el caso podría tardar hasta tres años para llegar hasta la última instancia en la Corte Suprema. “El gran dilema jurídico será decidir si un aporte para una campaña política es un delito de lavado de activos y nosotros tenemos desarrollada toda una teoría de que ello no es posible”, dijo.