Reuniones fantasma precedieron entrega de gasoducto del sur

Por PLINIO ESQUINARILA- Diario Expreso
Ya era demasiado que el entonces  presidente Ollanta Humala Tasso haya presentado ante el país entero, y en mensaje presidencial del 28 de julio de 2012, que el proyecto del Gasoducto Sur Peruano era “complementario” al de Kuntur Transportadora de Gas, no obstante que el trazo de los ductos era el mismo. Ningún técnico le enmendó la plana.
Este engaño fue posible tanto porque el Ejecutivo y el Congreso de entonces lo asumieron como suyo con apoyo de la prensa concentrada y de izquierdas que hoy oculta este sonado caso, tanto que ni siquiera ha sido parte de la negociación de la Fiscalía con Odebrecht para efectos de la reparación civil que debe recibir el Estado peruano de parte de esta empresa.
En este estado de cosas, ya está demás hablar del favorecimiento como postor único al consorcio Gasoducto Sur Peruano, es decir Odebrecht y Enagás y después de Graña y Montero.
En todo caso, lo que llama la atención es que buena parte del entramado legal y técnico para favorecer a Odebrecht se hizo en las llamadas “sesiones no presenciales” de Proinversión, la agencia encargada de la concesión, es decir en reuniones fantasma en las que se tomaron ese tipo de acuerdos.
Bajo el disfraz de esas sesiones virtuales se escondía el hecho de que los funcionarios encargados no tomaban decisiones sino que, omitiendo sus funciones, daban la apariencia de institucionalidad a la implementación de acuerdos colusorios que se tomaban en otros niveles políticos.
O en todo caso se tomaron otros acuerdos que luego se firmaban entre el Ministerio de Energía y Minas y el consorcio Gasoducto Sur Peruano (GSP) que obligada a la aplicación de cobros indebidos a los usuarios del servicio de electricidad para pagar a Odebrecht y sus consorciados por 34 años a un ritmo anual de US$ 912 millones.
“INGRESOS GARANTIZADOS”
En el fondo se trataba de solventar el pago de los “ingresos garantizados” por los cuales el Estado estaba también obligado a pagar el Adelanto de Ingresos Garantizados y la llamada “Deuda Garantizada”.
El contrato del GSP se hizo, además, en circunstancias en que no existía oferta de reservas probadas de gas ni tampoco demanda, porque –como es público en el mundo petrolero y de hidrocarburos- la petroquímica o nodo energético en Ilo y Mollendo estaba en problemas.
Por lo que es lógico peguntarse quién podría invertir en un proyecto con esa naturaleza. Obviamente solo si el Estado permisivo y funcionarios corruptos le daban a Odebrecht lo que le habían negado a la primera concesionaria, Kuntur Transportadora de Gas: Ingresos Garantizados por los antes citados US$ 912 millones por año.
Así lo habían diseñado los técnicos que apoyaron al partido nacionalista, y, la verdad sea dicha, hasta los agentes económicos aceptaron un incremento de 20% a 34% en los recibos de luz de tarifa residencial en proyección al año 2020.
Si bien es cierto que la aventura la había empezado Humala, la continuó Pedro Pablo Kuczynski, quien además se benefició con las consultorías en favor de First Capital Inversiones y Asesorías LTD que habría manejado con su socio chileno Gerardo Sepúlveda para la intervención de Petroperú en el esquema financiero de Kuntur que fue comprada por Odebrecht.
Si el contrato era por 30 años, la pesada mochila de la deuda que hubiéramos pagado los consumidores de luz eléctrica abarcaría a cinco gobiernos, con la consecuente carga al Tesoro Público de estas obligaciones de pago.
Y, como eran “ingresos garantizados” por el Estado, habría que pagarlos así no haya suficientes reservas de gas, como lo señalaron los expertos de la época, así no funcione el “nodo energético” o las empresas clientes del gas no cumplan con sus compromisos informales en el estudio mercado que se hizo en ese entonces para cumplir con el volumen de 500 millones de pies cúbicos día que debían transportar los ductos.
EL FAMOSO GRP
Es de recordar que ese pago abusivo para solventar la construcción del GSP, conocido como garantía por red principal (GRP), fue calculado “trayendo a valor presente los US$7.320 millones que costará la construcción y operación de dicha obra de infraestructura”.
Si se trata desagregar aquella GRP, a tenor de la cláusula 14.6  del contrato de concesión, el Estado estaba obligado a recaudar el 90% en las primeras armadas, lo que hace US$821 millones, obviamente con cargo a los recibos de luz entre los años 2015 y 2018.
Y no es que esa carga se iría extinguiendo conforme se vayan llenando los ductos de gas a partir del 2019, como algunos quisieron hacer creer, porque en el camino aparecerían nuevos compromisos a pagar.
El nuevo sobrecosto tiene el nombre de cargo por desconcentración. Y es que como la ley establece que el gas para las centrales térmicas del citado nodo no debería perder competitividad con relación a la producción de las centrales térmicas de Chilca, Lima, por lo que tenían que ser subsidiadas con al menos otros US$ 2 en las tarifas de luz residencial desde el 2020. En esos años se calculó este subsidio en unos US$ 441 millones anuales.
A lo anterior se sumó el cargo por “capacidad de generación” que era otro subsidio de alrededor de US$ 38 millones anuales a las dos centrales del nodo, la de Mollendo y la de Ilo.
REACCIÓN TARDÍA
Cuando los técnicos reaccionaron, ya era tarde. Aurelio Ochoa, ex titular de Perú Petro, advirtió en una emisora en agosto de 2016, cuando Humala ya estaba fuera de Palacio de Gobierno, que todos los peruanos pagaríamos más de US$ 11,000 millones por el Gasoducto Sur Peruano (GSP) a través de los recibos de luz que se pagan mensualmente y cuyo monto se incrementaría en los próximos años, por decisión de la administración Humala.
Y es que para entonces el economista Manuel Romero, una de las pocas voces solitarias que denunció este estropicio,  informó que ya había un cronograma que se venía cumpliendo a pie juntillas: el 5% de los US$ 7,500 millones ya fue cobrado en el 2015, dijo. En 2016 se cobraría el 15%, el año siguiente el 35% (US$ 1,875 millones) y el 2018 se cobraría el 55%, que equivaldría nada menos que a US$ 4,125 millones.
Todo este lluvia de millones se paró en seco cuando estalló el caso Lava Jato y el consorcio del GSP no pudo concretar el cierre financiero o mejor dicho no pudo conseguir recursos en el sistema financiero para continuar la obra.
Por eso es que el Ministerio de Energía y Minas informó el 16 de febrero del año pasado, en forma lacónica, el siguiente texto: “Declarar que la terminación de la concesión del proyecto se produjo el 24 de enero del 2017 al no haber acreditado el concesionario el cumplimiento del cierre financiero dentro del plazo contractual establecido”, según resolución suprema 003-2017-EM publicada en el Diario Oficial El Peruano.
Este cierre financiero fallido es otra historia como otras son las injerencias de la señora Nadine Heredia y su entorno en este escándalo que se quiere tapar con el manto del olvido. Como también otras son las aventuras de Kucynski en este negocio.

23 de julio de 2014

El consorcio Gasoducto Sur Peruano integrado por Odebrecht y Enagás firma el contrato de concesión del proyecto “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”.
Denuncia constitucional
Por las “sesiones no presenciales” la Comisión Lava Jato responsabilizó a los miembros del Consejo Directivo de Proinversión por infracción a la Constitución al haber facilitado la concesión de un proyecto en condiciones negativas para los intereses de la nación.
Por lo tanto, ha planteado la denuncia constitucional contra el extitular del MEF, Luis Miguel Castilla Rubio; los ex ministros de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur y Eleodoro Mayorga Alba. Asimismo el ex ministro de Vivienda y Construcción, René Cornejo Díaz; Juan Manuel Benites Ramos (Agricultura) y José Gallardo Ku (Transportes y Comunicaciones).
SEGÚN JORGE PESCHIERA CASSINELLI DE EXPRESO
Daño al país hubiera llegado a 14,000 millones
Si en lugar de 12 % el contrato del gasoducto hubiera aplicado la tasa de 5 % que regía en ese momento, los pagos garantizados hubieran sido de US$ 450 millones al año, en lugar de US$ 900 millones
La Comisión Lava Jato del Congreso rescata en su informe final un artículo del columnista de EXPRESO, Jorge Peschiera Cassinelli, que bajo el título de “Gasoducto del sur: un gran negocio financiero”, fue publicado el 2 de febrero de 2017, cuyas ideas centrales reproduce.
“Según los términos del contrato del gasoducto del sur, el postor ganador sería aquel que ofreciera el menor ‘costo del servicio’, expresado en una sola cifra, que incluía tanto la inversión para diseñarlo y construirlo, como el costo de operarlo por todos los años de la concesión. La oferta ganadora fue por aproximadamente 7,300 millones de dólares”, escribe Peschiera.
“La recuperación de la inversión debía provenir de los ingresos obtenidos por transportar el gas. El monto anual requerido para recuperar el mencionado costo de servicio se estimó en aproximadamente 900 millones de dólares al año por todo el plazo de la concesión. Esa cifra se utilizó para establecer el monto mínimo de ingresos anuales garantizados por el Estado”, agrega.
“¿Cómo se relaciona el ‘costo del servicio’ de 7,300 millones con los 900 millones de dólares al año? La clave está en la tasa de descuento aplicada al flujo de pagos futuros. De acuerdo al contrato, esa tasa es 12 % al año. El flujo de 900 millones al año por 34 años, descontado a la tasa de 12 %, resulta en una cifra cercana a los 7,300 millones”.
Cuando se llevó a cabo la licitación del gasoducto, en junio de 2014, la tasa de interés de mercado, aplicada a la deuda externa de largo plazo del Perú, se encontraba por debajo de 5 %. Si usamos esa tasa de descuento, siempre según el columnista de este diario, el valor descontado de los 900 millones al año, garantizados por el Estado es, aproximadamente, 14,600 millones.
¿Y esto a qué se debe? según el experto en temas de deuda externa. Sucede que cuanto menor es la tasa de descuento, mayor es el valor de los pagos que efectúa el Estado.
Visto de otro modo, si en lugar de 12 % el contrato del gasoducto hubiera aplicado la tasa de 5 %, que era la tasa de interés a la cual el mercado estaba dispuesto a financiar al Estado, los pagos garantizados hubieran sido de 450 millones al año, en lugar de 900.
“En otras palabras, el Estado podría haber pagado al contado los 7,300 millones, tomando para ello un préstamo por el cual hubiera pagado solamente 450 millones al año, en lugar de 900”.
De lo escrito por Pescheira la comisión Lava Jato, concluye que el diseño financiero aplicado por las autoridades de esos años propició un grave perjuicio al país y a los usuarios de las tarifas eléctricas por más de US$ 15 mil millones.
DÍAS ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO
Los acuerdos de las sesiones “truchas”
 -21 de abril de 2014. En esta “sesión no presencial” del Consejo
Directivo de Proinversión se modificó sustancialmente las Bases del Proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano solicitado por el Comité Pro Seguridad Energética. Esta “reunión” fue registrada como realizada a las 5 de la tarde de la citada fecha.
-7 de mayo de 2014. Proinversión designó en esta “sesión no presencial”  a los miembros del Comité Pro Seguridad Energética Edgard Ramírez Cadenillas y Rosario Patiño Marca. (Sobre este tema existe la declaración del testigo protegido TR-01-3D2FPCECF-2016 de que estos dos personajes “fueron colocados por orden de Nadine Heredia y a pedido de los representantes de Odebrecht. El miembro que no es cambiado y permanece es Gustavo Navarro Valdivia, la misma persona que el año 2008 firmó el contrato de concesión del transporte de gas por ductos de Camisea al sur del Perú a favor de Kuntur Transportadora de Gas”, dice el informe Lava Jato.
-26 de mayo de 2014. Proinversión aprobó la modificación sustancial de las Bases del Concurso de concesión del Gasoducto Sur Peruano a solicitud del Comité Pro Seguridad Energética reunido el 23 de mayo de 2014, el cual había sido designado, en una sesión también “no presencial”, el 7 de mayo.
– 6 de junio de 2014. En “sesión no presencial” Proinversión aprobó el Límite Máximo del Costo del Servicio para la propuesta económica del concurso del Gasoducto Sur Peruano por US$ 7,800 millones, aprobación solicitada con fecha 5 de junio (un día antes) por el Comité Pro Seguridad Energética.
-9 de junio de 2014. El mismo Proinversión aprobó –también en “sesión no presencial”-  la versión final del Contrato de Concesión del Gasoducto Sur Peruano solicitada por el Comité Pro Seguridad Energética el 6 de junio.
11 de junio de 2014. Proinversión aprobó los factores de asignación del Costo de Servicio del Proyecto Gasoducto Sur Peruano, habiendo hecho lo mismo anteriormente con el Límite Máximo. Además, el Comité Pro Seguridad Energética había realizado el pedido de aprobación el mismo día en que está fechada esta “sesión no presencial”: el 11 de junio de 2014.
–7 de julio de 2014. La “sesión no presencial” de Proinversión tomó conocimiento de un oficio de fecha 24 de junio, dirigida por el concursante Gasoducto Peruano del Sur (que el 7 de julio ya había sido descalificado) solicitando ampliación de plazo para la modificación de los consorcios participantes en el concurso que ya había concluido.
-15 de julio de 2014. Proinversión aprueba otorgar seguridades y garantías del Estado a favor de la Sociedad Concesionaria que constituirá el adjudicatario Consorcio Gasoducto Sur Peruano.
(Es de recordar que el contrato entre el consorcio del GSP y el Gobierno fue firmado a los pocos días, el 23 de julio de 2014).

La gran estafa de la Refinería de Talara

Por SCARLET REYES VERÁSTEGUI- Diario EXPRESO.
El Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), a cargo de la empresa española Técnicas Reunidas Talara, es uno de los megaproyectos más cuestionados del Gobierno de Ollanta Humala por involucrar presuntos hechos de corrupción durante su ejecución.
Para el economista Manuel Romero Caro, se trata de uno de los engaños más grandes de la historia del país, pues las autoridades de ese entonces nunca precisaron lo que realmente querían hacer con la obra.
Cuando el PMRT fue presentado a la población, durante el segundo Gobierno de Alan García (2006-2011), se aseguró que sólo se modernizaría la refinería existente para lo cual  se debía efectuar un proceso de desulfuración que le costaba a Petroperú cerca de 1,300 millones de dólares.
Pero en el julio de 2013, en pleno Gobierno nacionalista, el entonces presidente de la República, Ollanta Humala, anunciaba que las obras costarían 3,500 millones de dólares, de los cuales 2,730 millones serían asumidos por el Estado. Es decir, se duplicó el monto establecido inicialmente.
“La Refinería de Talara tiene un gran pecado original, nunca nos dijeron qué era lo que realmente quisieron hacer y nos mintieron a todos. Nos vendieron la idea de desulfuración para no contaminar los pulmones de la población, así como aumentar la capacidad de la vieja refinería”, afirmó el economista.
Lo cierto es que, tal como lo anunció en su momento, y ante los diferentes cuestionamientos, el gerente general de Petroperú, Eduardo García Rosell, no se trataba de un “proyecto de modernización”, sino de una nueva refinería petrolera que, según él,  produciría cerca de 95,000 barriles al día, cuando la anterior no llegaba ni a la mitad de ese número.
“Es algo espantoso. El tema es bien sencillo, ¿por qué se necesitaban meter miles de millones de dólares para sacar adelante una gasolina que al final resultaba ser más cara que la importada? ¿De dónde iban a sacar la materia prima si todo lo que existe en el Perú no alcanza?”, cuestionó el economista. Esas preguntas deberán ser respondidas por las respectivas autoridades.
Durante el proceso de construcción, Petroperú comenzó a subir el precio de la gasolina y, por lo mismo, el Estado nunca se atrevió a decir cuál sería la rentabilidad real del proyecto.
Otro de los grandes señalamientos, indicó Romero Caro, es que dicho proyecto fue exonerado en su totalidad de todo tipo de firmas y concursos para lograr su desarrollo.
“Creo que lo exoneró la bancada nacionalista de ese entonces, incluso no pasó por Proinversión. Pero lo peor de todo es que hasta el día de hoy se sigue con la gran mentira”, sostuvo.
Como se sabe, actualmente el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara abarca un monto de inversión que supera los 5,400 millones de dólares, precio multiplicado por cuatro, comparado con su valor inicial.
“No sabían cómo iba a evolucionar la demanda en 30 años pero ellos ya habían firmado un cheque en blanco y ese es un hueco inmenso que nadie se ha dado cuenta, pero que todos pagamos”, señaló Romero Caro. Precisó que resultaría difícil paralizar los trabajos en estos momentos por el avance de la obra y el pago ya realizado.
Agregó que el de la refinería es un proyecto que no tiene sustento por ningún lado porque cuando se culmine, el país solo tendrá dos opciones: cobrar el precio del mercado internacional por la materia y dejar que el Estado peruano pague por el diferencial, o no cobrar el precio internacional y dejar que los importadores ganen en el mercado.

Gasoducto: otro “elefante blanco”

Otro de los “elefantes blancos” cuestionados por presuntos hechos de corrupción durante su desarrollo es el Gasoducto Sur Peruano (GSP), a cargo de la constructora brasileña Odebrecht. A pesar de ello, en las declaraciones de colaboración eficaz de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, no se admitió el pago de coimas en dicho proyecto.
Los representantes de Odebrecht solo aceptaron que hubo hechos de corrupción en cuatro megaproyectos: Metro de Lima, Costa Verde del Callao, Interoceánica y la Vía de Evitamiento. Sin embargo, solo serían un porcentaje pequeño de las obras ejecutadas en el país.
Uno de los principales cuestionamientos que se hicieron luego de la firma del contrato con Kuntur, además de la solvencia económica, fueron las reservas. El entonces presidente Alan García solo aseguró un millón de trillones de pies cúbicos (TCF), cuando el proyecto necesitaba por lo menos cinco TCF.
En el periodo de Ollanta Humala como presidente de la República se inicia un proceso de renegociación. Sin embargo, en marzo del 2012, el líder nacionalista inaugura el Gasoducto y cuatro meses después, exactamente el 28 de julio del mismo año, Kuntur le pidió dinero al Estado para la obra, pero como éste decidió no otorgarlo, convocaron a una nueva licitación.
“Lo gracioso es que esa nueva licitación tenía el mismo trazo y el mismo estudio de impacto ambiental. La esencia de eso fue los subsidios porque si se ganaba en un proceso de licitación terminaba llevándoselo todo Odebrech”, explicó el economista Manuel Romero Caro.
“La excusa fue esa. El Gobierno canjeó un proyecto privado, sin subsidios, donde todo era pagado por Kuntur–Odebrecht, por un elefante blanco que exprimió a todos los consumidores”, detalló.
Según lo precisado por Manuel Romero Caro, si ya se sabía que Kuntur pasó a ser propiedad en un 100 % de Odebrecht, y que la brasileña continuaría con el proyecto, a diferencia de Kuntur, Odebrecht sí contaría con subsidio estatal, y el Gobierno “solo tenía que ejecutarle la carta fianza para evitar el pago de millones de dólares en un arbitraje”.
“Lo único que tenía que hacer el Gobierno era ejecutarle la carta fianza [a Odebrecht] pero nunca lo hizo porque nunca vencía. Cada vez que iba a expirar, Odebrecht iba al Ministerio Público para renovar la vigencia. Con eso hubieran evitado regalarle 70 millones de dólares en un arbitraje”, sostuvo.
La nueva concesión fue desarrollada a través de un “contrato boot”, es decir, que no permitía la ejecución de obras hasta que no se dé un cierre financiero. Este mismo inicia el 30 de junio de 2014, pero tres meses antes el escándalo por el caso Lava Jato ya había estallado, y por esas fechas ya estaban por sentenciar a Marcelo Odebrecht. Pese a ello, le entregaron la buena pro a Odebrecht y los gastos fueron solventados por el Estado.

“CORRUPCIÓN CLARÍSIMA”

Algo que tienen en común la Refinería de Talara y el Gasoducto Sur Peruano es que se trabajaron durante el final de gobierno de Alan García y el inicio del periodo gubernamental de Ollanta Humala Tasso.
“Yo vi la corrupción clarísima entre marzo y julio de 2014. En ese ínterin, el exministro [Eleodoro] Mayorga anunció que se había creado una Comisión Estatal Interministerial para determinar cuál sería el precio del etano. No se había secado la tinta del Gasoducto y esos sinvergüenzas querían hacer la Petroquímica que era el doble del otro”, denunció Manuel Romero Caro.
Además, detalló, en los últimos días del gobierno de García, se aprobó un proyecto de ley que le daba todas las facilidades en el Consejo Petroquímico y diseñaba el control de precios.
“Todos los que delinquieron deben ir a la cárcel sin importar su condición”, pues ahora, con los intentos por entrar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se ha creado una figura en la que las personas jurídicas también tienen responsabilidad.
“Creo que todos los que delinquieron deben ir a la cárcel, ricos, pobres o lo que fueran porque los culpables son las personas no los fierros”, concluyó.

“Se quemaron etapas para acelerar entrega de proyecto”

Para Manuel Romero Caro, tanto el Gasoducto como otras megaobras se caracterizan por haber pasado por una serie de irregularidades y exoneraciones que permitieron su rápida aprobación.
“Todos quemaron etapas y pasaron una serie de exoneraciones, el tema es que había presión mediática, gremial y empresarial. Cada año, se encargaban estudios de brecha de infraestructura, y si a todo eso se le agrega los sobornos, ya tienes un caldo de cultivo que da una idea del contexto en el que se estaban aprobando estos megaproyectos”, indicó.
Destacó que el primer problema que tiene el Gobierno es la ausencia de priorización intersectorial y planeamiento, pues no saben cómo solucionar los problemas que hallaron en las obras. Específicamente, en el caso del Gasoducto, indicó que hubo un gran debate para decidir por donde pasaría el proyecto y hoy, 13 años después, el gobierno opta por la primera opción que tuvieron.
“En 2005, durante el periodo de Alejandro Toledo, hubo un gran debate en el país para ver si se hacía un Gasoducto Costero a través del Trapecio Andino, pero en ese periodo sacaron nuevas leyes de prioridad nacional y pasó un año sin que se haga nada en el proyecto”, indicó.
“Cuando salió Toledo y entró Alan García hubo otro debate donde se sacó una segunda ley que con la que se presenta Conduit Capital Partners, un fondo de inversión energética norteamericana, al que se le otorga la concesión”, añadió Romero Caro.
Con dicha concesión, el Gasoducto  pasaba a ser un proyecto 100% privado que no tendría subsidios ni financiamiento estatal. Una vez firmado el contrato, y posterior a los estudios de Proinversión y de impacto ambiental, la compañía estadounidense acordó vender su participación restante en el proyecto peruano del Gasoducto Andino del Sur (Kuntur).
“Lo más importante que hicieron fue el estudio de impacto ambiental, y cuando lo terminaron se dieron cuenta que era un proyecto viable pero con rentabilidad baja; sin embargo, Odebrecht ya le había echado el ojo”, sostuvo el economista.
SE ADECUÓ CONTRATO EN FAVOR DE ODEBRECHT
Manuel Romero Caro indicó que “varios colaboradores eficaces denunciaron que la entonces gerente general de Kuntur, Claudia Hokama, se reunía con los funcionarios de Proinversión, antes del otorgamiento de la buena pro, para ver como adecuaban el contrato a lo solicitado por Odebrecht”.
“Es por eso que para el 17 de abril de 2013, cuando envían un oficio al comité del Gasoducto solicitando información del contrato celebrado entre el Estado y Kuntur, obtuvieron respuesta un año después, exactamente el 30 de abril de 2014. En dicho documento, precisaron que se encontraba suspendida la evaluación referida al programa de evaluación de obras, presentado por Kuntur, hasta la conclusión de las negociaciones”, indicó.