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Por Juan Pablo León Almenara
La línea 1 del tren eléctrico, uno de los proyectos más importantes del primer gobierno de Alan García, se concluyó en el 2011, luego de muchos años de haber tenido trenes y columnas de concreto abandonados, como monumentos al derroche y la corrupción. Ahora, la línea 2 del metro de Lima empieza a mostrar demoras. Este proyecto, valorizado en US$5 mil millones, ya tiene 15 meses de retraso y acusaciones de gastos excesivos.
La Contraloría General de la República citó a la prensa para dar a conocer los resultados de la supervisión al contrato y la ejecución de este proyecto que unirá Ate y el Callao. El titular del órgano de control, Édgar Alarcón, mencionó una grave denuncia sobre un hecho que se arrastra desde el 2013.
Aquel año, Pro Inversión adelantó los trabajos en 4.3 km de la primera etapa de la obra (entre las estaciones Evitamiento y Santa Anita), para que estén operativos en julio de este año.
Según la contraloría, este anticipo generó al Estado un gasto extra de US$156 millones, pese a que ese tramo del metro no generaría un impacto significativo, pues no absorbería la gran demanda de usuarios. Además, la fecha prevista para acabarlo no se ha cumplido.
Otra de las observaciones halladas es que la ejecutora cavó cinco kilómetros de túnel con excavadoras, cuando el contrato solo estipulaba cavar un kilómetro con este método y el resto con tuneladoras, un sistema más rápido y de menor impacto.
La gravedad del asunto radica en el costo. Cada metro de túnel construido con tuneladora -fabricada a medida. cuesta US$17 mil, y con excavadora -que emplea martillos hidráulicos y explosivos- US$44 mil. Al cierre de esta edición, esto no fue explicado por el consorcio ejecutor Línea 2 del Metro ni por Pro Inversión.
Retrasos y denuncias
“No se están cumpliendo los plazos de operación y entrega de terrenos. Hemos verificado los plazos y hasta ahora hay un retraso de 15 meses. Por cómo se está avanzando la ejecución, estimamos que podría duplicarse el plazo previsto para la ejecución”, dijo Alarcón. Si las palabras del contralor se cumpliesen, las obras concluirían no en el 2021 sino en el 2026.
Por estas presuntas irregularidades, la contraloría precisó que hay 23 funcionarios involucrados en un informe presentado al Juzgado Civil de Lima 36. La institución dijo esperar que el caso se investigue, por tratarse de un perjuicio económico contra el Estado.
Entre los funcionarios figuran integrantes del Comité Pro Integración, el jefe de Asesoría Jurídica y altos funcionarios de la dirección.
AUMENTA EL CONTROL DE MEGAPROYECTO
Ayer se publicó en “El Peruano” una directiva que establece una nueva modalidad de intervención de la contraloría en los megaproyectos que se realizan en el país. La institución podrá dar seguimiento permanente y en forma paralela a los principales proyectos de inversión pública.
Los cinco primeros proyectos que verificará son: la línea amarilla y la línea 2 del metro, en Lima; y el gasoducto sur peruano, la refinería de Talara y la carretera Interoceánica, en el resto del país.
Fuente: Diario El Comercio y Revista PODER.
La línea 1 del tren eléctrico, uno de los proyectos más importantes del primer gobierno de Alan García, se concluyó en el 2011, luego de muchos años de haber tenido trenes y columnas de concreto abandonados, como monumentos al derroche y la corrupción. Ahora, la línea 2 del metro de Lima empieza a mostrar demoras. Este proyecto, valorizado en US$5 mil millones, ya tiene 15 meses de retraso y acusaciones de gastos excesivos.
La Contraloría General de la República citó a la prensa para dar a conocer los resultados de la supervisión al contrato y la ejecución de este proyecto que unirá Ate y el Callao. El titular del órgano de control, Édgar Alarcón, mencionó una grave denuncia sobre un hecho que se arrastra desde el 2013.
Aquel año, Pro Inversión adelantó los trabajos en 4.3 km de la primera etapa de la obra (entre las estaciones Evitamiento y Santa Anita), para que estén operativos en julio de este año.
Según la contraloría, este anticipo generó al Estado un gasto extra de US$156 millones, pese a que ese tramo del metro no generaría un impacto significativo, pues no absorbería la gran demanda de usuarios. Además, la fecha prevista para acabarlo no se ha cumplido.
Otra de las observaciones halladas es que la ejecutora cavó cinco kilómetros de túnel con excavadoras, cuando el contrato solo estipulaba cavar un kilómetro con este método y el resto con tuneladoras, un sistema más rápido y de menor impacto.La gravedad del asunto radica en el costo. Cada metro de túnel construido con tuneladora -fabricada a medida. cuesta US$17 mil, y con excavadora -que emplea martillos hidráulicos y explosivos- US$44 mil. Al cierre de esta edición, esto no fue explicado por el consorcio ejecutor Línea 2 del Metro ni por Pro Inversión.
Retrasos y denuncias“No se están cumpliendo los plazos de operación y entrega de terrenos. Hemos verificado los plazos y hasta ahora hay un retraso de 15 meses. Por cómo se está avanzando la ejecución, estimamos que podría duplicarse el plazo previsto para la ejecución”, dijo Alarcón. Si las palabras del contralor se cumpliesen, las obras concluirían no en el 2021 sino en el 2026.
Por estas presuntas irregularidades, la contraloría precisó que hay 23 funcionarios involucrados en un informe presentado al Juzgado Civil de Lima 36. La institución dijo esperar que el caso se investigue, por tratarse de un perjuicio económico contra el Estado.
Entre los funcionarios figuran integrantes del Comité Pro Integración, el jefe de Asesoría Jurídica y altos funcionarios de la dirección.
AUMENTA EL CONTROL DE MEGAPROYECTOAyer se publicó en “El Peruano” una directiva que establece una nueva modalidad de intervención de la contraloría en los megaproyectos que se realizan en el país. La institución podrá dar seguimiento permanente y en forma paralela a los principales proyectos de inversión pública.
Los cinco primeros proyectos que verificará son: la línea amarilla y la línea 2 del metro, en Lima; y el gasoducto sur peruano, la refinería de Talara y la carretera Interoceánica, en el resto del país.
Fuente: Diario El Comercio y Revista PODER.