El martes 5, a golpe de las 13:20 horas, el periodista Bryan Villacrez identificó al juez Víctor Lecaros Chávez saliendo de la Corte Superior del Cono Norte.
Lecaros preside la Segunda Sala Penal de Reos Libres integrada además por María Elena Jo Laos y Agustín Raymundo Jorge que acaba de emitir un dictamen aberrante aún para los inciertos anales de nuestro Poder Judicial.
La Segunda Sala dictaminó que “todas las disposiciones, requerimientos y providencias” emitidas a partir del 24 de marzo del 2015 por la fiscal Marita Barreto, titular de la Segunda Fiscalía Penal Supranacional Especializada en el delito de Lavado de Activos en el caso Rodolfo Orellana.
El dictamen establece que la Fiscal Barreto fue excluida en marzo del año pasado del caso, lo que implicaría retrotraer el proceso a fojas cero.

JUEZ ESQUIVO

Barreto desbarató la red legal de la organización criminal liderada por Orellana y ordenó la captura del exvocal supremo Robinson Gonzales y el presidente de la Corte Superior de Ucayali, Francisco Boza Olivari, entre otros angelitos, en el mismo periodo (CARETAS 2392).
–Dr. Lecaros, lo abordó CARETAS pisándole los talones.
El magistrado volteó confirmando su identidad.
–Queremos entrevistarlo sobre el dictamen del caso Orellana.
–Yo no sé nada, respondió sorprendentemente el juez.
–¿Cómo no va a saber nada si Ud. preside la Sala?
–Mire, muchacho, dijo Lecaros. Voy a almorzar y a mi retorno hablamos.
–Le tomo la palabra.
–Tiene mi palabra.
A golpe de las 14:30, Lecaros retornó a la Corte pero a bordo de un automóvil con el que ingresó al recinto judicial para no volver a dar la cara.
Apenas 24 horas antes, el presidente del Poder Judicial Víctor Ticona en el mensaje de inicio de su segundo año de gestión manifestó su “compromiso para hacer del Poder Judicial un auténtico garante del equilibrio de poderes, el legítimo garante de los derechos ciudadanos (…) que postula y nos promete nuestra Carta Política”.
No cabe duda que queda mucho pan por rebanar.

DICTAMEN A FAVOR

El dictamen de la Corte Superior de Lima Norte sostiene que la fiscal Barreto fue excluida del proceso en marzo por la fiscal superior Yanet Roller.
Roller dictaminó la exclusión de Barreto atendiendo la queja de la procuradora de Lavado de Activos Julia Príncipe por la desaparición de algunas muestras incautadas durante el allanamiento del búnker de Orellana en San Borja en julio del 2014 (CARETAS 2342).
De manera que Barreto nunca fue excluida del proceso.

JUGANDO EN PARED

Pero la defensa de Orellana inició un proceso paralelo en el Poder Judicial con el mismo falaz argumento.
El hábeas corpus presentado fue declarado también nulo en primera instancia. La apelación del abogado de Orellana, Carlos Ramos Risco, desembocó así en la Sala presidida por Lecaros en Lima Norte.
Esta sorprendentemente acogió el hábeas corpus de Orellana pese a la jurisprudencia precedente. Llama la atención que la sentencia se hiciera pública el 22 de diciembre, a pesar que de acuerdo a la fecha de la resolución fue dictada en septiembre.
No se descarta que pretendiese aprovechar las fiestas navideñas apostando que en un descuido caducaran los plazos de apelación.
Pero Barreto, quien ha sido amenazada de muerte, duerme con un ojo abierto.

SENTENCIA ÍRRITA

El dictamen de la Corte Superior de Lima Norte sería írrita por varias razones.
Un recurso de hábeas corpus se presenta cuando está bajo amenaza la libertad personal. Pero Orellana había sido capturado en noviembre en Cali, Colombia (CARETAS 2361). En marzo del 2015, cuando empezó todo este rollo, el empresario mafioso estaba a buen recaudo en Piedras Gordas.
Sorprende a su vez que Orellana apelara ante la Corte de Lima Norte, cuando el proceso se ventila en Lima.
El cambio de jurisdicción es una artimaña clásica de la organización criminal de Orellana para operar con impunidad.
La Corte Superior de Ucayali presidida por Boza Olivari –de donde se emitieron las medidas cautelares que permitió a ‘Peter Ferrari’ el secuestro del oro en el Callao en enero del 2014, en coordinación con la red legal de Orellana, entre muchas otras (CARETAS 2325).
Resulta que el juez Lecaros fue vocal Superior de la Corte Superior de Ucayali en la década del 2000.

FASE FINAL

Orellana y sus cómplices son acusados por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir por la friolera de S/500 millones.
La organización criminal logró infiltrar el Poder Judicial, la Fiscalía, la Superintendencia Nacional de Registros Públicos y el propio Congreso.
No es la primera vez que los propios órganos jurisdiccionales ponen trabas a la labor de la Fiscalía de Lavado de Activos. La Sala Penal Nacional dictó una simple orden de comparecencia a los detenidos de la red legal, entre ellos el exvocal supremo Robinson Gonzales y Boza Olivari de Ucayali el año pasado. La orden sería rectificada rápidamente por el juez Ricardo Manrique Laudo del Tercer Juzgado de Instrucción Preparatoria de Lima (CARETAS 2392).
La investigación fiscal es respaldada por el trabajo de inteligencia del Grupo GEIN / Orión que incluye la interceptación telefónica y cuenta ya con 21 colaboradores eficaces y más de 320 investigados. Se encuentra en su fase final de acumulación de pruebas y formalización de la denuncia penal.