La reciente decisión del Tribunal Constitucional de considerar público el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht ha iniciado una ola de peticiones para acceder a acuerdos de colaboración eficaz por parte de procesados por Lava Jato. Uno de ellos ha sido el expresidente Alejandro Toledo, recientemente sentenciado gracias a la carga probatoria acumulada en el acuerdo. Convoca publica de forma íntegra este acuerdo y su acta complementaria en aras de la transparencia y para paliar la desinformación que está circulando sobre su contenido. Como medio de comunicación que ha investigado el caso Lava Jato desde sus inicios, ponemos en contexto la información contenida en el acuerdo a la luz del tiempo y las evidencias.
Tras un primer análisis de sus 1057 páginas, revelamos cómo Odebrecht solo ofreció pagar en un primer momento 297 millones de soles, a pesar de haber ocasionado daños patrimoniales al Estado por un valor de mil 318 millones de soles, según la Contraloría. Finalmente, tras la tensa negociación con las autoridades, la empresa aceptó más del doble de esa cantidad: 610 millones de soles, a la que hay que sumar intereses.
El acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, el primero que se firma con una empresa en el Perú, incluye cuatro casos de corrupción: Interoceánica Sur, Metro de Lima, Costa Verde Callao y Vía Evitamiento Cusco. Pero en el documento se consigna, además, información inicial que entregó Odebrecht de otros 13 casos que detallamos en este reportaje.
El acta del acuerdo de colaboración eficaz, firmado el 15 de febrero de 2019, entre el Ministerio Público, la Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato y la empresa Odebrecht, es una fotografía voluminosa de mil 57 páginas que contiene principalmente información sobre los pagos ilícitos que la constructora brasileña y cuatro de sus exdirectivos entregaron a la Fiscalía hasta ese momento, así como el mecanismo que se estableció para el pago de la reparación civil al Estado peruano.
Casi cinco años después, gran parte de estos hechos y confesiones se conocen. Sin embargo, hay información relevante sobre el proceso de negociación y cláusulas claves que hoy por primera vez se dan a conocer de manera completa.
Ante la ola de desinformación frente a uno de los casos de corrupción más importantes en el Perú que ha involucrado a cinco expresidentes de la República, Convoca.pe publica el acuerdo y el acta complementaria, firmada el 20 de mayo de 2019, luego de que el Tribunal Constitucional ordenara que se hicieran públicos. Un deber del periodismo es poner en contexto la información a la luz del tiempo transcurrido y las evidencias.
El acta del acuerdo contiene 16 capítulos. Sólo uno de ellos, el octavo, que lleva por título ‘Hechos corroborados y su mecanismo de corroboración’, contiene el 73.5% de la información del documento, a lo largo de 777 páginas, y está referido a los pagos ilícitos de cuatro obras: Interoceánica Sur (Tramos II y III), Línea 1 Metro de Lima (tramos I y II), Costa Verde Tramo Lima- Callao y Avenida Evitamiento Cusco.
En representación de la constructora brasileña, el acuerdo fue firmado por los abogados Ricardo Luis Machado Weyll y Lourdes Carreño Carcelén, quienes estuvieron acompañados por el abogado defensor Marco Antonio Bustinza Siu, y por los cuatro exfuncionarios de Odebrecht que se acogieron a la colaboración eficaz: Jorge Barata, ex director ejecutivo en Perú, Ricardo Boleira, ex superintendente, Renato Ribeiro Bortoletti, representante del Consorcio Vías Cusco y Antonio Carlos Nostre, ex director de contratos de Odebrecht. De parte del Ministerio Público, suscribieron el documento el fiscal José Domingo Pérez y por la Procuraduría Pública Ad Hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez.
Como consta en el cuarto capítulo denominado “antecedentes del acuerdo”, el fiscal anticorrupción Hamilton Castro Trigoso inició el proceso especial de colaboración con los cuatro exdirectivos de Odebrecht: con Barata fue el 21 de noviembre de 2016, fecha en que empezó a dar abundante información sobre los sobornos que apuntaban al expresidente Alejandro Toledo, hoy sentenciado, en el caso Interoceánica Sur, entre otras confesiones. Un mes más tarde, en diciembre, fue el turno de Ricardo Boleira. En febrero de 2017, se inició el proceso de colaboración eficaz con Renato Ribeiro Bartoletti y un mes después con Nostre.
El 4 de enero de 2017, el fiscal Castro firmó con la empresa Odebrecht un “convenio preliminar” del proceso de colaboración eficaz. Desde entonces hasta la firma del acuerdo en febrero de 2019 en el consulado de Perú en Sao Paulo, se recogieron una serie de pruebas y testimonios de exdirectivos en el Perú y en Brasil. Para entonces, como se sabe y lo ha documentado Convoca, Marcelo Odebrecht, quien fue el mandamás de la constructora, junto a más de 70 ejecutivos de la empresa, ya se habían acogido a la delación premiada en Brasil en 2016, tras verse acorralados por los procuradores de ese país que accedieron a la información de la contabilidad paralela y la comunicación interna de la División de Sobornos que creó la empresa con los sistemas Drousys y My Web Day.
En mayo de 2017, el propio Marcelo Odebrecht, en la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde permanecía encarcelado, dio su primera declaración a los fiscales peruanos bajo el sistema de delación premiada y dijo haber recibido el pedido del ex ministro brasileño Antonio Palocci, en representación de Luiz Inácio Lula Da Silvia, de ‘colaborar con la campaña de Ollanta Humala” a mediados del 2010. En esa misma diligencia, confirmó el aporte de Odebrecht para la campaña electoral de Keiko Fujimori y que la política de la constructora era apoyar en las elecciones a todos los partidos. Sin embargo, también señaló que era Barata quien podía probarlo.
El interrogatorio en Curitiba, que estuvo a cargo del fiscal supraprovincial Germán Juárez Atoche y el fiscal superior contra lavado de activos, Rafael Vela, quien asumió la coordinación del equipo especial Lava Jato, contó con el apoyo del procurador brasileño, Orlando Martello, quien fue fundamental para la realización de las diligencias que vinieron después en Curitiba y en Sao Paulo.
Pero las confesiones continuaron en escalada y apuntando a diversos políticos. En noviembre de 2017, los fiscales peruanos volvieron a interrogar a Marcelo Odebrecht, quien reveló esta vez que la constructora había contratado a Pedro Pablo Kuczynski como consultor y confirmó que financió la campaña electoral de Alan García y le pagó por conferencias.
Tres meses después, en febrero de 2018, Barata describió, en la sede de la Procuraduría de Sao Paulo, cómo fue la entrega de 1 millón 200 mil dólares por parte de Odebrecht a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011. En ese escenario, Convoca.pe reveló que el domicilio en San Isidro, señalado por Barata, como el lugar donde entregó en 2010 el primer medio millón de dólares para la campaña de Keiko Fujimori en 2011, pertenecía a la hija de Efraín Goldenberg Schreiber, quien fue premier, canciller y ministro de Economía durante el gobierno de Alberto Fujimori y fue denunciado en 2004 por intentar cobrar tres certificados bancarios de Vladimiro Montesinos en Suiza.
En esa diligencia, Barata también mencionó los aportes de Odebrecht para las campañas electorales de otros cuatro políticos: Kuczynski, Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala. El interrogatorio abrió una nueva etapa del caso Lava Jato en Perú con una pregunta gravitante: ¿Qué políticos habían recibido dinero en sus campañas electorales a cambio de facilitar el acceso a obras públicas millonarias a la constructora Odebrecht luego de que asumieron el poder?
Con ese telón de fondo y una campaña de ataques contra los fiscales a cargo de las investigaciones, la tarde del viernes 15 de febrero de 2019, el Ministerio Público, la Procuraduría Pública Ad Hoc del caso Lava Jato, los cuatro colaboradores exejecutivos de Odebrecht y los abogados de la empresa llegaron a la firma del documento que hoy publicamos.
¿Qué información contiene las más de mil páginas?
El acuerdo de colaboración de Odebrecht detalla desde la página 70 hasta la 848 las pruebas y declaraciones que dieron los colaboradores eficaces, la fuente de la evidencia entregada y la pertinencia de la información para probar los delitos cometidos por decenas de funcionarios públicos en cuatro casos: tramo II y II de la Interoceánica Sur, tramos I y II de la línea 1 del Metro de Lima, Costa Verde y Vía Evitamiento Cusco.
La colaboración eficaz tiene una etapa de delación y otra de corroboración antes de que el Ministerio Público proceda a firmar el acuerdo y la posterior remisión al Poder Judicial para su homologación. En el momento de la firma del acta del acuerdo, la Fiscalía tenía ambas etapas concluidas en esos cuatro casos, como han explicado en diversas oportunidades a la prensa las autoridades que suscribieron el acuerdo.
Silvana Carrión, Procuradora Ad Hoc del Caso Lava Jato, explica a Convoca.pe por qué no se incluyó en el acuerdo de colaboración eficaz el resto de casos en los que aportó información la empresa.
“Se firma con estos cuatro proyectos porque en esa fecha (15 de febrero de 2019) eran los que tenían la carga probatoria más avanzada y sólida”, señala Carrión. “El acuerdo se cierra con esos cuatro casos de colaboración pero con cauce de progresividad para que la empresa pueda seguir entregando información”.
Precisamente, en el capítulo ocho del acuerdo, que señala cuáles son las obligaciones de los colaboradores, se menciona que si se identifican “nuevos hechos con contenido penal”, y anteriores a la fecha de la firma del acuerdo que no fueron informados al Ministerio Público, que conozca Odebrecht o cualquier sociedad de su Grupo Económico, sus funcionarios o ex funcionarios, la compañía “se obliga a presentarlos” a la Fiscalía “con los respectivos datos de corroboración en el plazo de quince días de advertidos internamente” por la empresa.
En el acta se deja constancia que Odebrecht “se encuentra sujeta a una colaboración progresiva y continua”.
Asimismo, se señala que el Ministerio Público podía iniciar las acciones correspondientes incluso si “los nuevos hechos con contenido penal” no provenían de la colaboración de Odebrecht o de información de sus ejecutivos o compañías del grupo empresarial.
Antes de la firma del acuerdo, los colaboradores habían entregado información primaria sobre otros 13 casos, que si se compara con las pruebas que se conoce hasta hoy por las investigaciones y las audiencias de los juicios orales, en su momento no constituían pruebas suficientes para ser incluidos en el acuerdo. Sin embargo, esta información inicial también es reseñada a lo largo de 59 páginas, en el capítulo nueve.
Odebrecht aportó información sobre otros 13 casos
Bajo el título “Descripción de más información proporcionada por los colaboradores para obtener beneficio premial”, el capítulo nueve se refiere a los siguientes 13 casos: Gasoducto, Monteverde, Peñaranda-Alpha Consult, Caso Revocatoria de Susana Villarán, Rutas de Lima, PPK y Westfield Capital, Club de la Construcción, Caso Miguel Atala, Caso Xavier Pérez Giménez (conocido como ‘Sisco’ y quien fue gerente general de la sucursal en Uruguay de la Banca Privada de Andorra), Caso Gabriel Prado Ramos (exfuncionario de la Municipalidad de Lima), Caso Cócteles, Caso Partido Nacionalista Peruano, Caso Financiamiento de Campañas (Partido Aprista, Partido Perú Posible y Alianza por el Gran Cambio).
Sobre el caso Gasoducto el acuerdo de colaboración incluye declaraciones de trabajadores de Odebrecht y también documentación aportada por la empresa, pero no información sobre las planillas secretas. La información de los pagos ocultos fue publicada por Convoca.pe, en junio de 2019, cuatro meses después de la firma del acuerdo. El reportaje formó parte de la serie investigativa “División de Sobornos”, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Convoca.pe reveló que en las planillas de Odebrecht aparecían 17 transferencias por 3 millones de dólares relacionadas al Gasoducto Sur Peruano. Esta información fue corroborada poco tiempo después por Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht en Perú, durante un interrogatorio de los fiscales peruanos en Sao Paulo.
El acuerdo de colaboración recoge información sobre los pagos y movimientos de Jorge Peñaranda Málaga, directivo de la supervisora Alpha Consult, y de su hijo Rómulo Peñaranda Castañeda. Odebrecht entregó el cuadro de pagos que realiza a J Peñaranda S.A., entre diciembre de 2004 y septiembre de 2005, así como un registro de 95 operaciones con el Consorcio Alpha Consult S.A., entre agosto de 2006 y marzo de 2013. También se entregó la relación de los funcionarios que estuvieron a cargo de las concesiones IIRSA Sur tramo 2 y tramo 3 e IIRSA Norte.
Otro caso en el que la empresa aporta información reseñada en 20 páginas del acuerdo es el de Pedro Pablo Kuczynski y Westfield Capital. Odebrecht envía al Ministerio Público para su valoración un cuadro con 80 pagos, entre 2006 y 2013, a favor de First Capital y 7 dirigidas a Westfield, entre 2004 y 2007. Antes de la firma del acuerdo de colaboración, en 2017 Odebrecht informó que pagó 4.8 millones de dólares a dos firmas vinculadas al expresidente, Westfield Capital y First Capital.
Odebrecht también brindó información en el caso del ‘Club de la Construcción’, precisando que este cártel se formó en el segundo semestre de 2012. La empresa presentó el libro de actas de la Junta General de Accionistas entre enero de 2011 y julio de 2014, que contiene información sobre los negocios de la constructora.
En el caso Cócteles, en el que está involucrada Keiko Fujimori, Odebrecht remitió documentación respecto a un correo electrónico que indica la programación de transferencias bancarias a la cuenta de la empresa Construmaq SAC., del empresario Gonzalo Monteverde, en Credicorp Bank Panamá, y la programación de pagos a la offshore Select Engineering Consulting and Service. Hoy se sabe que la ruta del dinero para Keiko Fujimori empieza con las offshores de Odebrecht que transfieren montos a Construmaq SAC y que esta compañía a su vez envía dinero desde Panamá a Jorge Barata con el fin de que este entreguen los aportes a la excandidata presidencial.
En el caso Partido Nacionalista, se incluyen las declaraciones de Barata y otros ejecutivos de Odebrecht que corroboraron lo que ya se conocía por la delación de Marcelo Odebrecht sobre los 3 millones de dólares para la campaña electoral de Ollanta Humala de 2011 y se precisa que las siglas “OH” corresponden al expresidente.
En el acuerdo también se menciona que la empresa cuenta con información sobre otros financiamientos de campañas electorales del Partido Aprista Peruano, Perú Posible y Alianza por el Gran Cambio, que postuló a Pedro Pablo Kuczynski en las elecciones presidenciales de 2011.
En el caso de Alan García, se hace referencia a las declaraciones de Barata respecto a que la empresa aportó 200 mil dólares a través del exministro de Interior Luis Alva Castro para la campaña electoral de 2006. En relación a Alejandro Toledo, se menciona los 700 mil dólares para la campaña política del líder de Perú Posible en 2011. Finalmente, respecto a Kuczynski, Barata indica que la empresa aportó 300 mil dólares para su campaña, a través de Susana de la Puente.
Toda esa información sobre el financiamiento de campañas electorales ya había salido a la luz tras los interrogatorios a Jorge Barata en 2018 y fue publicada ampliamente por Convoca.pe como resultado de coberturas especiales en Brasil.
Odebrecht intentó negociar reparación de tan solo S/297 millones
Uno de los puntos que más debate suscitó tras la firma del acuerdo de colaboración con Odebrecht fue el del monto total establecido como reparación civil. La suma asciende a 610 millones de soles, una cantidad “que solo atañe a los daños producidos por el grupo económico Odebrecht, funcionarios y ex funcionarios en relación a los cuatro proyectos materia del acuerdo”, expresa en la página 1043 de su capítulo once, que dedica más de 115 páginas a justificar el monto de reparación civil en concepto de daños y perjuicios contra el Estado Peruano.
El acuerdo contempla la indemnización sólo por los casos Interoceánica Sur, Metro de Lima, Costa Verde y Vía Evitamiento Cusco.
Como figura en el acuerdo de colaboración, señalado en la página 1037 del capítulo once, para establecer el monto de reparación civil la Procuraduría tomó como base los informes sobre daños patrimoniales realizados por la Contraloría General, según los alcances del Código Civil.
“Posterior a ese trabajo se expidió la Ley 30737 y su reglamento que contienen las disposiciones legales de aplicación obligatoria para el cálculo de la reparación”, apunta el acuerdo. La ley fue debatida y aprobada en el pleno del Congreso y promulgada el 12 de marzo de 2018 bajo el título de “ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado Peruano en casos de corrupción y delitos conexos”.
Establecer el monto de la reparación llevó a varios momentos de tensión entre los procuradores y los representantes de la compañía, entre agosto y diciembre de 2018. Pero finalmente a fines de ese año se logró firmar un pre-acuerdo y que la compañía acepte el pago de los 610 millones de soles, además de la liquidación de los intereses legales acumulados en un cronograma de 15 cuotas, hasta 2034.
“Este monto de reparación civil es un monto legal porque es el resultado de la aplicación de una ley y un reglamento que establecen fórmulas para la determinación de la reparación civil”, explica a Convoca.pe la procuradora Silvana Carrión. “Para las empresas siempre va a ser mucho y para la ciudadanía siempre va a ser poco”.
Una vez firmado el acuerdo, éste fue remitido al Poder Judicial, que comprobó y aprobó los cálculos realizados con las fórmulas aplicadas según la norma.
Sobre el resto de casos que no forman parte del acuerdo, Carrión explica que también se fijará una reparación civil en su momento, bien sea a través de un nuevo acuerdo de colaboración con la empresa o vía judicial en cada uno de los procesos. Lo más probable es que sea lo segundo ya que en estos días la relación con Odebrecht y las instituciones públicas con las que firmó el acuerdo es tensa.
La Procuraduría Ad Hoc para Lava Jato informa que Perú ha recuperado casi 300 millones de soles fruto del acuerdo de colaboración con Odebrecht. Este monto, obtenido en el transcurso de los 5 años desde la firma del acuerdo es mayor a la suma de indemnizaciones logradas por el Estado en casos de corrupción de los años 90, señala.
La cláusula de los arbitrajes
En el mismo apartado de “Justificación de la Reparación Civil”, el acuerdo también contempló una cláusula en el caso de que la empresa demande al Estado frente a un tribunal de arbitraje.
La cláusula 13.16 declara que en el caso de que el Estado deba pagar a la compañía frente a futuros laudos arbitrales, la reparación civil se incrementará en función de los nuevos ingresos que logre la empresa por esa vía. Esto busca un efecto disuasor para que la empresa evite demandar a Perú en este tipo de tribunales e impedir así una mayor pérdida patrimonial al Estado de la que ya ha causado con sus actos ilícitos.
Esta revisión, precisa el Acta Complementaria, se hará con la participación de la procuraduría competente y se tomarán en cuenta los ilícitos reconocidos en el acuerdo y también aquellos que son fruto de la cooperación con la justicia internacional.
Si la empresa y el Estado no lograran llegar a buen puerto después de esta revisión, las pruebas que contiene el acuerdo de colaboración podrían ser usadas por las partes dentro de los procesos arbitrales. Incluir esa cláusula, así como establecer el monto de la reparación civil, fue otro de los momentos tensos en el proceso de negociación con Odebrecht.
¿Para qué sirvió el acuerdo?
A cinco años de la firma del acta del acuerdo con la constructora brasileña, ya existe un expresidente sentenciado al amparo de la carga probatoria precisamente de este documento: el expresidente Alejandro Toledo fue condenado el pasado 21 de octubre a 20 años y 6 meses de prisión por sobornos y colusión en el caso de Interoceánica Sur. Convoca.pe fue el primer medio que reveló en 2015 los rastros de los pagos de sobornos que involucraban al ex mandatario en el tramo 4 de este megaproyecto que fue ejecutado por el consorcio liderado por Camargo Correa, otra constructora investigada en la operación Lava Jato.
Antes de la condena a Toledo, el 27 de junio de 2024 se dio la sentencia del caso conocido como “Bonos Soberanos”, una trama corrupta con la que el Gobierno Regional del Cusco emitió 177 millones de soles en bonos soberanos para pagar la deuda que mantenía con Odebrecht por la Vía de Evitamiento.
Hasta el momento, el Ministerio Público ha realizado 22 requerimientos acusatorios y nueve casos se encuentran en juicio oral. En el primer semestre del próximo año se espera además la sentencia por el caso Metro de Lima. Hasta el último 10 de diciembre, mil 123 personas y 104 compañías aparecen como investigadas por el caso Lava Jato.
Lo que hoy publicamos en Convoca.pe es el primer acuerdo de colaboración eficaz que firma el Estado peruano con una empresa. Desde ahora la ciudadanía podrá evaluar qué pudo haberse hecho mejor o no. Pero de lo que no existe duda, es que el Perú fue un escenario crucial de este entramado de corrupción donde, a pesar de las evidencias, hoy diversos representantes del poder político y corporativo que protagonizan esta historia siguen tejiendo sus redes de impunidad.
Fuente: Convoca.pe
Odebrecht causó S/1318 millones en daños patrimoniales al Estado en cuatro obras, según Contraloría
Obras
Interoceánica
Daños Patrimoniales S/699’182,516.76
Reparación Civil S/443’510,140
Metro de Lima
Daños Patrimoniales S/505’823,590.43
Reparación Civil S/132’337,653
Vía Evitamiento Cusco
Daños Patrimoniales S/71’615,251.67
Reparación Civil S/12’495,977
Costa Verde Callao
Daños Patrimoniales S/41’458,304.05
Reparación Civil S/21’440,288
TOTAL Daños Patrimoniales S/1,318’079,662.91
Reparación Civil S/609’784,058
Fuente: Contraloría General de la República.
Mariano González suscribió contrato ficticio con Odebrecht por 77 mil soles
Esto se dio a conocer luego de que Phillip Butters obtuvo el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa corrupta.
‘Combutters’ puso al descubierto el contrato ficticio que firmó el exministro de PPK y Pedro Castillo, Mariano González, con Odebrecht por el valor de S/77,777.77.
Esto se dio a conocer luego de que la Fiscalía le entregara el acuerdo de colaboración eficaz que suscribieron con la empresa corrupta tras el fallo a favor del Tribunal Constitucional (TC).
El contrato ficticio que firmó el también conocido ‘ministro del amor’ fue para poner en marcha la Vía Expresa del Cusco.
“Para ello, los hermanos Campusano Dulanto habrían solicitado una contraprestación económica entre el 0.4% y 0.6% del valor total de los Bonos Soberanos, pagos los mismos que se efectivizarían mediante la firma de contratos ficticios, por asesorías legales que firmarían los abogados Héctor Ismael Gutiérrez Quispe, Gustavo Adolfo Montecinos Atao y Cosme Mariano González Fernández con la empresa Odebrecht”, dictó el documento.
En la misiva también quedó registrado que, luego de lo celebrado, el Estado traspaso S/295’856,503.00 al Gobierno Regional del Cusco en el año 2014.
Aportes de Mariano González
Por esto, González Fernández recibió S/77,777.77 y al día siguiente aportó S/69,000.00 a la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) para elecciones de 2016.
“Finalmente, el traspaso de recursos a favor del Gobierno Regional del Cusco se realizó con fecha 30 de junio del año 2014 por el valor de S/295’856,503.00. Por último, Cosme Mariano González Fernández al día siguiente de haber recibido la suma de S/77,777.77 soles, realizó un aporte de S/69.000.00 a la campaña de Pedro Pablo Kuczynski para las elecciones del 2016”, señalaron.
Ante lo evidenciado, Butters cuestionó que a pesar de lo evidenciado, el Ministerio Público no le haya realizado una imputación.
“A mí me extraña que después de esto, él no esté encausado. Esto tiene que ser imputado. Si tú prestas tu nombre por un contrato ficticio”, sentenció.
Fuente: Willax.tv