Por Uri Landman– www.altavoz.pe
La semana pasada la ONG de izquierda, Amnistía Internacional, presentó su informe en el cual afirmaba que la presidenta Dina Boluarte podría ser investigada como autora mediata de graves violaciones de los derechos humanos.
En la conferencia de prensa que esta ONG dio la semana pasada, su representante alertó que después de haber analizado las actas del Consejo de Ministros durante los meses de las “marchas de protesta” a fines del año 2022 y principios del 2023, encontraron que “Boluarte no tomó la oportunidad para ordenar un cambio de tácticas real durante todo ese tiempo”.
Según el “informe” de Amnistía Internacional, los mandos militares dieron directivas con consecuencias fatales, ya que ordenaron disparar contra personas indefensas. El informe detalla que en los planes operativos de la policía existieron dos hechos claros que propiciaron la comisión de crímenes de lesa humanidad. El primero fue el “terruqueo” en contra de los manifestantes y el segundo la permisividad para el uso de la fuerza letal.
Es necesario expresar mi indignación y repudio ante un “pseudo-informe” plagado de mentiras y arbitrariedades, sin embargo no nos debe llamar la atención viviendo de una ONG de izquierda que está más preocupada por los derechos humanos de terroristas que de la sociedad civil. Amnistía Internacional no es un tribunal de justicia internacional, es una de las tantas ONG que se cree dueña de la verdad y de la moral y que actúa de acuerdo a sus intereses políticos e inclinaciones ideológicas.
No es necesario hacer un recuento de todo lo sucedido en esos meses. Basta decir que las fuerzas armadas y policiales, se enfrentaron ante un ataque organizado de grupos violentos y armados, que quisieron tomar instalaciones estratégicas como aeropuertos, comisarias, locales del Ministerio Público, del Poder Judicial etc. y que tuvieron que ser repelidos a la fuerza, ante la violencia de sus ataques. Los “manifestantes” tenían la clara intención de subvertir el orden democrático a través del terror y la violencia. Sabemos que la persona que coge una piedra o una bomba molotov y la lanza contra la policía, inmediatamente deja de ser un “manifestante” y se convierte en un terrorista.
Los ciudadanos de bien fuimos testigos del asesinato del policía José Luis Soncco quien fue quemado dentro de su vehículo policial. También vimos como seis soldados del ejército peruano murieron ahogados al tratar de escapar de una turba de delincuentes que los atacaba con piedras. Hemos visto a cientos de “manifestantes” destruir la propiedad pública y privada, incendiando locales y arrasando con todo lo que tenían a su paso. Ante estos ataques terroristas, las fuerzas del orden cumplieron con su deber: proteger la vida y la propiedad, hecho por el cual estamos agradecidos.
El día de hoy, un grupo de oportunistas quiere volver a sembrar el caos y posiblemente la violencia en nuestro país, próximo a las Fiestas Patrias. La ex aliada de Humala, ex aliada de PPK, ex aliada y socia de Castillo, Verónika Mendoza, ha llamado a la insurgencia popular, cometiendo un delito en mi opinión.
En un mitin realizado la semana pasada en Cusco, Mendoza hizo un llamado a la insurgencia ciudadana ante el gobierno al que llamó usurpador, además de anunciar que se uniría a las movilizaciones convocadas para 28 de julio.
Tenemos que recordarle a esta oportunista de la política peruana, que ella apoyó abiertamente al corrupto de Pedro Castillo. Inclusive tuvo su cuota de poder en el gobierno al recibir varios ministerios para su partido Juntos por el Perú. Una vez que cayó el delincuente Pedro Castillo, esta vez por golpista y ella perdió su cuota de poder, se pasó a la oposición de Dina Boluarte, de quien antes había sido aliada.
El otro oportunista, es el vacado e inhabilitado ex presidente Martín Vizcarra. Hemos visto a Vizcarra colarse a la marcha de la CGTP la semana pasada y pretender adueñarse de la convocatoria y liderazgo de la misma. Los dirigentes de la CGTP deberían sentir vergüenza de tener a su lado a una persona tan nefasta para nuestro país. Vizcarra es el responsable de la muerte de más de doscientos mil peruanos por Covid, ubicando al Perú como el peor país del mundo en el manejo de la pandemia.
Vizcarra nos mintió a todos los peruanos vacunándose a escondidas, mientras miles de médicos morían por no tener acceso a las vacunas. Vizcarra compró pruebas rápidas cuando los organismos internacionales de salud no recomendaban su uso. Vizcarra y su ex ministro de salud Zamora, dejaron morir a miles de peruanos por falta de oxígeno, al no querer aceptar la ayuda de empresas privadas quienes ofrecían dicho insumo. Además de todo lo anterior, Vizcarra está involucrado en una larguísima lista de procesos penales por corrupción, desde que era presidente regional en Moquegua, ministro de transportes de PPK y finalmente presidente del país.
Estamos a pocos días de festejar un nuevo aniversario de nuestra independencia como país, los invito a reflexionar conmigo y preguntarnos: ¿Qué país queremos para nuestros hijos?
Para ello, les dejo dos frases de personajes muy disímiles pero que están relacionadas. Javier Milei, presidente de Argentina dijo: ”Los políticos no son la solución, son el problema” mientras que Albert Einstein dijo: “Es una locura hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes”.
Unión Europea petardea democracia peruana
Página web de Coordinadora Nacional de Derechos Humanos deja al descubierto a una de sus principales financistas
Por Fabrizio Salas– Diario EXPRESO.
La delegación de la Unión Europea en Perú sacó un comunicado quitando veracidad a las versiones que apuntan que la entidad geopolítica financia a otros organismos que incitan al paro y a la protesta continua.
“La cooperación de la Unión Europea se basa en valores compartidos con el Perú y se lleva a cabo con total transparencia, de acuerdo con el marco normativo peruano”, se lee en una publicación oficial.
Sin embargo, al ingresar a la PÁGINA WEB de la denominada Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), se describe que sus últimos años de trabajo se “han llevado adelante gracias al apoyo (financiero) de los organismos de cooperación“, entre los cuales figura la Unión Europea.
Vale recordar que esta asociación “defensora de derechos humanos” participó y fue una de las impulsoras, junto a la CGTP, del desapercibido paro nacional convocado para el último viernes 19 de julio, que tuvo como finalidad “defender a la ciudadanía de las políticas que aplican el Gobierno y el Congreso“. Estas marchas proseguirían en Fiestas Patrias.
Recientemente, el canciller Javier González-Olaechea adelantó que una misión en la Unión Europea, en Bruselas (Bélgica) viene desarrollando un estudio para corroborar a los posibles financistas de las marchas y otros llamados a la insurgencia ciudadana. Condenando dicha acción, descalificó que ese ese dinero sea utilizado para “petardear la democracia”.