No procedería denuncia contra mandataria, señala excanciller Luis Gonzales Posada
Asegura que primero tendrían que agotarse las investigaciones internas en Perú.
Por Ricardo Reyes O.– Diario EXPRESO.
El exministro de Relaciones Exteriores, Luis Gonzales Posada, señaló que no procedería la denuncia que la Federación Internacional por los Derechos Humanos y la Asociación Pro Derechos Humanos presentaron contra la presidenta Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional, por el asesinato de 49 personas en las protestas de fines de 2022 y febrero de 2023.
“Desde mi punto de vista, esta denuncia no procedería porque hay que agotar los procedimientos internos y, hasta donde yo conozco, el Ministerio Público está desarrollando las investigaciones desde hace buen tiempo sobre esas muertes para determinar quiénes son los responsables, qué órdenes recibieron y quiénes fueron los instigadores. Fue un tiempo de extrema violencia en el Perú”, comentó.
“Solo procedería una vez que se hayan agotado las investigaciones internas en el Perú. Creo que hay una carga política evidente”, agregó.
Por su parte, la exministra de Justicia, Delia Muñoz, opinó: “Lo que han realizado Aprodeh y FIDH es presentar información a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Ello no significa que se está generando una denuncia de forma automática contra la presidenta Boluarte”.
“La CPI regula que solo pueden presentar una denuncia directamente un Estado, el Consejo de Seguridad o la Fiscalía”, señaló.
El abogado penalista Julio Rodríguez también dio su opinión sobre el tema de la denuncia en contra de la presidenta Boluarte.
“Estamos ante una decisión política, mas no jurídica. Creo que no debería proceder la denuncia. El presidente de la República es irresponsable de estos actos. En las decisiones del gobierno los que responden son los ministros. Acá no hubo protestas, sino actos vandálicos de terrorismo”, explicó.
Diviac adquirió irregularmente un equipo de chuponeo inservible por S/1 millón 200 mil
No se sabe si este equipo fue internado en Aduanas o dónde se encuentra.
Un informe del diario Expreso evidenció que, en el año 2019, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía pidió una asignación de fondos, durante la gestión de Carlos Morán como ministro del Interior, para comprar diversos equipos, uno de ellos un dispositivo de interceptación telefónica y chuponeo, pero cuya adquisición, por un millón 200 mil soles, se hizo de manera irregular en México.
Para una compra de este tipo de dispositivos, que es un proceso de compra militar, se tiene que pasar por un proceso que se encuentra regulado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que debe autorizar y viabilizar la adquisición.
Sin embargo, la Diviac fue temerariamente a México y compró un equipo Septier, para luego traerlo al Perú e ingresarlo de manera irregular. Una vez en el país, el dispositivo fue conectado y la unidad policial se dio cuenta de que el equipo no funcionaba porque la tecnología era distinta.
Los jefes de la Diviac no sabían qué hacer y dieron aviso a Morán. Es en ese momento que comenzaron a buscar una salida al tremendo problema en el que estaban inmiscuidos. Preguntaron qué oficial dentro de la Policía era experto en compras militares y esa capacidad la tenía el comandante PNP Godofredo Pérez Díaz, a quien convocaron a una reunión el 18 de noviembre de 2019, para que les diga cómo pueden solucionar el impasse, a lo que el comandante les dijo que la única forma era que se trate de homologar el equipo; es decir, nacionalizarlo y devolverlo a México para que lo cambien y traigan un equipo que funcione.
Así, se establece una reunión de un grupo técnico en el que participa el comandante PNP Godofredo Pérez, además de representantes del MTC y de Aduanas, para ver la viabilización de los planes propuestos para salvar la mala adquisición del equipo por parte de la Diviac.
Sin embargo, se supo que el representante del MTC dijo que ellos no pueden homologar algo que había sido traído de contrabando; mientras que el de Aduanas expresó lo mismo, más aún cuando el equipo que trajeron no sirve para interceptación telefónica, sino que es un localizador de celular.
Por ello, de acuerdo al oficio Nº6013-2019-MTC/27.02, se solicitó al Superintendente Nacional de Aduanas, el permiso de internamiento definitivo del equipo en desuso. Sin embargo, no se sabe si este equipo, que costó un millón y 200 mil soles, finalmente fue internado o dónde se encuentra.
Fuente: Diario Altavoz.pe