Keiko Fujimori afrontará juicio oral en libertad, tras el rechazo de prisión preventiva
Juez Víctor Zúñiga descartó que lideresa de Fuerza Popular haya incumplido regla de conducta al viajar a Estados Unidos el último 25 de mayo.
Un verdadero papelón hizo José Domingo Pérez en su intento de ver detenida a Keiko Fujimori. El Poder Judicial rechazó el requerimiento del representante del Ministerio Público de revocar la comparecencia con restricciones e imponer la prisión preventiva a la lideresa de Fuerza Popular, quien está acusada del delito de lavado de activos en el Caso Cócteles.
En la sustentación de su pedido, Pérez señaló que hubo un incumplimiento de la regla de conducta en el viaje de Fujimori Higuchi a California (Estados Unidos) e indicó que tampoco la acusada pidió permiso a las autoridades judiciales para emprender dicho viaje.
A su turno, la abogada de Fujimori, Giulliana Loza, sostuvo que su defendida “no quebró ninguna regla de conducta”, ya que la orden de pedir permiso para salir de Lima ya no estaba vigente al momento del viaje.
“Siempre ha estado sujeta y presta a presentarse como siempre lo viene haciendo ante las autoridades. Desde allí, la tesis del Ministerio Público se cae por sí sola (…) La señora Fujimori no ha quebrado ninguna regla de conducta de este caso”, añadió Loza.
El juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga, resolvió que Fujimori no tenía la obligación de solicitar autorización judicial para viajar a Estados Unidos el 25 de mayo pasado.
Explicó que una sala del Poder Judicial revocó el impedimento de salida del país para Fujimori.
La Sala determinó que la comparecencia con restricciones es “suficiente para contrarrestar cualquier riesgo de fuga, toda vez que su libertad ambulatoria se encuentra restringida parcialmente al habérseles impuesto la obligación de no variar su domicilio ubicado en autos sin previa autorización por escrito al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria”.
Fuente: Diario Ahora.com.pe
¡INTERFERENCIA! Embajadas de 16 países cuestionan ley para que las ONG transparenten los fondos que reciben del exterior
Iniciativa que fortalece la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) fue aprobada, hace unos días, en la Comisión de Relación de Exteriores del Congreso.
Por intermedio de un comunicado, 16 embajadas de diversos países en el Perú expresaron su preocupación sobre la modificación a la Ley 27692, Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), que permitirá que las ONG transparenten los fondos que reciben del exterior.
Esta iniciativa fue aprobada, hace unos días, en la Comisión de Relación de Exteriores del Congreso, que es presidida por el parlamentario Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular).
El comunicado que rechaza la propuesta fue compartido y respaldado por las embajadas de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea.
“Como socios de cooperación del Perú, nos preocupan las enmiendas propuestas a la ley de creación de la APCI que restringirían la capacidad de la sociedad civil para operar en un entorno propicio. Las democracias son más inclusivas, equitativas, estables, y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger los derechos humanos y responder a las necesidades de los ciudadanos”, se lee en el documento.
Recordemos que la Comisión de Relaciones Exteriores señaló que la cooperación internacional es valiosa para el Perú, especialmente, la humanitaria y de promoción del desarrollo sostenible; sin embargo, alertó que existen vacíos legales en la Ley 27692, Ley de creación de la APCI, que no ayudan a la supervisión de las organizaciones beneficiarias como las ONG.
“Lo único que persigue esta ley es transparencia y darle la garantía a la APCI que sus recursos son bien utilizados”, detalló Aguinaga.
Además, introduce la figura de organizaciones o entidades que realicen activismo político, con lo que se busca que las entidades competentes fiscalicen a las organizaciones con financiamiento extranjero que podrían estar teniendo influencia política en el Perú en menoscabo de su orden interno y defensa nacional.
Fuente: Diario Altavoz.pe
“Queremos transparencia”
En RPP, el congresista Alejandro Aguinaga dijo que se busca transparencia en el financiamiento recibido a través de la cooperación internacional. También señaló que hay oenegés que realizan “activismo político”
Por Sergio Espinoza– Radio Programas del Perú.
El congresista y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), defendió el dictamen aprobado por su grupo de trabajo, el cual propone modificar la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para supervisar el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Recientemente, las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido y de los países de la delegación de la Unión Europea expresaron su preocupación por la aprobación del dictamen de los proyectos de ley 6162, 7140 y otros que proponen modificar la Ley 27692, referida a la creación de APCI.
Y es que la Comisión de Relaciones Exteriores justifica el dictamen, aprobado el pasado 5 de junio, señalando que existen “vacíos legales” en la mencionada normativa, que “no ayudan a la supervisión de las organizaciones beneficiarias” como las oenegés.
También se busca que las entidades competentes fiscalicen a las entidades con financiamiento extranjero que podrían estar realizando “influencia política en el Perú en menoscabo de su orden interno y defensa nacional”.
Las embajadas y las delegaciones internacionales señalaron que estas enmiendas propuestas por este grupo de trabajo restringirían la capacidad de la sociedad civil para “operar en un entorno propicio”.
Alejandro Aguinaga insiste en que se busca “transparencia”
Poco después del pronunciamiento de la comunidad internacional, el legislador fujimorista Alejandro Aguinaga dijo en RPP que este proyecto busca transparentar el dinero que ingresa al país a través de la cooperación internacional.
A modo de ejemplo, señaló que hay casos de oenegés que se registran para “actividades de desarrollo”, pero que al final terminan realizando “activismo político”.
También dijo que la normativa se sustenta en otras que rigen en el extranjero, como Estados Unidos, con su Ley FARA que “exige que los agentes de mandantes extranjeros, que participan en actividades políticas, divulguen públicamente su relación con el mandante extranjero”.
“Si un proyecto viene para ambientalismo, no puede usarse o desviarse hacia fines políticos, que es lo que ha venido aconteciendo en el país. Los modelos democráticos buscan la transparencia de los recursos provenientes de entidades extranjeras, a fin de salvaguardar posibles amenazas”, declaró en La Rotativa del Aire.
“Hemos visto que [hay oenegés que] se inscriben para temas de desarrollo, pero comienzan a hacer activismo antiminero y paralizan al país, y causan un detrimento económico”, agregó.
Asimismo, el congresista fujimorista se refirió a las declaraciones del presidente de la Asociación Civil Transparencia, Álvaro Henzler, quien dijo previamente que el proyecto “no tiene sustento” y solo busca “un control político discrecional”. Al respecto, dijo: “Yo creo que lo malinterpreta”.
Fiscal lagarta bailotea en la Fiscalía con Juan Carlos Villena
Primero hay que festejar con el pretexto del Día del Padre.
Quieren incendiar el país con comunicados que se los redactan, de seguro, los caviares. “Vivimos en una dictadura”, lloriquean. “No hay democracia”. Este libreto les ponen los comisarios políticos a los fiscales supremos.
Pero como la vida debe continuar, afirman, primero hay que festejar con el pretexto del Día del Padre, beber, hay que bailotear, como lo hace la lagarta Zoraida Ávalos, aplaudida a rabiar por Juan Carlos Villena, que ahora ensaya su faceta levantisca. A ver pues. Queremos verte en la calle, en las movilizaciones.
¿Mensos en la Fiscalía?
Hay que ser bien mensos para hacer comunicados como el que ensaya la Fiscalía, sobre el proyecto de lesa humanidad del Congreso, en respuesta al proyecto de ley N°6951/2023-CR con argumentos oenegeros de la imprescriptibilidad y la supuesta impunidad que generarían ante las “víctimas” los delitos contra la humanidad y crímenes de guerra.
Bla,bla,bla…
De aplicarse la iniciativa legislativa de los congresistas Fernando Rospigliosi y José Cueto, según los fiscales, se caerían unos 600 casos como los de Chuschi, El Frontón, Huanta 84, Barrios Altos, Huancapi y un largo etcétera cuyos familiares tienen el “derecho de conocer la verdad”. Pura retórica, puro bla, bla, bla.
Burócratas del martirio
El problema es más sencillo de lo que creen los lombrosianos y burócratas del martirio que medran tanto en el Ministerio Público como el Poder Judicial. Y tiene que ver con la inviabilidad de aplicación retroactiva de la figura de la acción penal de los crímenes contra la humanidad que, para efectos peruanos, rige recién desde 1 de julio de 2002.
¿Qué no entienden?
¿No saben que el Perú ratificó el Estatuto de Roma, referido a lesa humanidad y crímenes de guerra, el 10 de noviembre de 2001? ¿No entienden que dicho instrumento convencional entró en vigencia en el Perú recién el 1 de julio de 2002 ante los fueros de la Corte Penal Internacional?
Irretroactividad
Además, antes que el Perú firme ser país signatario de la Corte Penal Internacional estableció reservas explícitas sobre la no retroactividad de la figura de la lesa humanidad, esto en consonancia con el artículo 24 del tratado y también del mismo Pacto de San José.
Ratione personae
El Artículo 24° sobre “Irretroactividad ratione personae” del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece con claridad lo que sigue: “1. Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor”. Reiteramos, como lo hace nuestro columnista Ricardo León: La Corte Penal Internacional fue creada a través del Estatuto de Roma, tratado adoptado el 17 de julio de 1998 y entró en vigor para el Perú desde el 1 de julio de 2002.
Abandonaron a los militares
¿Por qué en el Perú se ha permitido que se aplique la figura de la lesa humanidad sin que figure en nuestra legislación penal? Por el avasallamiento político en la era post Fujimori y por la dictadura mediática al servicio de la caviarada. Y también por cobardía de la clase política que envió a los militares a la guerra antisubversiva y luego los abandonaron. Y también por activismo, esnobismo e ideologismo de jueces y fiscales.
“Políticamente correctos”
Las circunstancias actuales son otras. Incluso en el mundo. La dictadura mediática se corroe o se resquebraja y hay una nueva conciencia de gente como Fernando Rospigliosi y José Cueto que han tenido la valentía de enfrentarse contra toda la idiotez políticamente correcta, que, como vemos, ha infestado a toda la Fiscalía.
Majadería de la Corte IDH
Además, estos casos, que han sido y son miles, ha sido un gran modus vivendi para las ONG que se desviven porque el negocio se les va como agua entre los dedos. Y sacan figuras retorcidas que tratan de contravenir al mismo tratado de Roma y el tema de la retroactividad penal. Por eso es que en tiempo récord, en 24 horas, la madre del negocio, la Corte IDH, tramita la majadería de medidas provisionales contra el proyecto de ley del Congreso sobre el tema que nos ocupa.
Ya tienen sentencia
¿No es que ese tipo de medidas, como trata de explicar Caro Coria, se tramitan o tramitaron en el proceso de supervisión de lo resuelto en los casos Barrios Altos y La Cantuta? “Ninguna de estas sentencias ordena supervisiones o seguimientos sobres leyes que pueda promulgar Perú 23 o 18 años después, respectivamente, y menos cuando los procesos penales por dichos casos ya están sentenciados en el fuero interno”.
Todo es revisable
Como bien dice dicho letrado y el Congreso en mayoría clara, no haya nada que supervisar, señores de la tremenda corte de San José de Costa Rica. Váyanse a la mismísima. La imprescriptibilidad se mantiene, pero para delitos posteriores a la firma del tratado de Roma. Y punto. Todo lo demás es revisable.
Su mala conciencia
Y de esa forma se habrá salvado una etapa negra de la vida republicana en que los mismos partidos políticos deberán lavar su mala conciencia de por qué abanderan a su suerte a los militares que dieron hasta su vida por defender a la sociedad de las armas de los genocidas de Sendero Luminoso y del MRTA.
¿Qué hubo excesos? Claro. No hay guerra que no los tenga. Y hasta está cuantificado en alrededor de un 30% de las decisiones.
Fuente: Diario EXPRESO.
EL ESTATUTO DE ROMA Y LOS CRÍMENES DE “LESA HUMANIDAD”
Por Uri Landman– LaAbeja.pe
La semana pasada, el Congreso aprobó por mayoría en primera votación, el proyecto de ley 6951, mal llamado “Ley de Amnistía”, mediante el cual se busca precisar la aplicación de los alcances, respecto a los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Según sus detractores, la norma ha sido concebida como una nueva “ley de amnistía”, que plantea eximir de responsabilidad a policías y militares, procesados por delitos de violación de los derechos humanos, cuyos procesos han sido concebidos por la Fiscalía, como crímenes de lesa humanidad. En mi opinión, estas declaraciones alarmistas de los pseudo-defensores de los derechos humanos a los que ya estamos acostumbrados, carecen de sustento técnico y solamente se basan en su agenda ideológica en contra de las fuerzas armadas que derrotaron al terrorismo.
El proyecto de ley precisa, la aplicación y los alcances que tiene el delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana, considerando que entró en vigor en el Perú el 1 de Julio del año 2002, según el artículo 128 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Se precisa que no se puede aplicar el Estatuto de Roma, a los delitos de lesa humanidad, que hayan sido cometidos en nuestro país antes de esa fecha; en vista que nuestro código penal dispone que todos los delitos prescriben a los 20 años de haber sido cometidos. Además, se estaría vulnerando el principio de irretroactividad de la ley penal consagrado en la Constitución. Dicho de otro modo, nadie puede ser juzgado o procesado por un delito, si al momento de cometerlo no estaba tipificado en el Código Penal, como es el caso de los delitos de “lesa humanidad” y “crímenes de guerra”, antes del 1 de julio del año 2002.
Esta norma aplicaría en todos los casos en donde la fiscalía haya utilizado la figura de lesa humanidad para evitar la prescripción de los delitos. Es precisamente en esta interpretación del Ministerio Público donde se inicia el abuso de la ley y la persecución en contra de los miembros de las fuerzas armadas.
Según la fiscalía, casi cualquier delito cometido por miembros de las fuerzas armadas en la lucha contra el terrorismo, es un crimen de lesa humidad. Con este argumento, pueden perseguir a los autores de por vida, en vista que estos crímenes no prescriben según el Estatuto de Roma.
Recordemos que nuestro país sufrió la insania terrorista de Sendero Luminoso y del MRTA durante los ochenta y noventa. Fue solamente por la valentía de nuestras fuerzas armadas que pudimos derrotar a las hordas asesinas que tenían asediado el país.
La narrativa que han querido construir los comunistas y caviares a lo largo de los últimos 20 años, es que en el Perú vivimos un conflicto armado interno o una guerra de baja intensidad, en donde se enfrentaron dos bandos: los terroristas y las fuerzas armadas, y que las últimas respondían a una política de estado de aniquilamiento y violaciones sistemáticas de los derechos humanos de la población civil. Lo cual, es totalmente falso.
En los casos donde se cometieron abusos por parte de las fuerzas armadas que fueron aislados y puntuales, se juzgó y sentenció a la mayoría de los involucrados. Pero no se puede decir que existió una política de estado en contra de la población civil, que buscada aniquilar poblaciones andinas o quechua hablantes. Esta es una falsa narrativa de los comunistas que nunca les perdonaron a las fuerzas armadas el haber capturado a la mayoría de asesinos y derrotado al terrorismo.
Desde esta columna pregunto: ¿acaso el Ministerio Público y los pseudo-defensores de los derechos humanos, persiguen con la misma tenacidad a todos aquellos terroristas que lograron escapar del país y que hoy en día viven cómodamente en Bolivia, Argentina o en Europa?, ¿A ellos también los persiguen argumentando la imprescriptibilidad de sus delitos, que si fueron de lesa humanidad?
Hay un dicho que dice que aquel pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla, lo cual es muy cierto. Tenemos la obligación de enseñar en los colegios y universidades sobre el terrorismo asesino de Sendero Luminoso y el MRTA, para que las nuevas generaciones sepan la verdad y no se dejen engañar por aquellos que pregonan su ideología.
Pero también tenemos la obligación de recordar y honrar a los valerosos héroes de nuestras fuerzas armadas que dieron sus vidas para defendernos de los delincuentes terroristas.
Subcomisión admite a trámite denuncia constitucional contra el presidente de JNE
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que preside Lady Camones Soriano (APP), aprobó por mayoría, el informe de calificación que declara admitir a trámite la Denuncia Constitucional 352 seguida contra el titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas.
Fueron 12 votos a favor, 8 votos en contra y 2 abstenciones.
A Salas Arenas se le acusa de haber contratado irregularmente, en el JNE, a Fernando Tuesta Soldevilla como consultor y designar también, irregularmente, a Vicente Sánchez Villanueva, en reemplazo de Jorge Ramírez Vélez, como accesitario en representación de las facultades de Derecho de las universidades privadas.
El informe de calificación concluyó admitir a trámite, por procedente, el extremo de posible autor del delito contra la administración pública, delito cometido por funcionarios públicos en la modalidad de colusión agravada; e improcedente en el extremo de la acusación que se refiere al nombramiento, designación, contratación, encargatura o aceptación ilegal de cargo.
La denuncia fue presentada por la congresista Roselli Amuruz Dulanto (Avanza País).
Fuente: Congreso de la República.