Descoordinaciones en el Ministerio Público y una jueza que se enreda en sus decisiones permiten que una condena contra el expresidente, acusado de cobrar S/2.3 millones en coimas cuando era gobernador de Moquegua, demore. El fiscal Germán Juárez pedirá la nulidad del inicio del juicio porque no se ha incluido el delito de colusión, con el que Vizcarra podría ir 25 años a la cárcel.

Por ALVARO REYES QUINTEROS– Diario Perú21.
Sentado cómodamente sobre un diván, vistiendo ropa deportiva, Martín Vizcarra saluda una vez más a su medio millón de seguidores desde Tiktok. Es 1 de mayo, Día del Trabajo, y sus felicitaciones están dirigidas a los peruanos que “salen adelante”. En otro video, el expresidente, muy sonriente, presenta a su mascota Morita; en otro, comenta de sus viajes por el país; y en otra publicación se le ve caminando por asentamientos humanos en San Juan de Miraflores, hablando con los vecinos, cual candidato en campaña política.
Así, el exmandatario les muestra a todos que, pese a ser sindicado de cobrar millonarias coimas, estar inhabilitado para ocupar cargos públicos por 10 años y tener a la justicia respirándole en la nuca, es posible buscar votos y vivir sin preocupaciones.
Lo tiene sin cuidado que el fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato, haya presentado una acusación en su contra en diciembre de 2022. Por eso, aún celebra.
Fiscal Germán Juárez. (GEC)
Al exgobernante se le imputa haber recibido S/2.3 millones en sobornos de las empresas Obrainsa e ICCGSA, que se adjudicaron dos obras cuando este era presidente regional de Moquegua, entre 2011 y 2014.
Solo meses después de interpuesta la acusación fiscal, en mayo de 2023, el exjefe de Estado anunciaba la inscripción de su partido Perú Primero. Sus aspiraciones políticas no encontraban techo ni límites al momento de cruzar la línea de la justicia, como ocurrió en el Cusco, en febrero de 2022, cuando se le sorprendió con Zully Pinchi.
La Fiscalía quiere conseguir la condena contra Martín Vizcarra, aunque hay procedimientos que se deben cumplir.
El inicio del juicio oral contra el expresidente ordenado el último viernes por la jueza Margarita Salcedo parecía ponerle fin al jolgorio tiktokero. Pero no será así.
Es más, hasta el propio fiscal Juárez —según fuentes consultadas por Perú21— quedó sorprendido con la decisión de la magistrada: ha ignorado el pedido para incluir el delito de colusión en la acusación, lo cual podría generar nulidades.
Acusación ampliatoria presentada por el fiscal Germán Juárez.
Salcedo, de esta forma, ha contribuido para encaminar el proceso a ese desenlace. Sin embargo, desde el lado de la Fiscalía, la falta de coordinación también ha sumado para provocar un impasse legal.

Discrepancias fiscales

El último 19 de abril, el fiscal Germán Juárez solicitó a la jueza del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria que amplíe la acusación contra Martín Vizcarra.
Hasta esa fecha, el proceso penal era solo por el cobro de coimas (cohecho) y ahora Juárez requería que se incluya el delito de colusión.
Disposición de la fiscal Elssie Garavito que ordena imputar delito de colusión contra Martín Vizcarra.
Con esto, la estimación de la pena contra el exmandatario se eleva a 25 años de prisión, ya que por cohecho se proyecta una condena de 15 años y por colusión de 10 años.
No obstante, en su pedido, el fiscal dejaba en claro que se trataba de una orden, emitida en diciembre de 2023, de la coordinadora del equipo especial Lava Jato, la fiscal Elssie Garavito Changa. Él solo acataba la disposición jerárquica.
El Código Penal estipula que, por cometer colusión simple, la pena máxima es de seis años de cárcel. Por tanto, la vigencia del delito se venció en 2019. Ese criterio consideró Juárez para no incorporar el delito inicialmente.
Pero la fiscal Garavito concluyó que, debido a que el acto fue cometido por un funcionario público, la pena se duplica. En conclusión, llegaría a 12 años de prisión, por lo que recién prescribiría en 2025.
Esta discrepancia sucedió mientras el fiscal Rafael Vela, el coordinador titular del equipo especial, estaba suspendido de sus funciones por orden de la Autoridad Nacional de Control (ANC).
Incluir el delito de colusión, en realidad, no cambia el relato de los hechos.
Acusación contra Vizcarra por el delito de cohecho (cobro de coimas)
Acusación contra Vizcarra por el delito de colusión.
Según la acusación, Vizcarra Cornejo se coludió con Elard Tejeda Moscoso, representante de Obrainsa, para cobrar a la empresa S/1 millón ilícitos a cambio de detallarle el monto límite que podían proponer para ganar la licitación del proyecto de irrigación Lomas de Ilo. Si bien la convocatoria estaba a cargo de Naciones Unidas, a través de la Unops, el Gobierno Regional de Moquegua manejaba detalles del concurso.
Con ICCGSA sucedió algo similar. El exgobernador habría pactado con el ejecutivo Rafael Granados el desembolso de S/1 millón 300 mil para conceder la construcción del Hospital de Moquegua. Incluso, fue José Manuel Hernández, examigo de Vizcarra y su exministro de Agricultura, quien, convertido en colaborador eficaz, reconoció que fue el mediador para el cobro de las coimas y hasta entregó chats que intercambió con Vizcarra.
Sin embargo, lo que provocaría este tardío pedido de ampliación, presentado cinco meses después de emitida la orden de la fiscal superior, es que el proceso penal se retrase. Y es lo que a todas luces sucederá.

Jueza pone trabas

El requerimiento para incorporar colusión en el proceso fue presentado en la etapa de control de acusación —fase en que el juez admite o rechaza las pruebas que serán analizadas en el juicio oral— a fines de abril. Es decir, luego de siete meses de empezadas las diligencias, que se originaron en noviembre de 2023.
En la Fiscalía esperaban que la jueza Salcedo incluyera esta medida en las audiencias, pero no lo hizo. Por el contrario, el pasado viernes notificó la orden de inicio de juicio contemplando solo el delito de cohecho, mas no colusión. Y eso no es todo.
Jueza Margarita Salcedo. (PJ)
En la audiencia del 26 de abril, el fiscal Osías Castañeda, adjunto de Juárez, reclamó a la jueza por no permitir el debate oral de las evidencias entregadas por la defensa. Salcedo quería que las observaciones sean presentadas por escrito y así lo dejó sentado, lo cual dejó preocupado a Castañeda.
“Que usted no acepte una oposición oral, que sí es factible de acuerdo al Nuevo Código Procesal Penal, va a acarrear futuras nulidades; solicitamos que sean escuchadas nuestras oposiciones y luego de evaluar usted pueda emitir la resolución correspondiente. No va a existir otra etapa para debatir que estas pruebas son impertinentes”, alegó en la diligencia.
Según fuentes consultadas por Perú21, el fiscal Juárez pedirá la nulidad de esa decisión judicial porque la magistrada ignoró la ampliación y con ello se vulnera el proceso penal.
“Todo lo que ha hecho la jueza es irregular, no solo con la ampliación, sino que tampoco quiso debatir en audiencia la oposición a las pruebas presentadas por la defensa; es decir, no corresponde estar en la fase de convocatoria de juicio porque no se han resuelto varias observaciones”, refirieron las fuentes.
Fernando Ugaz, abogado de Martín Vizcarra, también expresó su extrañeza por el razonamiento de la jueza Salcedo.
“Es imposible, es una locura, la jueza ha hecho un entuerto, no puede haber dos autos de enjuiciamiento por el mismo caso; ya terminó la etapa intermedia, esta jueza nos ha llevado a este escenario, la jueza ya tenía la ampliación de la acusación, pero ella ha corrido todo esto para emitir el auto de enjuiciamiento y no verá colusión”, declaró a este diario.
A diferencia de los fiscales, a Ugaz le conviene llegar así a juicio. Defender a su patrocinado por uno y no por dos delitos resulta menos engorroso. De hecho, dijo que ya está esperando esa etapa.
Y el que sonríe con estos contratiempos es el propio Martín Vizcarra. Lo mínimo que sucederá en este escenario es que su juicio se postergue y él pueda permanecer libre, seguramente preparando la cancha para que su partido participe de las elecciones de 2026.

28 testigos delatan a Martín Vizcarra

Por ejemplo, en el caso Lomas de Ilo, la Fiscalía tiene como testigo a Elard Tejeda Moscoso (gerente Comercial de Obrainsa) con quien Vizcarra Cornejo se reunió entre el 4, y 6 de noviembre de 2013 aproximadamente, con la finalidad de ofrecerle ayudar para ganar la buena pro, de la licitación de la “Construcción de la Línea de Conducción N°1 Jaguay– Lomas de Ilo y Sistema de Riego I Etapa del proyecto Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo– Moquegua”, a cambio de un beneficio económico indebido.
“(Vizcarra) le brindó información privilegiada, en el sentido de indicarle el monto que debía ofertar, el cual no debía ser mayor a S/81’000 000.00 y como consecuencia, del ‘quebrantamiento de esos deberes propios de la función pública’, le solicitó de manera directa a cambio un beneficio económico indebido, consistente en el 2% del costo directo de la obra (S/50’810 637.85), que ascendía al monto de S/1’016 212.76 soles”, se lee en el documento que autoriza el inicio del juicio oral.
Pero eso no es todo, el citado documento también señala cómo se dieron los pagos del monto solicitado por el entonces gobernador regional.
“Martín Vizcarra Cornejo recibió del consorcio (conformado por Obrainsa y Astaldi S.P.A.) S/1’035000.00, entregados según el siguiente detalle: S/35,985.65 en el alquiler de una avioneta para el traslado de personas de Lima a Ilo con retorno, S/400,000.00 en efectivo entre el 27 o 28 de enero de 2014 y S/600,000.00 en efectivo en la primera semana de abril de 2014.
De acuerdo a los testigos presentados por la Fiscalía, ambas sumas de dinero en efectivo se realizaron en las instalaciones de la empresa Obrainsa y fue el mismo Vizcarra quien recibió dichos montos de manos de Elard Paúl Tejeda Moscoso.
Apartado II
En el auto de enjuiciamiento se denomina “Apartado II” a los hechos en torno al “Concurso Público Internacional PER/013/ 87471/1983: ‘Elaboración del Expediente Técnico a Nivel de Ejecución de Obra y Construcción de Obra para el Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua Nivel II-2′”.
De acuerdo a los testigos, en este caso Vizcarra Cornejo solicitó S/ 1.3 millones para no objetar y suscribir el contrato de la buena pro ganada por el consorcio Hospitalario Moquegua, conformada por las empresas ICCGSA e INCOT.
En su calidad de gobernador regional, Vizcarra Cornejo tenía la facultad de objetar o suscribir el mismo.
En esta ocasión, el modus operandi fue distinto. De acuerdo a un colaborador eficaz, el expresidente envío a su amigo y hombre de confianza José Manuel Hernández Calderón a que haga este pedido a Rafael Granados Cueto (gerente comercial de ICCGSA), durante una reunión de la CADE 2013, realizada en Ica.
Los ejecutivos del Consorcio aceptaron la propuesta de Vizcarra y los pagos se hicieron en siete armadas, en su mayoría, por intermedio de Hernández Calderón, a quien Granados Cueto, le entregaba el dinero, que oscilaba entre S/100 mil y S/ 200 mil, en las oficinas de ICCGSA, para luego entregarlo al expresidente previa coordinación telefónica o por mensajes de WhatsApp.
Entre marzo y julio del 2014 ocurrieron dos entregas de dinero a Vizcarra y fueron en su vivienda de San Isidro. El encargado de entregar los montos fue Carlos Aranda Huamán, chofer de Hernández Calderón.
Entre julio de 2014 y junio de 2015 hubo tres entregas. Estas se produjeron en las oficinas de Asesores Técnicos Asociados (ATA), empresa de Hernández Calderón, y fue precisamente este quien le entregó el dinero al expresidente.
Entre julio y agosto de 2015, Rafael Granados Cueto (gerente comercial de ICCGSA), entregó $30 mil a Vizcarra en la sede de la empresa.
El último pago fue el 25 de agosto de 2016, cuando ya era primer vicepresidente de la república y ministro de Transportes y Comunicaciones de Pedro Pablo Kuczynski. En esa ocasión recibió $60 mil de manos de otro ejecutivo ce ICCGSA, Fernando Castillo Dibós.
Los testigos
Además de personas que lo acompañaron en el Gobierno Regional de Moquegua y empresarios que accedieron a pagar las coimas, la lista de testigos incluye a viejos conocidos que siguieron a Vizcarra en la presidencia de la república.
Entre ellos destacan José Hernández Calderón, amigo y hombre de confianza de Vizcarra, que fue ministro de Agricultura.
Edmer Trujillo Mori fue gerente del gobierno regional de Moquegua y ministro de varias carteras durante gobierno de PPK y Vizcarra.
Karem Roca Luque fue secretaria del gobierno regional de Moquegua y Vizcarra la llevó a Palacio de Gobierno como su asistente administrativa. Estuvo implicada en una serie de hechos como el ‘caso Richard Swing’.
Iván Manchego Coayla es un moqueguano de la entera confianza de Vizcarra, fue su asesor en el Ministerio de Transportes y luego, cuando llegó al poder, lo nombró representante del Ministerio de Agricultura en el proyecto agrícola Pasto Grande.
Fuente: Diario Correo.