Jesús Vásquez Ybáñez, Fidel Ramírez; su hija Nancy Ramírez y su esposa, Nancy Gallegos, en shopping de aviones en Miami, EE. UU. Foto: Diario La República.
Fraude en la administración de la persona jurídica
El centro de estudios fue “defraudado” por su exrector Fidel Ramírez, según la hipótesis fiscal, en beneficio de sus familiares. Entre los favorecidos figuraría el excongresista y alcalde Joaquín Ramírez.
Por Stephany Curo- Infobae. com
“(La investigación contra Joaquín Ramírez) es el caso más grande en el Perú, seguido del caso Orellana, en tema de lavado de activos”, informó el ministro del Interior, Vicente Romero, hace unas semanas. Al excongresista y exsecretario de Fuerza Popular (FP), actual burgomaestre de Cajamarca, se le incautaron “más de mil millones de dólares, a mediados de abril último, en un promedio de 295 bienes: edificios, vehículos, aeronaves, simuladores e inmuebles”.
Según el Ministerio Público, Ramírez Gamarra incurrió en la presunta comisión de fraude en la administración de la persona jurídica y, eventualmente, lavado de dinero.
La tesis de la entidad sostiene que la Universidad Alas Peruanas (UAP) —hoy con licenciamiento denegado— fue usada por su exrector y tío del imputado, Fidel Ramírez, para derivar cuantiosas sumas de dinero a empresas “fachada” creadas por el ex legislador. Joaquín Ramírez figura en un elaborado esquema, en torno a una presunta organización criminal.
El clan Ramírez
Dos primas de Joaquín Ramírez, así como una de sus tías, también se encuentran comprendidas en las investigaciones. El principal factor familiar del caso, sin embargo, es el ya fallecido exrector de la UAP: Fidel Ramírez.
El Ministerio Público (MP) asegura que el fenecido, en un claro abuso de su cargo, destinó los millones que ingresaban a la universidad, a través de contratos, alquileres o compras, a su esposa, hijos y sobrino Joaquín.
Al defraudarse a la institución educativa, agrega la Fiscalía, se incurrió en el delito de fraude en la administración de la persona jurídica.
El abogado penalista Andy Carrión detalló a Infobae que el delito se produce tras destinarse “dinero (de la empresa) para una finalidad distinta para la que fue formada”.
Para la Fiscalía, el hecho se produjo a través de diversas operaciones a favor de las empresas del excongresista, entre ellas:
Préstamos aún no cancelados, según el Ministerio Público, por 8 millones 295 mil.
Contratos comerciales de servicios, que se presume fueron simulados, por unos 350 mil dólares.
Compras de inmuebles de la UAP por Ramírez a precios sobrevalorados.
Alquiler de predios de Ramírez a la UAP a precios altos.
Venta de inmuebles de la UAP a precios subvaluados (muy por debajo del mercado), entre otras vinculaciones comerciales por unos 70 millones de soles.
“La Fiscalía parte del orden de que, en efecto, hubo contratos que son legales y lícitos, pero precisamente ese fue el canal que se utilizó para desfalcar (…) a la universidad”, puntualizó el letrado.
Según la hipótesis, Joaquín Ramírez y sus compañías produjeron otros millones en patrimonio con este dinero, es decir, lavaron las sumas comprando las propiedades ya incautadas. Parte de estos montos, se presume, también fueron usados para el ingreso de su hermano Osías Ramírez a la política.
Incautación “abusiva”
Las sedes del centro de estudios también fueron incautados, en el operativo de hace un mes, como parte de las acciones indagatorias iniciadas en el 2019. Un día después, el doce de abril, la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas (COOPALASPE), a cargo de la gerencia general de la institución, anunció medidas legales contra el fiscal del caso.
Mediante un pronunciamiento, informó que “la familia Ramírez se apropió ilegalmente de un porcentaje de acciones cuando tenía el control de la gestión de la UAP”. Sin embargo, precisaron que estas acciones ya retornaron “a su accionista originario, COOPALASPE, una vez que se determinó que las transferencias habían sido absolutamente nulas e ilegales”.
“Se supone, según la tesis fiscal, que se desfalco a la UAP de manera ilícita, es decir, se administró de manera fraudulenta sus bienes y sus ingresos. ¿Por qué se tendría que proceder a la incautación de estos bienes que le pertenecen a la universidad? Aquí hay un punto en contra de la Fiscalía: incautar un campus universitario, por ejemplo, o un predio que corresponde directamente a la UAP, hace que se deslegitime la hipótesis fiscal”, apuntó el abogado Andy Carrión.
El letrado añadió que “no se entiende cómo siendo la universidad una víctima, la Fiscalía haya ordenado la incautación de ciertos predios”, por ello, consideró justificada que la COOPALASPE se haya opuesto a la medida.
En su comunicado, la Cooperativa también remarcó que la entidad ya no tiene vínculos con ninguno de los Ramírez. En la actualidad, Alas Peruanas constituye una cadena de institutos con sedes en Lima (principal), Arequipa, Ica, Piura y Chiclayo, algunas de estas también fueron intervenidas por las autoridades.
El instituto sí cuenta con el licenciamiento otorgado por Sunedu. Previamente, contaba con la denominación de Instituto de Educación Superior Particular “PBA Probusiness”– Instituto de Estudios Empresariales.
Tesis de la Universidad Alas Peruanas desaparecidas
Por JOSÉ CARLOS ARELLANO- El Foco.pe
La fiscal Marita Barreto, la jueza suprema Ana María Aranda, los miembros del JNE Willy Ramírez Chávarry y Aarón Oyarce y el secretario general de la Contraloría Luis Miguel Iglesias hicieron maestrías y doctorados en Derecho en la Universidad Alas Peruanas. La Sunedu, como en el caso de la fiscal de la Nación Patricia Benavides, no registra información sobre las tesis de estos funcionarios.
No solo a la fiscal de la Nación Patricia Benavides se le perdió la tesis. Los trabajos académicos de las maestrías y doctorado en Derecho de cinco altos funcionarios públicos del país también están con paradero desconocido. Estas tesis tienen la particularidad de que sirvieron para que obtengan un título de posgrado en la Universidad Alas Peruanas, la misma que graduó a Benavides.
En la lista de magísteres y doctores de la Alas Peruanas se encuentran la fiscal Marita Barreto, quien está a cargo del equipo que investiga al expresidente Pedro Castillo; los miembros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Willy Ramírez Chávarry y Aarón Oyarce; la jueza suprema Ana María Aranda; y el secretario general de la Contraloría e integrante del Consejo Directorio de la Procuraduría General, Luis Miguel Iglesias.
Tanto el repositorio virtual de la Sunedu como el de la misma Universidad Alas Peruanas no cuentan con registro alguno de las tesis de los cinco altos funcionarios. La Sunedu, vía un escrito oficial, confirmó a EL FOCO que no tiene detalles de los trabajos académicos que presentaron estas personas. La Alas Peruanas informó que solo si se les notifica oficialmente, buscarán si tienen las tesis entre sus archivos.
Fiscal superior Marita Barreto es magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Alas Peruanas. Documentos de la Sunedu señalando que no tiene información de la tesis de Barreto (FOTO: Andina).
Célebre por investigar el caso Orellana y actual coordinadora del Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder, la fiscal superior Marita Barreto ostenta desde el 2013 el título de magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Alas Peruanas.
Ni el repositorio de la Sunedu ni de la universidad que le dio el grado aparece rastro alguno del trabajo que presentó para ser magíster. EL FOCO preguntó por la tesis de Barreto a la Sunedu y la respuesta fue: “si bien la modalidad de obtención del grado indica sustentación de tesis, no se cuenta con el trabajo de investigación, puesto que la inscripción también fue realizada ante la ex ANR”.
EL FOCO buscó una entrevista con la fiscal Barreto para saber al menos el nombre de su tesis de maestría, pero desde su despacho respondieron que se encuentra de licencia hasta el próximo 15 de junio. Barreto ha tomado vacaciones en pleno escándalo del caso Sada Goray y los supuestos pagos al asesor Salatiel Marrufo y al expresidente Pedro Castillo, una de las investigaciones a cargo del equipo que dirige.
Documento de la Sunedu apuntando que no tiene información de la tesis de doctorado de Willy Ramírez Chávarry, miembro del JNE. Ramírez tiene también Ph.D de la Atlantic International University, institución no reconocida por su país natal, Estados Unidos. (FOTO: Andina)
Willy Ramírez Chavarry, miembro del JNE desde marzo del año pasado en representación del Colegio de Abogados de Lima, es un funcionario público que le gusta ostentar sus títulos académicos. Es primo del ex secretario general y excongresista por Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, y sobrino de Fidel Ramírez, fundador y rector hasta su fallecimiento, en el 2019, de la Universidad Alas Peruanas.
Ramírez Chávarry tiene desde el 2007 el grado de doctor en Derecho por la universidad de su tío y el grado de Ph.D en Business Administration por la Atlantic International University, un centro de estudios norteamericano que, como ellos mismos informan en su página web, “no está acreditada por una agencia de acreditación reconocida por el Secretario de Estados Unidos”.
Como el caso de la fiscal Barreto, la tesis de doctor de Ramírez Chávarry no está en el repositorio de la Sunedu ni de la Alas Peruanas. La respuesta que la Sunedu envió a EL FOCO sobre el trabajo académico del miembro del JNE fue la misma que con Marita Barreto: no tenemos registro del documento académico.
La jueza suprema Ana María Aranda tiene el grado de doctora en Derecho por la Alas Peruanas desde el 2010. En la Sunedu también señalan que no hay registro de sus tesis. El documentos tampoco está en el repositorio de la Alas Peruanas. (FOTO: Andina)
Ramírez Chávarry también tiene la licenciatura en Gestión de la Educación por la Alas Peruanas. En el 2016, el integrante del JNE fue rector de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática (UPCI), institución sin licenciamiento. Ramírez Chávarry salió de la UPCI por favorecer indebidamente a la alumna, Jane Mariette Jansson de Ramírez, su actual esposa. El FOCO buscó un comentario de Ramírez para este informe, pero no se le pudo encontrar ni llamando a su despacho o directamente a su celular personal.
Al igual que Ramírez, su colega Aarón Oyarce Yuzzelli, miembro del JNE por las facultades de derecho de las universidades privadas desde febrero último, también es doctor en Derecho por la UAP. Oyarce fue decano de la Facultad de Derecho y luego Vicerrector en la Universidad Peruana de Las Américas (UPA), uno de los 45 centros de estudios a los que la Sunedu negó el licenciamiento.
Nos comunicamos con Oyarce, quien explicó que se encontraba en una conferencia y que a su finalización devolvería la llamada. Esto nunca sucedió. Lo volvimos a llamar, pero el miembro del JNE no respondió más el teléfono.
Luis Miguel Iglesias es el secretario general de la Contraloría y miembros del Consejo Directorio de la Procuraduría General. Es abogado, magíster y doctor en Derecho por la Alas Peruanas, pero la Sunedu no da fe de la existencia de sus tesis. (FOTO: Andina)
En representación del Poder Judicial está la jueza suprema Ana María Aranda Rodríguez, quien también ostenta el grado de doctora en Derecho por la Alas Peruanas. Ella consiguió el título en diciembre del 2010 vía sustentación de tesis, según se lee en un oficio de la Alas Peruanas. El trabajo académico de Aranda no está en el repositorio de la Sunedu ni de la universidad que le dio el título.
Consultados por la sustentación de grado de doctora de Aranda, la Sunedu tuvo la misma respuesta que con los otros funcionarios: no se cuenta con copia de la tesis. EL FOCO llamó al despacho de Aranda para concretar una entrevista y recoger sus comentarios para este informe, pero no se obtuvo respuesta.
El secretario general de la Contraloría General de la República y miembro del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, Luis Miguel Iglesias León, tiene el paquete completo: es abogado, magíster en Derecho Constitucional y doctor en Derecho de la Alas Peruanas. Ninguno de los trabajos que Iglesias presentó para esos grados se encuentran en el repositorio de la Sunedu ni en el de la Alas Peruanas.
Aaron Oyarce es miembro del JNE desde febrero último. Ostenta el grado de doctor de Derecho por la Universidad Alas Peruanas, como la fiscal de la Nación, pero la Sunedu señala que no tiene información sobre su tesis. (FOTO: Andina)
Iglesias, como Willy Chávarry, también tiene un título de la polémica Atlantic International University, en este caso de doctor en Filosofía. EL FOCO buscó los descargos de Iglesias, pero nos indicó que estaba fuera de Lima y que se reincorporaría al inicio de esta semana. Volvimos a llamarlo, pero ya no respondió al teléfono.
EL FOCO se comunicó con Ilko Rogovich, secretario general de la Universidad Alas Peruanas, para preguntarle por las tesis de los cinco funcionarios protagonistas de este informe. “Yo no cuento con esa información”, dijo Rogovich.
Al insistirle si nos podía corroborar la existencia de dichas tesis en el repositorio de la universidad, respondió: “Toda solicitud de información es formal y yo no puedo ir a preguntar si tienen las tesis ahí”. Rogovich fue quien le dijo al semanario “Hildebrandt en sus trece”, en marzo pasado, que la tesis de la fiscal de la Nación “está desaparecida” de los archivos de la Alas Peruanas. Con esa afirmación buscó zanjar el tema.